La mayoría oficialista en el Congreso tiró por la borda la oportunidad de demostrar su compromiso con la democracia, la libertad y el respeto hacia las mujeres. Salvar a Cuauhtémoc Blanco del desafuero, en el mismo recinto donde hace poco rindió protesta la primera presidenta de México, es un sinsentido y una afrenta. La ceremonia de investidura la presidió Ifigenia Martínez, cuya congruencia con su pensamiento de izquierda, su defensa de los derechos humanos y su apoyo a las causas feministas le dieron lustre a su carrera. En los muros de honor del mismo salón de sesiones están inscritos con letras de oro los nombres de: Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, figuras señeras del movimiento de Independencia; Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez, por su acendrado patriotismo; y Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, quien «no estudiaba por saber más, sino por ignorar menos». La frase debe escribirse en piedra y dedicarse a los políticos sabelotodo.
De una Cámara compuesta por 251 diputadas y 249 diputados, lo menos que debía esperarse era que a Blanco le fuera retirado el fuero constitucional para enfrentar sin escudo de impunidad el proceso por el delito de intento de abuso sexual contra su media hermana. Sin embargo, 291 legisladores —mujeres y hombres— de Morena, una fracción minoritaria del PT, el Verde y el PRI, con su pastor a la cabeza, lo impidieron. Blanco, en efecto, «no está solo». Le acompañan políticos para los cuales «la moral es un árbol que da moras» (Gonzalo N. Santos). El cinismo y la villanía le siguen también desde sus tiempos de futbolista marrullero.
Lo destacable es que diputados de Morena y el PT, sobre todo mujeres, se hayan rebelado contra la línea de sus partidos y apoyado el juicio de procedencia contra quien hasta hace poco fue uno de los peores gobernadores de Morelos; y vaya que los ha tenido malos. La única fracción opositora que votó contra Blanco fue la de Movimiento Ciudadano (MC). En las demás hubo abstenciones. Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de MC, le entregó una carta al presunto violador donde le pide: «Da la cara sin fuero y enfrenta la investigación como cualquier persona (…). Si no tienes nada que ocultar, lleva a cabo este caso en las mismas condiciones que la víctima».
En julio de 2019, durante el proceso para renovar la presidencia del PRI, la exgobernadora de Yucatán denunció a Rubén Moreira de amenazas. «Dice que se va a meter con mi integridad, que me espera en Coahuila donde voy a saber quién es Rubén Moreira. También amenazó con utilizar las redes sociales para atacar a mi familia, específicamente a mi hijo menor de edad si hacía campaña en Coahuila». La parodia de elección la ganó Alejandro Moreno, otro que utiliza el fuero para evadir la justicia.
A Blanco no solo se le acusa de abuso sexual. También se le imputan delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. La administración de Margarita González (Morena), sucesora suya en el Gobierno de Morelos, lo denunció por desviar 40 millones de pesos durante su gestión. El fuero constitucional se ha utilizado para proteger delincuentes. El vicecoordinador de Morena en el Congreso, Jesús Ramírez Cuéllar, promueve una iniciativa para privar de ese privilegio a legisladores federales y locales y a gobernadores; de esa manera podrían ser procesados penalmente, quienes incurran en delito, sin trámite de por medio. Sin embargo, después del caso Blanco, ¿quién va a creer en la seriedad de su propuesta?
Decepción y descontento
La crisis de desapariciones, cual bomba de relojería, no podía detenerse y terminó por estallar en las manos de la primera mujer en ocupar la presidencia. El fenómeno se disparó a partir de 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Desde entonces no ha cesado. El caso del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación adiestraba —y supuestamente asesinaba— a jóvenes reclutados con engaños, generó un alud de reacciones en el mundo y aumentó la presión sobre el Gobierno federal. En ese contexto, las madres buscadoras lograron que el Senado aplazara por tiempo indefinido la discusión de las reformas a las leyes en materia de Desaparición Forzada de Personas, de Población y otros ordenamientos, para ser escuchadas.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) fue pionera en el movimiento de búsqueda y localización. En diciembre de 2009, cuando se fundó, el número de casos rondaba los 20. Antonio Verástegui González y su hijo Antonio Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero previo en Parras de la Fuente, figuran entre las primeras víctimas. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En los años siguientes las desapariciones se generalizaron (hoy rebasan las 3 mil 600 de acuerdo con la Secretaría de Gobernación) y las masacres de Allende y del penal de Piedras Negras marcarían a Coahuila como un estado de terror e impunidad. Michael W. Chamberlain cita, en el artículo El caminar de la esperanza en medio de la incertidumbre, que las familias fundadoras de FUUNDEC «tenían en común el miedo, la estigmatización y la esperanza de saber el paradero de sus familiares, cuyo último rastro se localizaba en algún punto del vasto territorio de Coahuila».
Raúl Vera López, a la sazón obispo de Saltillo, canalizó el grupo al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios. Su directora, Blanca Isabel Martínez, aprovechó la experiencia adquirida en el Centro Fray Juan Bartolomé de las Casas, de Chiapas, para propulsar un movimiento nacional. Como fuerza social FUUNDEC «ha obligado al Estado a atender la problemática de las desapariciones, muchas veces en contra de muchas voluntades», dice Chamberlain.
El consultor en Derechos Humanos advierte que después de visitar México y Coahuila en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU presentó un informe preliminar en el cual corrobora las denuncias que el Centro Fray Juan ya había hecho en solitario: «la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos y no un mero “ajuste de cuentas” entre grupos de la delincuencia del que habría que mirar hacia otro lado». Ignorar las alarmas y, peor aún, negarlas, provocó la crisis actual.
Sin embargo, el Estado ya no puede, como en el pasado, ocultar los conflictos ni reprimir los movimientos sociales derivados de violencia y la injusticia. El tema de los desaparecidos se ha insertado en la agenda política nacional y obliga al Gobierno federal, lo mismo que a los estatales, a escuchar y dar respuestas efectivas a las familias de las víctimas; pero sobre todo, a atacar sus raíces. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador eludieron el problema. Ahora corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum afrontar la crisis sin dilaciones ni pretextos. De lo contrario, la escalada de desapariciones se convertirá en uno de sus mayores lastres. La decepción y el descontento, llevados a las urnas, socavan a cualquier partido. Morena no está exento.
