Solo la FGR, ahora a cargo de una mujer que comparte el compromiso de la presidenta Sheinbaum con la aplicación de la ley, puede derrumbar los muros de la impunidad en el estado. La megadeuda es el elefante en la habitación que las autoridades fingen no ver, pero que los coahuilenses cargan a diario sobre sus espaldas
Duarte, cerebro de la Operación Safiro, preso de nuevo
La corrupción cobra intereses; González, el sexto extraditado
La captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero, y la extradición —en proceso— del exmandatario nayarita, Ney González, por múltiples delitos, abren un resquicio para que la Fiscalía General de la República (FGR), ahora a cargo de Ernestina Godoy, investigue la deuda de Coahuila contratada ilegalmente y las denuncias por peculado y desvío de fondos a empresas fantasma durante el moreirato. No obstante la cuantía del quebranto —podría rondar al menos los 15 mil millones de pesos—, el daño social, el impacto mediático, dentro y fuera del país, y los efectos políticos, los presidentes Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) se desentendieron del caso. Uno se lavó las manos, otro tuvo manga ancha con el clan, y quien prometió «barrer la corrupción de arriba abajo», hizo la vista gorda.
Cuando todo anunciaba que el clamor de justicia de los coahuilenses sería ignorado por un sistema judicial —estatal y federal— venal, y comparsa del poder político y económico, surge una luz. La «megadeuda» es el elefante en la habitación. Su ausencia de la agenda política, legislativa y mediática no lo borra. Coahuila paga, desde hace 15 años, 19 millones de pesos diarios en promedio por servicio de la deuda. Decenas de miles de millones de pesos han dejado de invertirse en ese lapso en escuelas, hospitales, puentes, carreteras, infraestructura hidráulica y servicios. Las promesas de negociar quitas de capital con los bancos, por haber prestado a ciegas, son engaños.
«(…) cuando Peña Nieto ya había sido declarado presidente electo y Calderón estaba a unos meses de dejar la presidencia, la (PGR) autorizó el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador Humberto Moreira…»
(Andrés Manuel López Obrador, Sin Embargo, 23.04.17).
El dinero, como el paquidermo de la sala, tampoco se esfuma. Cambia de lugar y de destino. Salta de las arcas públicas a las cuentas de políticos voraces e inescrupulosos. Y en vez de infraestructura urbana y de obras en los sectores más necesitados, aparecen ranchos, plazas comerciales, fraccionamientos campestres, radiodifusoras, residencias en barrios exclusivos, hoteles y otros negocios. La sentencia de Juan Barranco, alcalde de Madrid y presidente del Partido Socialista Obrero Español entre finales de los 80 y mediados de la década pasada, resuena: «El poder sólo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a los que ya lo eran antes».
«La “megadeuda” de Coahuila se refiere a un endeudamiento masivo y opaco, principalmente durante las administraciones de los hermanos Moreira (Humberto y Rubén), que comprometió recursos estatales a largo plazo, generando escándalos de corrupción y desvío de fondos».
(Tomado de IA)
Las denuncias penales por el endeudamiento irregular (sin autorización del congreso, uso de documentos falsos, operaciones simuladas para tener liquidez inmediata) y las empresas fantasma, presentadas por la Auditoría Superior del Estado en la segunda mitad del moreirato, han chocado con los muros de la impunidad. No hay carpetas de investigación. La consigna para no ejercer acción penal o esperar la prescripción de los delitos la han seguido a pie juntillas los fiscales sucesivos. El Sistema Estatal Anticorrupción tiene por tarea proteger a los responsables de la deuda, no encausarlos. «Funcionarios menores fueron los chivos expiatorios», acusa un exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia.
La deuda es un laberinto para burlar la justicia. Así se pensó. Mientras «el mayor escándalo de endeudamiento público de un estado en la historia del país» (cita de IA), el enriquecimiento ilícito y el desvío de fondos en Coahuila sean ignorados por el Gobierno federal, la impunidad está asegurada. Expedientes que se creían cerrados, y delitos solapados por el poder político y jueces a su servicio, en Chihuahua y Colima han sido reabiertos. El venal y arrogante César Duarte ha sido internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde «el Chapo Guzmán» se fugó en 2015. El manto de la gobernadora panista María Eugenia Campos ya no podrá cubrirlo. A Ney González les espera la extradición y la sombra.
