La coalición oficialista maneja las comisiones legislativas donde se decide el rumbo del país. El PAN, PRI y MC presiden 14 de menor peso, pero en ninguna tienen mayoría. Claudia Sheinbaum cuenta en la Cámara de Diputados con los votos suficientes (364) para continuar la agenda reformista de la 4T
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Los poderes fácticos y los partidos de oposición preparan desde ahora el terreno para las elecciones intermedias de 2027. Sin el control del Congreso no podrán revertir la agenda reformista de Morena y sus aliados ni recuperar influencia. No es la primera vez que lo intentan. En 2020, una treintena de escritores, académicos y políticos publicaron un desplegado contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador titulado: «Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia». La condición sine qua non para «corregir el rumbo autoritario y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes», planteaba, era la formación de «una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición construya un bloque que, a través del voto popular, (…) obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo…».
La iniciativa cobró forma cinco meses después en la alianza «Va por México», integrada por el PAN, PRI y PRD, partidos que años atrás habían suscrito con el presidente Enrique Peña Nieto el Pacto por México para reformar la Constitución sin consultar a la ciudadanía. En vísperas de las elecciones de 2021, casi medio millar de opositores de la 4T, entre ellos Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, firmantes del primer desplegado, lanzaron el «Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad». Para «inclinar la balanza» echaron mano del efectismo: El país «se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de poder (…), entre la responsabilidad y el capricho (…). Toca a los ciudadanos inclinar la balanza…».
Para minar los cimientos de la 4T, los intelectuales y escritores acusaron que en los primeros años del obradorismo 10 millones de mexicanos habían engrosado las filas de la pobreza. (De acuerdo con el Inegi, 13.5 millones de personas salieron de esa condición en el sexenio de AMLO). Los desafectos no deseaban que se les viera el plumero («no se trata de regresar a la indeseable situación previa (…) en la que hubo abusos, corrupción y frivolidad») e infundían esperanzas sin sustento. «Las posibilidades de triunfo (de Va por México) crecen día con día ante el inocultable fracaso en todos los órdenes de la actual administración».
El triunfalismo se desinfló en las urnas. El frente Morena-PT-Verde perdió 30 escaños, pero conservó la mayoría absoluta en la Cámara baja. En los estados el fracaso fue mayor, pues de 15 gubernaturas en juego, el PRI, el PAN y el PRD perdieron 13. Aun sin estrategia ni liderazgo, y con una votación en descenso permanente, las oposiciones y los grupos de interés pretenden debilitar a la presidenta Claudia Sheinbaum, como antes hicieron con AMLO, para ganar espacios en el Congreso. La táctica es la misma: desinformar y desacreditar al Gobierno.
El escenario para los adversarios de la 4T es aún más complicado que en las intermedias de 2021. Morena tiene mayoría calificada en el Congreso junto con sus aliados, y gobierna dos de cada tres estados. No obstante los problemas del país, la aprobación de la presidenta Sheinbaum ronda al 80%, mayor que la de AMLO en su primer año de gestión. El PAN decidió romper su alianza con el PRI, y el PRD perdió el año pasado su registro. La oposición busca reagruparse en la Marea Rosa para detener la reforma electoral de Sheinbaum. Sin embargo, la presidenta cuenta con los votos necesarios para sacarla adelante en el Congreso.
Mayoría apabullante
Morena y los partidos del Trabajo y Verde tienen la sartén por el mango en el Congreso y el Senado como el PRI lo tuvo durante casi 70 años y el PAN solo a medias debido a su falta de oficio y a las concertaciones con los tricolores. La fuerza de Morena en el poder legislativo es apabullante: preside más de la mitad de las comisiones ordinarias (27 de 51), y otra decena está en poder del PT y el Partido Verde. El PAN coordina siete; el PRI, cuatro, y Movimiento Ciudadano, tres. El peso de la coalición gobernante se basa en los 32.5 millones de votos que recibió el año pasado. El frente PAN-PRI-PRD captó 17.5 millones.
