Es costumbre que los observadores de la política nacional centrar su atención en las dirigencias nacionales de los partidos y en el Gobierno nacional a manera de perfilar el porvenir. En estos momentos el PAN recibe la mayor atención por el intento tardío de su cúpula de recuperar credibilidad. Lo cierto es que la mayor fuerza del PAN nunca ha estado en el centro ni en comité nacional, sin desconocer algunos de sus dirigentes y candidatos presidenciales de excepción. La fuerza del PAN ha radicado siempre en el territorio, en los ciudadanos que consideran el voto su mayor recurso para oponerse al abuso o para llevar al poder a autoridades que correspondan al interés común. La contienda municipal ha sido lo suyo y subsecuentemente la de los Gobiernos locales.
El reto del PAN, como el de todos los partidos en todas partes, es ganar votos. Las dificultades impuestas por el obradorismo le llevaron a suscribir una alianza electoral con el PRI. No se dieron los resultados esperados no porque el PRI sea inconsistente o contradictorio con el PAN, para muchos más con Alejandro Moreno, la expresión de lo que se repudia por muchos, particularmente los votantes del PAN. La incompatibilidad ni siquiera llega al plano de las ideologías o de los desencuentros programáticos. Los problemas del PAN son propios y vienen desde que el partido perdió su mística ciudadana y democracia interna.
La campaña de 2024 fue la prueba de ácido para la convergencia de las fuerzas opositoras. Fracasó por varias razones: MC hizo falta para contener al régimen en la lucha por el Congreso. Muchos distritos y entidades se perdieron por mínima diferencia. La dirigencia del PAN y la estrategia de la campaña de Xóchitl Gálvez fueron responsables al no atender la contienda en territorio en los 100 municipios donde la oposición es competitiva si no es que Gobierno. PRI y PAN se olvidaron de los ciudadanos. No está por demás señalar que fue una campaña desigual, la presidencia y el Gobierno jugó en contra como en los peores tiempos.
El PAN y MC (al PRI poco le importa más allá de Durango, Coahuila y Nuevo León) deben centrar su atención en la competencia local. Llevar la contienda al plano nacional es perder, como hiciera el PAN en 2012, el PRI en 2018 y la campaña opositora en 2024, contender donde el adversario es más fuerte y competitivo. De haber entendido el PRI en 2018 que el PAN no era el adversario por vencer y atender a los municipios de fortaleza, Morena no hubiera ganado mayoría absoluta en la asignación de diputados. En 2024, la oposición luchó por el porcentaje de votos nacional, en lugar de ganar municipios y estados para desdoblar su respaldo en distritos y senadores. Las cifras muestran que, con un poco de esfuerzo —incluso sin MC—, se hubieran ganado 40 distritos más y al menos las senadurías en Nuevo León, Coahuila y Guanajuato.
La oposición necesita repensarse en los desafíos electorales hacia delante, también en los políticos. En su propio beneficio su mayor interés inmediato es contener el intento de acabar la representación de las minorías y, por el otro, advertir que SomosMx debe lograr su registro como partido porque ha probado ser un puente para sumar y movilizar a quienes el PRI y PAN no pueden, y no son pocos, además de su potencial para definir la agenda del país a futuro, tema por ahora ausente en la oposición.
La ventaja que ofrece un adversario tan poderoso y avasallante como el régimen obradorista es que propicia la definición de una agenda común de contención política al autoritarismo en curso. Los acuerdos no necesariamente deben procesarse en lo electoral, sí en lo programático y eso remite a los Gobiernos municipales y locales, así como al Congreso. El municipalismo es vanguardista, también la lucha contra la corrupción.
La vara para medir a la oposición en 2027 como ocurrió con 2021 no tiene mucho que ver con lo que hagan, sino con la dinámica propia de la elección intermedia, que anticipa una disminución de votos para Morena y aliados. Así ha sucedido invariablemente desde 1997. Pretender definir el logro opositor al triunfo en la mayoría de los distritos no es realista; además, el sistema de asignación favorece al partido más fuerte. Una acción más razonable para la oposición es centrar la competencia en Estados y municipios, y de allí a la contienda distrital de manera tal que el objetivo mínimo sea impedir la mayoría calificada de Morena, siempre y cuando el PT y PVEM no participen del proyecto de modificar las reglas de asignación.
