En este país, y otros muchos del mundo, cuesta trabajo primero creer, luego entender y al final asimilar las acciones, decisiones y declaraciones de algunos políticos y gobernantes que promueven reformas y cambios en la ley para la administración pública que luego pueden violar y al menos sacarles la vuelta para perpetrarse en el poder.
En el caso de la «Ley Esposa», las razones para cambiar las leyes electorales residen en promover la participación de las mujeres en las elecciones de Gobernador y en aquellas entidades donde un hombre gobernó quien lo suceda deberá ser una mujer.
La decisión de la participación femenina obligatoria para competir por las gubernaturas también genera polémica pues para muchos es una forma de limitar los derechos de participación política electoral de quienes no son mujeres.
El próximo año 2027 se renovarán las gubernaturas de dos estados: San Luis Potosí, con un gobernador emanado del Partido Verde, y Nuevo León, por Movimiento Ciudadano. En ambas entidades ya se propusieron reformas para empatar la reforma nacional.
La reforma anterior nacional y las estatales que se buscan reformar en ambas entidades son un «balazo en el pie» en la política y gobernanza, pues hay un rechazo del nuevo grupo de poder nacional que emitió una última modificación que impide a familiares de gobernadores sucederlos en el cargo.
Uno de los liderazgos nacionales del Verde se pronunció a conveniencia en el caso San Luis Potosí, dice que como la nueva ley entra en vigor en el año 2030, aún se puede aprobar y que así la esposa del actual mandatario estatal de San Luis Potosí pueda suceder a su pareja en el cargo.
En Nuevo León, la historia es la misma, y la dirigencia nacional del Movimiento Naranja se mantiene firme en su deseo de modificar la ley y con ello también permitir a la esposa del actual gobernador pueda contender por el cargo.
Pareciera entonces que para los líderes de esos dos partidos la ética o justicia de la ley que ellos mismos propusieron y aprobaron tiene una fecha de aplicación y caducidad para mantener el equilibrio de la gobernanza.
Las posibilidades de que ambos partidos pudieran permitir a otras mujeres competir por la candidatura se limitan para cualquier aspirante del género femenino de esos partidos pues no tienen la misma exposición que las esposas de ambos gobernadores que en los últimos cinco años tuvieron una proyección especial.
Es difícil de entender, comprender e incluso explicar las posiciones que tienen los partidos y sus políticos para justificar el respeto y promoción de la participación de mujeres, pero a costo de la obligatoriedad y sobre todo que con ello se promueve un acto de nepotismo y de una peligrosa continuidad en el poder.
En el estado de Zacatecas la situación podría ser similar y no por que se trate de una mujer o la pareja del actual gobernador, sino porque uno de los hermanos del actual mandatario estatal pretende la candidatura para suceder al actual y con ello podría ser el tercero de la familia.
El anterior caso fue el del estado de Guerrero donde la hija del candidato natural de Morena, reemplazó a su padre, quien violó las leyes electorales; ahora el mismo personaje mantiene vivas sus intenciones de suceder a la actual gobernadora.
Hay que esperar en que termina este capítulo de la política y la gobernanza moderna de México que bien podría sorprender en su resultado final a propios y extraños.
