Un repaso por el control territorial del antiguo PRI, los métodos de control subnacional, el fracaso de las oposiciones y el contraste entre los golpes mediáticos del pasado y las acciones judiciales del actual Gobierno
Caso Ayotzinapa: justicia tardía y las caídas del viejo régimen
«Alito»: un prófugo de su propio pasado
El sistema político que imperó la mayor parte del siglo pasado no solo tuvo vicios, sino también virtudes. Mantener la estabilidad en un mundo convulso y crear instituciones como el IMSS y el Infonavit merecieron reconocimiento internacional y le dieron una gran base social. La piedra angular del régimen era el presidente, quien ejercía el poder sin frenos ni contrapesos. En Centro y Sudamérica, mientras tanto, Estados Unidos financiaba golpes de Estado e imponía tiranías sanguinarias cuya tarea consistía en erradicar el comunismo del continente. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) defenestró Gobiernos democráticos como los de Jacobo Árbenz en Guatemala y Salvador Allende en Chile. La oligarquía, la Iglesia y periódicos conservadores como El Mercurio —acusado de recibir dinero de Washington— fueron parte de la trama; consumado el golpe, se echaron en brazos de Augusto Pinochet.
Denominadas eufemísticamente «juntas cívico-militares», las dictaduras fueron combatidas por movimientos guerrilleros urbanos y rurales socialistas. Tras años de luchas infructuosas e innumerables bajas causadas por la represión del Estado, las transiciones democráticas y los acuerdos de paz permitieron a figuras ligadas a esa resistencia, como Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia), acceder al poder por medio de las urnas. En contraste, la hegemonía priista perduró por su habilidad para acomodarse a las circunstancias: por un lado defendía la soberanía nacional y por el otro se alineaba con el poderoso vecino del norte.
El régimen mexicano concitó la envidia de América Latina, pues no solo controlaba el aparato estatal, sino también a la mayoría de los medios de comunicación y a los intelectuales. «México es una dictadura perfecta», dijo el escritor Mario Vargas Llosa en pleno auge salinista. La frase quedó grabada en piedra. Fue justamente en el sexenio de Carlos Salinas cuando el sistema empezó a declinar. La violencia política, los fraudes electorales y la corrupción incitaron a la población. La alternancia del año 2000 hirió al dinosaurio, pero no acabó con él; 12 años después, ayudado por el PAN, el viejo régimen despertó en la presidencia.
Sin embargo, el regreso del dinosaurio sería efímero. La alianza PRI-PAN con los poderes fácticos fue sepultada en 2018 por la avalancha de Morena y el ascenso de Andrés Manuel López Obrador. El «fracaso de la 4T» y la «destrucción del país», anunciados por las oposiciones, siguen sin llegar. Pese a las promesas pendientes de pacificar por completo al país, en la balanza de las urnas todavía pesan más los logros de los Gobiernos de izquierda —como el aumento real de los salarios, la reducción de la pobreza y la baja del 51 % en el promedio diario de homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio— que la propaganda opositora.
El movimiento obradorista se afianzó con la elección de Claudia Sheinbaum, primera mujer en ocupar la presidencia. La estudiante que durante una conferencia del expresidente Salinas en la Universidad de Stanford, California, alzó una pancarta con la leyenda «¡Comercio justo y democracia, ya!» es hoy la continuadora y nueva cabeza de un proyecto respaldado por millones de mexicanos. AMLO anticipó en su toma de posesión: «Este no es un simple cambio de gobierno, sino de régimen». Por no actuar en consecuencia ni ofrecer alternativas diferentes —pues regresar al pasado nunca lo ha sido—, las oposiciones y los grupos de presión están hoy más lejos del poder que nunca.
La Caravana de la dignidad
En la época dorada del PRI, el presidente ejercía el control territorial del país a través de los gobernadores, quienes le debían obediencia por haberlos designado a dedo. ¡Ay de aquel que generara conflictos o los trasladara a la capital! A menos que el vínculo entre ellos fuera tan grande que en lugar de castigar sus negligencias, los sectores que demandaban solución a sus problemas eran reprimidos por «alterar el orden institucional». Así pasó con la «Caravana de la Dignidad», la cual partió el 20 de enero de 1951 de Nueva Rosita, Coahuila, hacia la Ciudad de México para denunciar las condiciones de trabajo impuestas por la American Smelting and Refining Company (ASARCO), que consideraban inhumanas, y exigir justicia al Gobierno federal.
