El modelo es el mismo de Francia, España y otros países, dice la mandataria. Para las oposiciones, la medida representa un paso más hacia la militarización de la seguridad; el CIDE advierte riesgos
«Vigilancia masiva» se presta a abusos, dicen colectivos
Con el aval del Congreso, México ha activado la primera etapa de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. La reforma constitucional que transfiere a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pone fin a la ambigüedad legal del cuerpo creado en 2019, y consolida un modelo de seguridad que apuesta por la disciplina y despliegue militar como respuesta a la violencia.
El oficialismo ha destacado el carácter estratégico de esta integración. La presidenta Sheinbaum subrayó que el esquema se inspira en modelos internacionales como la Guardia Civil en España y la Gendarmería en Francia. «Lo que se busca, desde principio, es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, como el Ejército, como la Fuerza Aérea», dijo la mandataria durante la inauguración de un cuartel en Oaxaca (24.06.2025).
El nuevo diseño legal otorga a la GN atribuciones de gran alcance: operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones privadas y funciones de inteligencia. Además, la reforma abre la puerta para que elementos en activo del Ejército puedan postularse a cargos de elección popular, lo que enciende alertas sobre el equilibrio civil-militar en un régimen democrático.
Desde el Ejecutivo, la medida se presenta como parte de un plan integral que busca consolidar la presencia del Estado en zonas controladas por el crimen organizado, mediante una fuerza disciplinada, profesional y con recursos operativos superiores a los de las policías locales.
Pero el cambio también ha suscitado fuertes cuestionamientos. Especialistas en derechos humanos y académicos advierten que este nivel de involucramiento castrense puede erosionar los contrapesos institucionales y reducir la rendición de cuentas. «Hoy le otorgan nuestra información personal y una patente para participar en la política electoral al Ejército a través de la Guardia Nacional», señaló Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE (El Universal / De Dinero, 01.07.2025).
En contraste con países que tienen cuerpos militarizados bajo control civil y judicial, como España o Francia, el modelo mexicano carece de mecanismos externos de vigilancia sólidos. Para organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, la falta de controles independientes eleva el riesgo de violaciones de derechos humanos.
Pese a ello, el Gobierno defiende la reforma como necesaria para enfrentar un problema estructural. El 80% del personal de la GN proviene ya de las Fuerzas Armadas, y su cadena de mando siempre estuvo vinculada a Sedena. Con esta reforma —sostiene Morena— se elimina la simulación y se consolida un cuerpo más eficaz.
Las cifras ofrecen señales mixtas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos han disminuido 25.8% entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, el nivel más bajo desde 2016. Pero la percepción de inseguridad se mantiene elevada, con más del 69% de la población que se siente insegura en su ciudad (Inegi, 23.04.2025).
En paralelo, medios de comunicación y redes sociales han encendido un debate polarizado. Mientras espacios cercanos al Gobierno celebran el inicio de una estrategia con base legal firme y resultados preliminares, sectores críticos denuncian una normalización de la militarización. La discusión ha derivado en una narrativa partidista
que oscurece el análisis técnico del modelo.
La reforma marca un punto de inflexión: da inicio formal a la política de seguridad del nuevo Gobierno, con un enfoque centralizado en el poder militar. El reto, advierten expertos, será garantizar que esta concentración de funciones no erosione las instituciones civiles ni perpetúe un modelo que, aunque eficaz en despliegue, sigue sin resolver el fondo del problema: la prevención estructural del delito.
Riesgos y consecuencias
Las preocupaciones no son teóricas. Estudios del CIDE y otras instituciones han documentado que la participación de militares en tareas policiales suele ir acompañada de un aumento en la letalidad, es decir, más muertes en enfrentamientos, mayor uso de la fuerza y menor rendición de cuentas.
«Militares no están entrenados para hacer tareas de proximidad, prevención del delito o contención con uso progresivo de la fuerza. Su lógica es la eliminación del enemigo», explica Catalina Pérez Correa, profesora del CIDE (Aristegui Noticias, 29.06.25).
Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido también sobre el riesgo de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y abusos en operativos donde participan elementos militares sin supervisión externa.
Además, el nuevo diseño deja sin resolver el problema estructural de las policías locales, muchas de las cuales siguen desmanteladas, mal pagadas y sin capacitación.
Uno de los principales argumentos del Gobierno federal es que el nuevo diseño permitirá una mayor eficacia en el combate al crimen organizado. Pero los datos no son concluyentes.