Reformas para los dineros
El país enfrenta un problema que las autoridades y los empresarios escamotean o minimizan. Tiene que ver con los dineros y la situación a la que López Obrador llevó a las finanzas públicas por dos decisiones, el incremento sustantivo de las pensiones no contributivas y no fortalecer los ingresos públicos; y una realidad: el bajo crecimiento de la economía. Se fortalecieron los ingresos de la mayoría de las personas, pero no el pastel a repartir. En el acumulado, se padece una crisis grave en las finanzas. Se gasta más de lo que ingresa.
El déficit se resuelve con deuda y con disminución del gasto en temas críticos, como la inversión y la infraestructura social. El año de la elección fue demencial, se incrementaron los gastos por las asignaciones directas a la población con un evidente propósito electoral y, por otra parte, se recurrió a deuda sin precedente, no sólo respecto a los años previos del Gobierno obradorista, sino prácticamente de la historia reciente del país. Nunca fue en tales proporciones, ni siquiera durante la pandemia, con tal de ganar votos.
La realidad, la presidenta hereda campo minado; las dos grandes empresas paraestatales demandan cuantiosos recursos por malas decisiones presidenciales. Las obras relevantes del Gobierno no cumplen con sus metas y objetivos, y generan un déficit presupuestal importante. Pemex ha dejado de contribuir y su deuda impacta a la soberanía del país. Ya no hay fondos, fideicomisos, bolsas o partidas de qué disponer; López Obrador les puso fin. Una falacia de que acabando con la corrupción habría dinero para todo. La corrupción no se acabó, creció como muestra el mal llamado huachicol fiscal y el país padece el austericidio con un deterioro serio en la calidad de los servicios públicos y una afectación a la red de protección social, asociada a la salud, educación, el cuidado del medio ambiente y la vivienda.
El Gobierno ha emprendido mucho para fortalecer los ingresos fiscales y para ello han servido los dientes del SAT, algunas veces sin fundamento legal, otras rompiendo precedentes de connivencia o impunidad que beneficia indebidamente a grandes contribuyentes. Allí remiten las reformas recientes en materia fiscal, incluso las que se han aprobado en materia de amparo. Se resolvió afectar a una de las grandes instituciones de protección a las personas para resolver un problema de finanzas públicas. El Congreso destruye una institución con la idea de que es la manera de otorgar al Gobierno capacidad para ganar, a la buena o la mala, al contribuyente, según esto, al gran contribuyente.
No se requería de tanto si eso se pretendía. Pero así es como opera el nuevo régimen. No hay espacio a la reforma propiamente, esto es, mejorar lo que existe, acabar con sus insuficiencias o desviaciones del objetivo que la anima, sino a la destrucción institucional y en el intento se crea un problema mayor.
Esa es la crónica de mucho de lo que se ha hecho, así ocurrió con el anterior sistema judicial. Lo de ahora es disfuncional incluso para el mismo Gobierno. No sólo ganó la parcialidad y el sometimiento de los juzgadores y de la Corte al régimen, en tal empeño se filtró por la puerta grande la mediocridad, la inexperiencia, el desorden y, en consecuencia, la corrupción de la justicia.
Es necesario y urgente fortalecer las finanzas públicas porque la situación habrá de ser insostenible cuando el gasto social se incremente por demografía, particularmente si el crecimiento económico es bajo o inexistente. Se precisa redefinir el gasto social para conciliar el bienestar de las personas con su dignidad e integración a la vida productiva. Se requiere focalizar del gasto, que las transferencias monetarias lleguen a quien lo necesita. La vía de ir sobre la elusión y evasión fiscal de los grandes contribuyentes no da para todo, y ampliar tal práctica a los demás afecta la certeza de derechos y el sentido de justicia.
Una reforma inteligente de los dineros debe dar respuesta al hecho de que más de la mitad de los negocios no paga impuestos al SAT. Muchos de ellos lo hacen al poder criminal que por la vía de la extorsión se impone. Una solución de fondo resulta ya impopular y electoralmente costosa. El populismo en el poder plantea un problema mayor a quien se le opone, ser responsable es electoralmente costoso, mientras el país a la deriva.