La caravana, también llamada «del Hambre», llegó al Zócalo de Ciudad de México después de recorrer mil 400 kilómetros durante 49 días. Más de 4 mil mineros y sus familias fueron desalojados de inmediato y confinados en el Parque Deportivo 18 de Marzo, el cual fue cercado por el Ejército y la Policía. El 20 de abril fueron subidos por la fuerza a trenes de carga, cual ganado, y regresados a sus lugares de origen. El presidente Miguel Alemán Valdés y el gobernador Raúl López Sánchez, quienes habían sido compañeros en la Facultad de Derecho de la UNAM, les dieron con la puerta en las narices, pero no evitaron que el movimiento, apoyado por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, ganara un amplio respaldo social y reconocimiento internacional.
La imposición de autoridades desde el centro se apartaba de las reglas democráticas, pero tenía una virtud: se reservaba el derecho de admisión. No aceptaba improvisados ni a representantes de la Iglesia o del capital. Los candidatos debían reunir condiciones inexcusables: lealtad a toda prueba al Ejecutivo, experiencia en el Congreso de la Unión o en el Gobierno federal, y una disciplina férrea para aceptar sacrificios cuando el dedo presidencial apuntara hacia otro lado. Las cosas cambiaron para peor cuando los gobernadores empezaron a decidir sus propias sucesiones.
Desde entonces, los delfines de los mandatarios estatales han sido alcaldes, familiares y colaboradores dúctiles, carentes de veteranía. En el Estado de México, Enrique Peña Nieto heredó el cargo de su pariente y mentor Arturo Montiel. Pese a las denuncias de enriquecimiento ilícito presentadas por la oposición, Montiel nunca fue investigado. Sin embargo, ningún caso de nepotismo supera aún al de Coahuila, donde Humberto Moreira impuso a su hermano Rubén. El círculo de impunidad se cerró sin que los partidos, la sociedad ni los empresarios hicieran nada para evitarlo, más allá de algunas poses de aparente indignación y críticas veladas.
Libres del poder central que podía destruirlos políticamente en un abrir y cerrar de ojos, los mandatarios locales llevaron a sus estados las prácticas del viejo modelo presidencial y se volvieron absolutos e intocables. El periodo de mayor violencia, expansión del narcotráfico, desapariciones forzadas y corrupción subnacional coincide, precisamente, con las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes dejaron al garete los estados.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador puso a raya a los gobernadores, y la presidenta Claudia Sheinbaum tensa las riendas y los llama a cuentas. La tarea la empezó con exmandatarios del PAN y del PRI, pero quienes piensen que los de Morena están exentos, todavía no la conocen lo suficiente. Lo ocurrido en Sinaloa es un primer aviso: Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura después de una licencia sin consultarlo con la presidenta, solo para separse del cargo a las pocas horas, quizá definitivamente. Su reemplazo es una mujer: Graciela Domínguez.
El fin del circo político
Ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador necesitaron dar golpes de efecto al empezar sus Gobiernos. Los 36 y 30 millones de votos que obtuvieron, respectivamente, superaron a los de los demás partidos juntos y no dieron margen a impugnaciones ni a chantajes políticos. Quienes recurrieron a estrategias mediáticas para demostrar fuerza y legitimarse después de elecciones controvertidas fueron sus antecesores. Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia; Ernesto Zedillo desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y envió a prisión a Raúl Salinas de Gortari; Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, y Enrique Peña Nieto puso entre rejas a la cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
AMLO dijo al respecto al asumir la presidencia: «Al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación. (…) Además, siendo honestos (…), si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado». De proceder así —apuntó— «no habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado (…), meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación».