Durante el sexenio de López Obrador, los homicidios dolosos se mantuvieron en niveles históricamente altos, aunque en los últimos meses han mostrado una ligera tendencia a la baja. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de 2025 se registraron 11 mil 700 homicidios dolosos, una reducción del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, persisten zonas críticas como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, donde la presencia militar no ha logrado contener la violencia de los cárteles.
El uso del Ejército en materia de seguridad pública no es garantía de una reducción sostenida de la violencia. Según un informe de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y el CIDE, «la militarización exacerba la violencia”», al tiempo que se advierte que «la tasa de homicidios se disparó luego de la llamada guerra contra el narco» (FES-CIDE, Seguridad y Fuerzas Armadas en México, 2022).
Además, el uso del Ejército en seguridad pública puede generar incentivos perversos: en lugar de profesionalizar a las policías, los Gobiernos estatales y municipales optan por pedir apoyo militar, desincentivando el fortalecimiento de sus propias instituciones.
Homicidios dolosos
Según datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentados el 10 de junio de 2025, se observó una caída del 25.8% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 64.5 víctimas. Claudia Sheinbaum calificó este avance como «un resultado muy importante del Gabinete de Seguridad y muestra de que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando» (Sin Embargo, 10.06.2025).
La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, detalló que mayo de 2025 registró 65.3 homicidios diarios, el promedio más bajo desde 2016 (Gobierno de México, 10.06.2025).
A escala regional, los estados con mayor incidencia siguen siendo Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán y Jalisco, que concentran más del 47% de los homicidios registrados en los primeros cinco meses de 2025. En contraste, entidades como Yucatán, Durango y Coahuila mantienen tasas relativamente bajas, lo que refleja una geografía desigual de la violencia. En Guanajuato, por ejemplo, se documentaron más de mil 200 asesinatos hasta mayo, pese al despliegue sostenido de la Guardia Nacional.
En cuanto a las modalidades del crimen, el 71% de los homicidios dolosos fueron perpetrados con arma de fuego, de acuerdo con el SESNSP. Esta proporción se ha mantenido constante en los últimos años, lo que evidencia la alta disponibilidad de armas ilegales en el país. Además, se contabilizaron 423 feminicidios entre enero y mayo de 2025, con el Estado de México, Nuevo León y Veracruz como las entidades más afectadas. Las organizaciones civiles han insistido en que el subregistro persiste, especialmente cuando los casos no se investigan desde una perspectiva de género (SESNSP, 10.06.2025).
A pesar de la reducción en las cifras oficiales, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (Ensu), publicada por el Inegi en abril de 2025, revela que el 69.9% de la población se siente insegura en su ciudad, una cifra que apenas se ha movido respecto al año anterior. En ciudades como Fresnillo, Naucalpan y Ecatepec, la percepción supera el 85%. Esta brecha entre los datos gubernamentales y la vivencia cotidiana de la ciudadanía refleja un reto mayor: recuperar la confianza pública más allá de las estadísticas (El País, 23.04.2025). E4
Pros y contras de la GN bajo mando militar
| TEMAS | VENTAJAS | INCONVENIENTES |
|---|---|---|
| Disciplina y mando | Mayor control jerárquico y cohesión operativa; cadena de mando clara y vertical. | Reducción del mando civil; debilitamiento de controles democráticos. |
| Eficiencia operativa | Capacidad táctica superior para operativos de alto riesgo; despliegue rápido en zonas críticas. | Menor enfoque en prevención del delito y proximidad ciudadana. |
| Corrupción interna | Menor índice de corrupción documentado en comparación con algunas policías locales. | Opacidad en procedimientos y menor rendición de cuentas pública. |
| Infraestructura y recursos | Acceso inmediato a cuarteles, logística, vehículos, inteligencia militar y redes de comunicación. | Desvío de recursos civiles hacia estructuras castrenses sin contrapesos ni fiscalización civil. |
| Cobertura territorial | Capacidad de presencia nacional incluso en zonas donde no hay policía municipal o estatal. | Posible desplazamiento de funciones locales y debilitamiento de las policías estatales y municipales. |
| Modelo internacional invocado | Referencias a cuerpos similares en países como España y Francia (Guardia Civil, Gendarmería). | Esos modelos están bajo control civil y judicial más estricto; el modelo mexicano carece de tales salvaguardas. |
| Percepción de seguridad | Aumento en la confianza ciudadana en zonas controladas por militares (según algunas encuestas). | Aumento en quejas por violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza. |
| Marco legal | Reforma constitucional elimina ambigüedad jurídica y otorga base legal clara a su operación. | Posible normalización de la militarización como respuesta estructural y no temporal, contraria a recomendaciones de la ONU. |
| Control territorial | Mayor presencia del Estado en zonas con alta penetración del crimen organizado. | Riesgo de colusión en el largo plazo si no hay vigilancia externa ni mecanismos de rendición de cuentas. |
| Sostenibilidad institucional | Consolidación de un cuerpo único con disciplina y recursos propios. | Pérdida de autonomía civil, difícil reversibilidad del modelo, y subordinación institucional prolongada a las Fuerzas Armadas. |
«Vigilancia masiva» se presta a abusos, dicen colectivos
La reciente aprobación de una reforma legal que permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceder a bases de datos personales sin orden judicial ha desatado fuertes críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una medida para «fortalecer la inteligencia frente al crimen organizado», expertos advierten que la falta de mecanismos de control convierte la plataforma en un instrumento de vigilancia masiva con potencial de abuso.
