Así enfrenten acusaciones de corrupción, abuso o enriquecimiento ilícito, el sistema garantiza impunidad a los políticos mexicanos. El juicio de procedencia es simbólico. La cancelación de la prerrogativa a diputados, senadores y gobernadores es una demanda inaplazable
Inmunidad parlamentaria, un arma de doble filo
Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque el fuero constitucional y el juicio político están diseñados como mecanismos de control para evitar que los servidores públicos estén por encima de la ley, en México estos procedimientos rara vez cumplen su objetivo. El desafuero permite, en teoría, retirar la inmunidad penal a altos funcionarios para que puedan ser juzgados como cualquier ciudadano, y el juicio político busca sancionar conductas que afecten gravemente el interés público. Sin embargo, en la práctica, ambos procesos están profundamente politizados.
La intervención de los poderes legislativos —Cámara de Diputados para el desafuero, y Senado para el juicio político— convierte estos instrumentos en decisiones más partidistas que jurídicas. A menudo se protege a aliados políticos o se persigue a opositores, dependiendo del momento y la correlación de fuerzas en el Congreso. Además, la falta de voluntad política, los pactos de impunidad entre partidos y la opacidad en los procedimientos debilitan su efectividad.
El fuero constitucional en México está siendo objeto de debate debido a casos recientes que evidencian cómo la protección legal puede derivar en impunidad y complicidad política. Los casos de Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno («Alito») ilustran esta problemática.
Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, enfrentó una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Morelos, acusado de intento de violación contra su media hermana. Sin embargo, una inusual alianza entre los diputados de Morena y el PRI le garantizó la impunidad: con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara baja respaldó el dictamen de la Sección Instructora, el cual consideró a expediente de la Fiscalía de Morelos como «notoriamente improcedente».
Y aunque incluso la presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier tipo de acuerdo con los priistas, el hecho de que exista una solicitud de desafuero detenida en el Congreso contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, levanta sospechas. El líder priista y senador enfrenta una petición de desafuero por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, el proceso se estancó debido a un amparo que podría frenar el procedimiento. El gobernador de Coahuila y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, defendió en su momento a Moreno, afirmando que «no hay pruebas, es expediente cerrado».
Estos casos evidencian cómo el fuero constitucional puede ser utilizado para evadir la justicia y resaltan la necesidad de reformas que garanticen la rendición de cuentas y fortalezcan el Estado de derecho. El uso selectivo y discrecional del fuero no solo se ha convertido en escudo para proteger a funcionarios cuestionados, sino en arma política para golpear adversarios.
Poder, escándalo y protección
La historia reciente de México está plagada de casos que ejemplifican la dificultad en la persecución de delitos de alto perfil.
Uno de ellos es el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas (2016-2022). Pese a que fue desaforado en 2021 por la Cámara de Diputados tras ser acusado por la FGR de delincuencia organizada y lavado de dinero, logró mantenerse en el cargo gracias a una reforma estatal que blindó su fuero a escala local, lo que derivó en una resolución de la Suprema Corte que reafirmó la autonomía de los Congresos estatales en estos procesos. Hoy, el panista se encuentra libre, con paradero desconocido. Recientemente fue visto en McAllen, Texas, pese a que en México enfrenta al menos dos órdenes de aprehensión por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Otro caso emblemático fue el del diputado Benjamín Saúl Huerta (PRI-Morena), quien en 2021 fue acusado de abuso sexual contra menores. El Congreso aprobó su desafuero con una mayoría abrumadora, y días después fue detenido. Actualmente, cumple una condena de 22 años de prisión. Su caso mostró que cuando hay pruebas contundentes y presión pública, el Congreso puede actuar con rapidez.
El exdiputado Mauricio Toledo (PT), fue también desaforado ese mismo año por enriquecimiento ilícito, pero huyó a Chile antes de que pudieran detenerlo. La Corte Suprema de ese país negó su extradición en 2022, argumentando que el delito que se le imputa no conlleva prisión según la legislación chilena.
A estos casos se suman figuras como Julio César Godoy Toscano (PRD), acusado de vínculos con el crimen organizado y primer diputado en ser desaforado por presunta relación con el narcotráfico; René Bejarano (PRD), exhibido en video recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada en 2004, lo que derivó en su desafuero por delitos electorales y recursos ilícitos; y Cipriano Charrez (morena), quien perdió su fuero en 2019 por un accidente automovilístico con resultado de muerte, mientras presuntamente conducía en estado de ebriedad.
