La iniciativa de Ley General de Aguas marca el fin del enfoque neoliberal y garantiza un suministro básico a todos los mexicanos. Los municipios podrían perder una de sus principales fuentes de ingresos, advierten expertos
Autoridades han permitido violar la Constitución por décadas
El acceso al agua potable, consagrado desde 2012 como un derecho humano en la Constitución mexicana, está a punto de enfrentar una redefinición radical en la práctica diaria. La iniciativa de Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al Congreso, incluye una disposición que podría cambiar para siempre la relación entre ciudadanos, deudores y organismos operadores: la prohibición explícita de la suspensión total del suministro de agua para consumo humano, así como el servicio de saneamiento, por falta de pago.
En un gesto que prioriza la dignidad humana por encima de la cobranza, el proyecto de ley establece en su artículo 9 que «los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento por falta de pago; en todo caso, deben suministrar la cantidad mínima para el consumo humano básico».
«El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico, se deja atrás la visión neoliberal y le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano».
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Este artículo es la columna vertebral de una visión que busca blindar el derecho al líquido esencial frente a la precariedad económica, un principio que la propia presidenta ha defendido con convicción. «El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico, se deja atrás la visión neoliberal y le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano», afirmó Sheinbaum al presentar sus iniciativas de reforma hídrica ante el país.
Si bien la esencia de la propuesta ha sido celebrada por activistas y defensores de los derechos humanos, su implementación abre una caja de Pandora legal y financiera que el Congreso deberá desentrañar. La Constitución ya obliga al Estado a garantizar el acceso al agua «en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». Sin embargo, la historia reciente del país está plagada de litigios que intentan equilibrar este derecho con la estabilidad financiera de los municipios, que dependen de los derechos de agua como una de sus principales fuentes de ingreso.
La polémica se centra en dos puntos críticos. Primero, la falta de definición del «mínimo básico» y, segundo, la omisión de una distinción clara entre deudores vulnerables y el resto de la población.
Actualmente, algunas regulaciones locales ya coquetean con esta idea. En la antigua Ley de Aguas del Distrito Federal, por ejemplo, se contemplaba mantener el suministro para las «necesidades vitales» de los morosos. Pero la experiencia judicial ha impuesto límites a estas generosidades. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente clave al anular una orden del estado de Aguascalientes que obligaba a sus municipios a entregar hasta 200 litros diarios de agua a cualquier moroso, sin importar su situación económica. La Corte dictaminó que los estados no pueden forzar a los municipios a «regalar» el recurso a cualquier deudor, sino solo a aquellos que prueben fehacientemente su imposibilidad de pago.
Posteriormente, en 2022, la Segunda Sala de la Corte reforzó esta cautela al dictaminar que, en casos de amparo contra cortes de agua, el quejoso debe garantizar el monto adeudado para la reconexión. Solo la acreditación «de manera fehaciente» de una situación de marginación o vulnerabilidad permitiría la exención de pago.
La iniciativa de la presidenta, al no establecer una distinción económica ni definir el volumen exacto del «mínimo básico», podría potencialmente chocar con la jurisprudencia de la SCJN. De no ajustarse el texto en el Congreso, la responsabilidad de aclarar qué volumen de agua se entregará sin costo (¿50 litros? ¿100 litros?) y quién tiene derecho a recibirlo podría recaer en un mosaico de leyes estatales y reglamentos municipales. Este escenario agravaría las disparidades que ya existen en el país en materia de cobro y suministro.
Las implicaciones financieras de esta política son significativas. Los derechos por agua son, en esencia, un tributo crucial para la operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica. La generalización de un suministro gratuito a una población de deudores, independientemente de su capacidad de pago, podría descapitalizar a organismos operadores ya de por sí precarios.
La radiografía de la recaudación por derechos de agua en México es alarmante en su desigualdad. Cifras de 2021 revelan un abismo entre entidades. Estados como Baja California, Quintana Roo y Nuevo León recaudaban más de mil pesos per cápita anualmente por este concepto, mientras que otros como Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala apenas superaban los 150 pesos. Una ley que debilite la capacidad de cobro de los municipios más pobres podría condenarlos a un círculo vicioso de falta de ingresos y deterioro de la infraestructura.
Hoy, la acumulación de adeudos por agua puede llevar al embargo y remate de inmuebles. La nueva ley, al garantizar la porción mínima, si bien evita la tragedia humanitaria del desabasto total, no elimina la obligación de pago, manteniendo la amenaza legal sobre los inmuebles por el resto de la deuda.
