Para cobrar autenticidad y vigencia la justicia debe mantenerse al margen de la presión política, del dinero y de la opinión pública. A tal fin son fundamentales la independencia y fortaleza del juzgador. En materia penal, la justicia consiste en aplicar la ley conforme a los principios del debido proceso, especialmente, la presunción de inocencia. La impartición de justicia es una función del soberano que se ejerce en los tribunales. La soberanía se expresa en el poder constituyente y éste en la Constitución que establece el catálogo de derechos y crea las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial. El juzgador es, en ese sentido, una expresión de la soberanía popular.
En el proceso penal, el Ministerio Público o la fiscalía y el imputado constituyen las partes; el juzgador, como expresión del poder soberano, debe actuar con imparcialidad, rigor e independencia para representar al Estado. Sin legalidad no hay Estado; sin Estado no hay justicia.
El mayor problema de la concepción de la justicia promovida por el obradorismo, de la cual la ministra Lenia Batres representa una de sus expresiones más visibles, es que la justicia deja de entenderse como un ejercicio imparcial para convertirse en un instrumento del proyecto político en el poder. No sólo se desconfía de la imparcialidad, se le considera una ficción que debe desmontarse y combatirse. Desde esa visión resulta comprensible el rechazo a la autonomía e independencia de las instituciones, ya sea la fiscalía o los tribunales. En esas condiciones, la justicia, sin adjetivos, deja de existir. El régimen parece invocar una suerte de justicia popular o revolucionaria, al servicio de una causa que se arroga el derecho de reprimir, excluir, encarcelar y, en casos extremos, eliminar al adversario.
La legalidad, elemento fundamental de la democracia, es el principio que obliga por igual a todos y que ofrece certeza sobre los derechos. En su momento se advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que sustituir el sistema de justicia, en lugar de reformarlo, constituiría un grave error y marcaría una ruptura de consecuencias difíciles de revertir y en dirección hacia la autocracia. Hoy, a un año de la elección judicial, existe evidencia suficiente para evaluar sus resultados. Diversos especialistas así lo sostienen con rigor y objetividad, como los del Observatorio de la Justicia (observatoriodelajusticia.org), que presentará un informe al cumplirse el primer año de la integración del Poder Judicial Federal.
El tribunal de la opinión es, al mismo tiempo, riesgo y virtud. Riesgo cuando el sensacionalismo —presente en los medios tradicionales y digitales— precipita conclusiones, especialmente en la cobertura de hechos delictivos. Aunque existen avances para contener prácticas que degradan el oficio periodístico y vulneran el derecho de los ciudadanos a una información veraz, sigue siendo frecuente que la detención de una persona baste para imponerle una condena mediática anticipada. Si los códigos de ética son débiles en medios tradicionales, la situación se agrava en el ecosistema digital.
No obstante, la opinión pública y los medios de comunicación, con toda su diversidad y distintos estándares de calidad, constituyen un recurso insustituible para contener los abusos del poder y dar voz a la sociedad. Las democracias más sólidas se distinguen por la vitalidad de su opinión pública. Un ejemplo, Estados Unidos, donde el escrutinio de los medios mantiene bajo presión al presidente Trump, pese a la fuerte inercia autoritaria y al creciente control de la oligarquía sobre medios tradicionales y plataformas digitales.
El tribunal de la opinión no debe sustituir a la justicia institucional. Ese principio, sin embargo, solo puede sostenerse cuando existen jueces libres, autónomos y confiables. Hoy no está presente en México. La justicia se ha debilitado debido a la pérdida de independencia frente al poder político, caso del trato diferenciado entre el juzgador que inicialmente rechazó la orden de aprehensión en el asunto Ingemar y la juzgadora, surgida de la elección del acordeón, que después la concedió. Dos criterios opuestos frente a una misma solicitud. No hay espacio para la legitimidad de la justicia cuando se dispensa por consigna política. Para efectos prácticos, el inculpado, Ernesto Ruffo es un preso político y el espectáculo de su detención y proceso penal se corresponde al objetivo que motivó y mueve al régimen. La presidenta condena porque sabe que la juez le pertenece.
Cuando la justicia institucional pierde credibilidad e independencia, la denuncia pública y el escrutinio de los medios son el último recurso de los ciudadanos frente a la parcialidad y al uso político de la justicia.
La opinión pública no sustituye al Estado de derecho; solo ocupa ese espacio cuando la justicia pierde vigencia.