Un capítulo que también marcó la historia política fue el intento de desafuero en 2005 contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, acusado de desacato por una obra vial en un terreno expropiado. A diferencia de otros, el procedimiento no prosperó, pero dejó un precedente importante en el uso del desafuero como arma política.
Cabe mencionar el caso reciente del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien fue destituido por el Congreso local el mismo día que presentó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Acusado de varios delitos, entre ellos obstrucción de la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda, Carmona estuvo preso y su remoción fue vista por algunos como un ajuste de cuentas.
A raíz del proceso de desafuero de Blanco, salió a la luz que Morena alista en San Lázaro una solicitud de desafuero contra el panista Miguel Ángel Guevara Rodríguez, exdirector de Administración en la alcaldía Benito Juárez y actual diputado federal. Es acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de firmar contratos sin facultades legales, además de asociación delictuosa, dentro de una investigación ligada al llamado «Cártel Inmobiliario».
Durante las negociaciones legislativas, Movimiento Ciudadano (MC), a través de Ivonne Ortega, intentó intercambiar votos para desaforar a Guevara si Morena apoyaba el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, pero el acuerdo no prosperó. Mientras tanto, el PAN se prepara para defender a Guevara, en un contexto que ha afectado su imagen, incluyendo la derrota de su candidato Santiago Taboada en CDMX.
Reforma necesaria
Los procesos de desafuero en México son un termómetro del Estado de derecho, pero también del equilibrio —o desequilibrio— entre justicia y poder político. Mientras algunos acusados enfrentan la ley, otros encuentran en el sistema legislativo o judicial formas de evadirla. En este contexto, diversos actores políticos han comenzado a proponer reformas urgentes para que el fuero deje de ser sinónimo de impunidad.
Una de las propuestas más destacadas es la de la diputada morenista Anylú Bendición Hernández, del Congreso de Nuevo León, quien presentó una reforma al Código Penal estatal para suspender la prescripción de delitos mientras un servidor público goce de fuero. Esta medida impediría que el paso del tiempo juegue a favor de los acusados y garantizaría que, al perder el fuero, puedan ser procesados sin obstáculos.
Otras voces se han sumado a la discusión nacional. Organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han planteado la eliminación del fuero para delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, abuso de poder y delincuencia organizada. De igual forma, en el Senado, legisladores de distintos partidos han retomado una vieja propuesta de reforma constitucional para limitar el alcance del fuero, permitiendo que las autoridades judiciales puedan investigar y procesar a cualquier funcionario sin necesidad de un proceso previo de desafuero.
Además, se ha propuesto crear una Comisión Nacional de Evaluación de Fuero, que se encargaría de analizar de forma imparcial los casos en los que se solicite su retiro, reduciendo el margen de maniobra política que suele bloquear estos procesos en el Congreso. Esta comisión estaría integrada por juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, garantizando así mayor objetividad en sus resoluciones.
La necesidad de reformar el fuero no es solo una cuestión técnica, sino una demanda ciudadana urgente. En una democracia madura, ningún funcionario debería contar con privilegios que lo coloquen por encima de la ley.