La otra cara del proyecto
La propuesta no se limita a la esfera social; también ataca problemas de eficiencia y gestión que, según el Gobierno Federal, han convertido el agua en una mercancía sujeta a acaparamiento. La ley busca ordenar las concesiones de agua, hacer que el Estado sea el único responsable de regular y garantizar su uso, e incluso tipifica como «delitos hídricos» la explotación ilegal, el desvío de cauces y la corrupción en el otorgamiento de títulos de concesión, con penas que podrían ir hasta los 10 años de prisión, como parte de las reformas paralelas a la Ley de Aguas Nacionales.
Además, el proyecto mira hacia el futuro con una medida que busca combatir la dependencia del agua de la red. Se trata de generalizar el uso de sistemas de captación de aguas pluviales. «Cada entidad deberá determinar la implementación de los sistemas de captación pluvial con base en las características físicas de los inmuebles y en el valor del predial del suelo o construcción», se establece.
La Ley General de Aguas se presenta así como un instrumento de doble filo. Por un lado, una bandera social y moral que protege el derecho más básico de la ciudadanía; por el otro, un desafío operativo y financiero para los municipios. El debate legislativo que comienza en la Cámara de Diputados será crucial para determinar si la «cantidad mínima para el consumo humano básico» se convierte en una política de Estado sostenible o en un nuevo foco de conflicto entre los derechos fundamentales y la viabilidad fiscal de los servicios públicos.
Caso Aguakán, en suspenso
El 16 de octubre, la SCJN postergó, de último momento, el análisis sobre la atracción del caso Aguakán, que definiría el futuro de la concesión del servicio de agua potable en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, dejando nuevamente el tema en suspenso.
La controversia entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa encargada desde hace más de 30 años de administrar el servicio de agua potable en varios municipios del estado se originó en octubre de 2023, cuando el Congreso estatal aprobó un decreto que daba por terminada la concesión otorgada a Aguakán, la cual originalmente vencía en 2023, pero fue prorrogada en 2014 hasta 2053.
Aguakán impugnó este decreto y solicitó un amparo. En abril de 2025, un juez federal negó el amparo, confirmando la legalidad del decreto legislativo al considerar acreditadas irregularidades en los servicios y la protección de derechos fundamentales al medio ambiente, la salud y el agua. Sin embargo, la empresa logró una suspensión definitiva que le permitió mantener el control del servicio mientras se resolvía el litigio.
En agosto de 2025, Aguakán planteó el impedimento de los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, lo que llevó a la SCJN a considerar la atracción del caso. Tres ministros de la Corte, encabezados por el presidente Hugo Aguilar, aceptaron la solicitud de la empresa para que la SCJN asumiera la competencia y revisara la sentencia del juez federal. Sin embargo, esto no resultaba suficiente, aún se requerían dos votos adicionales para concretar la atracción del caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su respaldo al Gobierno de Quintana Roo en este proceso, señalando que «no se puede hacer negocio con el agua». En línea con sus declaraciones, Aguakán manifestó su disposición a concluir su concesión de manera anticipada, siempre que este proceso se realice dentro del marco legal, transparente y con una indemnización justa, basada en la valuación del mercado. La empresa ha invertido más de 8 mil 800 millones de pesos en infraestructura y ha aportado más de 8 mil 700 millones de pesos en contraprestaciones y derechos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta diciembre de 2024. E4
Clausuran 250 pozos en La Laguna
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró 250 pozos en la Comarca Lagunera debido a extracciones ilegales y equipos deficientes. Estas medidas buscan frenar el agotamiento del acuífero principal, del cual se extraen 25 millones de metros cúbicos anuales. En algunos casos, se detectaron extracciones de hasta 30 mil metros cúbicos por encima de lo permitido. Los pozos inactivos por más de dos años o sin equipo adecuado han sido cerrados definitivamente, reintegrando su volumen al sistema hídrico regional.
Autoridades han permitido violar la Constitución por décadas
Rodolfo Garza denuncia que Aguas de Saltillo ha suspendido el servicio a miles de usuarios, pese al derecho legal que lo protege. Ante el riesgo de colapso hídrico, el activista pide remunicipalizar la gestión del recurso
Saltillo enfrenta una crisis silenciosa en el manejo del agua. La paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) ha sido señalada durante décadas por cortar el servicio a miles de usuarios, incumpliendo obligaciones legales y poniendo en riesgo los acuíferos de la región. Ante la iniciativa de Ley General de Aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir los cortes por impago, Rodolfo Garza, fundador de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS), plantea la necesidad de remunicipalizar el servicio y advierte sobre la falta de programas de cultura del agua y control ciudadano, mientras compara la situación local con experiencias exitosas de gestión pública a nivel internacional.
¿Qué opina sobre la iniciativa de Ley General de Aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir el corte de agua por impagos?
Desde la creación de Agsal, hace más de 20 años, hemos denunciado los cortes de agua porque constituyen una violación al artículo cuarto de la Constitución. Ese artículo establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. También señala que el Estado debe garantizar ese derecho y definir las bases, apoyos y modalidades para un acceso equitativo y sustentable, con la participación de autoridades y ciudadanía.
