Google y Meta, en el banquillo, ¿quién controla la información?

Sentencias judiciales en EE. UU. y España establecen un precedente contra el abuso de poder de las Big Tech. La prensa en México, atrapada entre la violencia, la precariedad y la dependencia digital

El periodismo atraviesa una crisis que ya no es solo económica ni tecnológica, sino estructural. Durante años, los medios aceptaron convivir con las plataformas digitales bajo la premisa de que la visibilidad compensaba la pérdida de ingresos. Hoy esa ecuación se ha roto. Los gigantes tecnológicos no solo concentran la publicidad, sino que también condicionan la manera en que circula la información. Ya no es una disputa de clics, sino una batalla judicial y política por la supervivencia misma de la prensa.

En Estados Unidos, Google acaba de recibir un golpe histórico. En abril de 2025, un tribunal federal en Virginia dictaminó que la compañía había violado las leyes antimonopolio al controlar de forma ilegal el mercado de la publicidad digital abierta. El fallo, resultado de una demanda del Departamento de Justicia, reveló que Google manipuló subastas y eliminó competidores durante más de una década, afectando directamente los ingresos de los medios de comunicación. La fiscal general adjunta, Merrick Garland, declaró tras la sentencia: «Ninguna empresa, por poderosa que sea, puede controlar cada aspecto de un mercado y esperar quedar impune».

«Cuando los modelos reproducen errores o sesgos, lo que se erosiona es la confianza en toda la profesión».

Carlos Lauría, director regional para las Américas del CPJ

Mientras tanto, en Europa, el conflicto se agudiza. La Asociación de Medios de Información de España (AMI), que agrupa a 83 periódicos, demandó a Meta —matriz de Facebook e Instagram— por 550 millones de euros, acusándola de competencia desleal y uso indebido de datos personales. El juicio comenzó el 1 de octubre de 2025 en el Juzgado Mercantil número 15 de Madrid, y podría marcar un punto de inflexión para la relación entre las plataformas y la prensa. Según la querella, Meta habría explotado sin consentimiento los datos de los usuarios para reforzar su negocio publicitario, obteniendo una ventaja «abusiva» frente a los editores. El caso, admitido por la Audiencia Nacional, podría sentar un precedente sobre cómo se valora el contenido informativo en la era digital. Desde el otro lado, Meta sostiene que «cumple plenamente con las normas europeas de privacidad y consentimiento».

Estos casos, separados por un océano, convergen en una misma urgencia: los medios reclaman no solo ingresos, sino reconocimiento. Después de dos décadas sirviendo de combustible para las plataformas, la prensa ha decidido dejar de ser un proveedor gratuito de contenido y exigir un trato económico justo, además de la audiencia que le corresponde.

La amenaza de la IA

Si la batalla por la publicidad digital fue el primer asalto, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generativa ha elevado el conflicto a un nivel inédito. Herramientas desarrolladas por las propias Big Tech, entrenadas con millones de textos —entre ellos artículos periodísticos protegidos por derechos de autor—, ofrecen respuestas completas a los usuarios sin necesidad de dirigir tráfico hacia las fuentes originales. «Estamos viendo cómo la IA replica nuestro trabajo sin retorno alguno», denunció recientemente Emma Tucker, directora del Wall Street Journal, durante la conferencia del Reuters Institute en Oxford.

La consecuencia inmediata es la erosión del tráfico referido, base del modelo económico de los medios digitales. El lector obtiene la información directamente del asistente o del buscador, y el medio pierde la posibilidad de monetizar su esfuerzo a través de anuncios o suscripciones. La polémica ha llevado a que cabeceras como The New York Times o The Guardian bloqueen el acceso de los bots de IA a sus sitios, mientras que otras exigen compensación por el uso de sus textos en el entrenamiento de modelos como ChatGPT o Gemini.

Pero el problema va más allá del dinero. Los expertos advierten de una nueva «autopista para la desinformación». La capacidad de generar imágenes, audios o textos falsos a gran velocidad obliga a las redacciones a invertir cada vez más en verificación, encareciendo el proceso informativo. «El reto no es solo tecnológico, sino ético», ha dicho Carlos Lauría, de la organización Committee to Protect Journalists. «Cuando los modelos reproducen errores o sesgos, lo que se erosiona es la confianza en toda la profesión».

Soluciones regulatorias

Ante este panorama, las democracias tienen que estar dispuestas a garantizar su existencia. Australia y Canadá han dado el primer paso con leyes que obligan a Google y Meta a negociar pagos con los editores por el uso de sus contenidos. La Unión Europea, a través de la Directiva de Derechos de Autor, ha sentado un marco similar, aunque su aplicación aún es desigual. En América Latina, en cambio, el debate apenas comienza.

En México, la crisis adquiere matices más oscuros. Según Artículo 19, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 170 asesinatos de comunicadores desde 2000 y una impunidad que supera el 95%. A esta violencia se suma la asfixia económica. Los medios locales, que dependen en gran parte de la publicidad digital, apenas pueden sostener redacciones mínimas o invertir en investigación. «Un medio sin recursos es un medio más fácil de silenciar», advierte la periodista Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México.

La justicia económica que reclaman las demandas contra Google y Meta no es un asunto corporativo, es una cuestión de libertad de prensa. Si los ingresos de la información terminan concentrados en Silicon Valley, las voces que sobrevivan no serán necesariamente las más libres, sino las más rentables. Lo que está en juego, en última instancia, no es solo la viabilidad del periodismo, sino el derecho de las sociedades a recibir información plural y verificada. E4