Con incrementos por encima de la inflación, la política del nuevo régimen fortalece el consumo interno y acorta la brecha social. Ningún trabajador debe vivir en la pobreza, dice la presidenta Sheinbaum. Analistas advierten riesgos para empresas pequeñas; falta seguridad, señala la oposición
Gasto social e inversión privada van de la mano
El expresidente Vicente Fox, uno de los críticos más duros de Andrés Manuel López Obrador, sorprendió recientemente al reconocer que la política de incremento al salario mínimo impulsada durante el sexenio pasado fue un acierto. «Y si algo yo corrigiera de cuando fui presidente, es lo único que le voy a reconocer a López Obrador (…) fue un gran acierto forzar los salarios mínimos para arriba», admitió durante una entrevista, promovida en redes sociales.
Fox relató cómo, durante su Gobierno, los empresarios presionaban para evitar incrementos: «Siempre me estaban friegue y friegue, presidente, presidente, tiene usted que detener esta carrera de los salarios y los precios, porque vamos a perder competitividad». Sin embargo, aseguró estar arrepentido de haber cedido. «Hoy digo ¡qué sonso fui por creerles!, porque debí de haber tomado esta decisión: va el salario mínimo para arriba y tú a ver cómo le haces, deja tu zona de confort, de tener salarios bajos para poder exportar y promueve la productividad dentro de tu empresa».
«Siempre me estaban friegue y friegue, presidente, presidente, tiene usted que detener esta carrera de los salarios y los precios, porque vamos a perder competitividad».
Vicente Fox, expresidente de México
El exmandatario señaló incluso que, de estar hoy en el poder, «empujaría fuerte el salario mínimo para arriba», al destacar que la medida ha fortalecido el poder adquisitivo y movilizado la economía. «Mientras, la gente sigue consumiendo, sigue comprando coches, sigue comprando en el supermercado, gracias a que la gente tiene más dinero». Este reconocimiento inesperado sirve como punto de partida para evaluar la política económica de la Cuarta Transformación (4T). Durante el sexenio de López Obrador, el salario mínimo prácticamente se duplicó en términos reales, revirtiendo décadas de estancamiento. Desde 1976 y hasta 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo había perdido cerca del 70% de su valor; el aumento promovido desde 2019 buscó revertir esa tendencia. Según cifras de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el incremento acumulado alcanzó niveles históricos, con alzas de dos dígitos año tras año.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido mantener esta ruta, bajo la lógica de que un piso salarial más alto no solo mejora el bienestar social, sino que también dinamiza el mercado interno. En sus primeros mensajes tras asumir el cargo, ha insistido en que el salario mínimo seguirá creciendo por encima de la inflación, con la meta de garantizar que ningún trabajador en México viva en condiciones de pobreza. El cambio de paradigma es relevante. Durante décadas, los Gobiernos justificaron la contención salarial como un mecanismo para sostener la competitividad y atraer inversión extranjera. Hoy, la narrativa oficial coloca el aumento como motor del consumo interno y medida de justicia social. Fox, al reconocer su error, ofrece una lectura retroactiva de esa política, la de haber cedido a las presiones empresariales en detrimento de los trabajadores.
Aun así, la discusión sobre el salario mínimo no está exenta de críticas. Algunos analistas advierten que los aumentos podrían presionar a pequeñas y medianas empresas, especialmente en regiones con menor dinamismo económico. Otros señalan que la mejora salarial, aunque significativa, debe acompañarse de políticas de productividad y formalización laboral para consolidar un verdadero cambio estructural. En este contexto, el salario mínimo se ha convertido en símbolo de la 4T, una política de alto impacto político y social, respaldada incluso por voces que han destacado debido a su actitud contestataria.
Proyectos sociales
Mientras el aumento del salario mínimo redefine el poder adquisitivo de los trabajadores, la 4T también ha consolidado una serie de programas sociales que buscan complementar estas mejoras económicas con apoyos directos a los sectores más vulnerables del país. Bajo la administración de López Obrador, estas iniciativas se presentaron como herramientas para reducir la desigualdad, fomentar la inclusión y garantizar un piso mínimo de bienestar.
Entre los programas más emblemáticos destaca Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. La iniciativa ofrece capacitación en empresas y talleres, junto con un apoyo económico mensual, con la intención de facilitar la inserción laboral y reducir la deserción escolar. Según datos oficiales proporcionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de 2019 a 2025 se han beneficiado más de 3.3 millones de inscritos, cifra que la administración de Sheinbaum se ha comprometido a mantener y ampliar.
