Con una reducción de más del 30 % en homicidios dolosos y una estrategia basada en inteligencia, coordinación e investigación, el Gobierno federal apuesta por una directriz de seguridad medible, moderna y enfocada en resultados. México empieza a revertir una tendencia que parecía irreversible, dice el secretario ante el Senado
Ley de extorsión, uniformidad y riesgos
La violencia ha sido una cicatriz persistente en México durante años. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el mandato, heredar una crisis de seguridad estructural fue una de sus prioridades inmediatas. Ahora, con el informe presentado por el secretario Omar García Harfuch ante el Senado, comienza a vislumbrarse un atisbo de cambio. El nuevo Plan de Seguridad Nacional, diseñado para el sexenio, articula un enfoque centrado en la prevención, la acción coordinada y la inteligencia operativa.
Una de las cifras más llamativas es la disminución del promedio diario de homicidios dolosos: de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025. Si bien México sigue enfrentando retos enormes, este avance representa una señal positiva de que la nueva estrategia está dando frutos. Además, el respaldo del Senado a la política de seguridad —celebrado como «resultado de un trabajo medible» por García Harfuch— refuerza la legitimidad del modelo y abre una ventana para profundizar los cambios.
El informe, respaldado por datos oficiales del Gabinete de Seguridad Nacional, también muestra descensos sostenidos en secuestros, extorsiones y delitos de alto impacto en varios estados.
La estrategia combina inteligencia e investigación con políticas sociales y coordinación institucional, lo que marca distancia del paradigma previo de «abrazos, no balazos», sin negar su dimensión preventiva. Este equilibrio entre atención a las causas y efectividad operativa está siendo interpretado como una transición hacia un modelo moderno y medible.
A diferencia de administraciones anteriores, la actual política de seguridad pone énfasis en la evaluación de resultados. Las bases de datos abiertas, los informes trimestrales y la participación de las entidades federativas en los Consejos Estatales de Seguridad Pública apuntan a una cultura de transparencia inédita.
En el Senado, Harfuch enfatizó que «ninguna política de seguridad puede sostenerse sin confianza ciudadana», y reiteró que la meta no es solo reducir cifras, sino recuperar la paz social como bien público.
Con todo, el país sigue enfrentando una realidad compleja: grupos delictivos que se reconfiguran, desigualdad territorial y un tejido social erosionado.
Sin embargo, el descenso sostenido de homicidios y la mayor coordinación interinstitucional permiten hablar de una tendencia alentadora, que coloca a México en una posición distinta frente a otras naciones de la región.
El avance del Plan de Seguridad también revela un viraje político de fondo: el Gobierno federal ha decidido hacer de la seguridad una política de Estado, y no de coyuntura. Al asumirla como responsabilidad colectiva, con metas verificables y revisión constante, la administración Sheinbaum busca no solo reducir delitos, sino fortalecer la percepción ciudadana de justicia y orden. Esa es quizá la transformación más profunda: devolverle al Estado la capacidad de proteger eficazmente a su población.
Cambio de paradigma
El documento de la estrategia de seguridad 2024–2030 define cuatro ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación absoluta entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.
El primer cambio de paradigma marcado es el alejamiento explícito —aunque sin desechar su valor— de la lógica de «solo abrazos, no balazos». El nuevo enfoque privilegia la prevención social, operación investigativa, golpes al crimen organizado y la construcción de capacidades institucionales. En la comparecencia ante el Senado, García Harfuch señaló que «el trabajo es medible».
En cuanto a la coordinación, la estrategia establece que ninguna entidad debe actuar aislada: la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las policías estatales y municipales trabajan bajo mandos integrados. Esa articulación era una de las debilidades del anterior modelo, en el que la dispersión y la desconexión generaban fugas operativas.
Finalmente, la inteligencia y la investigación son elevadas al rango de eje central, no solo como apoyo operativo, sino como palanca de cambio para anticipar y desarticular los grupos criminales antes de que actúen. Este giro permite marcar diferencias claras con la política previa, que muchas veces estaba centrada en la reacción. Según analistas, este es un factor clave para lograr resultados sostenibles.
