Gobernadores, en el punto de mira; cero impunidad: Claudia Sheinbaum

El panorama de México cambió en 12 años. Morena gobierna hoy 24 estados. EPN empezó con 20 ejecutivos locales de su partido, la mayoría de los cuales fueron detenidos por delitos de corrupción. Jueces regresan a políticos venales bienes adquiridos con fondos públicos

La fotografía «maldita», 15 años después; justicia a medias

Caso Adán-Bermúdez, «Que no se esconda nada»: CS

Una de las primeras fotografías de Enrique Peña Nieto como presidente fue con los gobernadores. Diecinueve eran del PRI y el resto del PAN, PRD, Verde y Movimiento Ciudadano (MC). El grupo aparece al pie de una escalera de Palacio Nacional. Trece años después, la presidenta Claudia Sheinbaum posa con los ejecutivos estatales en la escalinata principal de la antigua casa virreinal. A sus espaldas se yergue la pintura «Epopeya del pueblo de México», una de las mayores obras del muralista Diego Rivera. La escena plasma la nueva realidad política del país: 24 gobernadores pertenecen a Morena, cuatro al PAN, dos a MC y dos al PRI. El mensaje presidencial, para todos, es de cero impunidad.

El retrato corresponde al 2 de septiembre, cuando se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La secretaria de Gobernación y el de Seguridad y Protección Ciudadana acompañan a la presidenta en primera fila. También, los titulares de la Defensa, Marina y el fiscal general de la república. Otra diferencia notable entre un momento y otro es que en la fotografía con Peña Nieto no hay una sola mujer; todos los gobernadores son varones. Hoy casi la mitad (13) son mujeres. Entre ellas las de Estado de México y Ciudad de México donde se concentra el 25% de la población nacional.

El contraste de tiempo y circunstancia es enorme. Peña entró a Palacio Nacional a hombros de gobernadores del PRI. Parte de los 4 mil 500 millones de pesos que gastó en su campaña salieron de las arcas estatales. El límite legal era de 336 millones de pesos. El Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hicieron la vista gorda frente a la compra de votos con tarjetas Monex y Soriana. Peña pagó el favor a los gobernadores con manga ancha y presupuesto sin control. Así, el poder acumulado por ellos desde la alternancia política de 2000 se acrecentó. La venalidad marcó el sexenio peñista y fue su condena. La fotografía del presidente y los gobernadores se ganó a pulso el adjetivo de «maldita».

El panista Rafael Moreno Valle (Puebla), uno de los integrantes del grupo, murió en un accidente aéreo junto con su esposa, Martha Érika Alonso, quien 10 días antes había asumido la gubernatura. Aristóteles Sandoval (Jalisco) fue asesinado por la espalda en un bar de Puerto Vallarta en diciembre de 2020. Contaba con una escolta de 15 personas. La fiscalía del estado atribuyó el crimen al narcotráfico. El cartel Jalisco Nueva Generación lo tenía amenazado. Sandoval era secretario de Innovación y Participación Digital del CEN del PRI, nombrado por Alejandro Moreno.

Peña caracterizó a «sus» gobernadores como «la nueva generación» del PRI. Era un autoelogio, pues recién lo había sido del Estado de México. Arturo Montiel, su tío, le heredó el cargo para borrar los rastros de su administración venal. Montiel fue acusado de enriquecimiento ilícito y del secuestro de los hijos de su matrimonio con la periodista francesa Mude Versini. Una parte de la fortuna y propiedades de Montiel, en México y el extranjero, como una mansión en Cádiz, España, valuada en 69 millones de pesos, se conoció al final de su sexenio. El manto de la impunidad lo cubrió todo. Peña exoneró a su tío, como él mismo se absolvería después. Morena ganó Edomex en 2023 con una mujer, Delfina Gómez, e inició el desmantelamiento de las estructuras caciquiles de un estado misógino que por mucho tiempo representó para el PRI la joya de la corona.

Telepresidente fallido

Enrique Peña Nieto detonó la bomba que acabó con el PRI, pero no es el único responsable del colapso. La responsabilidad la comparten los gobernadores; y antes que ellos, la tecnocracia, cuya característica común es la rapacidad. A falta de una opción sólida y confiable, y del fracaso del PAN, el PRI regresó al poder en 2012. Peña se ganó el título de «telepresidente» por el papel de las cadenas nacionales en la construcción de su candidatura. La elección se decidió en las cúpulas, y Peña, un político sin luces que nunca estuvo a la altura de las circunstancias, las recompensó con creces.

