Apuro deberán tener la presidenta Sheinbaum y la mayoría en el Congreso para volver un hecho la reforma electoral anunciada. En realidad, son dos cambios de gran calado; el primero, estrictamente electoral tiene que ver con los votos, la elección y los órganos y procedimientos asociados, incluyendo la solución de controversias. El segundo, político o reforma de Estado, es la manera como los votos se transforman en cargos, de manera relevante la integración de los órganos legislativos. Se puede decir que la legislación de los partidos está en medio: son los actores centrales de los comicios y a través de ellos se organiza la representación parlamentaria.
El hilo conductor de todos los cambios a promover por el obradorismo es la concentración del poder, bien sea en el Ejecutivo o en un partido hegemónico, muy próximo al esquema totalitario, en el que una organización política se planta como única representante del pueblo o de la nación. La propuesta implica la negación de la pluralidad, idea que se confronta no sólo con las oposiciones de MC, PAN y PRI, también con los aliados de Morena, el PT y PVEM que en los comicios pasados fueron el factor para que el régimen obtuviera mayoría de votos y de mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sin el PT y el PVEM Morena hubiera sido una minoría mayor con 41% de los votos y sin mayoría absoluta en la Cámara. Más allá de las pulsiones totalitarias del obradorismo está la realidad. Desde hace siete décadas ha quedado más que claro que el país no cabe en un partido. Imposible que el PT y PVEM den curso a su propia desaparición.
La discusión por ahora se ha centrado en el INE a partir de su desempeño en la pasada elección de juzgadores. El INE es víctima porque no contó con el respaldo del Gobierno para organizar una elección, y por una reforma plena de absurdos y restricciones que implicaron una bajísima participación y un crecimiento exponencial de los votos nulos. El INE dio muestra de su capacidad para organizar elecciones en condiciones muy adversas por la falta de recursos.
La parte en la que el INE salió claramente reprobado fue en la validación de la elección. Es explicable que una parte de su Consejo aprobara, de alguna manera, su propio trabajo; sin embargo, la bajísima participación, el desaseo a lo largo del proceso con el uso de los acordeones por parte del régimen y las irregularidades generalizadas en la selección de las candidaturas conducían a una postura muy diferente a la que prevaleció.
Lo que en el INE es tragedia en el Tribunal Electoral es historia de horror. De una instancia de salvaguarda de los derechos políticos ciudadanos se ha instituido en instrumento del régimen para combatir la libertad de expresión con una singularísima aplicación e interpretación de la violencia política de género. Las decisiones de estos meses no guardan precedente. El tribunal convalida lo que viene del Gobierno y hace de la instancia jurisdiccional un recurso de represión a las libertades y, por lo mismo, incapaz de salvaguardar la integridad de los comicios.
Con la salida de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otros consejeros y el arribo de Guadalupe Taddei y compañía al Consejo General del INE, el régimen mudó el reclamo; de la descalificación groseramente frontal se transitó a la idea de que es muy elevado el gasto electoral y que se debe proceder, por una parte, a elegir a los consejeros por voto popular y, por la otra, reducir de manera significativa el gasto electoral. Queda claro que al Gobierno no importó el desastre en la elección pasada; se trata de hacer del INE un órgano electoral a modo, todavía más por el voto de aquellos consejeros independientes que cuestionaron la elección judicial.
Los consejeros que se sometieron al régimen calcularon que era la manera para evitar lo que sucedió con la defenestración de los ministros. Una mala lectura, primero, participar con el régimen es todo o nada, y conculca la libertad y la integridad profesional e intelectual; segundo, lo relevante no es el futuro propio sino el de la institución que se representa. La historia ha llamado a su puerta; la mayoría con su voto la ha cerrado y optado por el acomodamiento con el poder.
Por ahora serán testigos de la destrucción del INE y de las presiones del régimen para eliminar la creación de nuevos partidos.
