La justicia en México, en el túnel de la incertidumbre; boicot fallido

Más de 13 millones de mexicanos —cifra equivalente al mismo porcentaje de la lista nominal— participaron en la elección para renovar el Poder Judicial de la Federación. El proceso, aunque imperfecto, es necesario en un país con uno de los niveles de impunidad más altos del mundo, y donde muchos de los jueces están al servicio de los grupos de presión

Los nuevos rostros de la Suprema Corte

El pasado domingo 1 de junio de 2025, México vivió un acontecimiento sin precedentes: la primera elección judicial en su historia, donde la ciudadanía eligió a más de 2,600 cargos del Poder Judicial (PJ), incluyendo jueces, magistrados y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción. Sin embargo, el proceso ha generado debates sobre su legitimidad, la baja participación ciudadana y la posible politización del Poder Judicial.

Al cierre de esta edición y con el 95% de las actas computadas, los resultados preliminares indicaban que los nueve candidatos propuestos por Morena obtuvieron la mayoría de los votos para integrar la SCJN. Destaca el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien lidera con más de seis millones de votos, perfilándose como el próximo presidente del alto tribunal. Le siguen Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, todas con vínculos cercanos al oficialismo.

Esta conformación ha generado preocupación entre opositores, quienes advierten sobre la concentración de poder y la posible erosión de la independencia judicial. El argumento es que la presencia de figuras afines al Gobierno en la SCJN podría facilitar la implementación de reformas sin contrapesos institucionales.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la asistencia se ubicó entre el 12.57% y el 13.32% del padrón, una cifra modesta, pero significativa en un contexto de fuerte polarización y descrédito del sistema judicial vigente. Aunque la participación ciudadana puede considerarse baja en relación con la magnitud del proceso, los más de 13 millones de mexicanos que acudieron a las urnas enviaron un mensaje contundente a los sectores que promovieron el boicot electoral —tanto partidos de oposición como grupos empresariales—: la justicia no puede seguir siendo un privilegio reservado a las élites.

La jornada electoral no estuvo exenta de incidentes. Se reportaron denuncias por posibles delitos electorales, incluyendo robo de boletas, alteración de paquetes electorales y enfrentamientos entre grupos armados.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su presidente nacional Alejandro Moreno, anunció la presentación de denuncias ciudadanas formales ante organismos nacionales e internacionales con el propósito de declarar la nulidad de los resultados de la elección judicial. Moreno argumentó que el proceso estuvo marcado por la inducción del voto, escasa participación ciudadana, promoción indebida por parte de Morena y movilizaciones durante la jornada electoral.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la elección como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, destacando el carácter histórico del proceso y la participación ciudadana.

Pese a los malos augurios de la oposición, el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar tras la jornada electoral, cotizándose por debajo de las 20 unidades por dólar. Analistas consideran que la incertidumbre ya fue incorporada por el mercado, y la moneda mexicana se mantiene respaldada por tasas reales elevadas, flujos de inversión y un entorno externo favorable.

Legitimidad y confianza

Uno de los principales argumentos a favor de la reforma judicial es la democratización del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. No obstante, la elección de jueces y magistrados mediante voto popular ha suscitado inquietudes sobre la posible politización de la justicia.

La concentración de poder en un solo partido político plantea riesgos para la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos esencial en una democracia. Expertos advierten que esta situación podría facilitar la implementación de reformas sin la debida supervisión judicial, debilitando así la autonomía del Poder Judicial .

La legitimidad de la elección judicial también ha sido cuestionada debido a la baja participación ciudadana, la cual puede atribuirse a varios factores, como la complejidad del proceso electoral, la falta de información sobre los candidatos y el escepticismo hacia la reforma.

Aunque el INE no registró incidentes graves tras el cierre de casillas, en estados como Chiapas y Michoacán, la violencia impidió la instalación de varias casillas. En Chiapas, al menos 28 casillas no fueron instaladas debido a incidentes violentos, mientras que en Michoacán se reportaron robos de boletas y amenazas a funcionarios electorales. Además, se registraron dos muertes de adultos mayores en Coahuila y Veracruz, lo que llevó a la suspensión temporal de actividades en algunas casillas.

La baja participación y los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso han llevado a partidos de oposición, como el PRI, a solicitar la anulación de la elección judicial, argumentando que la escasa concurrencia y las irregularidades comprometen la validez de los resultados.

La capacitación y profesionalización de los nuevos jueces y magistrados es otro desafío significativo. Muchos de los funcionarios electos carecen de experiencia previa en el sistema judicial, lo que podría afectar la calidad y eficiencia del sistema de justicia.

Aunque se implementaron plataformas de capacitación, como «QuisieraSerTuJuez.com», para preparar a los aspirantes, la efectividad de estas iniciativas ha sido limitada. La falta de experiencia y formación adecuada de los nuevos funcionarios podría traducirse en decisiones judiciales deficientes y en una administración de justicia menos efectiva.

La percepción de una posible politización del Poder Judicial y la falta de preparación de los nuevos funcionarios podrían erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.

Además, la inclusión de candidatos con antecedentes controvertidos ha generado preocupación. Por ejemplo, algunos de los nuevos ministros han sido señalados por presuntas irregularidades en su historial profesional, lo que podría afectar la credibilidad del Poder Judicial .

