La directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos dice que los casos de Allende y Teuchitlán forman parte de la misma estrategia de exterminio. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional sobre las masacres en el norte de Coahuila, detenidas debido a las presiones políticas y a los pactos de impunidad, afirma
«La Perla Tapatía», metida de nuevo en el ojo del huracán
Antes de la guerra antinarco: 13 mil desaparecidos; hoy son 127 mil
«Los cuerpos sin vida también hablan y claman justicia» aun cuando la masacre de Allende y las desapariciones forzadas estén fuera del escrutinio nacional debido a «los pactos políticos y económicos», declara Blanca Isabel Martínez. El Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios (FJdL), que dirige la activista lagunera, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila constituyen crímenes de lesa humanidad». Casi ocho años después, las puertas de la justicia permanecen cerradas para las víctimas y sus familias. El Estado presiona a la CPI para dejar las cosas como están. Sucedió con Andrés Manuel López Obrador y lo mismo pasa ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, dice Martínez.
Las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras ocurrieron entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en medio de un gran vacío de autoridad. Coahuila tenía de facto tres gobernadores: Humberto Moreira, el elegido; Jorge Torres López, el interino; y Rubén Moreira, el sucesor. Eran los últimos meses del sexenio de Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto hacía campaña para la presidencia en un país envuelto por la violencia. Los Zetas aprovecharon la situación para demostrar su poder e influencia sobre el Gobierno. Miembros de esa organización dieron pormenores en juicios celebrados en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016.
«Los cuerpos sin vida también hablan y claman justicia».
Blanca Isabel Martínez, directora del FJdL
Los testimonios fueron recogidos por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, y presentados en el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila», dado a conocer en noviembre de 2017. En el trabajo colaboró FJdL. «(…) es posible que el Gobierno de Estados Unidos tenga información que no ha compartido que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos y desapariciones cometidos en México. Sin embargo, los testigos dejaron claro que el Estado mexicano no ha investigado estos casos, incluso cuando el Gobierno de EE. UU. le compartió información importante directamente», señala el informe.
La parsimonia de la CPI y el caso del rancho Izaguirre, próximo a Guadalajara, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación adiestraba a personas reclutadas por la fuerza, sirven de acicate al FJdL y otros colectivos para emprender nuevas acciones. Una consiste en solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) poner a México bajo observación. Tal sería el punto de partida para que el organismo se pronuncie sobre los delitos de lesa humanidad cometidos desde hace al menos dos décadas. Teuchitlán refleja una práctica común en México: el reclutamiento forzado, afirma Martínez.
«México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila constituyen crímenes de lesa humanidad».
(La denuncia se presentó en La Haya en julio de 2017)
Desde la Segunda Guerra Mundial —recuerda la directora del FJdL— se puso en marcha «la ingeniería del exterminio». Allende y Teuchitlán, pues, no deben verse como casos separados. En Chiapas existen denuncias y en Guanajuato las ejecuciones extrajudiciales no cesan. Coahuila tiene la ventaja de contar con un sistema de información e investigación. Empero, la impunidad persiste y las desapariciones continúan, aunque no en el mismo grado. La Fiscalía General del Estado emite fichas de búsqueda, pero la atención es insuficiente. Los acuerdos políticos son más fuertes que las demandas de justicia, insiste la defensora de derechos humanos.
El FJdL se fundó en 2001 por iniciativa del entonces obispo de Saltillo, Raúl Vera López, propuesto para el Nobel de la Paz en 2012. El Fray Juan de Larios es una de las 73 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos para Todos». La Red TDT obtuvo en 2013 el premio Rey de España en Derechos Humanos, concedido por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, por su labor en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. La polaca Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de Red TDT, y la mexicana Blanca Martínez, recibieron el reconocimiento. La asociación trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, la seguridad y la justicia.
Deuda histórica sin saldar
El caso Teuchitlán, Jalisco, presentado como «campo de exterminio», palidece frente a los actos de barbarie cometidos en Allende y Piedras Negras, donde 300 personas o más fueron asesinadas, disueltas en tambos o desaparecidas, y sus restos esparcidos en canales y otros sitios. Sin embargo, el asunto no recibió la misma atención. Blanca Isabel Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios (FJdL), ve las cosas desde otra perspectiva. Los casos forman parte de la misma «ingeniería del exterminio», aunque su tratamiento en los medios de comunicación y la reacción del Gobierno Federal sean distintas.
