El viraje hacia el fracturamiento hidráulico bajo esquemas mixtos marca una ruptura con la línea de AMLO. Entre la búsqueda de autosuficiencia y las alertas por sus impactos, el tema resurge con efectos directos en el norte del país, particularmente en Coahuila
Coahuila es epicentro potencial y zona de alto riesgo
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el rechazo al fracking se convirtió en uno de los pilares discursivos de la llamada Cuarta Transformación (4T). La técnica, asociada a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, era presentada como símbolo de privatización y daño ambiental.
Hoy, bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum, ese posicionamiento se matiza. No se trata de una apertura total, pero sí de un cambio de enfoque: el fracking vuelve a la agenda pública como una opción estratégica para reducir la dependencia energética con Estados Uunidos.
El argumento central es contundente: México importa alrededor del 75 % del gas natural que consume, principalmente desde Texas. Esto coloca al país en una situación vulnerable ante cambios de precios, tensiones geopolíticas o fenómenos climáticos.
En este contexto, el Gobierno plantea explorar los yacimientos no convencionales mediante esquemas que combinan control estatal y participación privada, sin otorgar concesiones. Se trataría de contratos operados por Pemex, con apoyo tecnológico externo.
La pregunta de fondo ya no es ideológica, sino pragmática: ¿es posible alcanzar soberanía energética sin recurrir al fracking?
A diferencia de la reforma energética de 2013, el modelo propuesto por el Gobierno de Sheinbaum no contempla concesiones plenas a privados. En su lugar, se plantea una fórmula híbrida donde Petróleos Mexicanos mantendría el control operativo.
Sin embargo, la propia presidenta ha reconocido que Pemex no cuenta con la tecnología necesaria para explotar estos recursos, lo que obliga a recurrir a empresas privadas, incluso extranjeras.
El discurso oficial busca diferenciarse a través del componente ambiental. Entre las medidas planteadas destacan: 1) Uso de agua no potable y reciclaje de hasta 80 % del líquido. 2) Concentración de pozos para reducir impacto territorial. 3) Sistemas cerrados para manejo de residuos. Y 4) Evaluación científica previa mediante un comité multidisciplinario.
Este comité —integrado por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)— deberá determinar en qué condiciones es viable la explotación.
No obstante, especialistas advierten que el concepto de «fracking limpio» sigue siendo cuestionable. Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se ha señalado que incluso con nuevas tecnologías persisten riesgos para el agua, la salud y el clima.
El debate técnico, en realidad, encubre una tensión más profunda: la contradicción entre transición energética y explotación de hidrocarburos.
Técnica cuestionada
El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad, como el shale. A diferencia de los yacimientos convencionales, donde los hidrocarburos fluyen de manera natural, en estos casos es necesario perforar el subsuelo e inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y químicos para fracturar la roca y liberar el gas.
El proceso requiere grandes volúmenes de agua —millones de litros por pozo— y una infraestructura intensiva que incluye plataformas, ductos y sistemas de almacenamiento. La arena mantiene abiertas las fracturas generadas, mientras que los aditivos químicos facilitan la extracción. Este método ha sido clave para acceder a reservas antes consideradas inviables.
En Estados Unidos, el fracking transformó el panorama energético en menos de dos décadas. A partir de los años 2000, su aplicación masiva en formaciones como el Barnett Shale en Texas o el Marcellus en Pensilvania permitió incrementar la producción de gas natural a niveles históricos. El país pasó de ser importador a exportador neto, consolidando una posición de liderazgo energético global.
Este crecimiento tuvo efectos económicos significativos: reducción de costos energéticos, impulso a la industria manufacturera y generación de empleo en regiones productoras. Estados como Texas se convirtieron en polos de desarrollo ligados al gas shale, mientras que la abundancia del recurso facilitó la transición del carbón al gas en la generación eléctrica.
Sin embargo, la expansión del fracking también generó controversias. Diversos estudios han documentado riesgos asociados a la contaminación de acuíferos, emisiones de metano —un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono— y la sismicidad inducida por la inyección de fluidos en el subsuelo. Estos impactos llevaron a un endurecimiento de regulaciones en varios estados y a prohibiciones parciales en otros países.
En América Latina, la experiencia más relevante es la de Vaca Muerta, en Argentina, uno de los mayores reservorios de shale del mundo. Allí, el desarrollo ha avanzado con inversión extranjera y apoyo estatal, generando crecimiento económico, pero también conflictos sociales y cuestionamientos ambientales. El caso muestra tanto el potencial como los desafíos de replicar el modelo estadounidense en contextos institucionales distintos.
