La entrega de capos a Estados Unidos; cuando se coge el toro por las astas

El traslado masivo alivia de momento las tensiones comerciales y diplomáticas con la Casa Blanca, y refuerza la imagen de Claudia Sheinbaum. Mientras las oposiciones cuestionan la legalidad, empresarios y sectores cierran fila con la presidenta

Frente único para afrontar al villano de la Casa Blanca

La reciente entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos marca un hito en la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Esta acción, descrita como «sin precedentes», involucró a figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes («El Viceroy») y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales («Z-40» y «Z-42»).

La Administración de Control de Drogas (DEA) celebró la entrega de Caro Quintero, considerado responsable del asesinato del agente Enrique «Kiki» Camarena en 1985. «Caro Quintero (…) ha pasado cuatro décadas encabezando la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, donde se hará justicia», dijo Derek S. Maltz, administrador de la agencia antinarcóticos.

«(La entrega) Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en la que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República»

Omar García Harfuch, titular de la SSPC

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un respaldo generalizado por su firmeza ante las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump. Su manejo de la situación fortaleció su imagen como líder capaz de defender los intereses nacionales. Sin embargo, la operación ha generado debate sobre el marco legal utilizado.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, aclaró que no se trató de una extradición formal, sino de un «envío» basado en la Ley de Seguridad Nacional y facultado por la presidenta Sheinbaum. Esta medida permitió sortear largos procesos judiciales y responder a una «solicitud bien fundada» de Estados Unidos

«Debido a la imposición de las políticas arancelarias contra México (…) nos han dado otros 29 de los capos más importantes (…) quieren agradarnos, es la primera vez que pasa algo así»

Donald Trump, presidente de EE. UU.

La infiltración del narcotráfico en las instituciones mexicanas es un tema recurrente en las críticas de EE. UU. hacia México y quedó más que evidenciada con la sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), condenado en una corte estadounidense por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Este caso resaltó la profundidad de la corrupción y la complicidad gubernamental en el auge de los cárteles durante administraciones anteriores.

«Hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni permitir que nuestro pueblo se vea afectado por decisiones de Gobiernos extranjeros».

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En este sentido, el presidente Trump ha presionado para investigar a políticos mexicanos vinculados al narcotráfico, calificando al país como un «narcogobierno». Estas declaraciones han generado tensiones diplomáticas, pero también han impulsado acciones más contundentes por parte de México para demostrar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

La entrega de los 29 narcotraficantes representa un paso significativo en la cooperación bilateral. Sin embargo, la historia del narcotráfico en el país muestra que, más allá de las detenciones, es esencial abordar la corrupción y fortalecer las instituciones para desmantelar verdaderamente las estructuras del crimen organizado.

Los más buscados

El pasado 27 de febrero, el Gobierno de México anunció que «entregó» 29 narcotraficantes solicitados por EE. UU. en lo que representa la mayor «extradición» masiva registrada en la historia reciente del país.

Los «extraditados» enfrentan cargos por delitos que van desde tráfico de drogas y lavado de dinero hasta homicidio y conspiración para introducir toneladas de fentanilo a territorio norteamericano. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la acción como una medida para fortalecer la cooperación con EE.UU. en el combate al crimen organizado y como una respuesta a la crisis del fentanilo, que ha generado una presión creciente por parte de Washington.

Uno de los nombres más notables en esta lista es Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y considerado uno de los pioneros del narcotráfico en México. Su implicación en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985 provocó un endurecimiento de la política antidrogas de EE.UU. hacia México. Capturado en 1985 y condenado a 40 años de prisión, Caro Quintero fue liberado en 2013 por un fallo judicial controvertido y posteriormente se reincorporó al mundo criminal. Su recaptura en 2022 en Sinaloa, después de una intensa presión de EE.UU., marcó el inicio de su proceso de extradición, que finalmente se concretó en esta operación.

