La SIP denuncia asedio judicial y coacción contra medios críticos

El miedo vuelve a ser un arma de Gobierno, advierte el organismo. Reporteros acreditados en el Pentágono regresan credenciales. Casi un centenar de agresiones contra el gremio en EE. UU.

Cuando un Gobierno convierte a la prensa en su enemigo, lo que está en juego ya no es una disputa política, sino la salud de la democracia. La reciente denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el clima de tensión que viven los medios en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump es una alerta que no puede minimizarse. Detrás de las demandas millonarias, los recortes presupuestales y los bloqueos informativos se esconde algo más peligroso: el intento de debilitar a quienes tienen la tarea de vigilar al poder. En un país que históricamente se ha presentado como defensor de la libertad de expresión, el hecho de que el propio presidente impulse una ofensiva judicial y retórica contra los medios es una señal inequívoca de degradación institucional.

«Los medios estadounidenses se han visto intimidados por una avalancha de demandas y ataques retóricos del presidente, quien se ha mostrado públicamente hostil con aquellos que eran críticos con su Gobierno».

Sociedad Interamericana de Prensa

El informe de la SIP documenta un patrón claro. Los medios críticos son objeto de demandas intimidatorias y campañas de desprestigio. The New York Times enfrenta una demanda por 15 mil millones de dólares y The Wall Street Journal, por 10 mil millones. Más que litigios, son advertencias. Nadie necesita encarcelar periodistas cuando basta con arruinarlos financieramente. Las redacciones pequeñas, sin los recursos legales de los grandes conglomerados, se autocensuran o desaparecen. El miedo vuelve a ser un arma de Gobierno.

Pero los ataques no se quedan en los tribunales. Desde abril, se han registrado 97 agresiones físicas contra periodistas, una cifra que multiplica por diez los casos de los seis meses anteriores. El hostigamiento, alentado por un discurso oficial que tilda a la prensa de «enemiga del pueblo», ha desatado una ola de violencia alentada por fanáticos y replicada por funcionarios. Este clima de intimidación mina la esencia del periodismo, que radica en poder investigar sin miedo y publicar con independencia. En lugar de fortalecer la transparencia, la Casa Blanca ha respondido con más secretismo, cerrando espacios de acceso público y eliminando páginas web gubernamentales que contenían información de interés general.

Las consecuencias son devastadoras. Agencias como Associated Press han sido vetadas de conferencias por no ajustarse al lenguaje oficial —una práctica más propia de regímenes autoritarios que de una democracia madura—. Se ha restringido la cobertura del Pentágono y se ha marginado a medios de trayectoria impecable por no alinearse con el discurso presidencial. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos demuestra que la censura moderna no siempre necesita de leyes explícitas. Basta con manipular presupuestos, negar acreditaciones o usar los tribunales como herramienta de castigo.

La libertad de prensa, tan invocada en la retórica estadounidense, se revela ahora como una promesa condicionada. Cuando el poder político se arroga el derecho de decidir qué información merece ser difundida, el ciudadano pierde su derecho más básico, el de saber. La prensa deja de ser un contrapoder para convertirse en un actor bajo vigilancia. Y sin periodismo libre, la democracia se transforma en un espejismo legitimado por elecciones, pero vacío de crítica y fiscalización.

Frente a esta crisis, la SIP ha hecho lo que le corresponde. Denunciar, exigir respeto, advertir sobre los riesgos. Sin embargo, su voz, aunque necesaria, no basta. Se requiere de un compromiso real de la sociedad estadounidense —y de la comunidad internacional— para proteger la independencia informativa. Callar frente a estos abusos sería aceptar que la desinformación y el miedo sustituyan a la verdad.

Gremio unido

El 15 de octubre, una docena de periodistas entregaron sus credenciales y abandonaron el Pentágono en protesta por las nuevas restricciones impuestas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Estas reglas permitirían que los reporteros sean expulsados por divulgar información —clasificada o no— que no haya sido previamente aprobada por Hegseth. La Asociación de Prensa del Pentágono, que agrupa a 101 miembros de 56 medios, se opuso unánimemente a las medidas. Organizaciones de todo el espectro mediático, desde The Associated Press y The New York Times hasta Fox News y Newsmax, instruyeron a sus reporteros a abandonar el complejo en lugar de firmar las nuevas reglas. Solo la cadena conservadora One America News Network (OANN) aceptó las normas, posiblemente buscando mayor acceso a funcionarios del Gobierno.

Los periodistas se llevaron sus pertenencias y abandonaron el edificio a las cuatro de la tarde, hora límite impuesta por el Pentágono. Nancy Youssef, reportera de The Atlantic, expresó: «Es triste, pero también estoy realmente orgullosa de que el cuerpo de prensa se mantuvo unido». Aunque aún se desconoce el impacto práctico de las nuevas reglas, las organizaciones noticiosas prometieron mantener una cobertura robusta de las fuerzas armadas sin importar el punto de vista.

El presidente Trump respaldó las nuevas reglas, calificándolas de «sentido común» y sugiriendo que la prensa es «muy deshonesta». Hegseth, un expresentador de Fox News, ha restringido el acceso de los reporteros al Pentágono, realizado pocas conferencias de prensa formales y prohibido el acceso no escoltado a muchas áreas del complejo. Además, ha iniciado investigaciones sobre filtraciones a los medios.

Estas acciones confirman el patrón de hostilidad hacia la prensa que ha caracterizado a la administración Trump. La entrega de credenciales por parte de los periodistas del Pentágono es un acto simbólico de resistencia y una advertencia sobre los peligros de la concentración del poder y la erosión de la libertad de prensa. E4