Hitos de octubre: el informe de Claudia y la nueva SCJ; violencia, el punto débil

En el sexenio anterior se redujo la pobreza, pero no la inseguridad. Las bases de la estrategia para pacificar al país son ahora más sólidas. Morena gobierna 24 estados y ya no tiene pretextos para no dar resultados. La entrega de más de medio centenar de capos a Estados Unidos reduce la presión de Trump

La democracia pone fin al besamanos presidencial

Ultimátum a los gobernadores en seguridad; ya aterricen: CS

Septiembre —mes de la patria— es testigo de dos hitos: el informe de la primera mujer en ganar la presidencia con la votación más alta en la historia; y la instalación de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegida por los ciudadanos, lo mismo que los magistrados y jueces del poder judicial federal. En el pasado, el presidente nombraba a los ministros de la SCJN a través de los senadores de su partido y el de otras fuerzas cuando era necesario. Claudia Sheinbaum llega a su primer año de Gobierno con mayor aprobación (79%) que sus predecesores, incluido Andrés Manuel López Obrador (73%) [El País, 01.09.25]. También es una de las líderes más influyentes de 2025 —junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— de acuerdo con la revista Time.

«(…) aquellos que logran comunicar efectivamente cómo sus políticas mejoran la vida de la gente común, no solo en teoría, sino en la práctica percibida, tienen mayor probabilidad de ser recompensados con el apoyo en las urnas».

(Karolina M. Gilas, miembro del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina)

Justamente es Trump quien más ha puesto a prueba el liderazgo de Sheinbaum y la consistencia de su Gobierno. La guerra arancelaria del caudillo de MAGA (la 4T de EE. UU., pero a la inversa debido a su carácter antisocial) genera rechazo y preocupación en el mundo por sus efectos sobre la inversión, el empleo y el costo de la vida. La baja popularidad del magnate republicano (43% en agosto, New York Times) refleja el sentimiento del país por su gestión autoritaria. El asedio de la Casa Blanca en temas de migración, seguridad fronteriza y narcotráfico no lo hubo en ninguna otra administración. Trump y su equipo lo mismo amenazan y tensan la relación con México que reconocen el desempeño de la presidenta.

En medio de la designación de los carteles de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos, como organizaciones terroristas transnacionales, y la imposición de tarifas comerciales, el Gobierno entregó a Estados Unidos a 55 de capos en un lapso de seis meses. El primer traslado ocurrió a finales de febrero pasado e incluyó a uno de los barones de la droga más reclamados por la justicia norteamericana: Rafael Caro Quintero, quien en 1985 ordenó el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. El fundador del cartel de Guadalajara fue liberado por un tribunal en los primeros meses de Gobierno de Enrique Peña Nieto. También fueron extraditados Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, exjefes de los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes, del cartel de Juárez; y Antonio Oseguera Cervantes, cerebro financiero del CJNG.

El segundo grupo se envió a distintas cárceles de Estados Unidos el 12 de agosto, antes del informe presidencial. La lista la encabezan Servando Gómez, la Tuta, exlíder de los Caballeros Templarios; Juan Carlos Félix Gastélum, yerno del Mayo Zambada y Abigael González Valencia, el Cuini, lugarteniente de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del CJNG. Con los principales capos del cartel de Sinaloa (Joaquín «el Chapo» Guzmán e Ismael «el Mayo» Zambada) en prisión de por vida, y algunos de sus sucesores en poder de Estados Unidos, se podría pensar que el fin de la organización criminal más dilatada está cerca.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no lo juzga así en virtud de la capacidad de adaptación y la cadena de mando del cartel de Sinaloa. «Si me atrapan o me matan, nada cambia», declaró el Mayo Zambada a Julio Scherer García, fundador de Proceso, en una entrevista realizada en 2010 en algún lugar de la sierra de Durango. Mientras Estados Unidos sea el principal consumidor de drogas en el mundo, difícilmente desaparecerán los carteles. Mudarán de nombre y de patrones, pero no de actividad. En su declaración de culpabilidad, Zambada dijo haber sobornado a políticos, militares y policías durante 30 años. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió nombres. La fortuna de El Mayo, cifrada en 18 mil millones de dólares, de nada le sirve en prisión.

