La migración irregular ha cobrado fuerza en las agendas políticas de los países desarrollados en las últimas décadas. La búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida induce a legiones a cambiar de aires sin arredrarse ante los riesgos y dificultades inherentes. Miles han muerto en el afán o sufrido mutilaciones. Estados Unidos deportó a más de 19 millones de mexicanos en los 36 últimos años. El lapso comprende tres presidentes republicanos (George Bush, padre e hijo, y Donald Trump) y tres demócratas (Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden). Los Gobiernos con más expulsiones son los de Clinton (7.4 millones), Bush hijo (4.6 millones) y Obama (2.8 millones) en dos periodos cada uno.
Contra la retórica incendiaria y antiinmigrante de Trump, en su primera administración sólo fueron repatriados 766 mil mexicanos; y en la de Biden, 891 mil. Las deportaciones son permanentes, pero la intensidad varía según las circunstancias y las presiones políticas. El plan migratorio perfilado por los Gobiernos de Vicente Fox y George W. Bush quedó sepultado bajo los escombros de las Torres Gemelas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La forma también cambia. No es lo mismo la política silenciosa de Obama que la estridente motosierra de Trump.
El paréntesis que Claudia Sheinbaum y el líder de Estados Unidos, Donald Trump, abrieron para posponer hasta principios de marzo el aumento de aranceles y las deportaciones masivas es un primer paso para la suspensión definitiva o, al menos, no inmediata de las nuevas tarifas. El acuerdo demuestra firmeza y capacidad negociadora de la presidenta mexicana. La legitimidad de su Gobierno y el reconocimiento a la gestión con Trump le permiten planear las siguientes jugadas en el tablero de la siempre compleja relación con su principal socio comercial. El apoyo y la cohesión del sector empresarial y de los gobernadores de todas las fuerzas políticas en torno a Sheinbaum, no lo tiene Trump, quien afronta oposición en el Congreso, los estados y las corporaciones.
Cumplir los compromisos de México con la Casa Blanca —la cual ha abierto frentes en Europa, Oriente Medio y América en tiempo récord— depende en primer lugar a la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, los gobernadores de los estados fronterizos (tres de Morena, uno del PAN, uno del PRI y otro de Movimiento Ciudadano) también tienen a cuestas una responsabilidad enorme. La principal consiste en cerrar la puerta a los traficantes de drogas y de personas, además de cuidar que las policías estatales y municipales no estén infiltradas por el crimen organizado. La presencia de estos grupos fue tolerada y protegida por altos cargos. Así consta en «Control… Sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas», elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el exobispo de Saltillo, Raúl Vera.
Un mes es poco tiempo para esperar resultados espectaculares, pero suficiente para saber si en la Casa Blanca existe la misma voluntad que en Palacio Nacional para cumplir los compromisos asumidos. Pues mientras las adicciones y el contrabando de armas no se combatan al norte del río Bravo con el mismo rigor que se exige a México, la violencia y los conflictos no cesarán. Los Gobiernos deben cumplir sus tareas de manera permanente, en un clima de colaboración y respeto, sin imponer condiciones bajo la ley del más fuerte. Es mejor así a esperar que la acción de uno de los enemigos de Estados Unidos vuelva a relegar la agenda migratoria y de seguridad.
Lastres heredados
Con el encargado de investigar los delitos y de brindar protección a los mexicanos durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, ¿cómo desmentir las acusaciones de la Casa Blanca sobre la influencia de los carteles en el Gobierno federal? Los señalamientos no hacen sino confirmar una vieja certeza. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas nacieron, crecieron y se multiplicaron a ciencia y paciencia del poder político y de las agencias creadas para combatirlos. Su estructura involucra a bancos, empresas y agentes económicos y sociales. La bibliografía al respecto es abundante.
Genaro García Luna parecía ser un policía ejemplar y la respuesta de los presidentes panistas al fenómeno de la violencia. La imagen la compartían Gobiernos e instituciones de otros países, de los cuales recibió premios y distinciones a lo largo de su carrera, iniciada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Karen P. Tandy, administradora de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), le entregó en junio de 2004 un reconocimiento por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. García se desempeñaba entonces como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por Fox.
Tres meses después, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reconoció su trabajo por las investigaciones y el arresto de fugitivos. Sin negarle méritos, que debe tener, ni capacidad para engañar por tanto tiempo a sus jefes y a la opinión pública, muchas de las acciones de García Luna se basaron en la teatralidad. Un ejemplo es el de Florence Cassez e Israel Vallarta, cuya detención estuvo plagada de irregularidades. El director de la AFI les atribuyó el liderazgo de la banda de secuestradores «Los Zodíacos». La captura de Vallarta y de Cassez no ocurrió el 9 de diciembre de 2005 en el rancho «Las Chinitas», como informaron las autoridades, sino el día previo en una carretera.
García Luna recurrió a un montaje burdo para acreditar el operativo en «Las Chinitas», celebrado por Carlos Loret de Mola en su programa Primero Noticias. Entonces nadie dijo nada de la mano (de Luis Cárdenas Palomino) que oprimía el cuello de Vallarta para obligarle a declarar. En «Una novela criminal», el escritor Jorge Volpi narra el caso paso por paso. La obra obtuvo el Premio Alfaguara 2018 y Netflix la llevó a las pantallas en 2022 con un documental homónimo de cinco capítulos dirigido por Gerardo Naranjo. Después del denominado «mayor montaje televisivo de la historia mexicana», Felipe Calderón le encomendó a García Luna la seguridad del país y la guerra contra el narcotráfico.
La acusación de la Casa Blanca tiene, pues, sustento y antecedentes históricos irrebatibles. El juez Brian Cogan, quien sentenció a García Luna, le arrebató la máscara al ex zar antidrogas de México: «Usted tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifiesta de forma diferente». El narcotráfico no desaparece con las alternancias ni los carteles se disuelven con discursos. La presidenta Claudia Sheinbaum carga, en este sentido, con lastres heredados. Sin embargo, deberá demostrar que su Gobierno está exento de vínculos con la delincuencia organizada, existentes en administraciones previas al ascenso de Morena al poder. No será fácil por los intereses en juego, pero el país ya no soporta más simulación.
