Reveladora la respuesta frente a los asesinatos de Melissa Hortman y su marido Mark, una congresista local demócrata, quien había sido presidenta del Congreso de 2019 a principios de 2025, así como el atentado por el mismo sujeto contra el legislador demócrata John Hoffman y cónyuge del que resultaron gravemente heridos. En menos de 48 horas el sospechoso fue detenido. A lo largo del proceso las autoridades informaron sobre los hechos. La tecnología aportó lo suyo y fue crucial para identificar al sospechoso, ubicarlo y aprehenderlo, a pesar de que estaba armado en el momento de la detención y que había disparado a la policía en la segunda acción criminal.
El hecho ha sacudido a la opinión pública norteamericana. Minnesota no es un estado con violencia política. Pero la ola de polarización ha cambiado el entorno, como también ha ocurrido en otras comunidades. El trumpismo ha encendido pasiones y odio. El criminal era ultraderechista exasperado por los acontecimientos, según una prédica religiosa pública del inculpado que reprodujo The New York Times. Una sociedad armada, como es la norteamericana, propicia que las diferencias o las patologías sociales pasen a la criminalidad. Le ha sucedido a Trump y a otros prominentes políticos, sin que hayan tenido éxito los delincuentes, con la excepción del esposo de la líder demócrata de California Nancy Pelosi, que casi fue herido gravemente en su propio domicilio por un criminal con motivación política.
A la distancia mucho se puede aprender; en nuestra circunstancia lo más relevante a destacar es la inexistente impunidad; las autoridades actúan, los medios participan y la sociedad se involucra y así los responsables son llevados a la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus acciones criminales. Una lección de civilidad; la actuación y coordinación de las policías municipales, estatales y federales, hasta la detención y la información subsecuente, incluso las imágenes actualizadas de ese último momento. También, hay que decirlo, la cobertura mediática precisa y oportuna y ajena al morbo, sentimiento propio de tales asuntos.
México es el país de la impunidad. Solo Coahuila y Yucatán registran cifras de éxito para esclarecer delitos graves; en las demás entidades la situación es de oprobio. En más del 87% de homicidios dolosos sables no hay sentencia que condene al responsable; en Jalisco, Oaxaca y Colima la tasa de impunidad es superior a 97. Los casos que se resuelven como el atentado contra Ciro Gómez Leyva son excepciones, que revelan que cuando hay considerable presión social las autoridades actúan, aunque en ese caso no se ha llegado de manera fehaciente con el autor intelectual. Otro crimen resuelto es el del homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, degollado y su cabeza exhibida. El autor intelectual y los ejecutores del crimen fueron detenidos y están bajo proceso. Sin embargo, estos casos son excepción, a pesar de que los homicidios de funcionarios municipales aumentan de manera alarmante.
Rceientemente se conoció el asesinato de Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, ejecutada a balazos por un comando en la región Costa de Oaxaca en su oficina municipal. Es indispensable que las autoridades actúen con acierto y den con los responsables materiales e intelectuales para someterles a proceso y sancionar con severidad. La única manera de reducir la violencia es abatiendo la impunidad.
Un caso emblemático que demanda esclarecimiento es en el que fueron ejecutados Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, dos muy cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. A diferencia de lo que aconteció con el atentado de Ciro Gómez Leyva, las autoridades se han reservado información o posiblemente es porque no tienen mucho que decir. Lo relevante, finalmente, es que se esclarezcan los hechos y que los responsables enfrenten a la justicia. Difícil que en este tipo de situaciones las policías o fiscalías sean indolentes; no resolver el caso es tanto como constatar la incapacidad de las autoridades para llevar a los criminales a la justicia, aun en los homicidios de alta prioridad y de destacado interés público por el perfil de las víctimas. Como dijera el Senador demócrata Alex Padilla cuando fue esposado ilegalmente en Los Angeles California por policías, si eso le sucede a un habitante del Olimpo, que no habrá de acontecer con los seres terrenales.
