La 4T se acoraza contra la anarquía digital y la propaganda extranjera

Frente a la campaña antiinmigrante lanzada desde Estados Unidos, el Gobierno impulsa una reforma que amplíe las facultades del Estado para regular los medios y las plataformas. Organizaciones civiles advierten riesgos para la libertad de expresión

Campañas del miedo como herramienta política

«Cruzar la frontera ilegalmente es un crimen. No lo intentes. Serás cazado, arrestado y deportado. No hay futuro para ti en Estados Unidos si llegas de forma ilegal». Esa frase, dicha en español por una voz femenina firme, apareció en horario estelar en canales de televisión abierta mexicana a principios de abril de 2025. Lejos de tratarse de una parodia, formaba parte de una campaña del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezada por la secretaria Kristi Noem. El comercial mostraba imágenes de agentes fronterizos persiguiendo migrantes, y cerraba con un mensaje directo: «Estados Unidos no es tu hogar. No arriesgues tu vida ni la de tu familia». Este mensaje, transmitido sin advertencia ni consulta al Gobierno mexicano, desató una tormenta política sin precedentes.

El nuevo rostro de la xenofobia

La campaña, financiada por el Gobierno estadounidense, se diseñó como un intento disuasorio para contener los flujos migratorios provenientes de América Latina. Pero su emisión en territorio mexicano fue considerada, por amplios sectores sociales y políticos, como un acto de agresión mediática y una violación de la soberanía nacional.

«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se utilizan nuestros medios para sembrar miedo y desinformación. México necesita defenderse, también en el terreno digital».

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Uno de los spots más agresivos comienza con tomas nocturnas en el desierto de Arizona, mientras una voz en off dice: «No te dejes engañar por los traficantes. No tendrás oportunidad. Serás deportado». El anuncio culmina con el rostro serio de Kristi Noem afirmando: «Esta es una advertencia oficial del Gobierno de Estados Unidos. No pongas en riesgo tu futuro». Organizaciones de derechos humanos, en México y Estados Unidos, denunciaron que los mensajes apelan al miedo y a la estigmatización del migrante como criminal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los anuncios «propaganda xenófoba». Sin embargo, lo que más sorprendió resultó ser la forma en que los mensajes fueron colocados: sin regulación, sin advertencia y aprovechando los espacios comerciales de concesionarios privados mexicanos.

«Estándares internacionales de derechos humanos prohíben la instauración de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como es el bloqueo de plataformas digitales».

Artículo 19, organismo defensor del derecho a la libertad de expresión

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó de inmediato. En conferencia de prensa, el 24 de abril, declaró: «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se utilizan nuestros medios para sembrar miedo y desinformación. México necesita defenderse, también en el terreno digital». Con estas palabras, justificó la ampliación de poderes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la cual tiene por objetivo principal regular y defender el espacio mediático y digital del país frente a intereses extranjeros.

Una réplica con poder

En respuesta a lo que denominó una «ofensiva mediática inaceptable», el Gobierno de la 4T envió el 23 de abril al Senado una iniciativa para expedir una nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La misma establece un marco legal que consta de 283 artículos y 27 transitorios, con los cuales la ATDT sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo autónomo y le se dota de facultades para regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios. Con ello, se pone fin a la reforma de 2014 que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto y, por primera vez desde 1995, cuando fue creada la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), las decisiones del sector serán centralizadas en una secretaría de Estado.

La agencia no sólo concentrará funciones de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión, sino que también coordinará la digitalización de la administración pública federal. Según la presidencia, el objetivo principal es «proteger la soberanía informativa de México y garantizar que los medios de comunicación no sean usados por intereses extranjeros para desinformar o agredir a la población». La ATDT tendrá facultades para sancionar a concesionarios que transmitan propaganda política o ideológica extranjera sin autorización previa, y podrá imponer multas de hasta el 5% de sus ingresos anuales.

El Congreso aprobó en tiempo récord las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además de las medidas restrictivas, la ATDT impulsará un ambicioso plan de digitalización de trámites gubernamentales: se prevé que para 2027, el 80% de los servicios del Estado sean completamente digitales. Para ello, se implementará un sistema de identidad electrónica llamado «Llave MX», con el cual los ciudadanos podrán acceder a sus servicios públicos sin intermediarios.

