Leyes, plomo y miedo: las nuevas fronteras de la libertad de prensa

Mientras Ecuador sucumbe ante la violencia del narco y El Salvador a la censura digital, nuestro país enfrenta una tormenta silenciosa de impunidad, indefensión e incertidumbre legal

En América Latina, la libertad de prensa y expresión enfrenta una doble amenaza: por un lado, la creciente violencia del crimen organizado que silencia a los periodistas con extorsiones, agresiones o exilio; por el otro, la expansión de leyes de seguridad o ciberseguridad que, con la justificación de proteger a la ciudadanía, podrían abrir la puerta a nuevas formas de censura. Aunque los contextos varían, el resultado tiende a ser el mismo: el ejercicio periodístico se vuelve más difícil y arriesgado.

«América Latina es la región sin guerras más peligrosa del mundo para el periodismo. Se estima que alrededor del 86% de los crímenes contra trabajadores de prensa quedan impunes».

Federación Internacional de Periodistas

Dos casos concretos —Ecuador y El Salvador— ilustran estas tensiones. En el primero, la violencia ligada al narcotráfico ha trastocado redacciones enteras. En el segundo, el Gobierno ha impulsado marcos legales que amplían la vigilancia estatal sobre los contenidos digitales. México, aunque sin iniciativas tan avanzadas en materia legal, enfrenta una situación de violencia estructural contra periodistas y un entorno institucional que no ofrece garantías suficientes.

Ecuador: periodismo sitiado

Ecuador atraviesa una crisis para los periodistas. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la violencia del narcotráfico ha alcanzado tal nivel que «busca silenciar a la prensa». El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también advierte que el país podría enfrentarse a una «tormenta perfecta» ante la violencia criminal y la parálisis política. Tan solo en 2024, se documentaron 194 agresiones contra la prensa, además de ocho periodistas exiliados, mientras en enero de 2025 se registraron 14 agresiones más. Destaca el caso de la toma del canal estatal TC Televisión el 9 de enero de 2024, cuando un comando armado irrumpió en vivo, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un «conflicto armado interno».

Periodistas como Karol Noroña salieron del país tras recibir amenazas de muerte ligadas a revelaciones sobre el narcotráfico. En palabras suyas «cada vez se ha vuelto mucho más hostil hacer periodismo ahora que todo el Estado ecuatoriano está permeado por el crimen organizado».

Las agresiones no solo provienen de grupos armados: también hay presiones estatales y legales. En 2025 ya ha tenido lugar múltiples detenciones legales, órdenes de censura y cierre temporal de medios como El Ferro Diario tras ultimátums contra su director. La precariedad del mecanismo de protección a comunicadores —señalado directamente por Reporteros Sin Fronteras (RSF)— deja en evidencia que el Estado no ha articulado respuestas eficaces.

El Salvador: vigilancia digital

En El Salvador, bajo el Gobierno de Nayib Bukele, se han aprobado leyes de ciberseguridad y protección de datos ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) advierte que estas normas podrían utilizarse «para eliminar publicaciones en línea críticas del Gobierno con el pretexto de proteger datos personales». Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, alertó: «Estas leyes son una fórmula ideal para aumentar la censura y la opacidad».

Las nuevas disposiciones crean una agencia estatal con facultades amplias que incluyen nombramiento presidencial, sanciones, supervisión de datos y control sobre contenidos en línea. Aunque excluyen expresamente datos necesarios para el periodismo, la excepción está condicionada al «principio de exactitud», cuya aplicación podría ser arbitraria. Además, el Gobierno salvadoreño ha avanzado en una Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a medios independientes a registrarse y pagar hasta 30% de impuestos si reciben financiamiento externo, con multas graves en caso de incumplimiento. Una estrategia que emula los esquemas implantados por Vladímir Putin en Rusia, en 2017, y que desde entonces exige a diarios, revistas, programas de televisión, plataformas digitales informativas, periodistas y organizaciones que reciben fondos del exterior y realizan actividades políticas a registrarse, etiquetar su contenido de forma destacada e informar con frecuencia al Kremlin.

Si bien las autoridades defienden estas normas bajo el argumento de que representan herramientas contra la desinformación y protección de los datos de los ciudadanos, HRW y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierten sobre su uso potencial para implantar control político y censura encubierta.

En México, aunque no se han impulsado leyes mordaza similares, la combinación de violencia impune contra comunicadores y tentativas de regulación restrictiva configuran un campo de riesgo latente. Desde el año 2000, Artículo 19 han documentado 172 asesinatos de periodistas en territorio nacional, en posible relación con su labor. El clima de impunidad persiste: pocos casos han sido resueltos, y la falta de protección efectiva y prevención mantiene la vulnerabilidad. En 2022 se discutió una Ley Nacional de Ciberseguridad que suscitó preocupación similar a la de El Salvador, aunque no llegó a concretarse. Posteriormente, se han presentado iniciativas sobre control de contenidos digitales y combate a la desinformación basadas en figuras como el Infomex y la UIF digital, sin transparencia sobre su alcance real.

Así, aunque jurídicamente formal, México enfrenta presiones similares: la justicia no llega, las agresiones no ceden, y hay tentaciones legales amparadas en la lucha contra la delincuencia o la desinformación. Además, el control político de las instituciones genera desconfianza entre periodistas. Las experiencias de Ecuador y El Salvador convergen en un mismo dilema: la búsqueda de seguridad sin sacrificar el derecho a informar. Mientras en la primera nación, la violencia criminal no perdona periodistas; en la segunda, la ley abre la puerta a una vigilancia digital que puede limitar la crítica. En México, ambos riesgos están presentes, aunque el impulso pueda parecer más difuso. E4