The New York Times publicó, en diciembre de 2017, un texto sobre Peña y su relación con los medios de comunicación. «El reportaje de Azam Ahmed (…) le da cuerpo y forma a un fenómeno típico del peñismo: la reproducción de la fórmula fallida y corrompida del telepresidente en todas las entidades», escribió entonces el periodista Jenaro Villamil. «El resultado —advierte— es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar. Según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periódicos mexicanos admiten que se censuran» (Proceso, 26.12.17).

Peña gastó más que ningún presidente en imagen (60 mil millones de pesos) y es el peor calificado (24%). Los mandatarios que generan mayores expectativas son los que más decepcionan. El antecedente, previo a la alternancia, es el de José López Portillo. La debacle de Peña empezó en el segundo año de su Gobierno. La investigación del equipo de Aristegui Noticias sobre la Casa Blanca, adquirida a un contratista amigo suyo, lo puso en la picota. Meses más tarde, The Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había adquirido una casa al mismo empresario.

El modelo de venalidad y control mediático, como observa Villamil, se reprodujo en los estados. Políticos que antes de ocupar el poder carecían de fortuna devinieron millonarios y empezaron a acumular propiedades: ranchos, residencias, fraccionamientos, periódicos, radiodifusoras, estaciones de televisión, gasolineras. Atrapado en el pantano de la corrupción, como The Economist describió la situación del país, Peña no tenía autoridad para pedir cuentas a los gobernadores. ¿Cómo, si ellos habían cofinanciado su campaña con fondos públicos?

BBC News Mundo identificó cinco causas por las cuales Peña Nieto terminó por ser uno de los presidentes más impopulares de México. «1) Casa blanca y corrupción. El escándalo que detonó esta percepción fue la compra, por parte de su esposa Angélica Rivera, de una mansión valuadas en 7 millones de dólares; 2) Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es, según organizaciones civiles, uno de los casos más dramáticos de la historia reciente del país; 3) El “gasolinazo”. (…) El aumento de los combustibles “hizo que perdiera toda credibilidad. La gente tenía la expectativa de que bajarían los precios; 4) De acuerdo con proyecciones como las del diario Reforma, durante el mandato de Peña Nieto se cometieron más de 125 mil asesinatos, la cifra más alta de la historia (superada en el sexenio de AMLO); y 5) La tormenta Donald Trump. En agosto de 2016 Peña Nieto invitó al entonces candidato Donald Trump a una reunión oficial en Los Pinos. (…) «Subestimé el gran resentimiento que había para con el presidente Donald Trump», reconoció. Peña tampoco dimensionó la animadversión hacia él, su Gobierno y su partido.

El caso Duarte-Karime

La mitad de los gobernadores de la foto «maldita», tomada en Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2012, fueron encausados. Tres permanecen en prisión: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Roberto Sandoval (Nayarit). Se les acusa de peculado, corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Sandoval está en el punto de mira del Gobierno de Estados Unidos. Antes de ser detenido en Linares, Nuevo León, en junio de 2021, Mike Pompeo, secretario de Estado en el primer mandato de Donald Trump, denunció en su cuenta de Twitter (hoy X): «Roberto Sandoval Castañeda (…) se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes (…) lo que lo hace inelegible para ingresar a EEUU». El nayarita no es el único exgobernador en la lista de narcopolíticos de la Casa Blanca. También los hay del norte.

Detenido en abril de 2017, en Guatemala, Javier Duarte fue el único que amenazó con destapar la cloaca y apuntó hacia la cima del poder. «Muy pronto se van a llevar una sorpresita. No hablo por hablar, lo tengo con documentos, audios y datos de prueba». En una entrevista telefónica desde el Reclusorio Varonil Oriente, el exgobernador declaró al periodista Noé Zavaleta ser la cabeza de turco del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, «para ganar la elección de Estado de México».

