Si una sola chispa basta para incendiar la pradera, no se necesita más que un acto para demostrar que la seguridad ciudadana está bajo amenaza permanente, y que la retórica triunfalista no blinda contra agresiones de cualquier tipo y en los lugares menos pensados. El ataque del 1 de octubre en la secundaria Justo Sierra del ejido La Unión, en Torreón, puso de nuevo a Coahuila bajo los reflectores del país y el extranjero. El asesinato de la subdirectora, Nedi Edit Nevárez, y las heridas infligidas a otras cuatro personas, son un recordatorio de que nadie está a salvo. Al respecto existe un precedente: el 10 de enero de 2020, en el colegio Cervantes, una maestra fue asesinada al tratar de proteger a sus alumnos, cinco de los cuales —y un docente— también recibieron disparos. El agresor, un niño de 12 años, se suicidó.
Los protagonistas de la tragedia en la secundaria lagunera —los gemelos Carlos «N» y David «N», de 18 años— deberán pagar su culpa. Sin embargo, ellos no son los únicos responsables, sino, de alguna manera, víctimas de un sistema que olvida a sus niños y jóvenes al no brindarles entornos libres y seguros para su desarrollo. Tampoco ofrece atención y cuidado a los más vulnerables y a quienes sufren violencia física y psicológica en hogares disfuncionales y desintegrados. No viven allí por voluntad, sino empujados por un modelo económico y productivo que convierte a padres e hijos en piezas intercambiables de una maquinaria inhumana al servicio del capital y sometidas al consumo.
Centrar el foco en Carlos y David —víctimas, en su infancia, de abandono y reclusión en instituciones no aptas para menores en proceso de formación— es el camino más cómodo y simplista. Pedir la penalidad más alta por los crímenes que se les atribuyen es hablar para las galerías, pero no resuelve el problema de raíz: el fenómeno de vacío creciente y la falta de propósito que atraviesa a las familias y a la sociedad entera, al margen de su estatus. Lo ocurrido en la secundaria de La Unión también representa un fallo de seguridad que debe asumirse. Los sucesos previos en el Cervantes obligaban a extremar los controles de ingreso a los planteles.
Las cámaras que observan y graban a los ciudadanos día y noche captaron los movimientos de los hermanos agresores, pero nadie reaccionó… sino después, cuando ya no había nada que hacer. Incluso fueron los vecinos quienes sometieron, con violencia, a Carlos y David. Frente a los hechos y las fuentes que los inspiraron, resulta inaplazable legislar para someter a controles rígidos el ecosistema de tecnologías, plataformas y redes a las cuales los niños y jóvenes tienen acceso. Este negocio, manejado y manipulado por un puñado de oligarcas inescrupulosos cuya prioridad es la utilidad y no la vida de las personas, ha impuesto su ley a los Gobiernos del mundo. El poder económico se los permite.
Las sociedades que habitamos son cada vez más insolidarias e indiferentes al quebranto ajeno. El individualismo aísla y despoja de la nobleza de sentimientos. Los delitos cometidos por Carlos y David son graves y reprochables. Señalarlos por sus faltas sin tomar en cuenta sus historias y las circunstancias que los orillaron a actuar como lo hicieron, tal vez sirva para aplacar las conciencias individuales y colectivas, mas no para sanar a la humanidad —ni exculpar a las autoridades— del mal mayor que la carcome. Este mal no es otro que la degradación del tejido social y un sistema de justicia al servicio de los poderosos.
Espejo de egos
Cuando Torreón despertó, las inundaciones seguían allí. La adaptación del microrrelato de Augusto Monterroso —relacionado con la pesadilla representada por un dinosaurio— corresponde al caos y a los estragos causados en la metrópoli lagunera en cada temporal lluvioso, razón por la cual se la llama «la Venecia de México». Gobiernos van, gobiernos vienen y con ellos las promesas de dotar a la ciudad de un sistema de drenaje pluvial que ponga fin a las anegaciones y al enfado ciudadano, cada vez mayor y más estentóreo. Las autoridades no han hecho más que lavarse las manos frente a un problema secular. Siempre argumentan falta de recursos, pero lo que en realidad no existe es voluntad política para emprender una obra que la sociedad demanda sin ser escuchada.
Los más de mil millones de pesos dilapidados en el Metrobús Laguna pudieron servir para iniciar la canalización y aprovechamiento del agua de las lluvias. Sin embargo, los políticos prefieren realizar obras sobre la superficie, porque son visibles, tienen manga ancha y sirven para el pavoneo; así sean de relumbrón, meros elefantes blancos o espejo de egos. El financiamiento del drenaje puede provenir de fondos internacionales, de la banca de desarrollo y del Impuesto Sobre Nóminas. El gravamen se ha utilizado como comodín, incluso para garantizar el pago de intereses de la megadeuda, pero es hora de volver a su espíritu original e invertirlo en obras inaplazables en los municipios donde se genera.
La lluvia también cumple funciones que las auditorías pasan por alto. Saltillo no afronta inundaciones como Torreón, en las partes altas. Sin embargo, el norte se aniega por las condiciones del terreno y la codicia de los fraccionadores. Estos empresarios, protegidos por las autoridades, construyen en arroyos y en sitios inadecuados para asentamientos humanos. Pero los cauces naturales no saben de componendas ni de influencias políticas; por ello, no hay obstáculo que se interponga en su camino. El agua, además de sabia, saca a flote la pésima calidad del pavimento. En muchos casos, este ni siquiera es tal, sino parches y un asfalto mal adherido a la carpeta.
Saltillo se ha cubierto de baches, pero en Torreón el problema es crónico. La Junta de Mejoras Materiales, que funcionó por mucho tiempo, dio a la ciudad fama por la lisura de sus calles; su inexplicable desaparición, hace varias décadas, fue un error. El organismo lo administraba un consejo ciudadano que invertía el impuesto respectivo con base en un programa anual sectorizado y no sometido al capricho del alcalde de turno. Además, trimestralmente rendía cuentas al público y presentaba los avances de cada ciclo.
En 2016, al despedirse de la alcaldía para ser postulado a la gubernatura, Miguel Riquelme reconoció que una de las grandes deudas de su administración con la ciudad era no haber reparado las calles, intransitables muchas de ellas, incluso en colonias residenciales, debido al mal estado del pavimento. Una década después, la situación empeoró. Ahora, como alcalde interino por la muerte de Román Alberto Cepeda, Riquelme está obligado a cumplir esa promesa. La sociedad necesita presionar y dejar de comulgar con ruedas de molino; el drenaje pluvial y el pavimento no admiten más demoras. Sin embargo, cuando en la sociedad y en el sector privado no hay liderazgo ni compromiso, se imponen otras agendas.
