A la presidenta Sheinbaum le parece injusta la determinación del presidente Trump de sancionar con gravámenes a los países que decidan enviar petróleo a Cuba. En la isla hay un drama social que se agrava con la falta de energía eléctrica. Se trata de una tragedia y hay razones sobradas para urgente asistencia humanitaria. Sin embargo, el drama social tiene como origen el régimen político castrista, al que el obradorismo más que simpatía le profiere devoción.
En el país la injusticia mayor es que el régimen político se niegue a reconocer la extorsión que afecta a numerosos negocios y familias, mientras los grupos asociados al crimen organizado comprometen el derecho más elemental: el de la vida. Diez mineros asesinados en Sinaloa lo constatan, mientras que la alcaldesa sustituta en Tequila, Jalisco niega que haya habido extorsión, quien llega suscribe la complicidad; el gobernador Lemus señala que la decisión de quien ocuparía el lugar del alcalde presuntamente delincuente la dejó en manos de la Segob.
Se muere con facilidad; la recurrencia y permisividad de la muerte hacen que se normalice, al tiempo que la sociedad pierde capacidad de indignación y reclamo. Injusticia es que un alcalde de una importante ciudad pida ayuda para contener la extorsión promovida y consentida por las autoridades estatales y sea ultimado arteramente. Injusticia es que un alcalde probadamente criminal sea reemplazado por una incondicional que niega el deterioro de la autoridad por la extorsión y la complicidad con el crimen organizado.
La injusticia social no se resuelve —quizá apenas se mitigue— con la recuperación de los ingresos de los pobres mediante el incremento salarial y los programas sociales que destinan recursos a amplios sectores de la población, mientras la educación pública ha dejado de ser vehículo de movilidad social e inclusión.
También es una injusticia el colapso de la justicia institucional. Observadores refieren el sometimiento del Poder Judicial federal al régimen político. Problema serio, incluso grave, porque merma la contención al abuso del poder. Sin embargo, el problema mayor es que la justicia queda sujeta al dictado de quien más tiene o a quien más puede intimidar.
Para la presidenta, criticar a la nueva Corte es tarea de resentidos conservadores que han perdido privilegios. Nadie le ha dicho que ya se venden audiencias con juzgadores de alto nivel. El arribo de una generación de mediocres e improvisados a esta importante responsabilidad llevó prontamente a una corrupción desbordada. Los fallos de la justicia atienden no a la ley, sino al pago. El escándalo que enfrentó el presidente de la Corte por exhibir su medianía es una metáfora de la degradación de la institución, y de la vida pública, confirmada por la defensa que la presidenta Sheinbaum hace de su Corte. Eso también es lamentable injusticia.
Hablar de injusticia es hablar de la impunidad instalada en todos los ámbitos. Cabe decir que Morena no tiene su monopolio, está presente, también, en autoridades y dirigencias de otros partidos. Preservar la impunidad en casa propia se ha vuelto una causa de supervivencia del proyecto político que se suscribe. Cada uno con sus esqueletos en el clóset, pero el país no aguanta más. El país está expuesto en su soberanía por las debilidades derivadas de la ausencia del Estado. La vigencia del Estado es legalidad y monopolio legítimo de la violencia; justo lo que ya no existe.
Remediar la injusticia no vendrá de ninguna parte: ni de una presidenta, ni de un tribunal, ni de un partido, y mucho menos desde el exterior. Ha quedado atrás para siempre lo que había, y lo que existe vive un proceso de deterioro inevitable por una incontenible venalidad. Por eso, de la demagogia se ha transitado al cinismo. La verdad no se tergiversa: simplemente se ignora. Remediar la injusticia es una tarea propia, y la vía civilizada proviene del ejercicio de las libertades. Dos son fundamentales: la de expresión, arrinconada por el régimen, y la del sufragio libre.
Hasta hoy, la sociedad ha vivido en un virtual estado de indefensión; no solo remite al fracaso de los partidos opositores, también al de las organizaciones intermedias, aunque no todas, como tampoco puede darse por derrotada a la prensa libre. Hay vitalidad social, como mostró la rebelión en Michoacán tras el homicidio de Carlos Manzo. En todo caso, está por verse si los comicios intermedios, como en Estados Unidos, estarán acompañados de un sentido que reivindique la necesidad de legalidad.