Agresión propiciada
La relación bilateral del gobierno de México con el de EE. UU. está en su momento más crítico. No sólo es cuestión de caracteres de quienes gobiernan, tiene que ver con el entorno y sus encontradas prioridades políticas que dificultan una relación razonable. El presidente Trump es un personaje de época, impredecible, irresponsable en extremo, con propensión a la agresión y al exceso si lo considera funcional a sus pretensiones. Rompe todo sentido de proporción y padece un irrefrenable impulso hacia el autoritarismo.
El problema de la presidenta Sheinbaum es diferente. Sus dificultades no se asocian a su personalidad sino a su visión del poder y del hecho de que decidió ser pieza de un juego donde el referente de autoridad ya no está en el poder formal, pero persiste como el factor de cohesión de la alianza gobernante y el arquitecto del nuevo régimen político que ha desplazado el arreglo institucional previo. Más allá de lo que haga o quiera, López Obrador es el factor de poder sustantivo que condiciona el ejercicio de la autoridad presidencial.
La presidenta Sheinbaum da prioridad a la política interna y a mantener el precario equilibrio de la coalición gobernante a partir del consenso sin advertir el peso de sus palabras en el entorno político norteamericano, igualmente polarizado que el mexicano. Absurdo que una persona de su calidad intelectual recurra a las encuestas como argumento, incluso para justificar la farsa de elección judicial que degradó al país, a la República y a su vida democrática. El objetivo de popularidad distrae la atención de los temas fundamentales y confunde al gobernante.
La presidenta Sheinbaum no tiene quien hable ni haga por ella; se le advierte aislada por decisión propia, hasta sus colaboradores cercanos no son afines, especialmente su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el estratega de frágil responsabilidad y cuestionable capacidad, pero con persistente influencia. La llamada mañanera es un ejercicio de propaganda que genera elevados costos y si bien es útil para el acuerdo y proveer imagen de liderazgo, en los momentos críticos no ayuda y se vuelve contraproducente. La propaganda de la mañanera eleva el volumen, pero cuestionamientos como los de Reyna Haydee la ponen en entredicho y exhibe la dificultad para defender lo indefendible.
Lo acontecido en Los Ángeles plantea aristas muy preocupantes porque un mal manejo de las palabras propicia que el Gobierno de Trump interfiera abiertamente en el país. Es un error continuar con el injerencismo de López Obrador, quien amenazaba con movilizar a votantes en EE. UU. contra los candidatos que afectaran los intereses de México. En esa misma línea, la presidenta Sheinbaum en repetidas ocasiones alentó la movilización contra el impuesto de las remesas, que constituye intervencionismo, por cierto, inofensivo en sus efectos, pero bueno para consumo local y particularmente para los afines. Igual el presidente del Senado, Gerardo Fernández con la majadera altanería de siempre, con la diferencia de que el agravio real o imaginario va dirigido a aquellos con el poder de dañar severamente a los mexicanos aquí y en EE. UU. La presidenta señala a opositores y periodistas como promotores de la versión que ella promueve la violencia, pero elude mostrar los efectos que tiene la conducta del presidente del Senado.
Es un error mayor alentar la movilización en EE. UU. como recurso para influir en las decisiones políticas del Congreso norteamericano, especialmente por el sentimiento popular antinmigrante, y porque provocan la reacción de los halcones que están gobernando. Las declaraciones frívolas del presidente del Senado abren la puerta y facilitan no sólo la respuesta dura y ruda por parte de los norteamericanos, también dan pie al intervencionismo.
La ausencia de una visión de seguridad nacional y perspectiva estratégica de la relación bilateral impide al Gobierno mexicano hilar fino, manejarse con prudencia y actuar con eficacia para defender el interés nacional. El asunto es delicado en extremo, el país está expuesto y la amenaza es real; no puede desahogarse con la perspectiva de lo que importa es lo interno y las encuestas.
El país es vulnerable por razones económicas, por la violencia que impera en amplios territorios y por el tráfico de drogas a Estados Unidos; sin embargo, en perspectiva, el problema mayor es la complicidad de políticos de todos los órdenes de autoridad con cárteles de la droga, calificados como organizaciones terroristas por EE. UU. Por tales consideraciones el país deberá estar preparado para una embestida de proporciones mayores y consecuencias impredecibles.
