Gobiernos imponen ley mordaza para sofocar la libertad de prensa

Nicaragua, Venezuela y Guatemala enfrentan señalamientos por la escalada represiva contra periodistas y medios independientes. Detenciones arbitrarias, intimidación y censura son el nuevo rostro del autoritarismo regional

En 2024, Gobiernos de izquierda en América Latina dejaron en claro su determinación de sofocar la libertad de expresión. Las restricciones crecientes, alimentadas por persecuciones judiciales, intimidaciones y detenciones arbitrarias, revelan un desprecio sistemático por los valores democráticos y los derechos humanos. En lugar de garantizar el acceso a la información, estas administraciones han optado por el silencio impuesto, utilizando tácticas represivas para consolidar su poder y eliminar las voces críticas.

El control político a través de la censura se ha convertido en una constante. Periodistas perseguidos, medios clausurados y leyes creadas para criminalizar la disidencia son pruebas contundentes de este ataque frontal contra el periodismo independiente. Nicaragua, Venezuela y Guatemala son ejemplos emblemáticos de esta deriva autoritaria. En estos países, los regímenes han transformado el ejercicio del periodismo en una actividad de alto riesgo, donde la búsqueda de la verdad puede llevar a la cárcel, el exilio o, incluso, la desaparición.

«El Gobierno de Nicolás Maduro ha aislado intencionadamente al país, silenciando duramente a los periodistas locales y expulsando o restringiendo el acceso a los profesionales de los medios extranjeros».

Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de RSF

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado casos que ilustran este patrón alarmante: desde detenciones arbitrarias en Nicaragua, hasta la manipulación judicial en Guatemala y el hostigamiento sistemático en Venezuela. La represión, lejos de ser incidental, es una política deliberada que anula el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados y perpetúa una cultura de opacidad y temor.

«Estamos profundamente alarmados por esta decisión judicial, que podría devolver a José Rubén Zamora a prisión menos de un mes después de su puesta en libertad bajo arresto domiciliario. Esta escandalosa decisión pone de manifiesto la persistente corrupción del sistema judicial guatemalteco».

Rebecca Vincent, directora de Campañas de RSF

Nicaragua

La represión en Nicaragua ha llegado a niveles críticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han convertido el control de la prensa en una herramienta para eliminar la disidencia. Periodistas como Leo Cárcamo Herrera, víctima de repetidos abusos desde 2018, y Fabiola Tercero Castro, desaparecida tras una redada policial, son ejemplos de la persecución sistemática contra comunicadores.

La reciente reforma constitucional y la ley de ciberdelincuencia han reforzado la censura, penalizando hasta con cárcel la difusión de información contraria al régimen. Más de 200 periodistas han sido forzados al exilio desde 2018, mientras los que permanecen enfrentan hostilidad constante en un país que ocupa el puesto 163 en libertad de prensa según RSF. Este panorama refleja un ataque frontal contra los derechos fundamentales, que no solo acalla a los medios, sino también a la sociedad civil en su conjunto.

Venezuela

Venezuela ha sido otro de los países donde los periodistas enfrentan graves riesgos. Con un entorno altamente controlado por el Estado, el Gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a tácticas de intimidación, amenazas y bloqueos a medios de comunicación independientes. Según un informe reciente de RSF, muchos periodistas trabajan bajo condiciones extremas de autocensura por temor a represalias, incluidos arrestos, amenazas físicas y judiciales. La cobertura de temas sensibles, como los derechos humanos o las crisis políticas, puede ser suficiente para que los reporteros sean blanco de agresiones y acusaciones de traición.

Ante la creciente represión contra la libertad de prensa en esta nación, RSF y siete organizaciones colaboradoras unieron sus fuerzas para denunciar los terribles obstáculos a los que se enfrenta actualmente la prensa venezolana. El informe constata más de 228 violaciones a la libertad de prensa, y señala que al menos ocho periodistas siguen encarcelados arbitrariamente. RSF insta al Gobierno venezolano a liberar inmediatamente a los periodistas encarcelados, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que priorice los esfuerzos para restaurar el periodismo en Venezuela.

«El Gobierno de Nicolás Maduro ha aislado intencionadamente al país, silenciando duramente a los periodistas locales y expulsando o restringiendo el acceso a los profesionales de los medios extranjeros. Exigimos la liberación inmediata de los ocho periodistas que fueron detenidos arbitrariamente mientras cubrían el proceso electoral, y pedimos a la comunidad internacional que presione al Gobierno venezolano para que garantice la libertad de prensa y los derechos de los periodistas», demanda Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de RSF.

Guatemala

La anulación del arresto domiciliario de José Rubén Zamora por un tribunal guatemalteco representa otro golpe a la libertad de prensa y los derechos humanos en el país. El periodista, director del diario elPeriódico, enfrenta un prolongado acoso judicial tras denunciar corrupción gubernamental. La decisión de regresarlo a prisión, tras más de dos años de detención preventiva arbitraria y una sentencia anulada, refuerza la percepción de persecución política.

«Estamos profundamente alarmados por esta decisión judicial, que podría devolver a José Rubén Zamora a prisión menos de un mes después de su puesta en libertad bajo arresto domiciliario. Esta escandalosa decisión pone de manifiesto la persistente corrupción del sistema judicial guatemalteco. La necesidad de la liberación plena e incondicional Zamora nunca ha sido más urgente. Pedimos una vez más al presidente Arévalo que tome todas las medidas posibles, lo antes posible, para garantizar la plena libertad de Zamora y asegurar su protección», comentó Rebecca Vincent, directora de Campañas de RSF

La Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por corrupción, lidera este embrollo judicial, mientras al menos 25 periodistas guatemaltecos han optado por el exilio para evitar represalias similares. Este caso envía un mensaje intimidante contra quienes buscan cuestionar a los poderosos, evidenciando el deterioro del estado de derecho en Guatemala. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.

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