AMLO, justicia selectiva
¿Qué le permitió a Humberto Moreira evadir la justicia por la megadeuda, de la cual su hermano Rubén estuvo al tanto por mover también los hilos de la Secretaría de Finanzas? Sus enchufes en las altas esferas de la política nacional, que ya no tiene, y la información a la que tuvo acceso, pero que lo implica. Instalado por Enrique Peña Nieto en la presidencia del PRI, el exgobernador tuvo como asesor jurídico a Raúl Cervantes Andrade, nombrado más tarde procurador General de la República. En 2016 renunció y regresó al Senado. La fundación InSight Crime lo describe: «Raúl Cervantes era considerado por muchos como un símbolo más general de la visible incapacidad del Gobierno mexicano para hacer frente a la corrupción endémica y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones del Gobierno. Y por sus vínculos personales con Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, algunos creen que la salida de Cervantes —atizada en parte por la presión de la sociedad civil— marcó un paso positivo para la lucha que libra México contra la corrupción» (19.09.17).
Moreira también fue defenestrado y expulsado del PRI por presión mediática y social. Los estrategas de Peña Nieto debieron advertirle que el escándalo de la deuda le restaría votos. Peña lo despidió, pero, para vacunarse, lo protegió. Andrés Manuel López Obrador, su oponente en las elecciones, reveló en Saltillo: «El 22 de octubre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya había sido declarado presidente electo y Felipe Calderón estaba a unos meses de dejar la presidencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (de la PGR) autorizó el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador Humberto Moreira; su esposa Irma Vanessa Guerrero Martínez; y su suegro, Jaime Guerrero González, señalados de “enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública” (Sin Embargo, 23.04.17).
»El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que el Partido Acción Nacional es cómplice de la exoneración de Humberto Moreira, pues aunque fue el mismo PAN el que denunció al exgobernador, en voz de senadores como Federico Doring, no existió ninguna impugnación tras el fallo de la PGR, además de asegurar que gran parte de la campaña de Enrique Peña Nieto para la presidencia se pagó con el erario público de Coahuila. (…) Guillermo Anaya miente cuando dice que si el PAN gana (las elecciones para gobernador), los Moreira irán a la cárcel, pues asegura que este sabía de la megadeuda desde sus inicios».
¿Por qué, con esa información, AMLO, una vez en la presidencia, no hizo nada para desfacer el entuerto como en el caso de Nitrogenados, que llevó a prisión a Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y al cierre posterior de la acería privatizada por Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué lo detuvo para actuar con el mismo rigor con que lo hizo frente al escándalo de Odebrecht por el cual fue detenido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, bajo cargos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencia y crimen organizado? Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de «recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña. Al menos 100 millones de pesos (…) habrían ido a parar a la campaña electoral del PRI en 2012. Mientras que otros 400 (mdp) fueron destinados a comprar votos de congresistas, según (…) el fiscal general, Alejandro Gertz Manero» (El País, 11.08.20). ¿Por qué tanta complacencia con Peña y Moreira si, dicho por AMLO, un porcentaje de la megadeuda sirvió para inflar la votación del PRI y reducir la suya?
El efecto Guadiana
La tormenta se desató en junio de 2011 con un desplegado en Reforma y otros diarios de la capital titulado «Humberto y Rubén Moreira son una vergüenza nacional». Armando Guadiana Tijerina denuncia la «megadeuda» y exige enjuiciar a los culpables. El empresario renunció al PRI siete meses después frente al candidato del PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, para desmarcarse de la tradición corrupta que defiende «el PRI de Enrique Peña Nieto y de los hermanos Moreira» (La Jornada, 18.01.12). Las «buenas conciencias» y un sector de los medios de comunicación hicieron mutis. La bomba lanzada por Guadiana forzó la renuncia de Humberto Moreira de la dirigencia líder del PRI, antes de cumplir un año de haberla asumido. También puso de relieve el imperio de la impunidad y la descomposición política durante el moreirato. Tal es el legado de Guadiana como ciudadano.
El hombre del Stetson emprendió una campaña contra la impunidad. El 7 de noviembre de 2011, la organización Claridad y Participación Ciudadana, fundada por él para exhibir los abusos de poder en el estado, «formalizó la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila con licencia, Humberto Moreira, por la deuda que heredó durante su gestión. En la demanda (…) se establece que el endeudamiento (…) comprometió los presupuestos estatales de los próximos años (…). El peor desorden financiero de la historia del estado, con impúdico desacato a los ordenamientos constitucionales, federal y local, ha trastocado la Administración pública al extremo (de) que los presupuestos anuales, que se conocen a su inicio del ejercicio y que son del orden de los 30 mil millones de pesos, se encuentran comprometidos al 80 por ciento para gasto corriente y el pago de la deuda» (Reforma, 08.11.11).