No obstante, el enfoque soberanista de la ATDT es el que más ha llamado la atención. Según un comunicado de la presidencia: «Así como defendemos nuestras fronteras físicas, debemos defender nuestras fronteras digitales. No podemos permitir que narrativas extranjeras se impongan impunemente en nuestros medios».

Reacciones divididas

La creación de la ATDT ha generado un debate intenso en diversos sectores de la sociedad mexicana. Mientras algunos actores celebran la iniciativa como una medida necesaria para proteger la soberanía digital del país, otros expresan preocupaciones sobre posibles implicaciones en la libertad de expresión y el control gubernamental sobre los medios de comunicación.

Desde el Gobierno federal, se ha defendido la creación de la agencia en respuesta a la necesidad de regular el espacio digital y proteger a la ciudadanía de campañas de desinformación extranjeras. Sheinbaum ha señalado que el objetivo principal es evitar que Gobiernos extranjeros utilicen plataformas digitales para difundir propaganda política o ideológica en México. Además, pretende simplificar los trámites gubernamentales y reducir la corrupción al centralizar funciones de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión, así como coordinar la digitalización de la administración pública federal.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Organizaciones de la sociedad civil, como la Red por la Libertad Digital y Artículo 19, han advertido que la nueva legislación podría facilitar la censura y violar derechos humanos. Estas organizaciones señalan que la falta de definiciones claras sobre las causas para bloquear plataformas digitales podría abrir la puerta a abusos de poder y afectar la libertad de expresión en el país. «Estándares internacionales de derechos humanos prohíben la instauración de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, como es el bloqueo de plataformas digitales», advierte Artículo 19.

Por otro lado, expertos en telecomunicaciones y académicos señalan que la concentración de funciones regulatorias en un solo ente dependiente del Ejecutivo debilita los contrapesos institucionales y aumenta el riesgo de censura. La profesora Gabriela Warkentin, investigadora del ITAM y de la UNAM, ha expresado su preocupación por el modelo adoptado por la ATDT, indicando que podría derivar en un control excesivo del Estado sobre los medios de comunicación. «Pasamos de ser un país con instituciones reguladoras autónomas a uno con una agencia poderosa y centralizada. Esto debe ser vigilado de cerca», advirtió.

El sector empresarial también ha manifestado inquietudes respecto a la ATDT. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha protestado por lo que considera una medida punitiva desproporcionada.

Iniciativa en pausa

La propuesta de reforma generó una intensa polémica debido, especialmente, al artículo 109 que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear temporalmente plataformas digitales como redes sociales, servicios de streaming y aplicaciones de mensajería, sin necesidad de orden judicial. El artículo en cuestión establece que, «las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables». De lo cual se infiere que la ATDT podría suspender estos servicios sin detallar claramente las condiciones que justificarían tales acciones. Dicha vaguedad suscitó preocupaciones sobre posibles abusos y censura. ​

El legislador del PRI, Manuel Añorve Baños, aseguró que la modificación al artículo otorgará facultades al Gobierno para «censurar las plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos ni procedimientos claros». Mientras que Ricardo Anaya Cortés, senador y líder de la bancada del PAN, llamó a la iniciativa «ley censura» porque «habla de que pueden bloquear alguna plataforma digital».

La presidenta Sheinbaum aclaró que no busca censurar a nadie y que el objetivo es evitar la difusión de propaganda extranjera, pero ha reconocido la necesidad de revisar el artículo para eliminar ambigüedades y garantizar su correcta aplicación. En este sentido, ordenó a los legisladores frenar la aprobación de la ley y revisar el artículo polémico. En conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó: «Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición y a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera». ​

Ante la creciente oposición y las críticas de diversos sectores, la presidenta convocó a un periodo de análisis con funcionarios y especialistas para revisar la ley. Se espera que la reforma sea sometida a discusión en un periodo extraordinario de sesiones durante el mes de mayo. E4

Facultades de la ATDT

• Otorgamiento, revocación y renovación de concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión.
• Implementación de procesos de licitación y asignación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.
• Resolver los desacuerdos de compartición de infraestructura entre concesionarios.
• Supervisión de contenidos.
• Establecimiento de límites en contenidos publicitarios, a través de «máximos de tiempos publicitarios».
• Emisión de lineamientos para que los concesionarios cumplan Códigos de Ética.