Los 364 diputados de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» le permiten a la presidenta Claudia Sheinbaum avanzar su agenda legislativa sin obstáculos mayores. La representación del PAN y el PRI en el Congreso, con 70 y 37 escaños, respectivamente, es la más baja de su historia. Por lo tanto, no pueden detener los cambios impulsados por la 4T ni reorientar el gasto federal, palanca de los programas sociales. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, formada por 58 diputados, la encabeza Merilyn Gómez Pozos (Morena). El PAN tiene siete asientos, uno de ellos lo ocupa Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. El único priista en ese grupo es Jericó Abramo Masso.
La alianza oficialista dirige otras comisiones clave como las de Hacienda y Crédito Público, Educación, Economía, Defensa, Seguridad y Puntos Constitucionales. Entre las cinco asignadas al PT destacan las de Bienestar, Infraestructura y Transparencia y Anticorrupción cuyo presidente es Ricardo Mejía, excandidato al Gobierno del estado. El Partido Verde encabeza la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación junto con otras cuatro.
Acción Nacional lidera los grupos de Economía, Federalismo y Desarrollo Municipal, Radio y Televisión, y tres más. El PRI, las de Asuntos Migratorios, Gobernación y Población, Desarrollo Rural y Juventud. Movimiento Ciudadano, el partido con la tercera votación más alta en las elecciones presidenciales de 2024, está a cargo de las comisiones de Zonas Metropolitanas, Movilidad y Deporte. Los partidos contrarios a Morena necesitan votos para ocupar un mayor número de comisiones, y de más influencia. Las elecciones intermedias de 2027 ofrecen esa posibilidad.
Sin embargo, las circunstancias no son propicias para un avance opositor, a menos que el desgaste y los escándalos de corrupción pasen factura al Gobierno. Por ahora, la intención de voto para el Congreso favorece a Morena con el 45%. La preferencia por el PAN es del 11%; y por el PRI y Movimiento Ciudadano, del 8%, respectivamente. El Verde y el PT registran el 4 y 3%, de acuerdo con la encuesta de Buendía & Márquez difundida a principios de agosto por El Universal. «Morena aparece como fuerza central, frente a una oposición fragmentada cuya capacidad de crecer se mantiene limitada», dice la pesquisa.
La estrategia de las oposiciones y los grupos de presión contra Morena, de esperar que temas mediáticos como la violencia y el contrabando de combustibles le resten apoyo al Gobierno y a su partido, no ha funcionado, según se infiere de la encuesta. Morena tiene el 65% de las opiniones positivas en imagen partidista, y el PT un sorprendente 36%. Les siguen el Verde (32%), PAN (19%) y PRI (16%). «Estas distribuciones ayudan a entender por qué la coalición gobernante retiene una ventaja estructural en el ánimo ciudadano, más allá de los niveles coyunturales de preferencia electoral», señala Buendía.
Trampas neoliberales
El Congreso desempeñó un papel fundamental en la implantación del neoliberalismo en el país, iniciada en el Gobierno de Miguel de la Madrid y continuada hasta la administración de Enrique Peña Nieto. El modelo suplantó a las instituciones por 36 años, mientras el estado de bienestar pasaba a segundo término. De la Madrid utilizó su mayoría en las cámaras para adherir a México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Carlos Salinas de Gortari celebró, palabras más, palabras menos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): «Ya quisiera el presidente de Estados Unidos tener un Congreso como el mexicano». Tal vez por su obsecuencia. En un mensaje a la nación, dirigido desde la residencia oficial de Los Pinos, Salinas echó las campanas al vuelo: «Con apego a la Constitución (…), estos acuerdos promueven, de manera efectiva, el bienestar de los mexicanos». Igualmente cumplen con la decisión de «crear más empleos, limpios y mejor remunerados con pleno respeto a nuestra soberanía».
En una entrevista por los 30 años del tratado, el escritor Gastón García Cantú reflexiona: «Lo que realmente estaba en juego no era la integración económica sino una “anexión” similar a la de Texas en 1836 y una traición al resto de América Latina» (El País, 31.12.23). El mismo día que el TLCAN entró en vigor, 1 de enero de 1994, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en Chiapas para reivindicar demandas sociales, políticas y económicas. El movimiento exigió la renuncia del presidente Salinas y de los gobernadores «que llegaron al poder mediante fraudes electorales», condición para celebrar ese año elecciones verdaderamente libres y democráticas.