El diario dedica dos notas más al Caso Coahuila. «Moreira sí supo. Los documentos con los que el Gobierno de Coahuila respaldó la petición de dos créditos por 2100 millones de pesos con BBVA Bancomer y que incluían escritos falsificados fueron enviados directamente para su conocimiento a Humberto Moreira, en ese entonces gobernador de la entidad. Los oficios respaldan un crédito por 1650 millones de pesos, ingresado a la Secretaría de Hacienda el 2 de diciembre de 2009, así como el préstamo de 550 millones de pesos, registrado en la misma dependencia el 2 de septiembre de 2010. Al calce se incluyó la leyenda: “C.c.p. C. Gobernador del Estado de Coahuila. Presente”. Moreira era entonces el gobernador en funciones, cargo al que solicitó licencia el 4 de enero de 2011».
El segundo texto se refiere a un nuevo desplegado de Guadiana. «El proceso de selección del candidato a la presidencia de la república estará permanentemente cuestionado, mientras permanezca la opacidad en el caso de su dirigente Humberto Moreira Valdés, responsable de la deuda millonaria asumida a costa de los ciudadanos de Coahuila para financiar el proyecto político integral que lo ha puesto en el cargo de presidente del CEN del PRI, y a su hermano Rubén Moreira Valdés, como sucesor en la gubernatura (…)». Frente al cúmulo de acusaciones y la presión sobre Peña Nieto, cuya candidatura dependía de la imagen y el derroche de recursos, Moreira fue botado de la dirigencia del PRI.
Existen elementos sólidos y fundados para que la Fiscalía General de la República reabra el Caso Coahuila. La decisión de no ejercer acción penal contra Humberto Moreira, pactada, según AMLO, por Felipe Calderón y Peña Nieto, comprende solo la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012. Sin embargo, las denuncias de Guadiana y Luis Fernando Salazar contra Humberto y Rubén Moreira por la deuda contratada sin autorización del Congreso, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, se presentaron durante el Gobierno de Peña Nieto. E4
Duarte, cerebro de la Operación Safiro, preso de nuevo
El político norteño acumuló una fortuna enorme durante su mandato. La gobernadora panista Maru Campos facilitó su liberación; la FGR lo envía al penal del Altiplano
Chihuahua es uno de los estados que más contribuyeron a la democratización del país y al triunfo de la revolución maderista que puso fin al porfiriato. El fraude de 1986 que impuso a Fernando Baeza en la gubernatura anticipó lo que ocurriría dos años después para implantar el salinato. La alternancia PRI-PAN de 1992, encabezada por Francisco Barrio, adversario de Baeza en la elección previa, presentó los mismos rasgos que la observada en la presidencia. El cambio llegó en 2016 con el también panista Javier Corral. La Operación Justicia para Chihuahua puso en la picota a su predecesor César Duarte.
La Fiscalía General del Estado obtuvo, en septiembre de 2017, una resolución judicial para embargar siete ranchos, dos fincas rústicas y un predio urbano a Duarte, cuya extensión, de acuerdo con Corral, excedía las 4750 hectáreas. Después vendría un alud de denuncias por peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos para comprar un banco. El gobernador declaró que así daba cumplimiento al compromiso de «llevar a los tribunales a los responsables del saqueo y latrocinio del erario de Chihuahua».
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su parte, desveló la Operación Safiro, calificada como «uno de los casos más emblemáticos de desvíos coordinados entre siete estados de la república donde se desviaron alrededor de 650 millones de pesos para beneficiar al PRI. (…) una de las fiscalías involucradas, la de Chihuahua (en el Gobierno de Corral), tomó seriamente su tarea y comenzó procesos penales contra más de diez personas. Además, logró obtener ocho sentencias condenatorias en contra de personas involucradas en actos de corrupción».
Los protagonistas de la trama fueron el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte. En segundo plano aparecen los gobernadores Jorge Herrera (Durango), Claudia Pavlovich (Sonora), Eruviel Ávila (Estado de México) e Ignacio Peralta (Colima). Extrañamente, en el caso de Coahuila no figura el gobernador Rubén Moreira, sino su secretario de Finanzas, Ismael Ramos. El infierno de Duarte empezó el 31 de diciembre de 2017, cuando la Interpol emitió una ficha roja para detenerlo. Peña Nieto y Beltrones lograron protegerlo por unos meses para salvarse a sí mismos.
