Los engranajes del presidencialismo funcionan de nuevo con Sheinbaum

Los gobernadores (24 de Morena y ocho de oposición) se alinean con la mandataria y cierran filas frente a la guerra de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El abandono de las entidades, después de la primera alternancia, favoreció la proliferación de carteles y disparó la violencia en el país

Narcopolítica, el triángulo dorado y el caso Loaiza

El acuerdo CS-Trump pone bajo la lupa a los gobernadores

En medio de las turbulencias por el despegue del Gobierno de Donald Trump, la aliada de los gobernadores es Claudia Sheinbaum. El carácter y templanza de la presidenta para afrontar la tempestad genera confianza en los sectores político, financiero y empresarial. La relación con la Casa Blanca es espinosa y debe manejarse con pinzas. Cualquier movimiento en falso puede ocasionar represalias inmediatas de una administración resuelta a demostrar su poderío. Las consecuencias parecen no importar, así afecte los intereses de Estados Unidos y el bienestar de los estratos pobres donde Trump obtuvo un importante caudal de votos.

La ola deportaciones y la aplicación de aranceles [desaprobada por el 55% de los estadounidenses (Reuters/Ipsos)], por ahora pospuesta, tendrán efectos negativos para nuestro país. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Zacatecas, principales expulsores de migrantes, serán los primeros afectados. El impacto sería mayor en los estados donde la industria automotriz se concentra y aporta más PIB (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes). Sin la concurrencia de la Federación, las entidades no pueden afrontar la situación. Las repatriaciones masivas y el desempleo generarán presiones adicionales. Para afrontar la situación y proteger las finanzas públicas, el país dispone de 100 mil millones de pesos, declaró la presidenta Sheinbaum.

«El diálogo y la cooperación son la mejor vía para fortalecer la relación bilateral y construir mejores escenarios (…) los acuerdos alcanzados por la presidenta Claudia Sheinbaum (…) refuerzan la estabilidad, la prosperidad y la seguridad en América del Norte».

(Conago, 03.02.25)

El 21 de enero, tras la investidura de Trump, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) cerró filas con la jefa de Estado y de Gobierno. «México es un país libre, independiente y soberano. A lo largo de su historia, ha demostrado su capacidad de salir adelante frente a cualquier adversidad. Nuestra fortaleza radica en la unidad, el esfuerzo y el espíritu inquebrantable de (…) los mexicanos, que siempre encuentran la manera de superar los retos y construir un futuro mejor». En el mismo desplegado, los 32 ejecutivos estatales expresan un categórico rechazo a «cualquier intento de injerencia externa que vulnere nuestra soberanía nacional. En defensa de nuestra independencia y autodeterminación, hacemos un llamado a respetar los principios de no intervención y respeto mutuo entre las naciones».

Frente a las imputaciones del Gobierno estadounidense para justificar el endurecimiento de las políticas comerciales, los gobernadores publicaron el 1 de febrero otro comunicado para respaldar, en un tono firme, la postura de la presidenta Sheinbaum.

«(…) ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Donde no se atiende, siempre hay problemas. No hay división política que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso».

(Presidenta Claudia Sheinbaum. Consejo Nacional de Seguridad, 10.12.24)

«Condenamos enérgicamente las acusaciones que sugieren nexos entre nuestro Gobierno y los cárteles del narcotráfico. Estas afirmaciones no sólo carecen de sustento, sino que ignoran los esfuerzos contundentes y verificables que México ha realizado para combatir al crimen organizado». La Conago advierte que bajo el liderazgo presidencial, «el país ha intensificado las acciones contra el narcotráfico mediante operativos estratégicos, la captura de líderes criminales y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad».

El discurso de los gobernadores los compromete, pero no los vacuna contra investigaciones. «Los hechos demuestran que el Gobierno de México ha asumido con responsabilidad su papel en la lucha contra el crimen organizado, reforzando el Estado de derecho y protegiendo a la ciudadanía». La Conago subraya la necesidad de «reconocer que el problema del narcotráfico es binacional», y entonces presenta la otra cara de la moneda: «La demanda de fentanilo y otras drogas que alimenta a los carteles se origina en Estados Unidos de América, igual que el tráfico ilegal de armas de alto poder que fortalece a estos grupos en México». Sobre la supuesta liga del Gobierno con las organizaciones criminales, la presidenta reviró: «Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de Estados Unidos».