La tarea de Harfuch

El expresidente Andrés Manuel López Obrador identificó la pobreza como una de las principales causas de la violencia y dedicó su sexenio a combatirla. Bajo la premisa de que «Por el bien de México, primero los pobres», 15 millones de personas salieron de esa condición. Sin embargo, en seguridad los resultados fueron negativos. Aunque el número de homicidios dolosos haya descendido a 22 mil 484 en el último año de su Gobierno (Seminario sobre violencia y paz), la cifra es desmesurada. En los primeros meses de la gestión de Claudia Sheinbaum la tasa de ese delito disminuyó 24.5%. La estrategia contra la delincuencia organizada es la misma que la de AMLO. Para reforzarla, el Congreso autorizó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Asimismo, otorgó facultades de investigación e inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con lo cual aumentará su presencia en los estados.

Reducir la pobreza significó el mayor logro de la administración obradorista. Sheinbaum trascenderá si, además de ampliar los programas sociales, pacifica el país, devuelve la tranquilidad a los ciudadanos y pone a raya a las organizaciones criminales. En este sentido, la colaboración entre México y Estados Unidos es fundamental. La encuesta de Enkoll, El País y W Radio, previa al informe del 1 de septiembre, advierte que, para el 46% de la población, la inseguridad es el principal problema del país. El 79% respalda la gestión de Sheinbaum y el 18% la reprueba.

La economía no parece preocupar tanto todavía, pese a las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra las exportaciones, las remesas y la migración. El 6% de la muestra opina que la mayor dificultad del país es el crecimiento económico; el 11%, la corrupción; y el 6%, la falta de empleo. Los programas sociales, en conjunto, son vistos como los principales aciertos de la administración (36%). Contra el ruido mediático, el narcotráfico y los servicios de salud/falta de medicamentos ocupan los últimos lugares entre los problemas nacionales, con el 4 y el 3% de las menciones.

La estrategia de abatir la pobreza junto con la inseguridad funcionó a medias, pero una vez alcanzada la primera meta, la segunda es asequible. El plan de AMLO, de responder al crimen con menos fuego y a la sociedad con mayores apoyos, afrontó resistencia en los estados, en su mayoría gobernados por el PRI y el PAN. La violencia se utilizó para presionar a la 4T y trasladar la responsabilidad de las autoridades locales a la federación. Hoy ya existe ese obstáculo, pues de los 38 gobernadores, 24 pertenecen a Morena. Guanajuato, en manos del PAN desde hace 34 años, es una de las entidades más violentas del país junto con Sinaloa, donde Morena gobierna por primera vez.

La tarea de alinear los resultados de la estrategia de seguridad a los de política social, que permitió reducir la pobreza, recae en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el operador más confiable de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Gobierno de Ciudad de México. El nieto del exsecretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, también parece ser bien visto en Washington. Los carteles se han debilitado, y mientras la administración de Donald Trump tenga a los carteles en la lista de organizaciones terroristas y amenace con utilizar la fuerza contra ellos en territorio nacional, quizá se replieguen y opten por dirimir sus conflictos por vías no tan violentas, como en el pasado, para llamar menos la atención.

Comunicar, la clave

Las oposiciones y los grupos de presión se percataron demasiado tarde de la importancia de las elecciones de 2024, que le permitieron a Morena conservar el poder, al menos, seis años más. El PAN, el PRI, los medios adversos y las élites hicieron poco o nada para evitarlo. ¿Cómo esperaban otro resultado si en vez de ajustar agendas, corregir errores y escuchar las demandas de la sociedad se mantuvieron distantes y se hablaron solo a sí mismos y a sus incondicionales? La soberbia les hizo perder perspectiva y les impidió prever, o fingieron demencia, el triunfo de Claudia Sheinbaum, cantado de antemano. La inacción y la repetición de fórmulas gastadas les pasó factura.

La apuesta por el voto de castigo a la 4T y su caudillo, Andrés Manuel López Obrador, perdió frente al voto retrospectivo. «Si la ciudadanía considera que el Gobierno ha sido eficaz y ha mejorado las condiciones de vida, tienden a recompensar a ese partido con la renovación de la confianza en las urnas. Por el contrario, si sienten que la administración ha sido incompetente y corrupta, la castigan votando por la oposición». Así lo explica Karolina M. Gilas, miembro del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina en un texto publicado en vísperas de los comicios (Proceso, 31.05.24).

