El más popular o el más simpático, o el que logra generar más empatía con la ciudadanía, no es necesariamente el mejor ministro o juez.
Arturo Záldivar, 2018
Dejémonos ya de lamentos y entendamos que, para desgracia de la división de poderes, como también al respeto al Estado de derecho y el orden jurídico establecido por nuestra Constitución de 1917, la reforma judicial concebida por el odio de un solo hombre contra el Poder Judicial de la federación, por desgracia no tiene reversa.
Es hora de entender que ya de nada sirve tratar de explicarnos el porqué y cómo se fueron generando poco a poco las circunstancias, para permitir que esta nación, orgullosa de sus raíces republicanas, esté sujeta hoy a los designios y caprichos de un régimen autoritario que ni siquiera a barniz democrático llega, porque el derrumbe de nuestras principales instituciones jurídicas y organismos autónomos, gracias a la embestida del Poder Ejecutivo de la federación y Legislativo de la Unión contra el Judicial, representado por la suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dijera Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, con o sin la prórroga de 90 días solicitada al Congreso para instrumentarla, va porque va.
Por salud mental es hora de superar el ya trauma generacional de jamás imaginar que la sede de nuestro otrora, respetable, digno y bicentenario Senado de la república llegara a tener como líder a un provocador y payaso de la talla de Gerardo Hernández Noroña, y mucho menos que bajo su batuta su recinto antes respetable, en aquel sábado 12 de octubre se convirtiera en un grotesco remedo de circo del peor casino de las Vegas, donde en un simil de una feria pueblerina, se decidió en una tómbola, la trayectoria y carrera judicial de cientos de magistrados y magistradas de los Tribunales Colegiados de circuito como también de respetables y connotados jueces y juezas de distrito que tendrán que dejar el cargo, unos en el próximo 2025, y otros en 2027.
Para la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ya memorable aquella sesión de pleno del 5 noviembre, cuando el ministro Alberto Pérez Dayán, con su voto controvertido de última hora —con tufo de traición— rompió el bloque de los ocho que se necesitaban para que nuestro máximo Tribunal Constitucional entrara a analizar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que contemplaba al resolver la acción de inconstitucionalidad 164/2024, y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024 promovidas por el PAN, el PRI, diversas diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila, que contemplaba al menos declarar inconstitucional que los magistrados y magistradas de los Tribunales Colegiados de circuito y jueces y juezas de distrito fueran electos en votación popular; voto particular que por su trascendencia para impedir el avance de la reforma judicial, mereció el festejo del presidente del Senado que por sí mismo pintó la magnitud de la traición, al exclamar en son de triunfo para la causa del obradorato «¡Larga vida al ministro Pérez Dayán!».
Encomendada su operatividad e instrumentación al Instituto Nacional Electoral, cuyas elecciones por mandato constitucional deberán llevarse a cabo en su primera etapa el 1 de junio de 2025, para elegir en dicho proceso electoral extraordinario los 464 cargos de magistrados y magistradas de circuito como también los 386 correspondientes a los jueces y juezas de distrito que resultaron insaculados en la vergonzosa y humillante tómbola de Noroña, la reforma que termina con la independencia judicial y garantizaba un sistema de impartición de justicia. Sí imperfecto, pero susceptible de corrección con la participación de estudiosos del derecho, centros de investigación jurídica, constitucionalistas, maestros eméritos, especialistas en el tema, universidades del país, colegios, foros y barras de abogados, y sobre todo con la intervención de los propios integrantes de los diferentes órganos del Poder Judicial de la federación, ese proyecto al quedar convalidado al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya quedó cancelado.
Lo que nos espera ahora, tras haber visto el triste espectáculo de las últimas horas del domingo 25 de noviembre, fecha límite que tenían los comités de evaluación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como responsables de recibir las solicitudes de aspirantes para ocupar los 850 cargos a elegirse el 1 de junio de 2025, y presenciar su colapso en los últimos minutos ante la avalancha de miles de aspirantes que se registraron a última hora, con prácticas y acarreos al mejor estilo del PRI de los años 70, como así lo consignó el periodista Ciro Gómez Leyva en su columna del 26 de noviembre de 2024, es que si bien es cierto que entre los 49 mil inscritos puedan haberlo hecho connotados aspirantes con reconocida trayectoria, incluso carrera judicial, también es cierto que miles de ellos por su falta de experiencia y currículum profesional, tratándose de administración de justicia, no sepan, como dice la conseja popular, ni la o por lo redondo.
Esta realidad es la que nos debe de aterrar, pues a final de cuentas al ya no existir la independencia de la carrera judicial, así como la experiencia y trayectoria jurídica de muchos de sus integrantes desplazados y humillados en su vida personal y profesional por la tómbola, la justicia que nos espera a partir del 1 de junio de 2025, por la improvisación y nula carrera judicial de muchos de los que resultaran electos, solo traerá como consecuencia que tengamos tanto a nivel federal, y no se diga a nivel local, a magistrados y jueces a modo, prestos a obedecer las órdenes y consignas de sus padrinos políticos a quienes les deberán el cargo, lejos de garantizar, no solo el desarrollo del México del futuro, sino también el sueño de su avance democrático, por el cual lucharon las generaciones que nos antecedieron.
