Debe haber un amplio espacio de generosidad para conceder que hay que esperar para juzgar al nuevo Poder Judicial Federal. Es fácil asumir que las personas que integrarán el nuevo órgano jurisdiccional superarán a quienes suceden, especialmente si se ha convalidado la calumnia del presidente López Obrador sobre los integrantes de la Corte y del conjunto del tribunal. No es un tema de cómo se llegó al cargo, sino de perfiles y, sobre todo, de reglas e inercias. Se procedió a defenestrar a lo mejor del Poder Judicial en aras de candidatos, no todos, indefendibles.
La elección fue deficiente y un engaño en dos sentidos. Primero, su objetivo fue apoderarse del Poder Judicial Federal, no de mejorar la justicia. Segundo, una farsa de elección popular. No sólo el ridículo de la muy baja participación, todo el proceso electoral fue un rosario de decisiones para imponer los intereses del régimen sobre una supuesta voluntad popular. Los ciudadanos fueron marginales. Algunos pocos participamos con autenticidad; la mayoría por inducción, como quedó claro en el escándalo de los acordeones, promovido por las autoridades y consentido por el INE, hasta última hora calificado como práctica fraudulenta. Los acordeones tienen autor y destino: el régimen y subvertir la voluntad mayoritaria.
El INE hizo su trabajo. Mi testimonio: un centro de votación desairado en una colonia de clase media popular en Mérida, Yucatán, Las Américas, con autoridades de casilla preparadas y con poco ánimo. Los contados votantes, ciudadanos movidos por un opinable sentido de responsabilidad, como el que esto escribe. No se trata de la jornada electoral, sino de la degradación de todo el proceso, incluyendo el procedimiento de escrutinio y generación de resultados que excluye la transparencia, la participación ciudadana en el conteo de votos y la oportunidad en la difusión de los resultados el mismo día de la elección. El INE hizo lo que pudo y bien; inexplicable que el régimen ni siquiera apostara por un proceso a la altura de los precedentes; seguramente porque la farsa no fue un accidente, sino diseño. Explicable que las autoridades federales en voz de su presidenta eleven la voz para calificar como exitoso el ejercicio y pase a ridiculizar a la oposición, como si esa fuera el enemigo a desacreditar y lo es para una autocracia. Efectivamente, fue una elección exitosa para sus intereses, no para los del país, menos para la democracia electoral mexicana. Nada qué presumir.
Larga espera para saber lo que todos anticipan, ganarán los de casa, no la de todos sino la del régimen, particularmente para los cargos que realmente importan. La Corte producto de la elección del acordeón; las boletas numerosas e indescifrables para los votantes. Para celebrar el escrúpulo de algunos afines al régimen por calificar como fracaso la experiencia y llamar a una reforma urgente para que el ridículo no se repita. Son los menos, pero importan, porque no puede prevalecer como código de pertenencia al proyecto prescindir de un elemental sentido de respeto y dignidad, no se diga de principios o valores.
Para el régimen la participación ciudadana no importa, es irrelevante. Habrá de recordarse que con López Obrador en el poder se inauguró en una consulta popular sobre el hub aeroportuario del Valle de México de Texcoco, en la que se decidió el futuro no tanto de la aviación comercial como del sentido de responsabilidad en el ejercicio del poder. Al igual que esa elección, en la que participó 1% de los ciudadanos, el mensaje es el mismo: «el poder soy yo», «tengan para que aprendan». La supuesta voluntad popular no llega ni siquiera a simulación.
Andrés Manuel López Obrador debe estar muy satisfecho con los acontecimientos, a la medida de sus pulsiones, pasiones y enconos. La presidenta Sheinbaum ha honrado a plenitud su compromiso con él. La justicia es lo de menos, importa el poder, y qué mejor que prescindir de la legalidad o más bien, erigir una constitucionalidad a modo del poder presidencial y del partido en el poder. El problema es lo que sucede en la base. El envilecimiento de la justicia abre la puerta a los peores demonios de la sociedad: la justicia por propia mano o el garrote y el despojo disfrazado de legalidad, particularmente cuando los jueces quedan expuestos a los intereses con poder de intimidación o de corrupción.
La elección del acordeón está a la altura de la visión de justicia de quienes ahora deciden y se imponen.
