No importante tanto qué sucede, sino las condiciones que lo hacen posible. Como tal, es delirante, por decirlo amablemente, el texto de la carta que firmó Andrés López Beltrán. Es un documento que desafía el más elemental sentido de la política. No obstante, el hijo del expresidente recibe el generoso apoyo de los suyos. El respaldo, mucho más que una adhesión es la determinación de defender con todo al régimen que ahora sí se advierte amenazado.
Ocurrió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a raíz de la carta incriminatoria de «El Mayo», que resultó veraz al menos en un tema fundamental: que el diputado Melesio Cuén había sido asesinado en la finca de su secuestro y no, como sostenía la fiscalía estatal, producto de un asalto en una gasolinera, para morir después en un hospital. La FGR no investigó a pesar de que validó la versión del capo secuestrado y que fue evidente el encubrimiento del homicidio. Se puede afirmar, sin exageración que la FGR encubrió al encubridor. En estas horas se sabe de la aprehensión del conductor de Melesio Cuén ¿ahora sí van a investigar el homicidio de Cuén o su encubrimiento?
Perder el sentido de los límites para una persona es incursionar en terrenos complicados, es la barrera que, en ciertas circunstancias, vuelve criminal a la persona. La impunidad, jurídica y social parte de la idea de que no habrá consecuencias por transgredir el territorio de lo debido. La pérdida de piso hace alejarse del sentido ético que obliga a toda persona, más a quienes están investidas de autoridad o de representación. Cuando sucede en un grupo o movimiento significa que la mayoría se domicilie en el cinismo que, al ser compartido, crea la expectativa de que el anonimato blinda, hasta que llega la realidad e impone una responsabilidad individualizada.
Como nunca, se ha perdido el valor de la palabra, se vive en tiempos de impudicia. Es lo que se infiere de las cartas recientes a Donald Trump de López Obrador y de López Beltrán. Asumen que todo puede decirse, sin reparar en las consecuencias para ellos y para lo que representan. El problema se vuelve mayor cuando lo profiere una autoridad porque quien habla no es a título personal, sino por la institución o la nación. Hablar despectivamente de una persona, de un gobernante o de un país es indeseable, todavía peor tratándose del vecino, socio y amenaza. Acto de irresponsable provocación.
Nuevamente, importante no es qué se dice, sino las condiciones que posibilitan que se diga y, como tal, hay que remitirse al espacio de impunidad social en el país y hasta parte del mundo. No está por demás señalar, más allá de las expresiones inaceptables de algunas autoridades norteamericanas, que la embestida del vecino se ha presentado en términos estrictamente legales y de conformidad con la normatividad concertada. Las imputaciones al gobernador Rocha Moya y nueve colaboradores se enmarcan en la ortodoxia judicial y del acuerdo de extradición. Incluso, el retiro de visa es potestad discrecional del Estado que la concede. El problema no es el hecho, sino lo que representa, es decir, las razones no aclaradas que llevaron a las autoridades norteamericanas a retirar la visa.
Por lo que representa el padre es explicable el sentido de alerta de López Beltrán, su círculo familiar y el del régimen político. Es jaque al rey y, si un peón no fue sacrificado —Rocha Moya—, menos una pieza de mayor relieve como el hijo del referente político del régimen. López Beltrán representa el símbolo que remite al corazón del cuerpo político del régimen. Los analistas se exasperan con la presidenta Sheinbaum por su postura ante el asunto; parece que no entienden que se trata de defender con todo al movimiento, al régimen político en el poder, incluso en un tema tan frágil como el de Rubén Rocha Moya. La legalidad no existe y el Estado ha sido subvertido por el régimen. El problema grave de la connivencia con el crimen organizado plantea un tema de estética, de ética y de estricta legalidad a partir de las reglas vigentes internas, las de
EE. UU. y las que norman la relación entre ambos países.
Las cartas del padre y del hijo son ejemplo de la impudicia que se ha apoderado de la vida pública. El retiro de la visa y la respuesta son evidencia inequívoca de que la guerra de posiciones ha empezado un enfrentamiento desigual y con un desenlace de efectos impensables.