Llave MX

¿Qué ofrece hoy?

• Generar una identidad digital única para personas y asociarlo al perfil de una empresa.
• Realizar en línea trámites o solicitar servicios como persona o empresa.

¿Qué ofrecerá en el futuro?

• Creación de un expediente digital de todas las personas y empresas en donde siempre estará disponible toda la documentación en formato digital emitida por la autoridad, así como aquellos que se decidan a cargar identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio o cualquier otro que sea requisito para realizar un trámite o servicio.
• Integración de un expediente clínico digital.
• Obtención de un expediente estudiantil digital que concentrará certificados de educación y permitirá a padres y madres de familia la visualización de calificaciones.

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Campañas del miedo como herramienta política

Estrategias basadas en la estigmatización y el terror buscan consolidar el poder. Sin embargo, los prejuicios sociales, en vez de resolver los problemas, los profundizan

La campaña antimigrante lanzada por el Gobierno de EE. UU. en México, como parte de su estrategia para deshacerse de la migración ilegal, se inserta en una tradición de tácticas disuasorias que han marcado la política estadounidense durante más de un siglo. A través del miedo, se busca no solo moldear el comportamiento público, sino también consolidar poder a través de la polarización.

Basta recordar otra campaña —«Scarface Effect»— empleada durante los años 80, cuando el Gobierno de Ronald Reagan utilizó la figura del narcotraficante Pablo Escobar y el auge de los cárteles de la droga en Colombia para alimentar una narrativa de terror relacionada con el narcotráfico. A través de anuncios televisivos, se presentaba la droga como un enemigo inminente, capaz de desintegrar la moral y las instituciones de la sociedad estadounidense. Esta demonización del narcotráfico se convirtió en una herramienta efectiva para justificar la política «War on Drugs», que resultó en un aumento de las inversiones en la lucha contra el narcotráfico, pero también en un incremento alarmante de las encarcelaciones masivas, especialmente en comunidades afroamericanas y latinas.

Aunque estas estrategias se muestran eficaces a corto plazo, su impacto real en la opinión pública y el comportamiento social resulta más complejo. Si bien logran una respuesta emocional inmediata y generan reacciones rápidas, su efectividad a largo plazo ha sido cuestionada. En muchos casos, las políticas basadas en el miedo no abordan las raíces de los problemas sociales o económicos que desencadenan el temor en primer lugar.

En el caso de las campañas antimigrantes, los spots publicitarios que muestran migrantes como amenazas no resuelven las causas estructurales que originan el fenómeno, como la pobreza, la violencia y la desigualdad en América Central. De hecho, pueden acarrear consecuencias contraproducentes, ya que alimentan los prejuicios y las tensiones sociales, perpetuando un ciclo de hostilidad y desinformación que termina por radicalizar aún más a la sociedad.

En un entorno cada vez más globalizado e interconectado, donde la información se comparte instantáneamente, el discurso que apela al miedo suele generar reacciones desproporcionadas y dar pie a conflictos innecesarios. Esto fue evidente en el caso de la «War on Drugs», que, si bien inicialmente recibió gran apoyo popular, con el tiempo fue vista como un fracaso debido a sus consecuencias devastadoras para muchas comunidades y a la falta de evidencia concreta sobre su efectividad. E4

El rostro implacable de la campaña

• La actual secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, es una de las figuras más controvertidas del gabinete. Exgobernadora de Dakota del Sur y firme aliada de Donald Trump, ha sido criticada por su retórica agresiva y sus posturas ultraconservadoras.
• Entre sus declaraciones más polémicas se encuentra su defensa de disparar a migrantes «si representan una amenaza inmediata» y su respaldo a leyes que permiten a civiles armados patrullar zonas fronterizas. En entrevistas recientes, ha calificado la migración irregular como «una invasión moderna» y ha propuesto usar tecnología militar para vigilar permanentemente la frontera sur.
• Su protagonismo en la campaña audiovisual contra migrantes ha sido interpretado como un intento de posicionarse rumbo a una futura candidatura nacional. Pero también ha encendido alarmas sobre la deriva autoritaria del discurso de seguridad en EE. UU.