En este punto, la activista advierte que «la deuda histórica del Gobierno de Coahuila con la justicia sigue sin saldarse». Ha faltado voluntad política. En el ejido Patrocinio, de San Pedro, donde en 2016 se descubrieron fosas clandestinas, descritas entonces como «campos de exterminio», la recuperación de hallazgos tardará 35 años. Campos de la muerte existen en todo el país, pero los estados no comparten información. No hay contra quién cotejar las muestras de ADN. ¿Cuál es el objeto del Banco Nacional Genético?, cuestiona. De seguir por ese camino, «las bodegas de resguardo se convertirán en mausoleo». Martínez calcula en 3 mil 500 las personas desaparecidas en Coahuila.
El fenómeno es alarmante —expresa Martínez—, pues las empresas criminales operan a escala global. La Convención de Palermo de Naciones Unidas enlista más de 20 delitos transnacionales. Además del narcotráfico, la trata es una de las fuentes más rentables, apunta la directora del FJdL. El reclutamiento forzado para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas también podría responder a un cambio de conducta: el temor de las personas, sobre todo jóvenes, a enrolarse voluntariamente por los riesgos inherentes y la presión del Gobierno de Estados Unidos para que las acciones de México contra la delincuencia organizada sean más firmes.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso Teuchitlán para despejar dudas y deslindar responsabilidades. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado que el rancho Izaguirre funcionaba como centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, mas no como campo de exterminio. En Allende y en el penal de Piedras Negras, las pruebas y los testimonios sobre las masacres son irrefutables. Sin embargo, como observa Martínez, Coahuila no ha llamado la atención del Gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado el tema de Teuchitlán con tacto. El caso es grave, pero tampoco equiparable a la desaparición y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Peña Nieto, al eludir el problema, provocó una crisis mayor. El procurador general de la república, Francisco Murillo Karam, quiso darle carpetazo con una «verdad histórica» que muy pocos creyeron. Entre uno y otro suceso hay diferencias notables. En la desaparición de estudiantes, atribuida al Estado, participaron narcotraficantes y autoridades locales y federales, incluido el Ejército. El hecho ocurrió en el segundo año de la administración peñista, y el reclutamiento en el rancho Izaguirre fue previo al Gobierno de Sheinbaum. La atracción del caso envía un mensaje a los gobernadores: los responsables de los estados son ellos. Si no lo entienden, deberán afrontar las consecuencias. La federación dejará de ser su escudo como lo fue en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.
Dictaduras y Guerra sucia
La desaparición forzada es un fenómeno mundial, no solo regional, advierte la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las dictaduras militares la practicaron, pero hoy día «pueden perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión (…)». México vivió durante la Guerra sucia (1950-1990) esa experiencia. En Chile la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó más de 40 mil víctimas y alrededor de 3 mil 400 muertos o desaparecidos. La autocracia argentina (1976-1993), regentada por Jorge Rafael Videla, resultó más cruenta. «15 mil desaparecidos, 10 mil presos, 4 mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror». Los datos están en la carta abierta que el periodista y escritor Rodolfo Walsh dirigió a la junta militar, el 24 de marzo de 1977, en el primer aniversario del golpe de Estado contra la presidenta Isabel Perón.
La epístola de Walsh empieza así: «La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años». Al día siguiente, policías y militares emboscaron a Walsh mientras depositaba la carta en buzones de Buenos Aires. El autor de Operación masacre quiso resistirse, disparó a un oficial y él recibió una ráfaga de fusil. Su cuerpo sigue desaparecido.
En México, la Masacre de Tlatelolco del 2 octubre de 1968 marcó, junto con otros sucesos, el final de la «dictadura perfecta». El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MHE) presentó en agosto pasado el informe «Fue el Estado: 1965-1990», donde cifra en 8 mil 594 el número de víctimas durante la Guerra sucia. Muy superior a las mil 500 reconocidas oficialmente. El Estado mexicano, según el dosier de 4 mil 700 páginas, utilizó una estrategia sistemática de represión, tortura y desapariciones forzadas. La violencia persiste, pero ahora bajo el pretexto de la guerra contra las drogas (Aristegui Noticias, 16.08.24).