Corral recurrió a instancias federales e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador para no dejar el caso en el olvido. La primera orden de aprehensión contra Duarte se libró en marzo de 2017 por los delitos de peculado y asociación delictuosa. El exgobernador puso de inmediato pies en polvorosa. El 8 de julio de 2020 fue detenido en Miami, Florida. Ese mismo día, AMLO se reunió en Washington con el presidente Donald Trump. Duarte fue extraditado a México dos años después, y en agosto de 2023 se le vinculó a proceso por peculado. En junio de 2024, la jueza estatal de Control, Hortensia García Rodríguez, le concedió libertad con brazalete electrónico.
La Fiscalía General de la República (FGR) recapturó al exgobernador el 8 de diciembre, en la capital del estado, por lavado de dinero. También lo acusa de haber sobornado durante su gestión a María Eugenia Campos, con 10 millones de pesos, cuando la actual gobernadora era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso. Al parecer, Campos influyó en García Rodríguez, quien ahora funge de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para conceder en 2024 libertad provisional a Duarte. El mensaje de la federación es claro y contundente: con la FGR ya no se juega. E4
La corrupción cobra intereses; González, el sexto extraditado
El exgobernador nayarita convirtió la entidad en patrimonio propio. Vendió playas, defraudó, se enriqueció y después se escondió fuera de México; ya está localizado
«Nada cambiaría mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada»
George Orwell
La carrera de Ney González se asemeja a la de otros políticos de la transición. Recuperó el poder —como Enrique Peña Nieto la presidencia— solo para demostrar que mientras la alternancia interrumpe su ejercicio, la corrupción cobra con intereses cuando se reasume. González gobernó Colima en el mismo sexenio (205-2011) que Humberto Moreira ostentó el puesto en Coahuila. Previamente fueron alcaldes de sus respectivas capitales (Tepic y Saltillo). González carga con un rosario de delitos. El principal es por haber vendido ilegalmente millones de metros cuadrados de playa (del Fideicomiso Bahía de Banderas) a precio de cacahuates. La operación produjo pérdidas por 100 mil millones de pesos. El político huyó hace cuatro años a un país desconocido. La Fiscalía General de la República (FGR) descubrió el mes pasado su paradero e inició los trámites para su captura y extradición.
El Gobierno de Nayarit, a cargo de Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), acusa a González de administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude por simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos (Reforma, 11.12.25). González ganó la gubernatura en 2005 al propio Navarro Quintero, postulado entonces por el PRD, por un margen de apenas cuatro puntos (46 %-42 %). El PAN, que era el partido gobernante, cayó al tercer (6 %).
González será el sexto exgobernador priista extraditado a México. El primero, Javier Duarte (Veracruz), fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acusó al presidente Peña Nieto de traición. Se declaró culpable y recibió una condena de nueve años, la cual está por cumplir. Roberto Borges (Quintana Roo) intentaba huir a París, cuando la policía lo capturó el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Panamá. Se le acusa de lavado de dinero.
La detención de Tomás Yarrington (Tamaulipas) ocurrió el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, con base en una ficha roja de la Interpol. En 2018 fue extraditado a Estados Unidos donde era acusado de tráfico de drogas, extorsión, fraude y blanqueo de capitales. Después de aceptar que lavó dinero y recibió sobornos durante su ejercicio de gobernador, un juez lo puso nueve años entre rejas. La sentencia se redujo 12 meses después de un acuerdo. El Departamento de Justicia lo deportó a México en abril de 2025 para afrontar cargos por delitos contra la salud. El 16 de octubre pasado, un tribunal federal le dictó auto de formal prisión por narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
César Duarte (Chihuahua) fue extraditado de Miami, Florida, el 2 de junio de 2022. Su relación con la gobernadora panista, María Eugenia Campos, a quien, antes de ser elegida, tenía en una nómina secreta, le permitió obtener libertad provisional. La FGR lo reaprehendió el 8 de diciembre y lo internó en un reclusorio federal de máxima seguridad por lavado de dinero. Fuera del estado, la gobernadora Campos no podrá liberar a Duarte como lo hizo cuando estaba bajo su jurisdicción en la cárcel de Aquiles Serdán.
El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue extraditado al norte del Bravo por «realizar transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que él recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila» (ICE). Se declaró culpable y recibió una sentencia de tres años de prisión, que la cumplió.
El exgobernador Mario Marín (Puebla) reingresó al penal del Altiplano tras revocarse la prisión domiciliaria. El priista ordenó en 2005 detener y torturar a la periodista Lydia Cacho, a petición del empresario Kamel Nacif. El veracruzano Javier Duarte permanecerá en el Reclusorio Norte, luego de que una jueza le negó la libertad anticipada por no cumplir con las normas. La elección judicial adolece de vicios, ciertamente, pero al menos los márgenes de impunidad de los políticos se han empezado a reducir. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.