En su momento, propusimos a distintos alcaldes aplicar una reducción del servicio, en lugar de un corte total, para quienes no pudieran pagar. Esa medida se implementó cuando el sistema estaba bajo la administración de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo (JAAPAS), pero durante toda la existencia de Agsal los alcaldes nunca aceptaron la propuesta. Han permitido que la empresa continúe con los cortes, lo que constituye una violación constitucional.
La empresa justifica esa práctica con base en el artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, que permite limitar el suministro cuando hay dos meses de adeudo y suspenderlo totalmente si el usuario acumula tres. Sin embargo, el mismo artículo aclara que no puede suspenderse el servicio en edificios destinados a servicios asistenciales, médicos, escuelas públicas, centros para migrantes o lugares donde, por razones de salud pública, no conviene hacerlo.
Aun así, durante los primeros 18 años de Agsal se cortó el agua incluso a la Casa del Migrante por retrasos en los pagos. No sé si eso siga ocurriendo, pero lo cierto es que la empresa ha violado la Constitución y los Gobiernos municipales lo han permitido, olvidando que la ley federal está por encima de la estatal.
En Saltillo, Agsal ha destacado por esta práctica. ¿Espera algún cambio a nivel local con esta iniciativa federal?
Agsal ha reportado en sus propios informes anuales que, en determinados años, ha llegado a cortar el servicio a más de cien mil usuarios, una cifra alarmante. Con la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, estará obligada a acatarla, y el municipio tendrá la responsabilidad de exigir su cumplimiento.
Además, la ley establece límites claros sobre los cobros por reconexión. En el caso del servicio doméstico, no puede exceder cinco veces el salario mínimo diario vigente en el estado, y solo puede aplicarse si el servicio se cortó físicamente. Lo recaudado por este concepto debe destinarse a programas de cultura del agua dentro del organismo operador, algo que nunca se ha hecho.
Reclamamos esa omisión en múltiples ocasiones tanto a la empresa como a los alcaldes, sin obtener respuesta. Tampoco existe hasta ahora ningún programa de cultura del agua, aunque este tema se le planteó al actual alcalde hace tres meses. Desconozco si habrá algún proyecto al respecto. Y, para colmo, Saltillo sigue sin contar con un reglamento que regule el uso del agua por parte de la ciudadanía.
¿Considera que la administración del agua estaría mejor en manos del Gobierno, en lugar de una entidad privada y extranjera?
El contrato de asociación para crear Aguas de Saltillo establece que el municipio puede comprar anualmente acciones de la empresa mixta entre la operadora privada Veolia y SIMAS —que en realidad ya no existe—. Sin embargo, solo el alcalde Fernando de las Fuentes compró un 4% adicional, elevando la participación municipal al 55%. Fue el único en hacerlo, pese a que planteamos este tema a todos los alcaldes con los que hemos tenido interacción.
A nivel global, la tendencia es clara: la remunicipalización del agua. Cientos de ciudades, sobre todo en Europa, han retomado el control público del servicio para garantizar transparencia, control de tarifas e inversión adecuada.
Hay ejemplos muy documentados. París lo hizo en 2010 al crear Eau de Paris tras no renovar los contratos con Veolia y Suez. Berlín recompró las participaciones privatizadas entre 2012 y 2013; Grenoble rescindió su contrato en 2001 por corrupción; Valladolid y Terrassa, en España, optaron por la gestión directa en 2017 y 2018. Buenos Aires recuperó el control en 2006 con la empresa AySA. Casos similares ocurrieron en Bolivia, Yakarta, Atlanta o Indianápolis. Incluso en México, Quintana Roo avanza en el retiro de la concesión a Aguakan. Todo apunta hacia un regreso al manejo público, con beneficios comprobados.
¿Cómo describiría la situación del consumo y manejo del agua en Saltillo?
Con mucha irresponsabilidad. Tanto la empresa como las autoridades municipales han ignorado el riesgo en el que nos encontramos. Los acuíferos que abastecen a Agsal están sobreexplotados y, en más de 500 kilómetros a la redonda, no existen fuentes de abastecimiento viables, ni ríos, ni lagos, ni afluentes. Eso pone en riesgo el futuro de la ciudad.
No hay restricciones para seguir recibiendo empresas, ni un programa intensivo de ahorro de agua, ni un reglamento ciudadano que promueva el uso racional del recurso. Tampoco existe una estrategia efectiva para reducir las fugas, que representan alrededor del 40% del desperdicio.
Hace falta construir la Línea Morada, que permitiría reutilizar el agua tratada en procesos industriales, y adaptar la planta de tratamiento con ciclos secundarios y terciarios que posibiliten vender agua reutilizada a las empresas que hoy dependen de pozos propios o del agua potable del sistema. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.