Así como en nuestro país, en Coahuila la Fiscalía camina de manera coordinada investigando con inteligencia y actuando con estrategia.
La justicia digital en las fiscalías consiste en el uso de tecnologías digitales para mejorar la investigación de delitos y la atención dentro del sistema de procuración de justicia. Para julio de 2025 fue que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
El objetivo primordial de la ley es centralizar la información, con el objetivo de combatir, de una manera eficaz la delincuencia organizada; es un eje principal de la estrategia de seguridad. De esta manera, se busca cambiar la forma en que el Estado investiga delitos, pasando de un esquema reactivo a uno que se base en una coordinación interinstitucional, análisis de datos —en tiempo real— e integración masiva de información.
Resulta ser un avance significativo que pone a la seguridad y la procuración de justicia en un rango más de modernidad administrativa. Visto de otra forma, las investigaciones ya no dependerán solamente de denuncias o de detenciones en flagrancia, sino que además se complementarán con el cruce sistemático de información como la financiera, telefónica, criminal… entre otras.
La creación de la plataforma nacional de inteligencia es uno de los ejes centrales de esta nueva ley; estará conectada con diversos sectores e instituciones como las fiscalías en cada entidad federativa, policías y la Guardia Nacional, además de condensar y analizar datos de sistemas migratorios, registros médicos, registros vehiculares, patrones criminales, entre otros. Es un modelo ya probado, que utilizan agencias como la Federal Bureau of Investigation (FBI) o la gran mayoría de sistemas europeos de inteligencia policial.
La justicia digital en las fiscalías necesita de una coordinación con instituciones públicas y entidades privadas, por lo que la ley obliga a compartir información con la plataforma nacional de inteligencia. Por otra parte, la ley contempla la modernización de la Agencia de Investigación Criminal con las mismas herramientas que conducen a una interoperabilidad digital.
A pesar de sus controversias y críticas, desde que el mundo globalizado y las tecnologías de la información crecieron a pasos agigantados, dejamos de tener una privacidad per se. Dicho lo anterior, desde antes muchas plataformas de redes sociales controlan nuestra información privada donde consciente o inconscientemente le damos acceso por desconocimiento, consentimiento o simplemente por mero estatus de moda.
Comparativamente, con las anteriores herramientas de las que se auxiliaban las fiscalías para la procuración de justicia —casi nulas— en un sentido estricto y soberano, cualquier Estado-Nación o cualquier entidad federativa (de un país compuesto por estados federados como lo es México) resulta ser obligación el salvaguardar las garantías de sus ciudadanos, o para el caso particular mexicanas y mexicanos, y las nuevas herramientas, resultan ser útiles para el Estado-Nación o para cada entidad federativa en lo particular.
Abraham Álvarez
Aguascalientes, 1982. Cursó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, posteriormente hizo sus estudios de maestría en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Labora en la administración pública estatal desde el año 2005. Es maestro de Teoría Política en la Facultad de Economía de la UA de C desde el año 2009. Ha sido observador electoral de la Organización de los Estados Americanos en misiones para Sudamérica, en la que participa como miembro de observadores para temas electorales.