La mofa de la presidenta Sheinbaum sobre los chavorrucos aludiendo por su nombre al expresidente Vicente Fox y otros opositores, de Luisa María Alcalde, dirigente de Morena y de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, revela que la mayor preocupación del régimen es que los jóvenes estén en contra. Tienen razón, muchos de ellos hacia allá van y debe preocuparles porque es indicativo del incierto futuro del proyecto político obradorista. El consenso es frágil porque su fundamento ha sido manipular emociones y el clientelismo electoral que, como sucedió con el PRI, tiene corta vida porque la gratitud muda con facilidad en exigencia, en derecho creado. La impunidad está probando ser el factor de desencuentro con el régimen.
A diferencia de las manifestaciones de la marea rosa ahora sí estuvieron presentes los jóvenes. Importante es que el proyecto político se ha agotado en su capacidad de presentar una cara justiciera a partir de la lucha contra la corrupción y una mayor equidad social. Las estadísticas poco importan, incluso las de recuperación del salario. Los jóvenes viven su propia realidad y advierten que el trabajo informal es lo que está al alcance, además de la extorsión que padecen muchos pequeños negocios.
Nadie ve por los jóvenes porque hay una ruptura conceptual y emocional con los mayores, no se diga de los políticos, los gobernantes o quienes suscriben un partido político. Nada hay en el régimen de gobierno que pueda generar adhesión; incluso las mismas pretensiones de origen del obradorismo son cuestionadas por la realidad: la corrupción es peor que en el pasado; la criminalidad y la violencia se han extendido; el ostensible deterioro del medio ambiente; la educación dejó de ser vehículo para la movilidad social, y la salud, la vivienda o el empleo digno se alejan del horizonte. La esperanza sólo está en el discurso oficial y las becas no dan para tanto.
No queda claro qué les diga a los jóvenes la lucha contra la impunidad, causa del Movimiento del Sombrero y que concurrió como convocante de la marcha. Sería muy alentador que el país en su diversidad regional, social, política o generacional se unificara bajo la consigna de que la prioridad es acabar con la impunidad, lucha en la que, hasta ahora, el Gobierno está del otro lado de la acera. No sólo por su torpe rechazo a la marcha, sino porque cada vez es más evidente su complacencia para llevar a la justicia a quienes desde el poder político se han coludido con criminales o han migrado hacia la delincuencia, como ocurrió con el contrabando de combustibles, originado en autoridades federales responsables de aduanas, Pemex y de la vigilancia en el trasiego y distribución de gasolinas y diesel.
Desde el poder obradorista, la lucha contra la impunidad suele asociarse a la ultraderecha, incluso intelectuales orgánicos del régimen, aun después del asesinato del presidente de Uruapan, afirmaban que Carlos Manzo era un Bukele en ciernes. A esto ha llegado el régimen político, ubicar en el espectro de la ilegitimidad la lucha por la legalidad y la justicia. Acabar con la impunidad, se trata como una amenaza mayor y eso impacta la percepción sobre la autoridad y, eventualmente, el voto.
La edad de los marchantes cobra relieve a partir de la disputa por el futuro. El Gobierno ha transitado a la agresión y la mentira. Los objetivos originarios del movimiento del obradorismo que son la equidad social y la lucha contra la corrupción permanecen vigentes, pero el régimen ha perdido credibilidad y, por lo mismo, capacidad para convencer, sumar o ganar. Saben que el futuro se les está saliendo de las manos y, como en otros momentos es cuestión de tiempo para que lo que ahora existe sea visto no sólo como una oportunidad perdida, sino traición a lo comprometido. La pérdida de los jóvenes tiene un enorme poder simbólico en la formación del consenso.
Nuevamente un colectivo de jóvenes convoca a otra concentración para el 20 de noviembre, que habría de concurrir con el desfile que conmemora a la Revolución, tradición a cargo de las fuerzas armadas. La libertad de asociarse, reunirse y manifestarse no tiene condicionantes y como tal les asiste el derecho a marchar. Nada que ver con la presencia de grupos de choque funcionales al régimen en su necesidad existencial de descalificar y calumniar a los manifestantes que le repudian, jóvenes y no jóvenes.