La entrega de estos 29 capos es sólo un episodio más en la larga historia del narcotráfico en México. La proliferación de nuevos cárteles, en particular los Zetas, marcó una nueva etapa de violencia extrema y fragmentación del crimen organizado. Surgidos a finales de los años 90 como brazo armado del Cártel del Golfo, los Zetas, conformados por exmilitares de élite, revolucionaron el narcotráfico con su brutalidad y su diversificación criminal.

Esto afectó particularmente a Coahuila, como quedó documentado en el libro El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011 (2018). La investigación liderada por los periodistas e investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, con apoyo del Colegio de México, reveló que desde 2003, la DEA ya consideraba que este cártel controlaba Ciudad Acuña y Piedras Negras, llegando a obtener un «control total» entre 2010 y 2011.

El libro revela que el Cereso de Piedras Negras fue un enclave criminal clave, donde se llevaron a cabo ejecuciones masivas, se fabricaron uniformes, se modificaron vehículos para traslado de drogas y desaparecieron cuerpos, entre otras actividades criminales. A pesar de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno y de Estados Unidos tenían conocimiento del dominio del cártel en la cárcel, optaron por ignorarlo. Incluso los alcaldes de Allende y Piedras Negras negaron saber lo que ocurría en sus municipios.

El control de Los Zetas sobre la prisión era absoluto, al grado de que el «jefe de cárcel» imponía su autoridad sobre el propio director del penal. Los internos con mayor rango utilizaban a los custodios para moverse libremente por la ciudad sin levantar sospechas.

La magnitud de la tragedia solo se hizo visible cuando Rubén Moreira, al asumir la gubernatura en 2012, reconoció la desaparición de más de 100 personas (300, según datos extraoficiales) en Allende y Piedras Negras, un año antes, durante la gestión de su hermano Humberto Moreira. Este último intentó deslindarse de responsabilidades alegando que, entre 2009 y 2012, el Penal de Piedras Negras estuvo bajo control del Ejército, aunque administrativamente dependía del Gobierno estatal.

Entre los extraditados destacan Miguel Treviño Morales, alias «Z-40», y su hermano Omar Treviño Morales, alias «Z-42», quienes fueron líderes del cártel de Los Zetas y figuran entre los criminales más violentos en la historia del narcotráfico en México. Miguel Treviño, capturado en 2013, tomó el control del cártel tras la muerte de Heriberto Lazcano y fue acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y múltiples asesinatos. Su hermano Omar, detenido en 2015, continuó con las operaciones del grupo hasta su captura. Ambos eran requeridos por Estados Unidos por narcotráfico y crimen organizado, y enfrentaban órdenes de extradición desde hace años.

Narcopolítica y seguridad

La relación entre el narcotráfico y el poder político en México no es nueva. Desde la década de los 80, funcionarios de alto nivel han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado. Durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), su hermano Raúl Salinas fue acusado de recibir millones de dólares de los cárteles. En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), altos mandos de la PGR fueron implicados en protección al narcotráfico. Con Vicente Fox (2000-2006), el empoderamiento del Cártel de Sinaloa levantó sospechas sobre posibles acuerdos con el Gobierno panista.

El caso más emblemático de esta relación fue el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón. En 2023, García Luna fue declarado culpable en EE.UU. por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección gubernamental. Su condena puso en evidencia la penetración del narco en los más altos niveles de seguridad del país.

La política de «guerra contra el narco» de Calderón propició la desintegración de grandes organizaciones, pero también generó la aparición de grupos más violentos y descentralizados, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Algunos de los 29 criminales entregados a Estados Unidos, pertenecían a esta organización. Antonio Oseguera Cervantes, alias «Tony Montana», es reconocido como el principal operador financiero y logístico del CJNG. Su rol era esencial en la gestión de recursos y en la coordinación de actividades ilícitas del cártel, lo que llevó a su acusación por tráfico de drogas en Estados Unidos.

Otro miembro extraditado es Carlos Algredo Vázquez, identificado como mando operativo del CJNG. Su responsabilidad en la organización incluía la supervisión de operaciones tácticas y estratégicas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, motivo por el cual fue requerido por las autoridades estadounidenses.

