Los problemas crecen y se reproducen. Amenazan no sólo al régimen político, también al país. Quienes gobiernan y buena parte de la sociedad —incluso las élites— se han instalado en el no pasa nada. Sus referentes cuantitativos son las encuestas del acuerdo presidencial y el tipo de cambio, cifras engañosas, al menos para calibrar la política y economía. Son muchos los acontecimientos de impacto devastador del régimen que se trivializan a pesar de que se acumulan y van conformando una carga más que disruptiva, explosiva.
La situación de las finanzas es crítica; el sector energético no sólo se ha vuelto un freno para la inversión, sino que desestabiliza el precario equilibrio financiero. El gasto «etiquetado» o legalmente comprometido deja poco espacio para la inversión y recursos para una razonable gestión del Gobierno. La escasez de medicamentos, el estado deplorable de las carreteras e infraestructura o los adeudos multimillonarios a los proveedores de Pemex son ejemplo. El Gobierno busca incrementar ingresos castigando con mayores gravámenes a los mismos de siempre. La situación de equilibrio crítico no da para mucho tiempo, máxime si se incrementan los montos para el servicio de la deuda y se persiste en financiar las obras fracasadas del obradorismo. El modelo financiero del régimen ha colapsado y no se resuelve con ajustes. No mentir, no robar, no traicionar son una burla; no tanto por el engaño, sino por la afectación del logro más preciado del país: su imperfecto régimen democrático.
La embestida judicial de las autoridades norteamericanas no se ha conjurado. Es más, no hay manera de resolverla. Ni siquiera está en manos del presidente Trump. Un proceso judicial de corte criminal una vez que inicia debe continuarse hasta llegar a la sentencia. No se pueden retirar cargos que han sido validados por un gran jurado; además, las pruebas se han robustecido con las que han aportado el general Gerardo Mérida y Enrique Díaz, responsables de seguridad y finanzas en el Gobierno de Rocha Moya, respectivamente.
El frente judicial es independiente del de seguridad, migratorio, diplomático o el comercial. La solución en cualquiera de ellos no altera el curso de las investigaciones. La agenda bilateral está muy cargada y en casi todos los planos es adversa a México. En el jurisdiccional las cosas se complican por la impunidad y la resistencia a investigar a funcionarios bajo sospecha. La FGR como órgano independiente no existe; el Poder Judicial mucho menos, el que, además, en su nivel supremo tiene la calidad de circo donde se degradan involuntariamente quienes allí concurren.
Se entiende que quienes gobiernan prediquen el no mentir, no robar, no traicionar; incomprensible es que les crean los demás, seguramente por el miedo al vacío implícito en la ausencia de autoridad. El deterioro de la vida pública es evidente y se manifiesta con la degradación de la palabra: la mentira y el engaño se han naturalizado en el discurso oficial.
Las cuentas se vuelven cuentos, como los resultados desastrosos de la prueba PISA; igual en otros ámbitos. El deficiente escrutinio al poder y precario debate público deja a la sociedad en indefensión. Solo como referencia, el reporte de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, en el índice de libertad de prensa 2026 ubica a México en lugar 122 de 180 países. La organización World Justice Project, al evaluar legalidad en 2025, México ocupa el sitio 121 de 143 países. La presidenta presume que México es el país más democrático del mundo, pero el reporte 2025 de The Economist Intelligence Unit señala que México ha transitado de una democracia defectuosa a una de régimen híbrido, antesala del autoritarismo.
En las condiciones de creciente deterioro y de las enormes dificultades del país, inicia la temporada electoral con el detrimento de los órganos electorales, producto de su pérdida de autonomía y estrechez presupuestal, en un entorno de inédita parcialidad e interferencia de las autoridades nacionales y de la presencia del dinero de origen ilegal. Sin olvidar la preocupante concurrencia de las organizaciones criminales que las elecciones de 2021 normalizaran con un «se portaron bien» presidencial
Ignorar la adversa situación que se vive en la actualidad por la corrupción y la impunidad impide que se tomen las previsiones que pudieran mitigar el impacto negativo de los acontecimientos por venir. Además, un repentino tránsito a una situación crítica puede desencadenar procesos desestabilizadores en un país que ha destruido las instituciones que permiten conducir la crisis y contener el desencanto producto de la estabilidad perdida.
