Opiniones afines al régimen se han pronunciado por la depuración de políticos que comprometen la pureza del proyecto moralista a partir de una doble falsedad: primera, la corrupción deriva de la cooptación de políticos de otros partidos que no se apegan a los postulados propiamente de Morena o, más bien, de López Obrador; segunda, la corrupción es marginal, se limita a esos intrusos.
El obradorismo es un proyecto nuevo y muy amplio cuyo principal afluente ha sido el PRI. Se recordará que el punto de inflexión de la izquierda democrática fue la convergencia en el Frente Democrático Nacional, que hizo declinar la candidatura de Heberto Castillo por la de Cuauhtémoc Cárdenas. Las figuras más relevantes de dicho frente fueron, todas, priístas. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez Navarrete y muchos otros. Nada que reprocharles por su pasado; su aportación a la transición democrática, irrefutable. En esos años López Obrador militaba y era dirigente del PRI, cuando vio frustrada su posibilidad de ser candidato a gobernador por el tricolor, Cuauhtémoc Cárdenas por recomendación de Graco Ramírez, decidió arroparlo y de allí hasta llegar a la presidencia de la República.
La génesis de Morena es más el PRI que otra corriente política. Nada que reclamar. Se es corrupto o probo no por pertenencia partidista ni antecedentes políticos, tiene que ver con la persona y con el régimen político que lo promueve y lo permite, especialmente si es uno de sus dirigentes. Para Morena no hay dilema, la ministra presidenta Norma Lucía Piña es anatema; la ministra Lenia Batres, el ideal. Igual sucede con Lorenzo Córdova, visto como la expresión de racismo y clasismo, mientras Guadalupe Taddei es aceptada, junto con su hijo, por cierto, secretario particular del presidente del Consejo de Morena. Miopía ética.
La depuración es imposible porque la corrupción está en las entrañas de Morena. Todo inició con el financiamiento del movimiento. Todo recurso era bienvenido, claro, en efectivo para evitar su seguimiento. Este pragmatismo fue veneno puro. No importaba que el dinero así obtenido no se desviara en un principio de su cometido, el problema es que el dinero es adicción y más en efectivo. El sistema de partidos en su conjunto padece de lo mismo y el financiamiento ilegal ha sido la semilla corruptora del sistema de representación. Sucede en México y en todo el mundo; es una de las graves enfermedades de la democracia electoral.
La corrupción ha sido como la víbora que se comió la cola. Ahora abiertamente se trata de simular probidad. Inició con López Obrador y dio resultado, pero hoy se sabe que fue impostura, que grandes cantidades de dinero en efectivo pasaron por los suyos, no por él, pero sí por las personas por él autorizadas. Él podría afirmar que, con 200 pesos en la bolsa, un vehículo compacto y un departamento en Copilco era todo su haber, al tiempo que el movimiento recibía cantidades importantes de empresarios, Gobiernos afines como el de Chiapas y muy seguramente de delincuentes, esto último un tema todavía por conocer a detalle según las versiones periodísticas de periodistas reconocidos de EE. UU.
Ya en el poder, el proyecto se degradó en condiciones mayores. La simulación continuó, pero la riqueza, bien o mal habida, no se puede ocultar. Al amparo del obradorismo existe una nueva clase política ligada a los contratos del Gobierno. Aquellos exhibidos en su exceso y derroche afirman que los recursos son suyos, no del erario, y en algún sentido tienen razón, justo el problema, por su origen en la corrupción. Se hicieron de un generoso patrimonio con el tráfico de influencias, de asociaciones subrepticias con otros empresarios y como inversionistas, en otros casos.
El huachicol fiscal es la evidencia mayor de la descomposición del régimen y la prueba de ácido al Gobierno en la lucha contra el crimen organizado. La quinta parte del combustible que se consume (según algunos la cuarta), se origina su introducción irregular al país, por la protección al más alto nivel desde hace tiempo; investigaciones de EE. UU. muestran que hay vinculación entre encumbrados políticos y grupos narcotraficantes considerados terroristas y también militares.
Positivo que los propios reconozcan la corrupción en el proyecto; no, que se minimice o tergiverse. Si se trata de un recurso para mantener pureza en quien observa y avala, allá él o ella, pero en realidad el país está gravemente enfermo de corrupción por el cáncer de la impunidad.