Con respecto al aumento de tarifas, en paréntesis hasta el mes próximo, los gobernadores previenen del efecto bumerán: «(…) no solo perjudica a nuestra economía, sino que también afecta gravemente a Estados Unidos de América, dañando a trabajadores y empresas de ambos países, interrumpiendo cadenas de suministro esenciales y poniendo en riesgo la competitividad de América del Norte». La misma preocupación comparten en EE. UU. el Congreso, empresarios, políticos y estados como Arizona y Texas.

La pausa arancelaria, anunciada el 3 de febrero, detuvo por ahora la caída sobre México de la espada de Damocles. La Conago respiró junto con el país. «El diálogo y la cooperación son la mejor vía para fortalecer la relación bilateral y construir mejores escenarios (…) los acuerdos alcanzados por la presidenta Claudia Sheinbaum (…) refuerzan la estabilidad, la prosperidad y la seguridad en América del Norte», apuntan los gobernadores. Es pronto para echar las campanas al vuelo. Sin embargo, si el tráfico de drogas y el flujo migratorio disminuyen, la historia podría cambiar. Pero con una veleta como Trump nunca se sabe.

Al ritmo de la 4T

Si una golondrina no hace verano, los ocho gobernadores de oposición en funciones tampoco podrán hacerla. La Alianza Federalista (AF) intentó en 2019 adelantar el otoño del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la ola de Morena la arrolló en las elecciones intermedias de 2021. La AF reivindicaba en público la potestad tributaria de los estados (un nuevo pacto fiscal), pero el propósito de fondo era político: recuperar el control del Congreso, acotar el poder de AMLO en el final de su Gobierno, proyectar nuevos liderazgos y promover para la sucesión presidencial de 2024 a uno de los suyos.

Los 10 gobernadores de la AF, la mayoría de Acción Nacional, actuaron en paralelo con la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD), apadrinada por los grupos de presión. Sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de unas expectativas infladas. La falta de representación política (dos de cada tres estados permanecieron en la Conferencia Nacional de Gobernadores) y social (los partidos cerraron las puestas a la participación ciudadana) limitó el avance. El frente opositor ganó apenas una treintena de escaños más, pero Morena y sus aliados (PT y Verde) conservaron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

El fracaso de Va por México en los estados fue peor todavía, pues Morena obtuvo 12 gubernaturas de 15 en disputa. La tendencia se mantuvo en 2022, cuando Campeche, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas también se pintaron de guinda. La disolución de la Alianza Federalista, que nunca pasó de la retórica y de los amagos de abandonar el pacto federal, desveló el oportunismo político de sus integrantes. Cuando la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores) reanudó actividades, la 4T ocupaba ya la mayoría de los asientos, hoy distribuidos así: Morena, 24; Acción Nacional, cuatro; Movimiento Ciudadano, dos; y PRI, dos.

Después de la transición encabezada por AMLO, quien empezó el sexenio con cinco gobernadores de su movimiento (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz), la estructura política del país cambió y el poder se concentró en Morena. Con mayoría en el Congreso General, en los estados y en las legislaturas locales, la coalición Morena-PT-Verde domina el escenario con holgura. En ese contexto, y sin otra opción, los gobernadores de las demás corrientes políticas tendieron puentes con la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Hemos sido testigos de su capacidad para gobernar con honestidad, sensibilidad y justicia social. Las acciones emprendidas en este periodo han tenido un impacto positivo e inmediato en favor de las mujeres, las familias, la juventud y los sectores más vulnerables». Con ese mensaje, cuya cortesanía evoca los tiempos de la presidencia imperial, la Conago saludó el 8 de enero a Sheinbaum al cumplirse los 100 primeros días de su administración. Los gobernadores de oposición le regatearon méritos a AMLO e incluso trataron de boicotear algunas de sus iniciativas; hoy, en minoría y urgidos de apoyo federal, han dejado de jugar con fuego.

En el mismo tono adulador y sin reparos, los ejecutivos locales, presididos por Marina Ávila Olmeda, de Baja California, apoyan los cambios impulsados por la presidenta, atacadas antes por los de oposición. «En este breve pero significativo tiempo, su administración ha alcanzado logros de gran trascendencia, como la aprobación de reformas constitucionales (…) que demuestran no solo su capacidad de diálogo y negociación, sino también la madurez de nuestra democracia participativa. México es hoy ejemplo de cómo se puede construir un proyecto de nación basado en la justicia, la inclusión y la sostenibilidad». Los engranajes del presidencialismo han vuelto a funcionar, pero ahora al ritmo de la 4T.