Claudia Sheinbaum iniciará el segundo año de su mandato el 1 de octubre. La percepción de su Gobierno, en general, es positiva. El 58.1% de la población opina que la presidenta superó las expectativas, dice la encuesta reciente de Mitofsky para El Economista, no obstante que los logros (24.1%) son menores que las fallas (24.5%). Los votantes «toman en cuenta indicadores concretos de desempeño, pero los interpretan mediante sus propias experiencias y expectativas. (…) aquellos que logran comunicar efectivamente cómo sus políticas mejoran la vida de la gente común, no solo en teoría, sino en la práctica percibida, tienen mayor probabilidad de ser recompensados con el apoyo en las urnas», advierte Gilas.

En ese contexto, las oposiciones y sus aliados mediáticos y económicos recurren a la confrontación como único medio para restarle fuerza a la presidenta, sin resultados a la vista. El PAN intenta salir del marasmo político y la situación en el PRI, bajo la presidencia de Alejandro Moreno, empeora cada día. La mayoría calificada de Morena, PT y Verde en el Congreso sofoca a las demás fuerzas y evita que incidan en la agenda legislativa. Esta situación da lugar a actos de provocación como el registrado en la última sesión de la Comisión Permanente, cuando Moreno agredió al senador Gerardo Fernández Noroña.

El punto débil de la administración de Sheinbaum es la inseguridad y la violencia relacionada con los carteles de la droga. El problema se focaliza en algunos estados, pero su sobreexposición en los medios de comunicación y en las redes sociales genera angustia social.

En la encuesta de Mitofsky, el 9.7% señala como «principal falla» del Gobierno no combatir la delincuencia. Las oposiciones y sus socios utilizan esa bandera para erosionar a la 4T y obtener réditos políticos —como igual lo hacía Morena antes de ganar la presidencia— no tangibles todavía. Sin escándalos mayores que explotar, los enemigos de la 4T inflan temas como el de la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán, valuada en 650 mil dólares (12 millones de pesos). «Es linchamiento mediático», dice la presidenta. No se equivoca. Para los bienpensantes, Noroña también es «un peligro para México». E4

En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de …  como presidente de México?

Claudia Sheinbaum

• Aprueba 79%
• Desaprueba          18%
• No sabe                3%

Andrés Manuel López Obrador

• Aprueba 77%
• Desaprueba          23%

Fuente: Enkoll-El País-W Radio

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La democracia pone fin al besamanos presidencial

Los informes dejaron de rendirse en el Congreso cuando los partidos de oposición tomaron fuerza. Felipe Calderón, el último que asistió a la Cámara de Diputados

El 1 de septiembre fue, por décadas, «el día del presidente». En cada informe, las instituciones, los grupos de poder, la jerarquía eclesiástica y la banca rendían culto al portador de la banda tricolor. Los festejos duraban casi una semana. Había besamanos en Palacio Nacional, desayuno con las fuerzas armadas, comida con los gobernadores (hasta mediados de 1988 todos del PRI), desfiles, crónicas almibaradas y desplegados apologéticos. El ritual perdió encanto cuando las oposiciones tuvieron mayor representación en el Congreso. A partir de José López Portillo, los mandatarios fueron interpelados hasta que la ceremonia se canceló por anacrónica. El país avanzaba a tumbos hacia la alternancia.

Felipe Calderón fue el último presidente en acudir al Congreso a presentar su informe (el primero), en 2007. El país ya estaba polarizado. La idea del fraude electoral del año previo, avalado por el Instituto Federal Electoral (IFE) y los poderes fácticos, adquirió carta de naturalización. Calderón entregó el informe por escrito y pronunció un mensaje de un minuto y 38 segundos ante los diputados y senadores del PAN y el PRI. Las bancadas de la coalición Por el Bien de Todos, formada por el PRD, PT y Convergencia, que postularon a Andrés Manuel López Obrador, abandonaron el salón de plenos.

Tres meses atrás, Vicente Fox llegaba al Congreso a dar su último informe, pero fue detenido en el vestíbulo e informado de que la tribuna había sido tomada por el PRD y sus aliados. La intromisión de Fox en las elecciones y el desafuero de López Obrador de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, aprobado por el PRI y el PAN, para dejarlo fuera de la carrera presidencial, provocaron una de las mayores crisis políticas y, a la postre, el triunfo del caudillo de la 4T. El líder de la alternancia hizo de tripas corazón: «Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto» (La Jornada, 02.09.06).