En conjunto, estas experiencias evidencian que el fracking no es sólo una técnica, sino un modelo de desarrollo con implicaciones profundas. Su implementación depende no sólo de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad regulatoria, la gestión ambiental y el consenso social en torno a sus beneficios y riesgos.
Soberanía energética
El argumento central del Gobierno —la soberanía energética— conecta con una preocupación real: la dependencia del gas estadounidense. Pero críticos sostienen que apostar por el fracking podría contradecir los compromisos climáticos del país y retrasar la transición hacia energías renovables.
Incluso dentro del ámbito académico y científico hay posturas encontradas. Mientras algunos ven en el gas natural un «combustible puente», otros consideran que invertir en hidrocarburos perpetúa un modelo energético insostenible.
El viraje discursivo de la 4T revela, en última instancia, los límites del idealismo frente a las necesidades estructurales del país.
La administración de López Obrador apostó por una narrativa de soberanía sin fracking; la de Sheinbaum parece buscar soberanía con fracking, pero bajo control estatal y regulación ambiental. La diferencia no es menor: redefine el equilibrio entre Estado, mercado y medio ambiente.
El futuro del fracking en México aún no está decidido. El informe del comité científico y las consultas comunitarias serán determinantes. Sin embargo, el simple hecho de reabrir el debate ya marca un punto de inflexión en la política energética nacional.
Para Coahuila, el tema no es abstracto: podría convertirse en territorio clave de una nueva etapa extractiva, con todas sus implicaciones. Entre la promesa de autosuficiencia y el riesgo ambiental, el país enfrenta una decisión que no sólo es técnica, sino profundamente política.
El viraje está en marcha. La pregunta es si México podrá encontrar un equilibrio que, hasta ahora, ninguna potencia energética ha logrado resolver del todo. E4
Las dos caras del fracturamiento hidráulico
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Incrementa la producción de gas natural y reduce la dependencia de importaciones | Riesgo de contaminación de acuíferos por filtración de químicos |
| Permite explotar recursos antes inaccesibles (yacimientos no convencionales) | Alto consumo de agua, especialmente crítico en zonas áridas |
| Puede generar empleo e inversión en regiones productoras | Emisiones de metano, gas de efecto invernadero potente |
| Disminuye costos energéticos en el mediano plazo | Posible sismicidad inducida por inyección de fluidos |
| Fortalece la seguridad energética del país | Impacto en ecosistemas y uso intensivo del territorio |
| Puede actuar como “combustible puente” en la transición energética | Conflictos sociales y oposición de comunidades locales |
El modelo Sheinbaum vs. reforma energética de EPN
| Aspecto | Modelo Sheinbaum (2026) | Reforma Energética Peña Nieto (2013) |
|---|---|---|
| Rol del Estado | Pemex mantiene control operativo | Apertura amplia a privados con concesiones y contratos |
| Participación privada | Sí, pero bajo contratos mixtos y sin concesiones | Amplia participación privada nacional e internacional |
| Enfoque político | Soberanía energética con control estatal | Liberalización del sector energético |
| Fracking | Posible, condicionado a evaluación científica y ambiental | Permitido sin restricciones específicas en la reforma |
| Regulación ambiental | Promesa de nuevas tecnologías y mitigación de impactos | Regulación existente, pero criticada por insuficiente |
| Discurso oficial | Pragmatismo: equilibrio entre autosuficiencia y riesgos | Modernización y competitividad global |
| Dependencia energética | Busca reducir importaciones de gas | Apostaba a aumentar producción con inversión privada |
| Consulta social | Planteada como parte del proceso | No contemplada como eje central |
| Relación con Pemex | Empresa estatal como eje del modelo | Pemex compite con privados en el mercado |
Coahuila es epicentro potencial y zona de alto riesgo
El norte del país, y particularmente Coahuila, emerge como uno de los territorios clave en esta nueva estrategia. Las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos y Burgos concentran buena parte de los recursos estimados de gas no convencional.
Se trata de un «tesoro energético» que, según estimaciones oficiales, podría contribuir significativamente a incrementar la producción nacional de gas en los próximos años.
Pero también es una región marcada por antecedentes ambientales sensibles. Voces locales advierten sobre el riesgo de afectar acuíferos y ríos, especialmente por la cercanía de la Cuenca de Burgos con el Río Bravo. El recuerdo de impactos previos por actividades extractivas —como la degradación de cuerpos de agua en zonas carboníferas— alimenta la desconfianza.