En el punto de mira

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) fue la respuesta del PRI como partido opositor tras la victoria del empresario Vicente Fox en las elecciones de 2000. El PAN ganó la presidencia, pero el PRI conservó el dominio del Congreso, los Gobiernos estatales y la estructura electoral debido a su experiencia y sus alianzas históricas con los poderes fácticos. Los gobernadores utilizaron su influencia para obtener ventajas políticas y económicas, afianzar sus cotos y presionar al presidente. Fox los dejó sueltos. Algunos aprovecharon la situación para ampliar la infraestructura y sanear las finanzas en sus estados; otros se dedicaron a medrar.

El sindicato de gobernadores, al principio exclusivo del PRI, se afianzó en el sexenio de Felipe Calderón, y las cosas empeoraron. La deuda de los estados se disparó y la violencia se generalizó. Coahuila no solo fue campeón en impunidad y opacidad, sino también en nepotismo por la transmisión del poder entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El clan utilizó la codicia de las élites, la indolencia ciudadana y la sumisión de las oposiciones para sus fines. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 5 de febrero que promoverá reformas contra el nepotismo, práctica abusiva y venal presente en los gobiernos de todos los partidos, sin excluir a Morena.

Con las riendas el poder sujetas, Sheinbaum empieza a meter en cintura a los gobernadores, sin caer todavía en juegos mediáticos, insidias políticas, tentaciones autoritarias y golpes de efecto para ganarse a la galería; no lo necesita ni es su estilo. La presidenta dispone de los medios constitucionales para ordenar el país. Sabe que el auge, la proliferación de carteles y la espiral de violencia en las entidades, durante las gestiones de Fox, Calderón y Enrique Peña, fue tolerada por administraciones del PRI, PAN y el PRD; en algunos casos, a cambio de sobornos. La alternancia en los estados, gobernados ahora en su mayoría por Morena, ha exacerbado la violencia en regiones específicas. El abandono e incapacidad de algunos gobernadores agrava la crisis.

Para reducir los índices de violencia, Sheinbaum pidió a los ejecutivos locales ajustarse a la estrategia de seguridad nacional. Reunida el 10 de diciembre con 30 de ellos, la presidenta fue directo al grano: «Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Donde no se atiende, siempre hay problemas. No hay división política que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso». Cada entidad tendrá una metodología particular, anunció. Los gobernadores se llevaron la tarea de «fortalecer las policías estatales y municipales».

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública participaron los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Harfuch García; y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz. «La responsabilidad no puede delegarse», dijo Sheinbaum a los gobernadores. Si la cabeza no está, la coordinación no funciona, recalcó. Al presidente López Obrador se le culpó de la violencia heredada por Calderón y Peña Nieto, así como de la escalada en estados gobernados por el PRI (Guerrero, Sinaloa, Zacatecas), el PAN (Guanajuato, Tamaulipas) y el PRD (Michoacán). El mensaje de Sheinbaum es claro: ya no hay lugar para los pretextos. Los gobernadores y alcaldes —sobre todo de Morena— serán observados directamente por la presidenta. Si fallan de nuevo o tratar de evadir su responsabilidad, habrá consecuencias. E4

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Narcopolítica, el triángulo dorado y el caso Loaiza

El único gobernador de Sinaloa que combatió la siembra de drogas y a los carteles, entonces incipientes, murió asesinado por un «guardia blanca» protegido del poder

Sinaloa forma parte del triángulo de oro mexicano junto con Durango y Chihuahua. Se le conoce así por su semejanza con el Triángulo Dorado del Sureste Asiático; en su caso, por la siembra de amapola y mariguana. En esa región de la Sierra Madre Occidental nacieron los líderes de los principales carteles: Rafael Caro Quintero, Arturo Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán e Ismael Zambada; Miguel Ángel Félix Gallardo era originario de Culiacán. Rodolfo T. Loaiza, único gobernador independiente de Sinaloa y primero en combatir el cultivo de estupefacientes y al narcotráfico, entonces incipiente, murió asesinado el 21 de febrero de 1944, diez meses antes de terminar su mandato. Convenientemente, como ocurre en estos casos, la autoría intelectual no se esclareció, pero las sospechas apuntaron hacia las únicas fuentes probables: los acaparadores de tierras, los capos, el Gobierno de presidente Manuel Ávila y un rival político local (con datos de Wikipedia).