La iniciativa modifica la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley de Seguridad Nacional para crear una Plataforma Central de Inteligencia que reunirá información de distintas dependencias: desde licencias de conducir hasta historiales médicos, ubicación de teléfonos móviles y registros financieros. Esta base de datos podrá ser consultada por la SSPC sin necesidad de orden judicial ni autorización de un juez, según lo aprobado por mayoría legislativa en junio.
El colectivo R3D, especializado en derechos digitales, advirtió que «el Gobierno estaría construyendo una infraestructura para el espionaje estatal sin ningún tipo de salvaguarda». La organización Amnistía Internacional también alertó sobre los riesgos que implica otorgar acceso discrecional a datos sensibles, especialmente en un contexto donde la vigilancia ilegal ha sido documentada en múltiples ocasiones. «La experiencia del uso de Pegasus demostró que las herramientas tecnológicas sin regulación pueden usarse contra periodistas, defensores y opositores», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El Gobierno federal ha negado que se trate de una «ley espía» y asegura que la plataforma se enfocará únicamente en objetivos relacionados con amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, la ambigüedad en la redacción del decreto —publicado en el Diario Oficial el 28 de junio— permite usos amplios y poco fiscalizados. Además, el acceso estará en manos de funcionarios administrativos, no del Poder Judicial.
Académicos como Luis Fernando García, director de R3D, insisten en que la norma rompe con principios básicos del debido proceso. «El derecho a la privacidad no puede ceder ante la eficiencia del Estado. Sin controles externos, esta plataforma se presta al abuso y al espionaje político», afirmó. Para diversos analistas, el problema no es solo legal sino estructural: México carece de instituciones con capacidad real de fiscalizar el uso de tecnologías de vigilancia, en un entorno marcado por la opacidad.
El tema ha generado una fuerte polarización en medios y redes sociales. Mientras que espacios afines al oficialismo minimizan los riesgos y destacan su utilidad para combatir al crimen organizado, medios críticos y periodistas independientes han denunciado una amenaza directa a las libertades civiles. La discusión ha escalado a niveles partidistas, con la oposición acusando al Gobierno de seguir la ruta de regímenes autoritarios bajo el pretexto de la seguridad nacional. En este clima, el debate se aleja del análisis técnico y se convierte en una batalla narrativa que invisibiliza el fondo del problema: la falta de controles democráticos.
Aunque al cierre de esta edición la presidenta Sheinbaum no se había pronunciado de forma detallada sobre esta plataforma, integrantes de su gabinete han defendido la medida como parte de una «nueva política de inteligencia para la pacificación del país». No obstante, el contraste entre el discurso oficial y las preocupaciones sociales mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles. En un país con antecedentes de espionaje ilegal y una creciente militarización del Estado, la pregunta no es si la tecnología se usará, sino contra quién.
La reforma también ha sido impugnada en instancias judiciales. Diversos colectivos preparan recursos legales ante la Suprema Corte, argumentando que se trata de una norma inconstitucional que vulnera los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales. Mientras tanto, organismos internacionales llaman a México a ceñirse a los principios del derecho internacional en materia de vigilancia y derechos humanos. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.