El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN refutó el discurso salinista y pidió revisar el TLCAN por excluir a las poblaciones indígenas y «las sentencias a la muerte por no tener calificación laboral alguna». También urgió revertir la reforma al artículo 27 constitucional, aprobada por los diputados y senadores del PRI y al PAN a iniciativa de Salinas de Gortari. El manifiesto demanda «respetar el espíritu de Emiliano Zapata: la tierra es para los indígenas y campesinos que la trabajan. No para los latifundistas. Queremos que las grandes cantidades de tierras que están en manos de finqueros y terratenientes nacionales y extranjeros, y de otras personas que ocupan muchas tierras, pero no son campesinos, pasen a manos de nuestros pueblos…».
Salinas, a diferencia de De la Madrid, no contaba con mayoría calificada en el Congreso, pero su alianza con el PAN le permitió reformar la Constitución para adaptarla a su proyecto. Así pudo aplicar el modelo neoliberal a rajatabla de la mano de una corrupción desenfrenada. Vendió las principales empresas estatales (Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Mexicana de Aviación, Aeronaves de México), bancos (Banamex, Bancomer, Serfin), mineras (Cananea y Mexcobre), televisoras (TV Azteca) e inició la privatización de los ferrocarriles. El capitalismo de compadres favoreció al círculo de Salinas la mayoría de las veces. Alonso Ancira compró AHMSA a precio de remate: 145 mil millones de pesos, equivalentes a una quinta parte del valor real. (Tras las huellas de la privatización. El caso Altos Hornos de México [UNAM]. La Jornada, 04.02.21). E4
Todos los caminos llevan a San Lázaro
Distribución de diputados por partido
- Morena 253
- PAN 70
- PVEM 62
- PT 49
- PRI 37
- MC 28
- IND 1
Comisiones
- Morena-PT-Verde 37
- PAN 7
- PRI 4
- MC 3
Gobiernos divididos, presidentes débiles; ¿quién ganó?
Las alternancias PRI-PAN mantuvieron el modelo neoliberal iniciado por Miguel de la Madrid. El Congreso y el Poder Judicial estuvieron al servicio de los poderes fácticos
Ernesto Zedillo gobernó sin mayoría calificada en el Congreso, pero los votos del PRI y PAN le permitieron desaparecer la Corte en el primer año de su administración y reemplazarla por 11 ministros propuestos por él al Senado. Otra decisión controvertida fue el rescate bancario que transfirió al Estado pasivos por más de medio billón de pesos.
En una entrevista con Milenio, Carlos Cabal Peniche (Grupo Financiero Cremi-Unión, cuya deuda por 4 mil 500 millones de pesos pasó al Fobaproa) reveló haber contribuido con alrededor de 20 millones de dólares a las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio (asesinado en marzo de 1994) y Ernesto Zedillo. También habría financiado una parte de la campaña de Roberto Madrazo para la gubernatura de Tabasco, calculada en 214 millones de pesos, 43 veces por encima del gasto legal (La Jornada, 24.04.98).
En 2021, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, cuya jefa de Gobierno era entonces Claudia Sheinbaum, consiguió una orden de aprehensión contra Cabal Peniche, su esposa Teresa Pasini y su socio Alejandro del Valle. Crédito Real los acusó por el impago de 600 millones de pesos concedidos para comprar Grupo Radiópolis. La operación se habría tramitado con documentos falsos. Un amparo dejó sin efecto la captura. Cabal llegó finalmente a un acuerdo con el acreedor, consistente en la entrega de sus acciones de Radiópolis.
Los poderes Legislativo y Judicial han apuntalado la relación del Gobierno con los poderes fácticos. Los grandes medios de comunicación han tenido incluso bancadas en el Congreso y posiciones que les permiten obtener ventajas y evadir al fisco. México dejó de tener Gobiernos unificados en 1997, cuando el PRI perdió, por primera vez, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La misma situación prevaleció en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, quienes debieron gestionar sus agendas y reformas con el PRI y el PAN, según el caso, a cambio de concesiones y negocios. Los gobernadores también sacaron provecho de la coyuntura. Acumularon poder, endeudaron a sus estados, abrieron las puertas a la delincuencia organizada y, en casos como el de Coahuila, el nepotismo rebasó todos los límites.