Además, Itiel Palacios García, alias «Compa Playa», fungía como líder regional y operador financiero del CJNG en los estados de Oaxaca y Veracruz. Su implicación en el tráfico de drogas y en la portación ilegal de armas de fuego lo convirtió en objetivo de las agencias de seguridad de Estados Unidos, lo que culminó en su extradición.

Bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la estrategia de «abrazos, no balazos» fue criticada por su falta de resultados en el combate al crimen. La entrega de estos capos por parte de Sheinbaum podría interpretarse como un intento de marcar distancia con su antecesor y demostrar una postura más firme ante Washington. Sin embargo, también abre el debate sobre el costo de la cooperación con EE.UU.

«Debido a la imposición de las políticas arancelarias contra México (…) nos han dado otros 29 de los capos más importantes de su país. Nunca había sucedido eso antes», celebró Trump, el pasado 5 de marzo. Según Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la decisión fue «colegiada», tomada exclusivamente por el gabinete de seguridad, sin la intervención de Sheinbaum. «Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en la que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República», subrayó. E4

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Frente único para afrontar al villano de la Casa Blanca

El pasado 9 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 300 mil personas, para abordar la situación de los aranceles que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, busca imponer a productos mexicanos. Acompañada de gobernadores, legisladores y líderes empresariales, Sheinbaum reiteró que su Gobierno sigue confiando en que la amenaza de estos impuestos será eliminada antes del 2 de abril.

Sheinbaum destacó que la postura de México ha sido firme y basada en el diálogo, subrayando que «no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni permitir que nuestro pueblo se vea afectado por decisiones de Gobiernos extranjeros». La presidenta celebró que, hasta ahora, las negociaciones han evitado la imposición inmediata de los aranceles, pero advirtió que su Gobierno está preparado para cualquier escenario.

El evento, descrito por la prensa como un «festival» más que un mitin de protesta, mostró la unidad del Gobierno y sus aliados frente a la amenaza arancelaria. Representantes empresariales, como Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, enfatizaron la importancia de la unidad nacional en este contexto. «Se distribuyeron 500 invitaciones a empresarios de todo el país para demostrar que el sector privado también respalda una solución basada en el diálogo», comentó Cervantes.

A pesar del optimismo expresado por Sheinbaum, la oposición y sectores críticos señalaron que la administración federal sigue sin presentar medidas concretas ante una posible imposición de los aranceles. En este sentido, algunos expertos han advertido que la incertidumbre podría afectar la inversión y el comercio en sectores clave.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha reiterado que la imposición de estos impuestos responde a preocupaciones sobre el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. «México ha tomado medidas, pero aún hay trabajo por hacer en la lucha contra el narcotráfico», declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Cart Weiland, representante estadounidense, cuestionó el evento señalando que «parece demasiado pronto para festejar cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados a tiros en lugares como Guanajuato», haciendo referencia a la crisis de violencia en el país.

El evento, originalmente planeado para anunciar la respuesta de México a los aranceles, se convirtió en un festival tras la decisión de Trump. Sheinbaum aprovechó la ocasión para explicar las acciones de su Gobierno contra el narcotráfico y expresó su esperanza de que no se impongan más sanciones comerciales. Sin embargo, la postura de Washington refleja escepticismo ante los esfuerzos mexicanos en seguridad y control de drogas.

Aunque reconoció la nueva estrategia del Gobierno de Sheinbaum, Weiland instó a tomar medidas concretas. «Esperamos que pronto actúe contra figuras clave como Ryan Wedding y que complete la instalación de equipos de inspección fronterizos en Matamoros», señaló.

En respuesta, Sheinbaum insistió en que el país ha cumplido con sus compromisos en materia de seguridad y cooperación internacional, y que los aranceles no deben utilizarse como herramienta de presión política. La expectativa ahora se centra en el 2 de abril, cuando se definirá si el Gobierno de Trump mantiene o retira los aranceles a las exportaciones mexicanas. E4