Los hallazgos de la investigación «corroboran que fue el Estado, con la misma contundencia con la que se ha demostrado, también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014», dijo Carlos Pérez Ricart, comisionado del MEH, en la presentación del informe. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define a esta como «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación (…) o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley».
En México la represión política empezó a ceder a partir de las reformas de 1977 y 1994, las cuales dieron paso a un sistema pluripartidista, a la autonomía de los órganos electorales, antes controlados por el Estado y su partido, y a la alternancia en el poder. Hasta donde se sabe, no hay prisioneros políticos. Sin embargo, la violación de los derechos humanos, las desapariciones forzadas, el asesinato extrajudicial y la extorsión prevalecen. Las organizaciones criminales tienen el poder y la fuerza que les permitió el Estado. E4
Numeraria
- Total de personas, no localizadas y localizadas: 365,595
- Desaparecidas y no localizadas: 127,101
- Localizadas: 229,571
Periodo: diciembre de 1952 al 9 de abril de 2025. No se incluyen otros datos.
Fuente: Estadística del RNPDNO
«La Perla Tapatía», metida de nuevo en el ojo del huracán
Punto neurálgico en seguridad y lavado de dinero, Guadalajara atrae los reflectores. Ahora es por el rancho Izaguirre y los 15 mil desaparecidos en Jalisco
En México ningún estado, grande o pequeño, está exento de desapariciones forzadas ni libre de fosas clandestinas. La crisis afecta al 75% de los municipios del país. Jalisco encabeza la lista del horror. Le siguen Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Allí se concentra el 45% de los casos (56,268), de acuerdo con la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ajustada al 3 de abril. En la clasificación de Red Lupa, próxima a actualizarse, Coahuila figura en el lugar número 11 entre las entidades con «nivel medio inferior de gravedad». En el periodo 2023-2024, el estado observó una disminución del 2.78%.
Conforme con los datos del RNPDNO, Coahuila registró 58 nuevas desapariciones en los últimos meses para totalizar 3 mil 664. Tabasco, en cambio, dio un giro copernicano. El año pasado ocupaba el tercer lugar nacional con menos casos (467), solo superado por Campeche y Tlaxcala. Hoy se desconoce el paradero de 3 mil 353 personas. El descubrimiento del centro de exterminio en el rancho Izaguirre, volvió a poner a Jalisco en el ojo del huracán. No de balde. Guadalajara es uno de los puntos neurálgicos del país en seguridad y lavado de dinero.
La capital tapatía ha sacudido al mundo en diferentes momentos. En febrero de 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado por órdenes de Rafael Caro Quintero, jefe del cartel de Guadalajara. En mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió acribillado en el aeropuerto de Guadalajara mientras esperaba al nuncio apostólico Jerónimo Prigione, durante un enfrentamiento entre capos y sicarios. El caso Teuchitlán ha vuelto a encender las alarmas en «La Perla de Occidente».
La zona metropolitana de Guadalajara es una de las más prósperas del país. En 2010 el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos reveló que México recibe entre 19 mil y 29 mil millones de dólares de Estados Unidos cada año, producto del narcotráfico. La cifra equivalente, según el caso, al 2% o 3% del PIB. Basado en el mismo documento, el periodista Alberto Nájar menciona en el artículo «Dónde están las ganancias del narcotráfico mexicano», que «Monterrey (Nuevo León), Guadalajara (Jalisco) y Culiacán (Sinaloa) son las ciudades con mayor número de operaciones de lavado de dinero» (BBC News Mundo, 15.12.10).
José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, declaró a Nájar que si bien «no se ha determinado con exactitud el destino del dinero generado por el narcotráfico (…) en algunos casos sirve para mantener con vida la economía de regiones enteras». También «ha permitido que las crisis económicas no sean de mayor impacto en comunidades fronterizas y del centro del país».