Además, el propio Gobierno ha planteado que, de ser viable, Coahuila podría ser uno de los primeros lugares donde se implemente el fracking, siempre sujeto a consulta comunitaria.
Esto abre un escenario complejo: desarrollo económico potencial frente a riesgos ambientales y sociales en una entidad históricamente ligada a la industria extractiva.
En términos geográficos, las zonas con mayor potencial se ubican en las regiones Norte y Carbonífera del estado, particularmente en municipios como Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, cercanos a la frontera con Estados Unidos. Estas áreas forman parte de la prolongación geológica de la Cuenca de Eagle Ford, en Texas, donde el fracking ha sido ampliamente explotado.
No se trata de un territorio virgen para esta técnica. Durante la década pasada, en el contexto de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Pemex realizó exploraciones y algunos proyectos piloto de fracturamiento hidráulico en la región. Aunque no se desarrollaron a gran escala, dejaron evidencia del potencial del subsuelo coahuilense y de los desafíos técnicos y ambientales asociados.
En aquel momento, el Gobierno estatal —entonces alineado con la apertura energética— respaldó la reforma bajo la expectativa de atraer inversión, generar empleos y detonar desarrollo en zonas históricamente rezagadas. El discurso oficial enfatizaba los beneficios económicos y la integración con el dinamismo energético del sur de Estados Unidos.
Sin embargo, con el cambio de política energética a escala federal durante el sexenio de López Obrador, el tema quedó prácticamente congelado.
En el ámbito político local, el posicionamiento del Gobierno estatal ha sido, hasta ahora, prudente. El gobernador Manolo Jiménez Salinas no ha expresado un respaldo abierto al fracking en los términos planteados por el Gobierno federal, pero tampoco ha cerrado la puerta a su posible desarrollo. Su discurso se ha centrado en la necesidad de priorizar el crecimiento económico del estado, siempre condicionado a que cualquier proyecto garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
En distintas intervenciones públicas, Jiménez ha insistido en que Coahuila debe aprovechar sus ventajas competitivas, entre ellas su ubicación estratégica y su vocación industrial, pero ha subrayado que las decisiones en materia de explotación de recursos deben tomarse con base en estudios técnicos y con pleno respeto a la legislación ambiental. Esta postura lo coloca en una posición intermedia: alineado con la lógica de desarrollo económico, pero atento al costo político y social que implicaría una apertura sin consenso.
Al mismo tiempo, su administración ha reforzado el discurso de atracción de inversiones en sectores industriales y energéticos, lo que sugiere que, de concretarse un esquema regulado y con beneficios claros, el estado podría convertirse en un actor clave en la estrategia nacional. Sin embargo, el Gobierno estatal también es consciente de que el tema del agua —crítico en la región— podría convertirse en el principal punto de conflicto.
En ese sentido, la postura de Coahuila parece orientarse más hacia la negociación que hacia la confrontación: acompañar los lineamientos federales, pero buscando condiciones que minimicen riesgos y maximicen beneficios locales. El margen de maniobra, no obstante, dependerá en gran medida de los resultados del comité científico y de la reacción de las comunidades involucradas.
Hoy, frente al nuevo planteamiento federal, el debate resurge en Coahuila con posiciones encontradas. Por un lado, sectores empresariales y algunos actores políticos ven en el gas shale una oportunidad para reactivar la economía regional, atraer inversión y aprovechar la cercanía con el mercado estadounidense.
Por otro, académicos, ambientalistas y voces locales advierten que el costo podría ser demasiado alto. Señalan riesgos de contaminación de mantos acuíferos en un estado ya afectado por el estrés hídrico, así como impactos en la salud y en actividades productivas como la agricultura y la ganadería.
La discusión también tiene un componente histórico y social. Coahuila ha sido durante décadas un estado minero, con episodios que han dejado huella en materia de seguridad laboral y deterioro ambiental. Para muchos, el fracking representa la continuidad de un modelo extractivo cuyos beneficios no siempre se traducen en bienestar para las comunidades.
En este contexto, la eventual llegada de nuevos proyectos dependerá no sólo de la viabilidad técnica, sino de la capacidad del Estado para generar confianza, garantizar regulaciones efectivas y abrir espacios de participación social. Coahuila, una vez más, se encuentra en el centro de una decisión que podría redefinir su futuro económico y ambiental. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.