Otro programa relevante es Sembrando Vida, que combina incentivos económicos con proyectos de desarrollo rural y ambiental. Los participantes reciben un ingreso mensual mientras cultivan árboles frutales y maderables en sus comunidades, fomentando la productividad local y la reforestación. Este plan busca generar empleo sostenible en zonas marginadas y, al mismo tiempo, contribuir a la mitigación del cambio climático. Asimismo, la pensión para adultos mayores constituye otro pilar del esquema social. Desde 2019, los beneficiarios reciben recursos, mes por mes, que les permite cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida. Esta política ha sido señalada como un factor clave para la reducción de la pobreza extrema en la población adulta y un ejemplo de transferencia directa de ingresos que impacta de manera tangible en el consumo interno.
El efecto conjunto de estos programas se refleja en la movilidad económica y la reducción de desigualdad. Según informes de la Secretaría de Bienestar, la cobertura social ha alcanzado a más de 25 millones de personas en el país, con una concentración significativa en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Además, la continuidad de estas políticas bajo Sheinbaum busca consolidarlas como políticas de Estado, más allá de la gestión de un solo sexenio, reforzando la narrativa de la 4T de garantizar derechos sociales básicos.
Aun así, los proyectos sociales enfrentan áreas de oportunidad: la distribución y supervisión de recursos requiere mayor transparencia, algunos beneficiarios reportan retrasos en pagos y la cobertura aún no alcanza a todos los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, especialistas señalan que para lograr un verdadero cambio estructural es necesario que estos programas se complementen con políticas de empleo formal, educación y salud, evitando que la dependencia de subsidios se convierta en un riesgo a largo plazo.
Infraestructura
Además del impulso al salario mínimo y los programas sociales, la 4T ha destacado por su énfasis en proyectos de infraestructura estratégica, concebidos bajo la premisa de constituir motores de desarrollo económico y generación de empleo. Durante el sexenio de López Obrador, obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) han concentrado gran parte de la inversión pública, generando debates sobre costos, impacto social y sostenibilidad.
El Tren Maya, por ejemplo, busca fortalecer el turismo y la conectividad en el sureste del país, abarcando cinco estados y beneficiando a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a infraestructura moderna. Aunque la obra ha recibido críticas por su impacto ambiental y cuestionamientos sobre la consulta indígena, sus defensores señalan que puede convertirse en un catalizador para el desarrollo regional y dinamización del mercado local. La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se plantea en términos de «proyecto estratégico» para la autosuficiencia energética del país, con la meta de reducir la dependencia de combustibles importados. Su construcción ha sido polémica por costos y retrasos, pero el Gobierno defiende la iniciativa al asegurar que es parte de una política de soberanía energética y fomenta la contratación directa e indirecta de personal.
Por su parte, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado en 2022, representa un intento de descongestionar el espacio aéreo de la Ciudad de México y distribuir mejor la conectividad nacional. En teoría la obra resulta más eficiente y menos onerosa que el proyecto cancelado de Texcoco, aunque la distancia respecto a la capital sigue siendo un reto logístico para los usuarios.
La administración actual enfatiza que estos proyectos no solo generan infraestructura física, sino también empleo, movilidad económica y oportunidades para las regiones históricamente rezagadas. Aun así, estas iniciativas no están exentas de señalamientos y dificultades. Los costos elevados y los retrasos han generado críticas de especialistas en gasto público. La viabilidad ambiental y social sigue siendo cuestionada, especialmente en proyectos que afectan territorios indígenas y ecosistemas sensibles. Asimismo, la rentabilidad a largo plazo dependerá de que dichas obras se integren de manera efectiva al desarrollo económico regional, evitando convertirse en inversiones aisladas sin impacto duradero.
Desafío pendiente
Pese a los avances en materia salarial, social e infraestructura, la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles de la 4T. Los índices de homicidios dolosos se mantienen en niveles altos, aunque en los últimos años se ha registrado una ligera tendencia a la baja, México continúa entre los países con mayor número absoluto de asesinatos en el mundo. Las desapariciones también representan una herida abierta, con cifras que superan las 110 mil personas no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que durante la administración de López Obrador se registraron 188 mil 987 homicidios dolosos, cifra que representa un aumento del 37% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto y del 83% en comparación con el de Felipe Calderón. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) eleva aún más el saldo: 199 mil 619 asesinatos, lo que convierte al primer sexenio de la 4T en el más violento del que se tenga registro.
El fenómeno de los secuestros tampoco mostró signos de contención. El RNPDNO reportó 120 mil 628 personas desaparecidas al cierre de 2024. La cifra histórica superó ya las 125 mil desapariciones acumuladas, de las cuales más de 60 mil corresponden únicamente al periodo de la 4T. La dimensión de esta crisis se refleja en un dato inquietante: en varios estados, las desapariciones superan a los homicidios. En Durango, por ejemplo, se registró un 99% más de desapariciones que asesinatos; en la Ciudad de México, un 70% más; y en Tamaulipas, un 41% más. Este patrón evidencia que la violencia ya no se mide solo en muertes, sino también en la cantidad de personas que se esfuman sin dejar rastro.