En resumen, el Plan de Seguridad Nacional se presenta como un nuevo contrato de seguridad para el país, con metas medibles, enfoque coordinado y estrategia dual (prevención + acción). Su arquitectura marca distancia del discurso de «solo prevención social» o «solo fuerza bruta». Ahora el reto es que las acciones dejen huella.
Resultados medibles
El Gobierno federal ha desplegado un conjunto de acciones operativas que ya arrojan datos relevantes. Entre ellas, destacan:
La reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, estimada en cerca de 32 % durante el primer año de Gobierno en algunas entidades.
El descenso del promedio diario de homicidios dolosos de 86.9 a 59.2 en el lapso septiembre 2024–agosto 2025.
La destrucción de laboratorios clandestinos, aseguramiento de armas y drogas, y el fortalecimiento de la Guardia Nacional como actor central en el combate al crimen organizado.
El trabajo de coordinación entre niveles de Gobierno y entidades federativas con mayor incidencia delictiva —por ejemplo, reducciones en estados como Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Guerrero y Sinaloa.
Además, la estrategia recoge la publicación de bases de datos abiertas de incidencia delictiva, lo cual da mayor transparencia al marco de actuación.
Estas cifras permiten afirmar que la política de seguridad está empezando a transitar de la promesa al resultado. Aunque México continúa con retos altos en materia de violencia, los indicadores recientes muestran que se va por buen camino: la violencia puede disminuir, si bien no desaparecerá. Como lo señaló García Harfuch ante el Senado: «Los resultados ya hablan por sí mismos»
Por tanto, este segundo bloque confirma que no es sólo discurso: las acciones federales están produciendo efectos claros. Y eso es un motivo de expectativa, tanto para la opinión pública como para los Gobiernos locales.
También es relevante el impacto en la percepción ciudadana. Según encuestas recientes del Inegi y la ENVIPE 2025, la confianza en la Guardia Nacional y en las autoridades de seguridad ha crecido cerca de diez puntos porcentuales en el último año. Este repunte en la credibilidad institucional es crucial, porque sin apoyo social no hay estrategia sostenible. La seguridad se consolida, así, como un proceso compartido entre Estado y ciudadanía.
Retos por delante
A pesar de los avances, México todavía enfrenta desafíos relevantes. Si bien los homicidios dolosos han bajado, el país permanece entre las naciones con mayores tasas de homicidio de la región. Según informes, aunque los asesinatos diarios han
bajado, la violencia sigue en cifras elevadas.
Además, existe el reto de la impunidad: si bien hay menos homicidios, sigue siendo necesario elevar los esclarecimientos, condenas y desarticulaciones profundas de los grupos criminales. Según informes de organizaciones internacionales, nueve de cada diez homicidios en México no tienen sentencia.
En comparación con otros países de América Latina, México está haciendo progresos pero aún debe cerrar brechas. Por ejemplo, reducir la violencia estructural, frenar el reclutamiento al crimen organizado y fortalecer el tejido social son tareas compartidas en la región. La investigación académica señala que reducir el reclutamiento de los carteles puede generar mayores efectos que un simple despliegue de fuerza.
Otro reto es la desigualdad estatal: algunos estados muestran reducciones significativas (61% en Guanajuato, 62% en Jalisco) mientras otros aún permanecen con tasas altas. Garantizar que el modelo federal llegue con igual fuerza a todos los territorios será crucial.
Finalmente, la sostenibilidad del modelo dependerá del mismo compromiso presupuestal, profesionalización policial, fortalecimiento de la inteligencia, transparencia y participación ciudadana. Si esos factores se consolidan, la bajada en homicidios no será coyuntural sino estructural. Y ahí estará la diferencia real entre la política de abrazos-no-balazos y un modelo de seguridad moderno, coordinado y efectivo.
