El Gobierno investiga una red de contrabando internacional operada por exmilitares, carteles y empresas fachada. Mientras la FGR y EE. UU. siguen el rastro del dinero, la presidenta Sheinbaum enfrenta su primera gran prueba en seguridad energética
Violencia, pobreza y contaminación, otros costos del huachicoleo
El robo de combustibles en México ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en una red transnacional de contrabando y lavado de dinero. A pesar de los operativos federales y los discursos sobre una supuesta «guerra contra el huachicol», las pérdidas económicas para el país no han dejado de crecer. Tan solo entre 2019 y 2024, México dejó de percibir más de 76 mil millones de pesos por sustracción ilegal de hidrocarburos. El negocio, lejos de reducirse, se ha sofisticado y expandido, desmintiendo la narrativa oficial de control gubernamental.
Este repunte ocurre en paralelo a investigaciones judiciales que revelan una verdad incómoda: el saqueo no solo ocurre por fuera, sino desde dentro del Estado. El juicio contra cinco excolaboradores del general brigadier Eduardo León Trauwitz ha reavivado el debate público sobre el papel de las fuerzas armadas en el huachicol. Según la Fiscalía General de la República (FGR), durante la gestión de Trauwitz como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex (2015-2016), se desviaron ilegalmente más de 2 mil millones de litros de combustible. Los acusados, todos exmilitares en cargos clave de seguridad, enfrentan imputaciones por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
«El robo de combustible es la fuente de ingresos no procedentes del tráfico de drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos».
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Pero el caso Trauwitz es apenas la punta del iceberg. Investigaciones recientes demuestran que el tráfico de crudo robado opera con una logística compleja que involucra a carteles, empresas fachada y operadores financieros en ambos lados de la frontera. Las rutas inician en México con tomas clandestinas o sobornos dentro de Pemex, y terminan en mercados internacionales tras ser blanqueadas por compañías ficticias que simulan transportar aceites industriales.
Proceso penal
El juicio contra excolaboradores del general brigadier Eduardo León Trauwitz, iniciado el 8 de mayo, revivió el debate sobre el huachicol en México, al exponer cómo altos mandos militares habrían facilitado el hurto masivo de hidrocarburos desde el interior de Pemex. Acorde a datos de la FGR, entre enero de 2015 y agosto de 2016, durante la gestión de Trauwitz como subdirector de Salvaguarda Estratégica, se sustrajeron ilegalmente 2 mil 194 millones de litros de combustibles, causando un daño patrimonial superior a valor superior a los 25 mil 197 millones de pesos. Los acusados enfrentan cargos por delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos. Entre ellos se encuentran el general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, y los sargentos José Carlos Sánchez Echavarría y Ramón Márquez Ledezma.
Trauwitz fue uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Militar de carrera, condecorado y formado en inteligencia, se desempeñó como jefe de escoltas del entonces gobernador del Estado de México, y lo acompañó hasta la presidencia. En 2014, Peña lo nombró subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, posición desde la cual debía liderar la batalla contra el robo de combustibles. Sin embargo, la paradoja no tardó en revelarse: desde ese cargo, Trauwitz protegió y facilitó redes internas de huachicoleo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros irregulares y la existencia de un esquema coordinado desde dentro de Pemex para permitir la extracción ilegal de hidrocarburos. Testimonios de excolaboradores y una denuncia presentada en enero de 2019 por Moisés Merlín Sibaja, exfuncionario de la petrolera, ofrecieron a la FGR datos suficientes para armar la acusación. En lugar de erradicar las tomas clandestinas, Trauwitz habría blindado a los grupos que las operaban, creando una red que integraba a otros exmilitares y funcionarios que respondían directamente a él.
El general fue detenido el 17 de diciembre de 2021 en Canadá, aunque una Corte de la Provincia de Columbia Británica le concedió libertad restringida, con brazalete electrónico. Actualmente, lucha legalmente para evitar su extradición a México. En abril de 2024, la misma Corte concedió su extradición, pero el general apeló la decisión, argumentando que es víctima de una persecución política.
Paralelos de corrupción
El caso de Trauwitz establece un paralelismo inquietante con otro escándalo de corrupción que marcó la administración anterior. Para el expresidente Enrique Peña Nieto, Trauwitz representó un pilar estratégico dentro de Pemex, al igual que Genaro García Luna lo fue para Felipe Calderón durante la guerra contra el narcotráfico. Ambos generales, con historial militar y perfiles de alto mando, ocuparon posiciones clave que debían garantizar la seguridad y el combate a ilícitos en sectores fundamentales. Sin embargo, los dos fueron señalados por proteger y facilitar redes corruptas que operaron bajo su supervisión, socavando las políticas públicas de sus respectivos Gobiernos.