Duarte acusó al entonces procurador general de la república, Arturo Elías Beltrán, y al subprocurador, Felipe Muñoz, de extorsionarlo para cambiar la figura de «delincuencia organizada» por la de «asociación delictuosa» y reducir la condena. «O pagaba o iban contra mi familia, al más puro estilo de Los Zetas. El dinero para pagar la “extorsión” me lo dio el presidente Peña Nieto, me lo mandó con un amigo que tenemos en común», (Proceso, 15.07.19). Duarte se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a nueve años de prisión. En compensación, la jueza Isabel Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, le regresó 21 terrenos ejidales en Campeche, así como 20 casas y departamentos en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero (Infobae, 18.05.20).

El caso de Karime Macías es particular. Jamás la esposa de un exgobernador (Javier Duarte) había sido arrestada; y para más inri, en un país extranjero. La expresidenta del DIF de Veracruz fue detenida en octubre de 2019 por la Policía Metropolitana de Londres, donde tramitaba asilo político. El Gobierno de México solicitó su captura, con fines de extradición, por cargos de peculado y lavado de dinero mediante una red de empresas fantasma dirigida por su ahora exesposo.

Una llamada anónima condujo a una bodega propiedad de la pareja. Durante el registro, la policía encontró sillas de ruedas, despensas, útiles escolares y una libreta misteriosa con anotaciones autógrafas de Karime Macías. El diario contenía información de cuentas bancarias, propiedades —dentro y fuera del país— y nombres de funcionarios y familiares con quienes hacían negocios. La primera dama justificaba su riqueza con una frase repetida en toda una página: «Sí, merezco la abundancia». Macías terminó por divorciarse de Duarte. En agosto pasado, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz la absolvió del delito de peculado. La Fiscalía del Estado no acreditó el desvío de 114 millones de pesos del DIF. E4

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La fotografía «maldita», 15 años después; justicia a medias

Enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, delincuencia organizada y lavado de dinero llevan a prisión a un puñado de caciques. En Coahuila no hay castigo todavía

El color de los partidos no exime a ninguno de la corrupción, cuando son Gobierno; al contrario, la exacerba. Gobernadores de las principales formaciones políticas del país —de Morena aún no— han sido encarcelados por abusar del poder. La mayoría, sin purgar penas proporcionales a la gravedad de los delitos. Tampoco han reparado el daño financiero causado a los estados. El paraguas del antiguo sistema judicial les permitió conservar o recuperar bienes y caudales obtenidos de manera ilícita. Casos como el de Coahuila son paradigmáticos. Pues quienes asaltaron el erario y adquirieron deudas por encima de la ley, en parte para enriquecerse y en parte para financiar campañas políticas, ni siquiera han sido molestados con un citatorio. Mientras el «moreirato» permanezca impune, el oprobio acompañará al estado; máxime a quienes, en lugar de alzar la voz, agacharon la cabeza como el avestruz.

Guillermo Padrés Elías (PAN), primer gobernador no priista de Sonora; y Marcos Covarrubias Villaseñor, primer panista en ocupar el Gobierno de Baja California Sur, fueron un fiasco. Padrés pasó dos años entre rejas por delincuencia organizada y lavado de dinero. El secuestro y tortura de una trabajadora doméstica, a quien su esposa culpó —sin pruebas— de robarle joyas y dinero, quedó impune. Padrés salió de prisión con una fianza por 100 millones de pesos. Así lo celebró: «¡Ya estoy libre, cabrones (…) Agárrense, hijos de la chingada!».

Baja California Sur no tuvo mejor suerte con Covarrubias Villaseñor, quien, antes de afiliarse al PAN, militó en el PRI y el PRD. Su bandera como gobernador fue atacar la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación lo acusó de simular la devolución de fondos a la Secretaría de Hacienda. Covarrubias había intentado antes vender la isla Punta Belcher a un empresario. La operación se anuló por la presión de una cooperativa pesquera. Otra decisión controvertida de su Gobierno consistió en vetar una iniciativa contra los feminicidios (Sin Embargo).