Los presidentes dejaron de asistir a la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso a informar sobre el estado general de la administración por una reforma de 2008. Desde entonces, el secretario de Gobernación entrega el informe por escrito. Calderón y Peña Nieto se desembarazaron de un compromiso incómodo y de las diatribas de las oposiciones, pero no prescindieron del boato. Las ceremonias en la Cámara de Diputados Congreso se sustituyeron por reuniones en distintos escenarios y frente audiencias propicias: secretarios de Estado, gobernadores, empresarios, líderes políticos e invitados especiales. El besamanos devino autoelogio. Durante 12 días, una avalancha de spots invade las pantallas con la imagen presidencial y sus obras.

Andrés Manuel López Obrador trasladó los informes al patio de Palacio Nacional, bajo el mismo esquema, pero con su toque populista. Después década acto protocolario salía a la Plaza de la Constitución y le hablaba frente a miles de personas «venidas de todos los rincones de la patria». Así se despidió: «Hoy rindo ante ustedes, y ante el pueblo y la nación, mi último informe de Gobierno (…) lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos». Luego se retiró a su quinta de Palenque, Chiapas. La democracia sepultó el día del presidente y la pompa imperial. E4

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Ultimátum a los gobernadores en seguridad; ya aterricen: CS

Deben homologar leyes y reforzar las policías y los ministerios públicos. El enfoque en las mesas de paz, prioritario. La SSPC auditará la aplicación de los recursos federales

La descoordinación y la falta de una estrategia vinculante ha impedido reducir la inseguridad y la violencia en México. Los estados han instrumentalizado políticamente el problema para eludir su responsabilidad y trasladarla a la federación. «Vinieron los soldados, vinieron los marinos. Los que no quisieron venir fueron los gobernadores. No quisieron venir a decir por qué aumentan los delitos del fuero común. ¿Por qué, en Guanajuato (y en otras entidades), le seguimos tirando la pelotita al Gobierno federal? Aumenta el narcomenudeo, aumenta la violencia familiar y seguimos diciendo: “que salgan los soldados, que salgan los marinos, que se salgan”». El senador Carlos Ramírez Marín exhibió el doble discurso en la sesión de la comisión permanente del 20 de junio.

«(Aterrizar la estrategia) es que en cada estado haya atención a las causas (de la violencia); inteligencia e investigación; fortalecimiento (…) de las policías estatales; y coordinación con el Gobierno federal, las fiscalías estatales y los tribunales de justicia».

(Claudia Sheinbaum, 02.09.25)

El legislador yucateco del Partido Verde refutó las acusaciones del PRI y el PAN sobre la supuesta militarización del país y su rechazo —«por cálculo político»— al periodo extraordinario de sesiones para discutir el traspaso la de Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La reforma se aprobó el 28 de junio. Previamente, el Congreso de la Unión había otorgado atribuciones amplias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para implementar la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SSPC coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y examinará la gestión de los fondos federales que se asignen a estados y municipios.

El 2 de septiembre, horas después de su primer informe, Sheinbaum presidió la 51º Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) donde pidió a los gobernadores pasar de las retóricas a las acciones. Para ello deberán promover ante los congresos locales reformas que homologuen las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Investigación e Inteligencia y de Búsqueda de Personas. Aterrizar la estrategia —explicó— es que «en cada estado haya atención a las causas (de la violencia); inteligencia e investigación; fortalecimiento (…) de las policías estatales; y coordinación con el Gobierno federal, las fiscalías estatales y los tribunales de justicia». La coordinación mejorará con el nuevo Poder Judicial, apuntó.

Para cumplir los acuerdos del CNSP, los gobernadores deberán enfocarse en la formalización normativa de las mesas de paz en cada entidad y región. También se les fijó un plazo perentorio para aumentar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación, así como para reforzar los ministerios públicos y las fiscalías, cuyo vencimiento es en diciembre de 2029. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expedirá un modelo operativo de homologación de academias e institutos. Cada estado deberá contar, al menos, con una academia de formación policial certificada por el Gobierno federal. La presidenta anunció una ley general contra la extorsión a la cual deberán sujetarse los estados. En lo sucesivo, el delito se perseguirá de oficio.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, y dotarlas de personal calificado. También es importante consolidar los centros de comando y de control. El funcionario recordó a los gobernadores que el 96% de los delitos cometidos en el país son del fuero común. La SSPC vigilará el desarrollo de la estrategia en cada estado. Los gobiernos más preparados y con los cuadros mejor calificados afrontarán menos problemas para cumplir los acuerdos con la presidenta. Depurar las policías, sobre todo donde hay indicios de corrupción y complicidad con la delincuencia organizada, es inaplazable. E4