En el sexenio de López Obrador, el único exgobernador detenido fue el chihuahuense César Duarte (PRI), arrestado en Florida y extraditado en 2022 para responder por desvío de fondos públicos y una deuda de 48 mil millones de pesos, cargos fincados por la administración de Javier Corral (PAN). Duarte recibió la libertad condicional tras las elecciones presidenciales de 2024. El beneficio lo otorgó la jueza de control Hortensia García Rodríguez, cercana a la gobernadora panista María Eugenia Campos, aliada de Duarte y enemiga de Corral.
Sin embargo, el pasado 8 de diciembre de 2025 —recién iniciada la presidencia de Claudia Sheinbaum—, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la orden de una jueza federal y recapturó a Duarte en la ciudad de Chihuahua. La FGR lo acusa de lavado de dinero por más de 70 millones de pesos. El exmandatario fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras se resuelve su vinculación a proceso. El pasado 12 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos juicios de amparo promovidos por su defensa. La decisión neutraliza a los jueces locales y ata de manos a la administración estatal.
Chihuahua es uno de los 17 estados que renovarán Gobierno el próximo año. La lucha por el poder en el territorio más extenso del país confrontará a dos mujeres cuya rivalidad llegó a un punto sin retorno: la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Campos. De acuerdo con una encuesta de Rubrum, publicada el 6 de agosto, Morena aventaja al PAN por apenas 3.2 puntos porcentuales (39.3 contra 36.1), lo que representa un empate técnico. Los aspirantes favoritos son la senadora morenista Andrea Chávez y el alcalde Marco Bonilla, delfín de Campos. La gobernadora y su grupo político tienen la soga al cuello. Las alternancias en Chihuahua han sido por ahora entre el PRI y el PAN. ¿Se pintará de guinda en 2027? E4
Caso Ayotzinapa: justicia tardía y las caídas del viejo régimen
La vinculación a proceso del exgobernador Ángel Aguirre, discípulo del clan Figueroa en el estado de Guerrero, es vista como una «una gota de esperanza»
Ángel Aguirre Rivero (PRD) es el tercer exgobernador detenido en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum; y es previsible que caigan más. El primero fue el priista César Duarte (Chihuahua), por lavado de dinero, y el segundo, el panista Ernesto Ruffo Appel (Baja California), acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustibles («huachicol fiscal») mediante la empresa Ingemar, de la cual era accionista. Aguirre, al igual que Ruffo, está vinculado a proceso; en su caso, por ocultar y destruir pruebas relacionadas con la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los hechos ocurrieron en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando el perredista encabezaba la administración estatal.
La barbarie contra los normalistas escandalizó al mundo. La prensa internacional se volcó sobre nuestro país y el Gobierno de Enrique Peña Nieto entró en una de sus mayores crisis institucionales. Aguirre renunció a la gubernatura el 24 de octubre de 2014 para impedir la desaparición de poderes en la entidad. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dimitió cuatro meses más tarde luego de presentar la versión oficial de los acontecimientos. Según aquella «verdad histórica» —como la bautizó—, los jóvenes fueron incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, un crimen atribuido originalmente al grupo Guerreros Unidos.
Tres meses después de la tragedia, Peña Nieto visitó Guerrero e intentó apagar con fuego el infierno. En lugar de brindar consuelo, pedir perdón u ofrecer justicia, exhortó a la comunidad de Iguala a «superar» su dolor. Por su parte, Murillo Karam —quien gobernó Hidalgo entre 1993 y 1998— fue detenido en agosto de 2022 por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Hoy, aquejado por graves problemas de salud, un juez le ha concedido la prisión domiciliaria.
Netflix dedica al tema el documental Los días de Ayotzinapa (2019), y HBO la serie Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado (2024). Lejos de pasar página —como Peña Nieto sugirió—, las madres y padres de las víctimas no han abandonado su lucha ni aceptado compensaciones económicas o paliativos gubernamentales. Solo exigen castigo para los responsables. La presión finalmente alcanzó al exgobernador Aguirre Rivero. Someterlo a proceso no extingue las llamas del infierno, pero las familias de los normalistas ven en su captura «una gota de esperanza» para mitigar su sed de justicia.