El desafío futuro será mantener la constancia política. Las estrategias de seguridad requieren continuidad más allá de los ciclos electorales. La experiencia latinoamericana muestra que los retrocesos suelen ocurrir cuando las políticas públicas se fragmentan o se subordinan a intereses partidistas. En ese sentido, el gran reto del Gobierno será institucionalizar la estrategia para que la reducción de la violencia no dependa de nombres, sino de estructuras permanentes. E4
Los números del nuevo modelo de seguridad
| Indicador | Valor reportado |
|---|---|
| Reducción de homicidios dolosos a escala nacional | 32%, equivalentes a «27 homicidios diarios menos» |
| Personas detenidas por delitos de alto impacto | 35,817 |
| Armas de fuego aseguradas | 18,274 |
| Droga decomisada (incluye fentanilo y otras sustancias) | 288 toneladas según reporte adicional |
| Reducción de secuestros | 69% |
| Reducción de lesiones dolosas por arma de fuego | 28% |
| Reducción de feminicidios | 28% |
Fuente: Informe de seguridad nacional
Ley de extorsión, uniformidad y riesgos
La aprobación de la Ley General en materia de extorsión marca un nuevo capítulo en la política de seguridad impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque la iniciativa fue avalada con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados —339 votos a favor y 100 en contra—, su discusión dejó en evidencia las tensiones entre el objetivo de armonizar las penas en todo el país y la preocupación por una posible liberación de delincuentes actualmente presos por este delito.
La propuesta, presentada por el Ejecutivo y respaldada por Omar García Harfuch como parte del Plan Nacional de Seguridad, busca establecer un marco jurídico unificado para castigar la extorsión, uno de los crímenes más comunes y temidos por la población. Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, introdujo una reserva que redujo las sanciones a los funcionarios públicos que no denuncien este delito, pasando de entre 10 y 20 años de prisión a un rango de 5 a 12 años.
El ajuste, explicó Monreal, responde a un principio de proporcionalidad penal: «No se puede castigar con más severidad a quien omite denunciar que a quien comete el acto ilícito». No obstante, el cambio dividió a las bancadas, generando críticas tanto de la oposición como de algunos aliados del oficialismo. Legisladores del PAN, PRI y parte del PT advirtieron que la reducción de penas podría derivar en la liberación de cientos de reclusos condenados bajo códigos estatales más severos, creando un conflicto de retroactividad.
El coordinador panista Elías Lixa cuestionó el impacto político y social de la medida, al señalar que “la reforma va a aplicar en favor de los delincuentes que hoy están en la cárcel», y reclamó que se elevara, no se redujera, la penalidad para los extorsionadores. En sintonía, la diputada Lilia Aguilar, del PT, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la liberación de más de 600 personas en entidades como Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo, donde la extorsión es considerada delito de alto impacto.
Pese a las advertencias, la mayoría morenista respaldó la versión final del dictamen con apoyo de Movimiento Ciudadano, el PVEM y parte del PT, argumentando que la ley responde a un criterio de racionalidad punitiva y permitirá uniformar sanciones en los 32 estados. La reforma, además, introduce por primera vez la obligación para las fiscalías de crear un registro nacional de casos de extorsión, lo que facilitará su seguimiento dentro del nuevo sistema de inteligencia e investigación criminal impulsado por la Secretaría de Seguridad.
En el contexto de la estrategia nacional presentada por García Harfuch, esta ley se integra como una pieza jurídica del nuevo modelo de seguridad, cuyo eje central es la coordinación entre instituciones y la transparencia en el combate al crimen. La unificación de criterios penales busca cerrar los vacíos legales que los grupos delictivos aprovechaban para operar con impunidad en distintos estados, además de fortalecer el marco de actuación de jueces y ministerios públicos.
Sin embargo, la polémica evidencia un dilema recurrente en la política de seguridad mexicana: equilibrar la firmeza del castigo con el respeto a los derechos procesales y la proporcionalidad penal. Si bien la ley puede mejorar la eficacia institucional, su éxito dependerá de cómo se aplique en el terreno.
La nueva legislación, en suma, refleja el doble desafío del Gobierno federal: mantener el impulso de su estrategia de seguridad y, al mismo tiempo, asegurar que las reformas jurídicas acompañen —y no contradigan— los avances operativos. El debate legislativo mostró que el cambio de paradigma propuesto por Sheinbaum y Harfuch exige no solo nuevas políticas, sino también nuevas reglas del juego penal capaces de sostener la transformación en curso. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.