Las propuestas en discusión representan un paso importante hacia un sistema más transparente, donde la rendición de cuentas sea una regla, no una excepción. La justicia debe ser igual para todos, sin importar el cargo que se ocupe. E4
Al banquillo, peticiones de desafuero emblemáticas
| Año | Nombre | Partido / cargo | Acusación principal | ¿Desafuero? |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | René Bejarano | PRD / Diputado federal | Corrupción, recursos ilícitos (videoescándalo con Ahumada) | Si. |
| 2005 | Andrés Manuel López Obrador | PRD / Jefe de Gobierno del DF | Desacato judicial por construcción en terreno expropiado | No |
| 2010 | Julio César Godoy Toscano | PRD / Diputado federal | Nexos con La Familia Michoacana (delincuencia organizada) | Si. |
| 2016 | Lucero Sánchez «La Chapodiputada» | PAN / Diputada local | Vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán, tráfico de drogas | Si. Luego detenida en EE. UU. |
| 2019 | Cipriano Charrez Pedraza | Morena / Diputado federal | Homicidio culposo por accidente vial | Si. Condenado a dos años 10 meses |
| 2021 | Francisco García Cabeza de Vaca | PAN / Gobernador de Tamaulipas | Delincuencia organizada, lavado de dinero | Si. Pero no ratificado localmente |
| 2021 | Benjamín Saúl Huerta | Morena / Diputado federal | Abuso sexual contra menores | Si. Recibió una sentencia de 22 años de prisión |
| 2021 | Mauricio Toledo | PRD / Diputado federal | Enriquecimiento ilícito | Si. Huyó a Chile; extradición rechazada |
| 2022–2025 | Alejandro ‘Alito’ Moreno | PRI / Diputado federal | Enriquecimiento ilícito como exgobernador de Campeche | Proceso detenido por amparo |
| 2025 | Uriel Carmona Gándara | Fiscal general de Morelos | Obstrucción de justicia y otras carpetas abiertas | Si. Destituido por el Congreso local |
| 2025 | Cuauhtémoc Blanco | PES / Diputado federal (aliado de Morena) | Intento de violación contra su media hermana | No. Rechazado |
Inmunidad parlamentaria, un arma de doble filo
Una garantía democrática que puede convertirse en refugio de impunidad
El caso de Cuauhtémoc Blanco ha puesto en debate el fuero constitucional, pero ¿de qué se trata? El fuero es una figura jurídica que otorga inmunidad a ciertos funcionarios públicos, protegiéndolos de ser procesados penalmente durante el ejercicio de sus funciones. Su propósito es salvaguardar la independencia y el correcto desempeño de sus responsabilidades, evitando posibles represalias por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo.
En México, el fuero está contemplado en el Artículo 111 de la Constitución. Este artículo establece que, para proceder penalmente contra servidores públicos como diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y otros altos funcionarios, la Cámara de Diputados debe declarar, por mayoría absoluta, si se puede proceder o no en contra del inculpado. Si la resolución es afirmativa, el funcionario queda a disposición de las autoridades competentes para ser juzgado conforme a la ley.
El proceso de desafuero en México implica varios pasos:
- Solicitud formal: Una autoridad competente presenta una petición para retirar el fuero de un funcionario público.
- Análisis en la Cámara de Diputados: La solicitud es revisada y sometida a votación en la Cámara de Diputados.
- Declaración de procedencia: Si se aprueba por mayoría absoluta, se autoriza proceder penalmente contra el funcionario.
- Proceso judicial: Una vez retirado el fuero, el funcionario es juzgado por las autoridades correspondientes según la legislación aplicable.
El origen del fuero se remonta a la Edad Media en Europa, donde se implementó para proteger a los representantes legislativos de persecuciones políticas, asegurando su independencia en la toma de decisiones. Esta práctica fue adoptada posteriormente por diversos países con sistemas democráticos.
A escala internacional, el fuero o inmunidad parlamentaria existe en múltiples países:
- Argentina: La Constitución establece que los legisladores no pueden ser acusados judicialmente por actividades propias de su mandato, incluyendo opiniones o discursos. Además, no pueden ser detenidos, salvo en casos de ser sorprendidos cometiendo un delito.
- Brasil: La constitución brasileña otorga inmunidad parlamentaria a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, extendiéndose incluso a crímenes cometidos fuera de sus funciones oficiales.
- Perú: La Constitución menciona que los congresistas no pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, excepto en casos de delito flagrante.
- Venezuela: La Constitución establece que los diputados de la Asamblea Nacional gozan de inmunidad parlamentaria desde su proclamación hasta el fin de su período, requiriendo autorización del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional para cualquier enjuiciamiento o detención.
- India: La Constitución otorga inmunidad limitada a los miembros del Parlamento y de las Legislaturas Estatales, protegiéndolos de procedimientos legales por lo dicho o votado en el Parlamento o sus comités.
Es importante destacar que, aunque el fuero busca proteger la función pública, su uso ha generado debates sobre posibles abusos y la necesidad de reformas para evitar que se convierta en un escudo de impunidad. En México, ha habido propuestas para eliminar o acotar el fuero, buscando que los funcionarios públicos enfrenten la justicia en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.