La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados aborda el tema en el estudio «Lavado de dinero», publicado en enero de 2013. Los 10 mil millones de dólares lavados en México el año previo representaron el 3.6% del PIB. Las cifras «obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero», dice el análisis. El senador Ángel Robles Motoya (PRD) propuso, en febrero del mismo año, un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República informara sobre las acciones contra el lavado de dinero. Robles citó el Estudio Binacional y un documento de la firma Global Financial Integrity según el cual México era «la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, en una lista de 160 países».
El narco, el lavado de dinero, las desapariciones forzadas y el poder político corrupto han formado siempre parte de la misma ecuación. E4
Antes de la guerra antinarco: 13 mil desaparecidos; hoy son 127 mil
La presidenta Sheinbaum debe afrontar la crisis con decisión. Entre otras razones, por ser la primera presidenta del país y porque las principales víctimas son, precisamente, mujeres
Casi nueve de cada 10 desapariciones en México ocurrieron entre 2006 («cuando el Gobierno de Felipe Calderón implementó la militarización de la seguridad pública como estrategia de combate al crimen organizado») y agosto pasado. Así lo indica Amnistía Internacional (AI) en un informe disponible en su sitio web. La estadística refleja la «grave crisis de desapariciones vinculadas al contexto de la violencia que ha enfrentado el país en las últimas décadas». Máxime si se toma en cuenta que, de 127 mil 69 casos reportados ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 13 mil 967 corresponden al periodo 1952-2005; las demás (113,102) son consecuencia de la guerra contra el narco.
AI destaca «el papel fundamental» de los más de 200 colectivos dedicados a la localización de personas en todo el país, mayormente compuestos por familiares y mujeres, agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. El trabajo de las autoridades es deficiente, pues no encuentran a los desaparecidos, brindan un acompañamiento inapropiado y las herramientas e información que proporcionan son insuficientes, dice el movimiento formado por más de 10 millones de personas alrededor del mundo. El Gobierno tampoco garantiza la seguridad y protección de las buscadoras ni atiende sus necesidades de salud, económicas y psicológicas.
En México la presión social se responde con normas e instituciones que la mayoría de las veces no funcionan por falta de voluntad y de presupuesto. Son los casos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, además de mecanismos y comisiones. Empero, las desapariciones, en vez de disminuir, han aumentado. Amnistía Internacional ha recibido reportes de mujeres buscadoras que presentan trastornos físicos, emocionales y enfermedades crónico-degenerativas derivados del agotamiento por años de búsqueda infructuosa, la pérdida de empleo, la incomprensión de sus familiares y el desamparo del Gobierno.
El colectivo Hasta Encontrarte, constituido en 2021 en Guanajuato, el estado más violento del país, ha localizado 21 fosas clandestinas y a 216 personas. Amnistía presenta el testimonio de Karla Martínez. «Buscar a alguien es peligroso. Me han perseguido y me han disparado. Es aterrador sentir que las mismas personas que se llevaron a mi hermano (en 2020) podrían venir por mí también. Me siento completamente insegura y vulnerable donde esté». Bibiana Mendoza y Verónica Durás, las otras líderes del grupo, también «han recibido amenazas, han sido reprimidas y criminalizadas durante protestas, y han sido disparadas durante sus labores de búsqueda», señala Amnistía.
Catorce personas buscadoras han sido asesinadas entre 2021 y abril pasado; 11 eran mujeres (Fundación para la Justicia). El caso más reciente es el de Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza de Guadalajara. Según la fiscalía de Jalisco, el crimen se cometió para robarla, como si eso le restara gravedad. El problema está fuera de control y no puede ser ignorado más tiempo por las autoridades federales y locales. En 2013, los países con mayor número de desapariciones forzadas eran Iraq (12,460), Argentina (3,449) y Guatemala (3,155). En las tres décadas previas, el promedio anual en México era de 327 (ONU). Las cifras actuales son de espanto. Ser la primera presidenta obliga a Claudia Sheinbaum a afrontar la crisis de desapariciones con decisión, como no lo hicieron sus predecesores. Entre otras razones, por ser la primera presidenta y porque las principales víctimas son mujeres. E4
Numeraria
- Desaparecidas y no localizadas: 127,069 personas
- Desapariciones: 15,055 personas
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.