El 16 de octubre de 2024, García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Por su parte, Trauwitz pelea legalmente para evitar su extradición a México por su presunta responsabilidad en el robo millonario de hidrocarburos. En ambos casos, estas figuras simbolizan la falla estructural en el control y supervisión de sectores críticos, así como la corrupción enquistada en la cúpula militar y de seguridad.
El paralelismo entre ambos casos destaca cómo las redes internas en las administraciones de Calderón y Peña Nieto comprometieron gravemente la integridad institucional y permitieron que prácticas ilícitas se mantuvieran bajo la sombra de la impunidad.
Modus operandi
El robo y contrabando de petróleo crudo ha evolucionado en una sofisticada operación binacional que involucra a cárteles mexicanos, empresas fachada y redes de lavado de dinero con presencia en Estados Unidos. Según la periodista Peniley Ramírez, esta red genera cientos de millones de dólares anuales y se ha convertido, en palabras de autoridades estadounidenses, en «la fuente de ingresos no procedentes del tráfico de drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos».
La ruta comienza en México, cuando el crudo se obtiene de manera ilegal, ya sea mediante tomas clandestinas o sobornos a empleados de Pemex. El producto sustraído se transporta en camiones cisterna hacia lotes en sitios como Veracruz, Altamira o Monterrey, mientras las autoridades adoptan una actitud permisiva o simplemente miran hacia otro lado. Desde esos centros de acopio, el crudo es trasladado a la frontera norte con documentación falsa que oculta su verdadero contenido. En los documentos de traslado aparece un supuesto exportador mexicano, un importador estadounidense y un comprador final; todas son entidades ficticias, con domicilios registrados en casas o apartados postales a ambos lados de la frontera. En el papel, el cargamento no es petróleo, sino aceites usados u otros residuos industriales, lo cual permite el cruce sin levantar sospechas.
En Tamaulipas, el Cártel Jalisco Nueva Generación ejerce control sobre este tráfico. No solo coordina el envío del crudo disfrazado de desecho industrial, sino que cobra derecho de paso a otras organizaciones delictivas que quieran mover sus propios cargamentos. Una vez en Texas, los camiones descargan en lotes baldíos y el petróleo se comercializa como si fuera producto local, a precios por debajo del mercado. Los compradores pueden estar en Estados Unidos, India o Japón, y en muchos casos no tienen conocimiento del verdadero origen del producto.
Como lo expone Ramírez en su columna «Huachicol USA» (Reforma, 03.05.25), «los documentos no dicen que hay crudo cruzando la frontera. Reportan, en cambio, que en esos camiones cisterna van aceites usados u otros materiales peligrosos». Esta manipulación documental permite a la red criminal mover miles de barriles sin atraer la atención de las autoridades aduanales. Cada embarque internacional desde Texas puede representar, de acuerdo con estimaciones citadas por medios como El Universal, hasta 5 millones de dólares en utilidades para los intermediarios estadounidenses. Para entonces ya ha comenzado una segunda fase: el lavado de ganancias. Las sumas se dispersan entre empresas y cuentas bancarias en distintas jurisdicciones, hasta regresar a México como capital aparentemente legítimo.
Estrategia gubernamental
El Gobierno de la 4T ha implementado una estrategia integral para combatir el huachicoleo en México, enfocándose en la ruta que sigue el combustible, la coordinación interinstitucional y la colaboración internacional. Esta estrategia busca erradicar el ingreso ilegal y el robo de hidrocarburos. Una de las principales acciones es el establecimiento de un modelo de trazabilidad reforzado, que permite un seguimiento completo del combustible desde su importación hasta su distribución final. La presidenta Sheinbaum explicó que, anteriormente, la vigilancia estaba fragmentada entre diversas instituciones; sin embargo, con las reformas al sector energético, se ha logrado una supervisión unificada que abarca desde la importación hasta la venta al consumidor final.
Asimismo, se ha conformado una mesa interinstitucional de seguimiento que se reúne semanalmente. Esta mesa está integrada por la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y otras instancias relevantes. Su objetivo es atender de inmediato cualquier irregularidad detectada en la cadena de suministro de combustibles. En el ámbito penal, las labores de inteligencia están a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República. Dichas instituciones han logrado inhabilitar buques que transportaban combustible ilegal, clausurar predios de almacenaje clandestino y combatir el robo directo en ductos. De igual forma, el Gobierno ha destacado la cooperación con Estados Unidos en investigaciones sobre el trasiego ilegal de petróleo crudo o gasolina refinada. Sheinbaum señaló que se trabaja en coordinación con las autoridades estadounidenses para abordar casos en los que el combustible se transporta ilegalmente entre ambos países.
