«El papel que desempeña el Estado en la vida moderna es de primera magnitud, pues la función política que le corresponde puede conducir a los pueblos a las puertas del bienestar moral y material, o sumirlos en la decadencia, el atraso o la ruina»
Lic. Óscar Villegas Rico
Aparte de vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, la mal llamada «Reforma Judicial», no solo trastocó nuestro sistema jurídico establecido en nuestra Constitución, sino que repercutirá por su trascendencia, también en el ámbito de la enseñanza del Derecho, y, por tanto, en el papel que las universidades tanto públicas como privadas, tendrán que desempeñar a futuro en ese aspecto.
Los principios pedagógicos, metodológicos y planes de estudio existentes hasta hoy para la enseñanza de la ciencia del derecho, tendrán que adecuarse a la nueva realidad jurídica que vive el país a partir del 16 de septiembre pasado en que entró en vigor la reforma constitucional del «tsunami morenista», que al someter a elección popular la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados y magistradas de los Tribunales Colegiados de Circuito, y de los jueces y juezas de Distrito, y además la de los magistrados y jueces de los Tribunales Judiciales de los 32 estados de la república, aniquiló el federalismo, la división de poderes, y el estado de derecho establecido en nuestra Constitución de 1917.
Cegado por el odio visceral hacia el único poder de la Unión, que durante su mandato no se doblegó, sino al contrario, frenó muchas veces sus proyectos de gobierno por inconstitucionales, el ahora nuevo innombrable —el primero fue Carlos Salinas de Gortari—, no sopesó jamás el daño colateral que dicha reforma causará a las nuevas generaciones de estudiantes, que pretendan orientar su vocación por el estudio de la ciencia del derecho.
Cursar la carrera de abogado fue hasta antes del final del «obradorato», una distinción y orgullo pues conforme a los planes de estudio establecidos, exigía tener que enfrentar el rigor académico que garantizaba al terminar la carrera, una formación profesional apta para desempeñarla en las amplias áreas del derecho que cada nuevo abogado, según su vocación, se trazaba como meta.
En la diversificación que el ejercicio profesional brindó a las generaciones de egresados, estuvo siempre como sueño de muchos de ellos, el de formar parte del Poder Judicial de la Federación, carrera que se iniciaba por lo general desde el más modesto de los trabajos, como el de coser, engrosar y foliar expedientes, pasar luego por ser actuario, oficial o secretario proyectista o de acuerdos, hasta ocupar el cargo de juez de Distrito, Magistrado de Circuito, hasta el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso de su actual presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
Dicha carrera judicial requería no sólo de vocación y estudio por el derecho, sino también de muchos años de esfuerzo, dedicación y sacrificio en la generalidad de los casos, de privación en la convivencia familiar, o bien la pérdida de la salud, merced a las agotadoras jornadas y cargas de trabajo que exigía su desempeño.
Pues bien, esa carrera judicial con la implementación de la reforma constitucional concebida por el «obradorato», a pesar de lo establecido en el Artículo Décimo Transitorio de la Reforma, ya no otorga a los miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ninguna garantía que sus derechos y prestaciones de antigüedad sean respetados, pues al igual que sus superiores corren el riesgo no solo de perder su trabajo, sino también de ser suplidos por personal sin experiencia, sin más méritos que el amiguismo o compadrazgo con el político, o bien pertenecer al grupo actualmente en el poder.
Ante la grave crisis que vivimos al ya no ser acatadas en sus términos concedidos, más de 71 suspensiones provisionales derivadas de igual número de juicios de amparo promovidos en diversas entidades del país contra la implementación de la reforma al Poder Judicial, cuando esta institución, es decir el juicio de amparo, era la más respetada por ser la única y última instancia que tenía el ciudadano para restablecer sus garantías violadas por el abuso del poder garantizando así la vigencia del estado de derecho tutelado por nuestra Constitución, ante este panorama sombrío de crisis constitucional que vivimos, ¿qué espera a las nuevas generaciones que quieran cursar la carrera de derecho?
¿Qué vocación por la disciplina de la ciencia del derecho puede tener ya un estudiante ante este panorama dónde con cinco años de experiencia e igual número de cartas de presentación, puede alguien llegar a ocupar el cargo de juez de Distrito o de magistrado de Circuito, posiciones que antes exigían toda una carrera judicial forjada a base de estudio, experiencia y rigurosa actualización?
Mi vaticinio con la experiencia de 48 años de egresado, es por desgracia desalentador y sombrío, no sólo para las perspectivas a futuro de la enseñanza del derecho, cuya carrera ha sido siempre de las más competidas en las universidades del país, sino también por desgracia para los que en estas circunstancias de crisis constitucional egresen de ellas; pues por más leyes secundarias que se dicten al respecto para reglamentar la reforma judicial, lo cierto es que ante la pérdida y respeto al estado de derecho que ya no existe, el México de hoy se encamina a lo que Mario Vargas Llosa vaticinó en los años del PRI hegemónico como una teoría, pero que hoy al ya no existir la división de poderes todo indica que estamos a las puertas de lo que el escritor peruano denominó «una dictadura perfecta».