La estrategia de seguridad de López Obrador apostó por la creación de la Guardia Nacional y la profundización de la militarización de tareas civiles, una decisión que fue cuestionada tanto por organismos internacionales como por defensores de derechos humanos. La crítica central apunta a que una mayor presencia armada no necesariamente se traduce en paz ni justicia, sino que puede derivar en abusos y en un debilitamiento del control civil sobre la seguridad pública.
Sin embargo, Claudia Sheinbaum ha prometido dar continuidad al modelo, con ajustes enfocados en mejorar la coordinación entre Guardia Nacional, policías locales y fiscalías estatales. Al mismo tiempo, su administración enfrenta la persistencia del crimen organizado en amplias zonas del país, donde cárteles mantienen control territorial, lo que impacta tanto en la seguridad cotidiana de los habitantes como en la gobernabilidad. E4
Recorrido histórico y circunstancias
| Año | Presidente | Salario mínimo diario (MXN) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1934 | Abelardo L. Rodríguez | 0.68 | Establecimiento del primer salario mínimo en México. |
| 1982 | Miguel de la Madrid | 2.80 | Periodo de crisis económica y devaluación de la moneda. |
| 1994 | Carlos Salinas de Gortari | 15.27 | Inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). |
| 2000 | Vicente Fox | 37.90 | Transición democrática; estancamiento relativo del salario real. |
| 2012 | Felipe Calderón | 62.33 | Alzas sin mejorar la situación; inicio de reformas estructurales. |
| 2018 | Enrique Peña Nieto | 88.36 | Aumento moderado; críticas por ingreso insuficiente frente a la inflación. |
| 2024 | Andrés Manuel López Obrador | 248.93 / 374.89* | Incremento significativo, especialmente en la frontera norte. |
| 2025 | Claudia Sheinbaum | 278.80 / 419.88* | Continuación de la política salarial; busca acercar el salario al costo de la canasta básica. |
*Zona Libre de la Frontera Norte. Fuente: CONASAMI
Gasto social e inversión privada van de la mano
Con apoyos públicos en aumento y las finanzas bajo presión, la 4T encara el reto de equilibrar justicia y estabilidad económica
El sello más visible de la Cuarta Transformación no son las obras de infraestructura, ni siquiera el aumento del salario mínimo, sino la expansión del gasto social. Según la narrativa oficial, se trata de la materialización de un principio de justicia largamente postergado que pretende garantizar que los sectores marginados reciban apoyos directos y universales. Sin embargo, la magnitud de los recursos destinados a estos programas abre un debate cada vez más presente: ¿hasta qué punto es sostenible el modelo, y qué papel jugarán los empresarios en esa ecuación?
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 2024 los programas sociales absorbieron casi el 12% del gasto programable federal, cifra récord en la historia reciente del país. Solo la pensión universal para adultos mayores, considerada el programa estrella del sexenio pasado y ahora consolidada como derecho constitucional, concentra más de 465 mil millones de pesos, un monto superior al presupuesto conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. La administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá marcha atrás. «Los apoyos sociales son derechos conquistados por el pueblo y se mantendrán sin condiciones», declaró en uno de sus primeros mensajes como presidenta.
La apuesta, sin embargo, ha generado inquietudes pues sostener este nivel de gasto implica un esfuerzo fiscal considerable en un contexto de bajo crecimiento económico. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula que el costo de mantener los programas insignia podría superar el 4.5% del PIB hacia el final del sexenio, lo que dejaría menos margen para inversión pública en áreas como salud o infraestructura. «El reto no es solo garantizar los recursos hoy, sino asegurar que el financiamiento de estos programas no implique recortes en otros rubros prioritarios», advierte Mariana Campos, directora de México Evalúa.
En paralelo, la relación con el empresariado mexicano atraviesa un momento de redefinición. Durante el Gobierno de López Obrador, los choques fueron frecuentes. Desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta los desencuentros por la reforma eléctrica. Sin embargo, elevar el salario mínimo —una medida que al inicio generó resistencias— terminó recibiendo un reconocimiento inusitado incluso de figuras como el expresidente Vicente Fox.
Hoy, con Sheinbaum al frente, el vínculo parece más pragmático. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha mostrado disposición a dialogar sobre nuevas alzas salariales, siempre que vengan acompañadas de incentivos a la productividad y apoyos a pequeñas y medianas empresas. La coyuntura del nearshoring, que ha convertido a México en un destino privilegiado para la relocalización de cadenas de suministro, también ha jugado a favor. La inversión privada se encuentra en niveles récord, lo que da al Gobierno un margen adicional de legitimidad frente al sector privado. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.