Jugar sin fichas
Negociar con EE.UU. es desventajoso en extremo. Ellos, con todo el poder y un Gobierno intransigente, propenso al abuso y decidido a todo. El país está en condiciones de extrema vulnerabilidad. Las prédicas patrioteras podrán mover a algunos o a muchos, pero de poco sirven para enfrentar la adversa realidad y las consecuencias de la dependencia extrema de México hacia el vecino. Además, el problema de la violencia y la complicidad implícita de las autoridades tomó al país con los dedos en la puerta. Prácticamente se juega sin fichas.
Se pensó por algún momento que la seguridad hemisférica jugaría a favor de México. No fue así porque al Gobierno de EE. UU. no le importa y resuelve a partir de decisiones de fuerza. Sucedió con la alianza atlántica y no existe razón para creer que les preocupe un vecino leal a lo largo del tiempo, sea Canadá o México. López Obrador utilizó la carta migratoria como medio para lograr concesiones importantes de las autoridades norteamericanas en la presidencia de Joe Biden; eso se agotó en el momento mismo que Trump regresó al poder. Hubiera sido temerario e irresponsable insistir en el mismo recurso.
Llegan los aranceles exorbitantes este primero de agosto. Entre interpretaciones encontradas, persiste la tranquilidad de que las exportaciones al amparo del TEC-MEC quedarán exentas de arancel. De cualquier manera, el acuerdo procederá el próximo año no tanto a revisión sino a renegociación, lo que plantea el peor de los escenarios porque el objetivo de EE. UU. es acabar con el déficit comercial, que se logra con la relocalización de la industria en territorio norteamericano. El único recurso para imponer un poco de racionalidad es la presión de las empresas norteamericanas, que resultarían afectadas por un proceso de tal magnitud, además mover sus unidades productivas o cadenas de suministro llevaría tiempo.
México carece del capital de Japón o de la Unión Europea que, en el acuerdo de los aranceles de 15%, ambos comprometen inversiones en EE. UU. de grandes proporciones. En el horizonte para México solo está la relocalización de plantas productivas, una utopía por los costos de producción en territorio norteamericano, que no tendría el impacto esperado en términos de empleo, pero sí afecta la competitividad y el incremento de precios al consumidor, tema altamente sensible y de impacto político previsible.
Sin embargo, los problemas mayores para México no están en el frente económico, sino en el frágil estado de derecho manifiesto en la violencia y la connivencia oficial con el crimen, así como en la seguridad fronteriza, particularmente lo que espera el Gobierno norteamericano de las autoridades mexicanas.
En comparación al Gobierno de López Obrador, es mucho lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad y para complacer al vecino, incluso se procedió al ominoso precedente de enviar detenidos y sentenciados mexicanos al margen del tratado de extradición, se ha hecho mucho y sólo a merecido un tímido reconocimiento y a veces hasta recriminación. Van por mucho más, que significa una alerta mayor en términos de soberanía nacional, circunstancia que la presidenta Sheinbaum ha decidido enfrentarla aislada, con los suyos, sin convocar a una auténtica unidad nacional, quizás por lo que entraña en términos de compromiso con una postura incluyente.
Trump libra una complicada batalla por su supervivencia política, donde por medio no sólo está su presidencia, también su libertad. Así los problemas que enfrenta, y de perder la mayoría en la Cámara de Representantes en noviembre del próximo año sus adversarios procederían a echarlo de la presidencia para que encare responsabilidad por delitos de diversa factura. El Gobierno de Trump estaría dispuesto a todo para modificar las coordenadas del consenso público en EE. UU., que en estos meses ha dado un giro en su contra, incluso en el tema migratorio. Ante un Trump políticamente arrinconado México todo puede esperar.
Más allá de los cálculos y juegos del poder, para México es una tragedia que los criminales que han ensangrentado al país sean liberados en el país vecino a cambio de información o de delaciones, sin razón alguna para concederles validez o veracidad. Eso mismo se pretendió hacer en México con Emilio Lozoya o en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el que muchos criminales confesos fueron liberados.
Además, desde la misma presidencia se validaron declaraciones de delincuentes en EE. UU. para condenar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. México tiene fundadas razones históricas y recientes de agravio con EE. UU., pero no tiene fichas con qué jugar.
