Las redes sociales, trampas para el reclutamiento forzado

La delincuencia recurre a métodos en línea para atraer a los adolescentes con engaños. Las plataformas y las autoridades del país no están a la altura que el desafío plantea

Un clic puede bastar. En México, donde las redes sociales se han vuelto terreno fértil para el crimen organizado, cada «me gusta» o comentario puede marcar el inicio de una desaparición. En la capital del país, esta amenaza digital ha coincidido con un aumento alarmante en la desaparición de adolescentes que, sin saberlo, entran en contacto con un mecanismo de reclutamiento que opera desde sus propias pantallas.

«El CJNG ya no solo opera en los márgenes físicos de la sociedad; ahora compite por la atención y lealtad de los jóvenes directamente en sus teléfonos».

Sergio Aguayo, periodista

En su columna «La vida en redes» (Reforma, 23.05.25), el periodista y académico, Sergio Aguayo, reveló que de cien cuentas de TikTok, analizadas por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, la mitad estaban directamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas cuentas no son meros espacios de exhibición de lujos y armas, sino verdaderas máquinas de reclutamiento que operan con una precisión y efectividad alarmantes. «Las redes son el nuevo territorio de disputa», explica Aguayo en su texto. «El CJNG ya no solo opera en los márgenes físicos de la sociedad; ahora compite por la atención y lealtad de los jóvenes directamente en sus teléfonos».

Lo más inquietante es la sofisticación de estos métodos. A sabiendas de que los algoritmos de TikTok detectan y eliminan contenido que menciona explícitamente términos como «narco» o «fentanilo», los reclutadores han desarrollado un lenguaje cifrado que incluye emojis específicos (como el dólar o la pistola), alteraciones ortográficas («nar©o» en lugar de narco) y mensajes ocultos en los comentarios de videos aparentemente inocuos. Esta estrategia no es exclusiva deTikTok. En YouTube, narcocorridos como «Los Sanguinarios del M1», con letras que glorifican abiertamente la violencia, acumulan más de 25 millones de reproducciones, normalizando ante los ojos de los jóvenes un estilo de vida criminal.

La correlación entre este fenómeno digital y el aumento de desapariciones juveniles es difícil de ignorar. En la Ciudad de México, el salto de cinco a 54 casos por cada 100 mil habitantes en solo tres años coincide precisamente con la explosión en el uso de redes sociales entre adolescentes durante la pandemia. El perfil de los desaparecidos refuerza esta conexión: en su mayoría son varones cuyas edades van de 15 a 19 años, muchos de zonas urbanas con acceso a internet, que pasan horas consumiendo contenido en estas plataformas. «Cuando cruzamos los datos geográficos de las desapariciones con la actividad de estas cuentas criminales en TikTok, los patrones coinciden de manera preocupante», señala la criminóloga Ana Martínez de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quien ha colaborado con el equipo de Aguayo. «Aunque todavía no podemos establecer una relación causal directa, la correlación temporal y espacial es demasiado evidente para ignorarla».

El problema se agrava por la actitud de las grandes plataformas tecnológicas. TikTok, propiedad de la china ByteDance, y YouTube, de Alphabet (Google), aseguran tener estrictas políticas contra contenido que promueva la violencia o actividades criminales. Sin embargo, Aguayo documenta que dichas empresas ponen enormes barreras a la investigación académica que podría ayudar a comprender y combatir el fenómeno. El acceso a sus interfaces de programación de aplicaciones (APIs), herramientas esenciales para analizar patrones de comportamiento a gran escala, está prácticamente restringido a universidades de Estados Unidos y Europa.

Esta situación llegó a su punto más crítico cuando Elon Musk compró Twitter (ahora X) y aumentó drásticamente el costo de acceso a su API, pasando de ser gratuito para investigadores a costar hasta 42 mil dólares mensuales, según reportó The Guardian en 2023. «Es como si las empresas tecnológicas estuvieran más interesadas en proteger sus algoritmos que en prevenir que sus plataformas sean usadas para reclutar jóvenes hacia el crimen organizado», lamenta Aguayo en su análisis.

Frente a este panorama, la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido lenta y fragmentada. No fue sino hasta marzo de 2024 que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el cierre de las primeras 39 cuentas vinculadas al CJNG en TikTok. Un mes después, la cifra había aumentado a 200, lo que demuestra la magnitud del problema

Sin embargo, expertos como Aguayo critican la falta de una estrategia integral. «Las acciones parecen reactivas y carentes de transparencia», señala. «No sabemos qué metodología usan para identificar estas cuentas, ni comparten con la academia los patrones detectados. Es como intentar apagar un incendio forestal con cubetas de agua».

Ante estas limitaciones, investigadores mexicanos buscan alianzas internacionales. El Seminario sobre Violencia y Paz estableció una colaboración con el Civic A.I. Lab de la Universidad Northeastern en Boston, que sí tiene acceso a las APIs de TikTok. Gracias a esta coalición, han podido identificar patrones de reclutamiento que de otra forma habrían permanecido ocultos.

Pero la pregunta crucial sigue en el aire: ¿Qué tanto impacto tiene realmente este contenido en las decisiones de los jóvenes? «En mi trabajo de campo he encontrado casos donde el primer contacto entre el reclutador y el joven efectivamente se dio a través de redes sociales», comparte la trabajadora social Laura González, quien colabora con familias de desaparecidos en Ecatepec. «Pero sería un error simplista decir que las redes son la única causa. Detrás de cada caso hay un cúmulo de factores: falta de oportunidades, entornos familiares complicados, la romantización de la figura del narco en la cultura popular».

Esta complejidad hace aún más urgente la necesidad de respuestas multifacéticas. Por un lado, está la presión a las plataformas tecnológicas para que sean más transparentes y colaborativas. Por otro, la creación de programas de prevención que enseñen a los jóvenes a identificar y resistir estas tácticas de reclutamiento digital. E4