La confianza ciudadana en el sistema judicial es fundamental para el funcionamiento de un Estado de derecho. Si la población percibe que las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos o que los jueces no están adecuadamente preparados, la legitimidad del Poder Judicial se verá comprometida.

Cambio audaz

México se convirtió en el primer país en someter a elección popular a la totalidad de su Poder Judicial. Este proceso ha sido comparado con sistemas similares en países como Estados Unidos, Bolivia, Suiza y Japón, cada uno con sus propias características y desafíos. La reforma judicial mexicana permitió la elección de más de 2 mil 600 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la SCJN.

En Estados Unidos, la elección de jueces varía según el estado. Mientras que los jueces federales son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, muchos estados eligen a sus jueces a través de elecciones populares, ya sea partidistas o no partidistas. Este sistema ha sido criticado por la influencia del dinero en las campañas judiciales y la posibilidad de que los jueces tomen decisiones influenciadas por consideraciones políticas o electorales.

Bolivia implementó por primera vez la elección popular de jueces en 2011, siendo el primer país en América Latina en adoptar este sistema. Sin embargo, el proceso ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo una alta proporción de votos nulos y blancos, y críticas sobre la falta de información adecuada sobre los candidatos. La experiencia boliviana destaca la importancia de garantizar la transparencia y la educación cívica en procesos de elección judicial .

En Suiza, los jueces federales son elegidos por el parlamento, mientras que en algunos cantones se eligen por voto popular. Este sistema ha sido criticado por la influencia de los partidos políticos en la selección de jueces. En Japón, los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el gabinete, pero están sujetos a elecciones de retención cada diez años, en las que los ciudadanos pueden votar para destituirlos o mantenerlos en el cargo. Sin embargo, ningún juez ha sido destituido mediante este proceso, lo que plantea preguntas sobre su efectividad.

En América Latina, varios países han implementado reformas judiciales con el objetivo de mejorar la rendición de cuentas y la independencia judicial. Sin embargo, estas reformas han enfrentado desafíos relacionados con la politización del proceso de selección de jueces y la falta de transparencia. La experiencia regional subraya la necesidad de equilibrar la participación ciudadana con mecanismos que garanticen la independencia y la profesionalización del Poder Judicial.

La reforma judicial mexicana representa un experimento audaz en la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, la experiencia de otros países sugiere que la elección popular de jueces debe ir acompañada de medidas que garanticen la transparencia, la educación cívica y la protección de la independencia judicial. Es fundamental que México y otros países que consideren reformas similares aprendan de estas experiencias para diseñar sistemas que fortalezcan la justicia y la democracia. E4

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Los nuevos rostros de la Suprema Corte

Aunque la marcada cercanía de los posibles nuevos ministros con el oficialismo plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la separación de poderes, la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —reducida de 11 a 9 integrantes—, con cinco mujeres y cuatro hombres, refleja un cambio trascendente en la estructura del Poder Judicial.

A continuación, los perfiles de quienes serán los nuevos integrantes del máximo tribunal a partir del 1 de septiembre.

Hugo Aguilar Ortiz

Abogado mixteco de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, lideró la votación con más de 6 millones de sufragios. Ha sido coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y participó en los diálogos de San Andrés. Su elección representa un avance simbólico para los pueblos originarios, aunque su cercanía con Morena genera expectativas y desafíos.

 Lenia Batres Guadarrama

Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal, fue designada ministra de la SCJN en diciembre de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una carrera vinculada a Morena, ha ocupado cargos como diputada federal y asesora jurídica en diversas dependencias. Se autodenomina «ministra del pueblo» y es una defensora de la justicia social y la austeridad.

Yasmín Esquivel Mossa

Con más de 38 años en el servicio público, fue propuesta como ministra en 2019 por López Obrador. Licenciada en Derecho por la UNAM, ha sido objeto de controversias por presunto plagio en su tesis. Durante la contienda, propuso fortalecer la formación continua de operadores de justicia y modernizar infraestructuras.

Loretta Ortiz Ahlf

Egresada de la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Desde diciembre de 2021 es ministra de la SCJN, adscrita a la Segunda Sala.

María Estela Ríos González

Exconsejera jurídica de la Presidencia, ha sido una figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su trayectoria incluye la defensa de causas laborales y sociales. Su incorporación a la SCJN refuerza la presencia de perfiles afines al oficialismo.

Sara Irene Herrerías Guerra

Fiscal de derechos humanos, ha sido criticada por su gestión en casos emblemáticos y por la supuesta instrumentalización del caso Ayotzinapa. Su experiencia en derechos humanos es amplia, aunque su cercanía con el Gobierno ha generado cuestionamientos.

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Académico apoyado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es reconocido por su enfoque en justicia sin privilegios. Su perfil académico aporta una visión renovadora al máximo tribunal.

Irving Espinosa Betanzo

Promotor de una justicia sin privilegios, ha sido respaldado por sectores progresistas. Su visión busca acercar la justicia a la ciudadanía y eliminar barreras estructurales.

Arístides Rodrigo Guerrero

Con un enfoque en tecnología judicial, busca atraer al electorado joven y modernizar el sistema judicial. Su propuesta incluye la implementación de herramientas digitales para agilizar procesos y mejorar la transparencia