Inseguridad, persistente realidad
Desde que la inseguridad por su grave deterioro se volvió tema relevante del ejercicio público, los Gobiernos de tres diferentes partidos han incurrido en los mismos errores. El más importante, la falsa creencia de que la respuesta son acciones policiacas y no de justicia. Es de justicia porque significa atacar el problema en sus fundamentos, no en sus efectos; además, se han invertido grandes recursos para contar con una fuerza policiaca nacional y así enfrentar el asedio del crimen organizado y la violencia que le acompaña. A veinte años de distancia, los criminales han tenido mayor capacidad para federalizarse que los Gobiernos en cuestión.
Por mucho, lo más desastroso ha ocurrido en los últimos ocho años. La idea de contemporizar políticamente con el crimen ha dejado a la sociedad en estado de indefensión; además, los resultados en forma alguna avalan la tesis de «abrazos, no balazos», al contrario. La mayor complicación para la justicia fue la destrucción de la precaria independencia de la fiscalía y la autonomía del Poder Judicial federal, que dificulta la solución de fondo y lleva al Gobierno a la complicidad por la incapacidad para someter a proceso penal a los altos funcionarios del régimen en connivencia con el crimen. Situación que presenta una vulnerabilidad mayor ante la embestida judicial de EE. UU. y que profundiza la desconfianza en las instituciones.
La impunidad resulta de la inseguridad y la violencia. Es una poderosa e indiscutible conclusión que se deriva de los aislados y excepcionales casos de éxito en cuanto seguridad. Coahuila y Yucatán son el reverso de la medalla. Dos historias diferentes, pero con analogías reveladoras; en el primer caso, recuperar la paz social que había caracterizado a la entidad, interrumpida por el embate de Los Zetas y el enfrentamiento con otros cárteles, de 2005 a 2013. Yucatán ha podido preservar un excepcional sistema de seguridad pública con ejemplar participación social.
Mientras el país registra muy elevadas tasas de impunidad respecto a delitos de alto impacto como homicidios, en los dos estados prácticamente todos son esclarecidos y los responsables sancionados. Las policías son confiables y, por lo mismo, respetadas; a las fiscalías se les ha modernizado y la de Coahuila es modelo nacional de investigación criminal; el sistema de justicia penal y penitenciario opera razonablemente bien y existe una coordinación óptima con la Guardia Nacional y la Sedena.
Siempre se ha reconocido y muy poco se ha hecho: se requiere invertir, transformar y modernizar a las policías locales y municipales. Para eso son necesarias autoridades comprometidas en tal empeño, no como ha sido frecuente: complicidad con los grupos criminales. La evidencia de la situación es abrumadora y aumentan los casos de alcaldes incriminados por connivencia con el crimen, el que no solo influye, cogobierna, se ha hecho del Gobierno.
Mejor reconocer la realidad, por adversa que sea porque el buen diagnóstico es el principio de la solución. Justo lo contrario cuando en un día en el que se reporta, providencialmente, una baja sustantiva en los homicidios, la mandataria lo refiere como un logro consolidado, la más baja en «muchísimos años». Es la misma semana en la que asesinan a un destacado periodista en Oaxaca, a un relevante empresario en Michoacán, a un alcalde en su oficina en Morelos y se da una masacre de 10 personas en Zacatecas, incluyendo a un exalcalde y varios empresarios, cuyos cadáveres son exhibidos en un puente vehicular. Todo esto revela que el impacto criminal no solo se mide en números, aunque la muerte nos iguale.
Esas mismas palabras triunfalistas se ofrecen cuando el Inegi da a conocer su encuesta de percepción de la inseguridad en zonas urbanas del país. Resultado que confirma que casi dos terceras partes de la población se advierte insegura. Cifras que condenan la complacencia y el triunfalismo. Menudo problema porque lo mejor que puede ofrecer el Gobierno federal son operativos de seguridad que han probado alcances limitados, decenas de miles detenidos enviados a un sistema carcelario en ruinas y que es escuela de criminalidad.
La presidenta Sheinbaum precisa observar los números de Villahermosa, Tabasco, que atestiguan un acelerado deterioro de la seguridad. Las cifras se ofrecen en un momento en que las autoridades del Estado, incluyendo al secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, recrimina a los medios el desprestigio que provocan al Estado por la cobertura informativa de los hechos de inseguridad; mejor tapar el sol con un dedo y vamos a Tabasco que Tabasco es un edén.