El fraude que todos vimos
La soberbia o miopía lleva a considerar que los buenos oficios del INE fueron eficaces para dar validez al proceso para la elección de juzgadores. El fraude o la farsa la antecede y recorre todo el proceso, por más cuidado y empeño desplegados por los funcionarios electorales para que la jornada electoral transcurriera ordenadamente. Cambiaron las reglas que daban certeza y los consejeros del INE se allanaron y dieron por bueno lo que es un significativo retroceso en el cuidado de la jornada, el escrutinio y, consecuentemente, en los resultados. El INE contribuyó a normalizar la irregularidad y el mal diseño de la elección, además de convalidar infracciones evidentes. La boleta misma es metáfora de una farsa.
Se vive en un país que decidió desde hace tiempo desaparecer del diccionario la palabra autocrítica, e impedir un examen a sí mismos. Al INE tocó la peor parte; no participó en el diseño de las reglas, se le redujeron recursos a menos de la mitad de lo propuesto y vivió el asedio de unos y otros por un proceso mal diseñado donde la perversidad y la ignorancia fueron de la mano. El INE es víctima; la institución, no sus directivos. Sus consejeros debieron haber definido postura con mayor claridad sobre los inconvenientes de un proceso imposible.
Ahora al Consejo toca convalidar la estocada más trascendente al proceso democrático. Seguramente para ellos, como muchos otros, el argumento sobre los efectos perniciosos en el régimen republicano de división de poderes era muy exquisito, excéntrico o fuera de lugar. Se refugiaron en la organización de la elección, en la que el retroceso resulta evidente y sorprende el silencio de los consejeros; resolvieron ser partícipes en una elección que se aparta con rotundidad de las premisas básicas de comicios razonablemente democráticos. El drama alcanza extremos tales, que la presidenta consejera, Guadalupe Taddei celebraba con regocijo que la participación pudiera alcanzar uno de cinco ciudadanos en el padrón. La participación de 13% es evidencia de fracaso; aunque si hubiera sido mayor, el proceso estaba viciado de origen.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum hizo propia la propuesta de destruir al Poder Judicial Federal como un órgano para la salvaguarda de la Constitución y vulgarizó la calumnia de que el órgano jurisdiccional estaba plagado de corrupción. Al dar el primer paso ya no hubo retroceso, contribuyendo a legitimar una elección insostenible. La Corte le ofreció la posibilidad de reducir la elección a los ministros, pero no fue aceptada, como tampoco se tuvo la visión, ya entrados en la “democratización”, para incluir a los fiscales como cargos a elegir por voto popular, piezas clave para mejorar la justicia penal. El objetivo de la reforma nunca fue mejorar la justicia, sino anular al Poder Judicial y a la Corte como instituciones garantes de la legalidad y constitucionalidad de los actos de autoridad, de las resoluciones judiciales y de los actos legislativos.
Viene otra realidad, un paso decidido hacia la tiranía. Quedará en la discrecionalidad presidencial lo que la Corte resuelva, justicia a modo. Sin embargo, quienes diseñaron la reforma no advirtieron que dañaron de manera irreversible a la independencia y la libertad del juzgador para resolver, especialmente los jueces en territorio. La movilidad de éstos era fundamental para protegerlos de los intereses fácticos o criminales; porque no habrá movilidad quedarán fatalmente expuestos. La justicia quedará en manos de quien pueda intimidarlos o corromperlos. El objetivo fue siempre destruir, anular al Poder Judicial Federal en su insustituible función de hacer valer la Constitución ante las autoridades y los órganos legislativos, no mejorar la justicia.
El fraude no tuvo que ver con el desarrollo de una jornada electoral desairada por la abrumadora mayoría de los votantes. Las candidaturas se construyeron con parcialidad y sin atender el perfil profesional idóneo y las campañas para concitar la participación ciudadana fueron subvertidas por el corporativismo y clientelismo electoral, tornando el sufragio efectivo en acordeón. No existen garantías para el debido escrutinio y cómputo de los votos, salvo la fe en los funcionarios y empleados que realizan esas tareas, anteriormente en manos de ciudadanos; tampoco hubo oportunidad en los resultados ni dispositivos de información profesional preliminar que eran una de las aportaciones más valiosas de la autoridad electoral. En fin, una degradación mayor de esa parte fundamental de la democracia electoral. Quienes votamos, constatamos que el INE hizo su trabajo frente a una elección que fue una farsa, un fraude que todos vimos.
Que el régimen asuma su responsabilidad, que no pretenda vender como éxito lo que ha sido un rotundo fracaso y un precedente ominoso, mucho menos, que culpe al órgano electoral de sus fatídicas decisiones.