Las administraciones de Padrés y Covarrubias coincidieron con la de Enrique Peña Nieto. En la foto «maldita» también aparecen los gobernadores priistas César Duarte (Chihuahua), Andrés Granier (Tabasco), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Fausto Vallejo (Michoacán). Todos, excepto Vallejo, estuvieron presos; incluso el primer gobernador independiente, Jaime Rodríguez. Duarte es uno de los cerebros de la Operación Safiro, urdida para desviar 650 millones de pesos a las campañas del PRI. El exgobernador fue detenido en Florida, en 2020, y extraditado a México tres años después. Su sucesor, Javier Corral (PAN), lo denunció por el desvío de mil 230 millones de pesos. En 2024 un juez lo liberó y le devolvió decenas de propiedades, valuadas en más de 2 mil millones de pesos, que adquirió en su mandato.

Otro de los acompañantes de Peña en la fotografía de la ignominia es Rubén Moreira. «En 2018, el exmandatario de Coahuila fue acusado por la diputada panista María Eugenia Cázares de desviar durante su administración más de 390 millones de pesos de participaciones federales que le correspondían a los municipios de la entidad. (…)» (El Universal, 14.11.20). La legisladora se quedó bastante corta. Según el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, en los cuatro últimos años del Gobierno de Moreira se desviaron 680 millones de pesos a empresas fantasma. El dato es conservador pues, según conocedores del tema, la cifra real supera los mil millones de pesos. E4

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Caso Adán-Bermúdez, «Que no se esconda nada»: CS

La 4T afronta el primer gran escándalo de corrupción política por la gestación del grupo criminal «La Barredora» en el seno del Gobierno de Tabasco, tierra de AMLO

Los gobernadores de Morena no están exentos de escándalos ni se distinguen por su competencia. Pero quien ahora se encuentra en el ojo del huracán es el tabasqueño Adán Augusto López Hernández. Pues su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, lideró una red de corrupción dedicada al tráfico de drogas y migrantes, la extorsión y el robo de combustibles. «La Barredora», nombre de la organización cuya fundación se le atribuye, formó parte por un tiempo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La ruptura provocó una escalada de violencia en la región.

López Hernández renunció a la gubernatura en 2023 para asumir la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le sustituyó Carlos Merino. López Hernández fue uno de los aspirantes presidenciales de Morena. Para evitar divisiones en su movimiento, AMLO acomodó las fichas de modo tal que quienes no alcanzaran la nominación quedaran protegidos. A su paisano le correspondió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El vínculo de Bermúdez con «La Barredora» se confirmó por una filtración masiva de datos de la Secretaría de la Defensa, realizada por la organización internacional de jáqueres Guacamaya, el 29 septiembre de 2022. La orden de aprehensión contra Bermúdez se dictó en febrero, y desde entonces se encontraba prófugo. El 12 de septiembre fue detenido en Paraguay. El líder senatorial, López Hernández, se ha deslindado de su excolaborador. Dice que comparecerá ante la Fiscalía General de la República, si es llamado.

¿Cuántos de los 24 gobernadores de Morena y los ocho de las demás formaciones, que se retrataron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 2 de septiembre —y de sus predecesores—, terminarán en prisión, como los de la «foto maldita» tomada en los tiempos de Enrique Peña Nieto? Es difícil saberlo. Lo único cierto es que la mandataria ha demostrado voluntad y firmeza para combatir la corrupción en todos los estratos de poder. Empezar por Tabasco, estado natal de AMLO, es una señal inequívoca de la decisión presidencial de poner orden también en los estados.

«Cero impunidad», dijo la presidenta en la rueda de prensa del 17 de septiembre. «No importa si (Bermúdez) fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad», reiteró. Sheinbaum subrayó la importancia de «conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia, y cómo se separa del cargo a principios de 2024. (…) La idea es que venga aquí y que declare (…) y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada». Horas después, Hernán Bermúdez era extraditado a nuestro país.

Morena gobierna por primera vez 24 estados. Entre ellos Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas donde los carteles de la droga tienen mayor presencia. La violencia que afrontan los gobernadores de la 4T viene del pasado. Sin embargo, fueron elegidos precisamente para resolver un fenómeno de larga data y, en la medida de lo posible, erradicarlo. No para fomentarlo y menos aún, como pasó en Tabasco e igual puede suceder en los estados en poder de la oposición, para crear carteles desde el poder mismo. Quienes lo hagan saben a qué atenerse: «Cero impunidad». La palabra de la presidenta está empeñada. E4