Uno tiró por la borda la oportunidad de pasar a la historia como líder; no solo de la alternancia, sino de la transición política, y admitió su intervención en las elecciones de 2006 para impedir el triunfo del candidato de izquierdas. El otro —beneficiario de la trama— de la trama celebró su ascenso al poder sin reparar en los medios; y hoy, sin dejo de rubor, justifica la guerra contra el narcotráfico que hundió al país en una espiral de violencia sin fin. Los expresidentes rivales se presentan ahora como demócratas; sin embargo, sus actos los desmienten. Ávidos de reflectores y de ser tomados en cuenta, la obcecación de Vicente Fox y Felipe Calderón les hace creer que pueden influir en la sucesión presidencial de 2030.
Los únicos que no parecen percatarse de su grado de toxicidad son ellos. Fox supuso que su condición de exjefe de la candidata del PAN-PRI-PRD a la presidencia, Xóchitl Gálvez, le daba derecho a marcar su agenda en dos puntos específicos: 1. Cancelar los programas sociales y la pensión a los «huevones». «A trabajar, cabrones», remató; y 2. Restituir a los expresidentes las pensiones millonarias canceladas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gálvez replicó que ni una cosa ni otra, al contrario, pidió al lenguaraz abstenerse de opinar para no perder apoyo popular. La campaña de la exsenadora nunca prendió y la mayor parte de los votos que perdió fueron para Claudia Sheinbaum.
¿Cómo pretende Calderón pontificar sobre democracia después de un triunfo fraudulento avalado por el Instituto Federal Electoral, los grupos de presión, la jerarquía católica y las buenas conciencias? Su estrategia de seguridad devino desastre. Combatir a los carteles de la droga con un subordinado de la entonces organización criminal más violenta y poderosa explica la crisis actual, agravada, sí, por la incompetencia del Gobierno federal para afrontar al fenómeno de mil cabezas. La debacle empezó en el sexenio calderonista, por los pactos de García Luna con el Cartel de Sinaloa, no tanto en los abrazos de AMLO.
Fox, Calderón y los grupos de interés han descubierto en la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a su nueva Xóchitl. Llamar a las puertas de Palacio Nacional para acceder a una de las ruedas de prensa matutinas de AMLO, con el peregrino pretexto de ejercer su derecho de réplica, lanzó al estrellato a Gálvez. La catapulta de Campos es un escándalo: el operativo encubierto de la CIA en la entidad que gobierna a base de impulsos y golpes mediáticos. El PAN de Chihuahua no es el mismo que el de Luis H. Álvarez y Francisco Barrios, auténticos cruzados por la democracia. El móvil de la gobernadora es personalista: salir del embrollo —la intervención de Estados Unidos en territorio nacional— como víctima y entrar a codazos a la carrera presidencial, aún lejana.
El perfil de Campos no puede ser más atractivo para los grupos políticos, las élites, los opinadores anti-4T y los sectores que pretenden recuperar prebendas. El equivalente masculino de la gobernadora de Chihuahua sería Enrique Peña Nieto, un presidente manipulable y al servicio de la oligarquía. El disgusto con López Obrador y Claudia Sheinbaum, además de por los problemas no resueltos —y los agravados— es por haber hecho a un lado esos intereses y sujetarse a una agenda contraria al modelo neoliberal donde los pobres estaban condenados a la marginalidad. Ante la falta de liderazgos sólidos y fraguados en las luchas sociales y políticas, las oposiciones y los poderes fácticos inflan hoy a Campos como ayer lo hicieron con Gálvez.
Héroes y villanos
El documental «Trasladados» (2024) narra los «vuelos de la muerte» realizados durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, después del golpe de Estado contra la presidenta María Estela Martínez de Perón. La vicepresidenta había asumido el poder dos años antes tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. Opositores políticos de izquierda (estudiantes y sindicalistas) y activistas de derechos humanos, sedados con pentotal, eran arrojados al Río de la Plata o al mar. Los primeros cuerpos aparecieron en 1977 en los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú. Alice Domon y Leonie Duquet, religiosas francesas, y María Ponce Bianco, Azucena Villaflor y Esther Ballestrino, fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, fueron víctimas de la barbarie.
Dirigida por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Agosti, la dictadura implantó un régimen de terror. La tortura y exterminio de 30 000 personas ocurrió en los más de 800 centros clandestinos distribuidos en el país, el más célebre de los cuales funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La junta militar, presentada al mundo con el eufemismo de «Proceso de Reorganización Nacional», contó con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, y de su secretario de Estado, Henry Kissinger. El pretexto era detener el comunismo en América Latina bajo el paraguas del Plan Cóndor, sobre todo en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay en el contexto de la Guerra Fría. El terrorismo de Estado provocó el asesinato, desaparición y encarcelamiento de centenares de miles de opositores de las dictaduras, así fueran reales o imaginarios.
Las operaciones clandestinas de inteligencia se han intensificado en los últimos años. Otra forma de combatir a los gobiernos progresistas es en las urnas; ya no de manera solapada, sino flagrante. La advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto, no es en balde. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, pretende erigirse en fiel de la balanza en las elecciones de cuanto país tenga gobiernos de izquierda. No en todos los casos ha tenido éxito, como en Canadá, donde su apoyo al líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, le atrajo votos, pero no a él, sino al primer ministro Mark Carney, del Partido Liberal. La campaña del exgobernador del Banco de Inglaterra se basó en la defensa de la soberanía —el mitómano de la Oficina Oval fanfarroneó con anexionar al país de la hoja de maple— y en una férrea oposición a la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca.
La política de zanahoria o palo le resultó al pirómano en Honduras, el año pasado, con la discutible y apretada victoria de Nasry Asfura. La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción acusó en 2020 a «Tito» por abuso de autoridad, fraude, malversación y lavado de activos. Sobre la influencia de Trump en asuntos electorales de otros países, The New York Times (07.12.25) cita el caso de José Ignacio Cerrato López. Este jubilado, de 62 años, pensaba votar por el también derechista Salvador Nasralla, quien lideraba las encuestas, pero después de las amenazas de Trump cambió de parecer y optó por Asfura. El líder estadounidense le dio a su favorito el empujón definitivo en vísperas de las elecciones del 30 de noviembre, cuando anunció el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos y al pago de una multa por 8 millones de dólares por traficar drogas y armas. Asfura y Hernández militan en el Partido Nacional. La justicia en Estados Unidos fabrica héroes y villanos según la conveniencia electoral.