Fijación presidencialista
La mayor dificultad de la presidenta Sheinbaum remite a un viejo dilema del presidencialismo: la tensión entre régimen político y responsabilidad de Estado. En el antiguo presidencialismo siempre hubo confusión en ambos planos, pero prevaleció el sentido de Estado, tan es así que el reformismo, producto de la presión social, llevó a la destrucción del régimen presidencial de origen, fundado en el partido hegemónico y luego dominante. El accidente también jugó su parte: lo más relevante fue el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y el arribo de Ernesto Zedillo a la Presidencia. La realidad es que el régimen priista no sobreviviría la vuelta del siglo; relevante fue la elección intermedia y, como consecuencia, la alternancia.
Hace falta una visión más profunda, seria y objetiva del colapso del PRI, al margen de la crónica interesada. La pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 dio ocasión a un nuevo régimen político, más próximo a una democracia. No sin problemas ni dificultades, el voto se instituyó como el origen legitimador de la autoridad, junto con un juego institucional con contrapesos, producto del Gobierno dividido, autoridades al margen de la parcialidad partidista y una razonable libertad de expresión y escrutinio social del poder. La pausa concluyó con el triunfo de Morena en 2018: veintiún años de pausa democrática.
El colapso del régimen democrático requiere también una explicación. Sin duda, tuvo sus pecados: partidocracia, corrupción, violencia y la insuficiencia de un crecimiento incluyente. Igual ha pasado con los siete años del proyecto político que se planteó como solución; pero las cosas cambiaron: un creciente deterioro de la legalidad, primero con un caudillismo sexenal y luego con el arribo de un grupo político al margen del presidencialismo.
Esta ha sido la mayor dificultad para entender qué sucede hoy día. Buena parte de los analistas cotidianos se instala en el reproche, enojo o frustración porque la presidenta Sheinbaum no suscribe y actúa conforme el código del presidencialismo mexicano. Hoy, muchos observadores serios y rigurosos insisten en que la presidenta se desempeñe como no puede: el ejercicio unipersonal del poder formal e informal que ha acompañado históricamente a la Presidencia y no puede porque la realidad se sobrepone.
La génesis del régimen actual ocurrió el 5 de junio de 2021, cuando López Obrador convocó a los aspirantes a la candidatura presidencial, ante la cúpula política morenista, para conocer el modelo de sucesión presidencial, claramente funcional para quien ya tenía resuelto fuera su sucesora. Se utilizarían encuestas, no habría campaña, sin debates ni proselitismo, y se prohibiría concurrir a medios hostiles. Sin embargo, lo más importante, incentivo para participar y aceptar las reglas fue la determinación de que no habría un ganador único: todos los aspirantes, denostados como corcholatas, tendrían un pedazo del pastel. Juego sin perdedores, ganarían todos.
De esta decisión derivan dos efectos. Por una parte, se redefine la condición de quien resulte ganador, no como en el régimen presidencial tradicional, un poder unipersonal, sino de grupo. Los coordinadores parlamentarios no serán definidos por los integrantes de las Cámaras ni por influencia del presidente, sino predeterminados por el resultado de la competencia. Incluso, una cartera importante del gabinete se resolverá de ese modo, contrario a las facultades libres de todo presidente para nombrar a sus secretarios. Por otra parte, hay una transferencia de las llamadas facultades metaconstitucionales, a las que se refería Jorge Carpizo en su caracterización del régimen presidencial, que quedarán en manos de quien define el juego sucesorio: el árbitro mayor y líder originario del proyecto, el presidente que dejará de serlo.
Conceptualizar al régimen actual en estos términos —al margen del paradigma presidencialista— permite entender la inercia en la cúpula para mantener el equilibrio del equipo en el poder, incluso en los Gobiernos locales, así como las limitaciones de la presidenta para designar y cambiar las fichas del juego, incluidos los gobernadores. La nueva morfología del poder ofrece una realidad difícil de procesar. La presidenta es una ficha más —la más importante— del juego político, pero el jugador único es el expresidente López Obrador, quien simplemente requiere de estar, no hacer ni decir, para mandar.
El modelo fundado en la omertá, o código de silencio, no resiste el paso del tiempo. No se trata de una dificultad asociada a las limitaciones o debilidades de los jugadores, sino de un problema mayor, producto del pecado original del obradorismo en el poder: la impunidad por la adicción al efectivo, tema de próxima colaboración.