La cloaca del crudo
El huachicol ya no es una escena de bidones en pueblos olvidados ni un delito menor perpetrado con mangueras nocturnas. Es una economía criminal globalizada que cruza fronteras, involucra a exmilitares, testaferros y empresas con sellos oficiales, y que alimenta fortunas ilícitas a la sombra de Pemex. El caso Trauwitz reveló que el robo puede gestarse desde las oficinas encargadas de combatirlo, mientras la red que conecta a México con Texas, India o Japón expone el vacío —o la complicidad— institucional que permite su expansión.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum promete una vigilancia integral y cooperación internacional, el desfalco ya ha dejado cicatrices hondas: miles de millones de pesos perdidos, estructuras infiltradas por el crimen organizado y una desconfianza creciente en las instituciones. La «guerra contra el huachicol» que se proclamó en 2019 no logró erradicar la práctica, solo la empujó hacia formas más sofisticadas y menos visibles. Lo que está en juego no es solo el petróleo, sino la soberanía energética, la credibilidad del Estado y la frontera misma entre lo legal y lo ilegal. E4
Pérdidas anuales de mdp por huachicol (2019–2024)
- 2019 4,645
- 2020 4,279
- 2021 7,342
- 2022 18,744
- 2023 20,703
- 2024 20,428
Violencia, pobreza y contaminación, otros costos del huachicoleo
El hurto de combustible no solo genera pérdidas millonarias, también destruye comunidades enteras, provoca daño ambiental y atrapa a las economías en la informalidad
El huachicoleo no solo representa una pérdida millonaria para el Estado, sino que también tiene un impacto devastador en las comunidades donde se extrae y transporta ilegalmente el combustible. En zonas del país como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas, las tomas clandestinas y la presencia de grupos criminales vinculados a este negocio generan un ambiente de inseguridad constante.
«No se puede entender el problema del huachicol sin ver su dimensión social. Miles de familias viven en un contexto de violencia estructural y falta de oportunidades. La solución debe ser integral, no solo una cuestión policial».
María Elena Morera, académica en temas de seguridad y desarrollo social
Habitantes de estas regiones han denunciado que el robo de hidrocarburos deriva en enfrentamientos armados y amenazas contra la población civil. De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en 2023, «las comunidades cercanas a las tomas clandestinas enfrentan riesgos elevados de violencia, desplazamiento forzado y afectaciones a su integridad física». El mismo informe destaca que «los grupos criminales utilizan la violencia como mecanismo de control territorial, lo que limita el acceso de la población a servicios básicos y genera un clima de temor permanente».
Además, la extracción ilegal provoca daños ambientales que impactan directamente la salud pública. Estudios realizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señalan que la contaminación por derrames de hidrocarburos afecta el suelo y las fuentes de agua, «incrementando la incidencia de enfermedades respiratorias, intoxicaciones y problemas dermatológicos en comunidades cercanas a los ductos». En 2021, un reporte de la organización ambientalista Greenpeace México documentó casos donde «las comunidades rurales sufren la pérdida de cultivos y ganado debido a la contaminación de su entorno, lo que agrava la precariedad económica y alimentaria».
El impacto económico es igualmente preocupante. La presencia de redes ilegales y el control de grupos delictivos generan un desplazamiento de las actividades económicas formales, y muchas comunidades caen en la informalidad o dependen de las ganancias ilícitas para subsistir. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2022 reportó que «en zonas con alta incidencia de huachicoleo, hasta un 30% de los hogares están vinculados de alguna manera con estas actividades ilegales, ya sea directa o indirectamente, perpetuando ciclos de pobreza y violencia».
La académica en temas de seguridad y desarrollo social, María Elena Morera, comentó: «No se puede entender el problema del huachicol sin ver su dimensión social. Miles de familias viven en un contexto de violencia estructural y falta de oportunidades. La solución debe ser integral, no solo una cuestión policial». Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de implementar políticas públicas que combinen la seguridad con el desarrollo económico y social. Como afirma el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC): «Es fundamental ofrecer alternativas económicas viables a las comunidades afectadas, para romper el círculo vicioso que alimenta al huachicoleo». E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.