La alternancia PRI-PAN dio lugar a un reacomodo de fuerzas en el que todos ganaron: partidos, grupos de interés, las transnacionales y la prensa, excepto el país y el presidente. El ejecutivo federal quedó expuesto a todo tipo de presiones. Sin el control del Congreso ni de los gobernadores —cada uno respondía a su propio juego e intereses— y con su partido debilitado, cedió incluso a chantajes. Fox ha reconocido que le faltó valor frente al sector privado para subir los salarios por encima de la inflación como lo hizo Andrés Manuel López Obrador.
Las cosas cambiaron en 2018, cuando la ciudadanía rompió la alternancia PRI-PAN y dio su voto al único partido contrario al régimen —el PRD ya se había asimilado al sistema—: Morena, entonces de reciente fundación. AMLO no solo ganó la presidencia con la votación más alta (30 millones), sino también la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. El tres veces candidato a la silla del águila inició el desmantelamiento del neoliberalismo en su primer año de Gobierno con reformas que pusieron en el centro de la agenda a los más pobres. Los grupos de presión jamás le perdonarán haberles cancelado privilegios, y así se lo recuerdan un día sí y otro también. E4
Refresqueras pierdan la batalla; gana el impuesto saludable
México es el principal país consumidor de bebidas azucaradas en el mundo y uno donde los fabricantes tributan menos al fisco. Especialistas piden elevar el gravamen al 20%
La cúpula empresarial que por décadas presionó al Gobierno federal para contener los salarios y el poder adquisitivo, ahora se preocupa por el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, no es el interés mayoritario el que defiende, sino a la poderosa industria refresquera tras la cual subyace la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. El año pasado en nuestro país murieron más de 305 mil personas a causa de tales afecciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
México lidera junto con Colombia el mercado de bebidas azucaradas. Según el Censo Económico (Data México) en 2019 el sector registró ingresos por más de 317 mil millones de pesos. David Kershenobich, secretario de Salud, pide fijar la atención no solo en la cantidad de víctimas, sino también en su calidad de vida. El consumo inmoderado reduce la esperanza vital hasta en 10 años y condena a discapacidades por periodos similares debido a las complicaciones. El número de personas que reciben hemodiálisis aumentó de 20 mil, en 1993, a más de 100 mil en un lapso de 26 años.
«La salud de la población mexicana, por encima de los intereses económicos»
El Gobierno federal inició en 2019 un programa de salud pública sin precedente, apoyado en los medios de comunicación y en las redes sociales, tendente a mejorar la dieta de los mexicanos. El etiquetado frontal se estableció para alertar a la población sobre los riesgos de ingerir comida chatarra. Los fabricantes de ultraprocesados se opusieron y recurrieron al amparo para anular la norma. Sin embargo, la Corte la declaró constitucional. La obesidad y los hábitos poco saludables preocupan cada vez más en el mundo. Michelle Obama, esposa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso en marcha en 2010 el programa «A moverse». La meta era ambiciosa: resolver el problema de la obesidad en el transcurso de una generación mediante el ejercicio y el consumo de más frutas y verduras. También se aconsejaba evitar los productos con altos contenidos de grasa y azúcar.
Los grupos económicos, que antes incidían en las decisiones del Congreso, perdieron influencia. El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobado ya por ambas cámaras, elevará en tres pesos por litro el precio de los jugos y refrescos. El Gobierno busca reducir 7% el consumo y recaudar 41 mil millones de pesos para programas de salud que incluyen: atención de alta especialidad, mayor cobertura de diálisis y apoyo a la cultura del trasplante de órganos. La Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), paraguas de Coca Cola FEMSA, Arca Continental y GEPP Pepsico, advirtió que medida será «un duro golpe al bolsillo de las personas». La preocupación es infundada, replicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más de un millar de profesionales de la salud, pertenecientes a institutos nacionales, universidades, organizaciones y academias, sumaron su apoyo al denominado «impuesto saludable» en un desplegado. Incluso proponen elevarlo al menos un 20% en su precio final. En una lista de 77 países consumidores, México ocupa el lugar 52. Significa que aquí los fabricantes de refrescos pagan menos al fisco. El colectivo apunta que «más de 80 países han adoptado impuestos a bebidas azucaradas y que más de una decena de evaluaciones en (…) México, Chile, Sudáfrica y Reino Unido han demostrado que es una forma efectiva de lograr reducciones en las compras y su consumo». (Reforma, 13.09.25). E4