Simulación compartida
Hay temas fundamentales del país y del mundo que navegan en medio de la simulación. Destacadamente, el narcotráfico y el infierno que se le asocia: la violencia y las adicciones. El fentanilo representó una escalada tanto por la agresividad de la droga como por la facilidad de producirla y transportarla. Desde el punto de vista del consumidor, el mayor logro no ha estado en el ámbito de la seguridad, sino de la medicina. En EE. UU., sin necesidad de receta y con una aplicación nasal simple, se utiliza la naloxona, producto antes controlado, que en 2023 la Food and Drug Administration (FDA) resolvió liberar y con ello contener una crisis mayor por sobredosis.
De acuerdo con el Centro de Estadísticas de Salud norteamericano (CDC), en 2022 hubo 107 mil muertes por sobredosis. En 2023, por primera vez desde 2018, la cifra bajó 3 %. El verdadero cambio ocurrió en 2024: los decesos por sobredosis bajaron 26.2 %, de 31.3 a 23.1 por cada 100, mil habitantes, para un total de 79 mil 384 muertes. Fue la mayor reducción anual registrada hasta entonces. La tendencia continuó en 2025. El CDC estima que las muertes por opioides descendieron de 55 mil 296 en 2024 a 44 mil 564 en 2025. Es decir, una reducción adicional cercana a 19 %. El componente relacionado con fentanilo es especialmente importante: entre 2023 y 2024, las muertes por opioides sintéticos distintos de la metadona, categoría que incluye principalmente el fentanilo ilícito, bajaron de 72 mil 776 a 47 mil 735, una caída de 35.6 %.
El CDC señala que la disminución de las muertes responde a varios factores simultáneos, entre ellos, mayor distribución de naloxona; mayor acceso a tratamientos para los trastornos por consumo de opioides; cambios en el suministro ilegal de drogas; mejores programas de prevención y respuesta, así como la recuperación de servicios que habían sido afectados durante la pandemia.
Los datos son reveladores porque la acción punitiva no tiene relevancia explícita en el ataque a las adicciones. Desde luego que en algo impacta, sobre todo el mercado, la disponibilidad y los precios, pero los mejores resultados se asocian a la política pública en materia de salud. La narrativa del Gobierno norteamericano se centra en el narcotráfico y en la acusación —merecida— sobre la ineficaz o complaciente respuesta frente al crimen por connivencia entre autoridades y criminales.
México tiene un serio problema de adicciones. A diferencia de EE. UU., las autoridades no se dan por aludidas, es más, ni siquiera se cuenta con información institucional suficiente para un elemental diagnóstico sobre el consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas. Las campañas publicitarias son claramente insuficientes. Por razones políticas, con efectos muy lamentables, desde la misma presidencia el obradorismo ha señalado que en México no hay consumo de opiáceos y otras drogas como el cristal. Mentira de graves consecuencias. Habrá de recordarse la resistencia de las autoridades para realizar la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT). La última presentación fue a principios de este Gobierno, después de la encuesta de 2011. En 2025 hubo una actualización, pero los expertos afirman que para conocer la magnitud real de la crisis de fentanilo en México, la ENCODAT debe complementarse con otras fuentes: mortalidad, urgencias hospitalarias, centros de tratamiento, sistemas de vigilancia epidemiológica y decomisos.
En realidad, no existe información confiable y suficiente; por lo mismo, el diagnóstico es incapaz de ofrecer claridad sobre qué debe hacerse, al tiempo que el país ha ingresado a una de las etapas más oscuras por la violencia asociada al crimen organizado vinculado al narcotráfico, diversificado en actividades lucrativas como el contrabando y robo de combustible, así como la extorsión que disputan al Estado el monopolio de la violencia y las funciones de recaudación en términos impensables, caso del valor del contrabando de energéticos o el robo de crudo.
El país y el mundo comparten la visión punitiva para resolver el problema de las drogas y su comercio ilegal. Sin duda, la lucha debe emprenderse porque en sí misma la violencia representa una amenaza básica a la convivencia y la paz social, además del perjuicio que ocasiona a la vida pública y a la economía, pero es urgente que en México se emprenda una acción más comprometida con la solución, que conlleva una política de salud pública, empezando con información y monitoreo confiables en materia de adicciones. Es decir, romper con la simulación obradorista del tema de que aquí somos inmunes al horror de las adicciones.