La reforma política imposible
Con la designación de Pablo Gómez como comisario para la reforma político electoral el régimen enseñó su peor cara. El nombramiento es el mensaje y es el remedo del estalinismo con la tesis del partido histórico que llegó al poder; ahora se trata de definir las reglas para que lo vuelvan inmune al voto y al pluralismo que caracteriza a la política mexicana. Pablo Gómez no simula ni argumenta; confronta, insulta, descalifica y pontifica, como le sucedió a Hernán Gómez Bruera en la entrevista que le concedió. Pablo Gómez muestra la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo, para él un solo partido y una sola verdad, reminiscencia de un indeseable pasado.
Nada bueno se espera con el cambio de reglas e instituciones. En apego al credo obradorista se parte de la tesis de que la democracia que ha existido y sus instituciones han sido farsa, aunque les haya permitido llegar al poder. Su convicción es que llegaron para quedarse, no para mejorar al sistema de representación política, tampoco para perfeccionar el ejercicio del voto. Para empezar, el sujeto ciudadano para ellos no existe, sí esa abstracción que llaman pueblo que antes, en el código del totalitarismo marxista, llamaban proletariado. Finalmente, el pueblo llegó al poder, del cual no es aceptable sea echado. La democracia burguesa o neoliberal debe ser desplazada por la auténtica democracia, la popular, que no entiende de límites, legalidad, poder dividido, rendición de cuentas o escrutinio social, porque nada ni nadie contra el pueblo y su justo representante que es el partido hegemónico.
Para que prosperen las intenciones totalitarias del Gobierno se requiere del voto de sus aliados en las cámaras, PVEM y PT. Llama la atención que Pablo Gómez hable de la mayoría de Morena, ya que no existe, obtuvo 40.84% de los votos, la minoría mayor que si se hubiere considerado como tal no habría alcanzado 251 diputados. Con una cuestionable interpretación de las normas de integración de la Cámara y con la coalición con el PVEM y PT, logró 73% del total de asientos.
El sistema de integración de las Cámaras debe reformarse en el sentido originario de la transición democrática que inició desde 1963 con los diputados de partido y su mayor impulso con la reforma promovida por Jesús Reyes Heroles al introducir el sistema mixto en la Cámara de Diputados. El sentido del cambio ha sido doble: primero, como en toda democracia representativa, los partidos políticos son los sujetos centrales del proceso a la par de los ciudadanos empoderados por sus derechos políticos (al voto, de asociación, libertad de expresión, a la información, a la privacidad, a una justicia igualitaria y expedita, etc.); segundo, la representatividad se fortalece con la igualación del porcentaje de votos y el de asientos en las Cámaras. Es evidente, por la sobrerrepresentación, que las reglas existentes no cumplen con la representación de las fuerzas políticas y por lo mismo deben ajustarse, una vez más, para que los votos sean los que determinen de manera simple e inequívoca el sitio y fuerza que corresponde a cada partido.
La reforma política del obradorismo, también incorpora, como sucedió con la Corte, el sometimiento al régimen del órgano electoral; un objetivo a contrapelo de la lucha por la democracia que fue contar con autoridades electorales profesionales, autónomas del Gobierno y los partidos e independientes de todo factor de poder informal. Los que proponen la reforma mienten en que el Consejo es simulación de los partidos. Sí ocurre con los consejeros designados recientemente por López Obrador, como con los ministros de la Corte nombrados en la segunda mitad; una total y ofensiva parcialidad y un indigno sometimiento al régimen.
Es imposible que el PT y PVEM aprueben una reforma en la que va de por medio su existencia. Han mostrado ser aliados dóciles y funcionales al régimen, pero no pueden llegar al extremo de aprobar un cambio legal que los echa del espectro político. La reforma, para ser aprobada requiere de los senadores y diputados electos por los verdes y los del PT. Al respecto es oportuno remitirse a las declaraciones recientes de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara en el sentido de la falta de consenso para el cambio propuesto. No faltó quien lo interpretó como regateo o rebelión; en realidad era una descripción de la situación en la Cámara. Los números no dan para que un partido que obtuvo menos de 41% de los votos sea partido hegemónico por determinación constitucional.