Aguirre se formó en la escuela de los Figueroa, quienes impusieron su ley en Guerrero a sangre y fuego. Ambos de nombre Rubén, el mayor fue secuestrado en 1974 por el Partido de los Pobres antes de asumir la gubernatura. El líder de ese grupo armado, surgido en respuesta a la represión contra campesinos y maestros de la sierra, era egresado de la Normal de Ayotzinapa: Lucio Cabañas Barrientos, abatido meses después de la liberación del candidato priista. El segundo de los Figueroa renunció a la gubernatura tras la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez en 1995, crimen que sigue impune. El Congreso local nombró en su relevo a Aguirre Rivero. La justicia tarda en llegar y a veces aparece por los caminos más inesperados. En Coahuila, donde los agravios del moreirato tampoco expiran, aún no se asoma. E4
«Alito»: un prófugo de su propio pasado
El líder priista Alejandro Moreno enfrenta un inminente proceso de desafuero impulsado por la FGR y la Fiscalía de Campeche por delitos de corrupción
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es otro de los políticos que se encuentra en capilla. Los cargos acumulados contra el exgobernador de Campeche (2015-2019) forman ya un catálogo criminal: uso indebido de atribuciones, peculado, lavado de dinero, tráfico de influencias, fraude fiscal y enriquecimiento ilícito. Las acusaciones escalaron de manera definitiva cuando el diputado de Morena, Miguel Prado, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR una nueva denuncia formal contra «Alito» por el presunto desvío de 3 mil 941 millones de pesos.
Moreno se aferra al fuero parlamentario con uñas y dientes. Si bien en el pasado el dirigente tricolor negociaba el voto de su bancada para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el escenario actual es drásticamente distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum ya no requiere de sus concesiones parlamentarias, pues el oficialismo cuenta con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Ahora, la Cámara de Diputados ha colocado el juicio de procedencia para su desafuero como una prioridad legislativa, un proceso impulsado por la Sección Instructora tras las nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche que involucran un presunto desvío por 83.5 millones de pesos. La reciente detención de Luis Antonio Espinosa Campos —contador vinculado al hermano del líder priista— ha terminado por cerrar la pinza sobre el campechano.
El PRI le debe a Alejandro Moreno el ser hoy la cuarta fuerza política nacional —detrás de Morena, el PAN y el PVEM— después de haber gobernado el país durante más de siete décadas. Bajo su gestión, el partido tricolor ha alcanzado el menor número de diputados y senadores de su historia, y únicamente retiene las gubernaturas de Coahuila y Durango. La fuga masiva de votantes, así como la renuncia de exgobernadores y cuadros históricos, responde directamente a la falta de liderazgo ético y al profundo descrédito de su dirigente.
El exmandatario de Campeche, quien se dice víctima de una persecución política y viaja con frecuencia a Estados Unidos para denunciar un supuesto acoso institucional, no solo arrastra carpetas de investigación, sino también un ostentoso escándalo patrimonial: una residencia de mil 900 metros cuadrados valuada en más de 46 millones de pesos, 19 inmuebles en la capital campechana y una reserva exclusiva en Lomas de Campeche. De acuerdo con las indagatorias estatales, Moreno operó un esquema de defraudación a través del cual el Registro Público tasaba terrenos en centavos para que el estado los adquiriera; más tarde, estos predios eran donados a su madre mediante contratos privados.
Las investigaciones periodísticas expusieron en su momento audios donde Moreno exigía al PAN y al PRD operar políticamente a favor de su sobrino en las elecciones para gobernador. Otras conversaciones telefónicas destaparon el uso discrecional de aeronaves oficiales para los traslados de su cirujano plástico personal bajo promesas de total impunidad. Este comportamiento evoca a la camada de gobernadores que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se presumieron como «la nueva generación del PRI», y que terminaron por hundir a sus entidades en deudas millonarias cuyo destino real se ignora, tal como ocurrió en Coahuila.
A este robusto expediente se suman denuncias internas de violencia política por razón de género, como la interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la exsecretaria de Vinculación del PRI, Nallely Gutiérrez, quien también ratificó acusaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos financieros. Mientras Alejandro Moreno acusa una supuesta fabricación de carpetas judiciales, los hechos y los tribunales apuntan a una realidad ineludible: «Alito» no es un perseguido político; es un prófugo de su propio pasado. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.