¿Desaparición de Morena?
La selección de candidatos es reveladora de la salud y del mapa de poder de un partido. Los obsesivos de la imaginaria disputa entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente López Obrador plantean la decisión en términos de afinidad o pertenencia a uno de ellos. No es el caso, no hay diferencia sustantiva, mucho menos competencia. La condición de López Obrador como líder moral del movimiento no está cuestionada. Diez candidatos seleccionados dan cuenta de una situación más compleja y crítica.
Morena ha vivido tres etapas en su breve historia. La fundacional o inicial cuyo objetivo se trataba de un movimiento, no de un partido, para llevar a Andrés Manuel al poder presidencial; la de desarrollo del proyecto que inicia en 2018 con el triunfo electoral hasta 2024; la del segundo piso, que es la mutación del caudillismo con la conformación de una estructura de poder compartido; la presidenta Sheinbaum figura como gestora principal del proyecto político del líder moral. Se da un proceso de consolidación del régimen político autoritario con la mayoría calificada y las reformas subsecuentes, particularmente, la concentración del poder presidencial con la destrucción de la Corte como poder independiente y la colonización de los órganos electorales.
Ahora, con la elección intermedia se transita a una nueva etapa. La selección de candidatos perfila la desaparición de Morena como institución estructurada y normativa del ejercicio del poder, para volverse en una instancia de gestión electoral al servicio de los factores que inciden en la reproducción del poder local. No hay programa ni otro proyecto que prevalecer en la elección, el partido como referente ideológico o programático dejó de existir, incluso el movimiento perdió propósito y sentido, todo se limita a ganar los comicios como se pueda; las autoridades operan en función del régimen y el partido privilegiando las alianzas que aseguren el resultado electoral.
La creación de un partido político nacional, de acuerdo con el racional callista requiere unidad de mando supremo frente a los intereses, entre otros, los poderes regionales. En la visión corporativa de Cárdenas, se instituyen sectores y el partido conformaría uno de los poderes metaconstitucionales del presidente. El mandatario detenta un poder supremo e indisputado, único ante la diversidad de factores, intereses e inercias, particularmente la de los cacicazgos locales, que podrían coexistir, pero sometidos al presidente de la República y a su partido.
Morena en su cuarta etapa optó por su degradación como institución articuladora del poder presidencial y el de su líder moral. La constante en casi todas las asignaciones de candidatos donde el Morena gobierna es dejar en los gobernadores la decisión; justo lo que no hizo Cárdenas porque entendía que la autoridad del partido era de él y no de los gobernadores.
Se puede decir que López Obrador/Sheinbaum no tenían opción; de otra forma el partido asumía la responsabilidad política de la decisión y, en consecuencia, la operación política electoral. Queda claro que la estructura de los servidores de la nación no daba para eso (quedó probado en la elección de 2021); ahora se optó por dejar en los gobernadores la responsabilidad del resultado, con todas sus implicaciones, entre otras, la reproducción de la corrupción y, en varios casos, la connivencia con los grupos criminales que desde hace seis años se decidió incorporarles a la operación electoral, en una modalidad propia de ellos: intimidación de competidores y funcionarios electorales, secuestro, robo de urnas y paquetes electorales.
De seguir en esta misma línea, los candidatos favoritos de los gobernadores morenistas prevalecerán en los estados por designar. De acuerdo con el periodista Ramón Zurita que, con acierto ha abordado el tema, los candidatos serían: Milena Quiroga en Baja California Sur; Lorenia Valles en Sonora; Héctor Santana en Nayarit y Alfonso Sánchez en Tlaxcala.
Hasta hoy dos estados son la excepción en cuanto a la entrega de las candidaturas a los mandatarios locales, Guerrero y Sinaloa; sin embargo, la singularidad política de ambas entidades explica la situación. El vacío por Rocha Moya impedía una candidatura de continuidad, mientras que en Guerrero la amenazante influencia del senador Félix Salgado Macedonio y su discutible fuerza electoral obligaba a una candidatura de ruptura. Aunque él se resiste, la deuda se saldó con su hija como gobernadora.
La balcanización de Morena conlleva la ratificación del pacto de impunidad, la vulnerabilidad mayor que conduce a la autodestrucción del régimen obradorista y que expone al país en el interior y al exterior.