Michoacán, lugar de inflexión
Michoacán ha sido la prueba de ácido de todos los presidentes. Antes, las consideraciones eran de carácter político, lugar de origen del general Cárdenas y de Cuauhtémoc, el primero mandatario emblemático del presidencialismo y de la política social. Supo lidiar con el exterior y sacó la mejor parte al rescatar los recursos naturales bajo un sentido soberanista. Muchos años después su hijo Cuauhtémoc heredaría el sentido de lucha y aunque la democracia nunca estuvo presente en los objetivos del padre, la elección de 1988 representa el momento más relevante en el agotamiento del régimen autoritario e inicio del proceso de reformas sucesivas que habrían de llevar al país a la democracia.
Con el tiempo Michoacán plantea otro tipo de desafío: el embate del crimen organizado. El presidente Calderón, con el respaldo del entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Cárdenas, optó por una respuesta enérgica al crimen con el uso de las fuerzas armadas. Las policías locales y las autoridades civiles estaban superadas por el asedio de los delincuentes vinculados al narcotráfico. La respuesta presidencial no dio los resultados esperados y en perspectiva fue una derrota. Seguramente hubiera sido peor si Calderón hubiera adoptado la política de abrazos no balazos.
Lo de ahora no sólo es el narcotráfico que compromete la soberanía nacional por el hartazgo del vecino del norte ante la complacencia o impotencia de las autoridades para abatir el tráfico de drogas y especialmente el fentanilo. El secuestro y detención de «El Mayo» Zambada fue mensaje de que las autoridades norteamericanas actuarían por su cuenta si el Gobierno mexicano persistiera en virtual complicidad.
Al narcotráfico hay que agregar la descomposición del Estado nacional por la corrupción que ha alcanzado hasta a las fuerzas armadas, incluso a la marina considerada la institución más eficaz y honorable del sistema de seguridad. El contrabando de combustibles muestra la corrupción sistémica del régimen por su derivación en el financiamiento electoral y su vinculación con el crimen organizado.
Con la extorsión el problema de la inseguridad se ha agravado considerablemente. El crimen se hace de una fuente de ingresos mayor a la del narcotráfico o el tráfico ilegal de migrantes. La extorsión en Michoacán y en muchas partes del país llega a todos los negocios, indicativo de un amplio ejército de extorsionadores violentos y de una mayúscula generación de ingresos, como también es la importación ilegal de combustibles que llega a una cuarta parte de lo que se consume en el país.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ha encendido la llama de la indignación por el abandono del Estado mexicano ante el problema de la extorsión. El llamado del alcalde para que intervinieran las autoridades nacionales y el ostensible desdén presidencial ahora cobra elevada factura. Michoacán se desestabilizó y sólo el Movimiento del Sobrero, ahora encabezado por Grecia Quiroz y cercanos a Manzo, tienen el poder de reestablecer un nuevo equilibrio, que implica que los criminales sean sometidos a la justicia penal, así como las autoridades coludidas con ellos. Un asunto que habría de resolverse con la renovación del ejecutivo local.
La marcha del pasado 15 de noviembre es indicativa del agotamiento del Gobierno nacional en su capacidad de controlar y conducir el conflicto social. El intento de desacreditar la marcha fue un error y no menos la respuesta ulterior. La propaganda no puede suplantar a la política por lo explosivo de la situación. La marcha, a diferencia de las anteriores recientes, no tuvo orden en la organización ni siquiera en la convocatoria, pero fue auténtica y quienes marcharon al menos merecían el respeto por las autoridades, las que escogieron estar del otro lado de la causa y eso traslada la política a un terreno inédito, porque la lucha contra la impunidad tiene efectos desastrosos para el régimen, así como en su momento fue el tema de la corrupción para los Gobiernos anteriores al de López Obrador.
Michoacán abre paso a la lucha contra la impunidad. Un argumento irrefutable y en muchas partes del país, fundamental para las personas y sus familias. Lo menos relevante del sábado es que a pesar del descrédito promovido desde el Gobierno fueron muchos los que marcharon; lo de menos es la edad, condición social o política de los asistentes. Lo más importante es la causa, esto es, la lucha contra la impunidad y la fuerza de su vigencia que a muchos convoca y a todos alcanza, marchen o no, y que cobró relieve con el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán.