Loaiza combatió en las filas de Venustiano Carranza y después se unió al general Lázaro Cárdenas. Más tarde fue senador en dos periodos y diputado federal. En la sucesión estatal de 1940, el favorito de Manuel Ávila Camacho, candidato a la presidencia, era Guillermo Liera; y el del gobernador Alfredo Delgado, Loaiza. El Partido de la Revolución Mexicana (antecedente del PRI) postuló a Liera y el Partido Acción Revolucionaria Sinaloense, a Loaiza, quien ganó la elección apoyado por el Gobierno de Delgado. Una vez en la presidencia, Ávila Camacho le pasó factura al nuevo gobernador: redujo el presupuesto a Sinaloa y los programas federales.

Loaiza lideró el primer bloque de gobernadores opositores en torno a la figura del expresidente Cárdenas, a quien Ávila Camacho puso al frente de la Región Militar del Pacífico, en 1942, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Loaiza convocó reunión a los gobernadores costaneros para «coordinar la cooperación de los Gobiernos de los Estados del Litoral del Pacífico con la política internacional del presidente». Ávila Camacho apoyó en principio la iniciativa, pero después la boicoteó por celos políticos. Cárdenas no asistió. Cuando México le declaró la guerra a las potencias del Eje, Loaiza dispuso medidas de prevención antes de que lo hiciera del Gobierno federal, pero desistió para dedicarse de lleno a sus tareas.

Continuar con el reparto de tierras
—interrumpido por el presidente Ávila Camacho—, una de las políticas centrales del cardenismo, le granjeó a Loaiza la inquina de los grupos de poder. En respuesta, los latifundistas crearon las «guardias blancas», grupos armados que actuaban al margen de la ley. El 21 de febrero de 1944, Loaiza recibió un tiro en la cabeza, en el hotel Belmar, durante el Carnaval de Mazatlán. Su asesino, Rodolfo Valdés, el Gitano, reconocido como el primer sicario de Sinaloa, había sido «guardia blanca». Después de una temporada en prisión, recuperó su libertad. Entre los probables autores intelectuales también se mencionó al general Pablo Macías, adversario de Loaiza, a quien sustituyó en la gubernatura en el periodo 1945-1950.

De Macías se lee en Wikipedia: «se le acusó de ser cabecilla de una banda de narcotraficantes. Se decía que era dueño de aviones y pistas de aterrizaje clandestinas, y que poseía cientos de hectáreas de sembradíos de amapola. Un periodista mazatleco lo menciona en relación con la liberación de Miguel Urías Uriarte, un productor de opio que había sido detenido. Se decía que Urías Uriarte era protegido de Macías Valenzuela y del nuevo director de la Policía Judicial». ¿Extraña que Sinaloa se haya convertido en la base del principal cartel y en fuente permanente de violencia? E4

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El acuerdo CS-Trump pone bajo la lupa a los gobernadores

De los resultados del acuerdo para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular en la frontera dependerá si los aranceles pospuestos se aplican a partir de marzo o se difieren por más tiempo

Los candidatos de oposición a la gubernatura acusaron, en las campañas de 2023, que la seguridad en el estado era sostenida por policías venales. «¿Por qué hay tanto cristal en Coahuila? Porque los Gates, la Fuerza Coahuila, hoy PCC y PAR, les cambiaron el nombre por tantas violaciones a los derechos humanos, son los principales regenteadores del cristal y por eso invaden nuestras colonias y ejidos, por eso violentan a nuestros jóvenes», denunció el candidato del PT, Ricardo Mejía, en el debate del 17 abril, en Torreón. El gobernador Miguel Riquelme refutó: «son tonterías». «Si habla de colusión con algún cartel, aquí todos los carteles se han topado con la policía de Coahuila en todas nuestras fronteras (…), aquí hemos generado un blindaje que hoy nos permite vivir con paz y tranquilidad».

Exaliado político de Riquelme, Mejía no hablaba de pactos con carteles nacionales, sino de uno local formado, según su perspectiva, por fuerzas de seguridad del estado. El candidato tenía información fidedigna, pues en la mayor parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como segundo de a bordo de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación. Los cuestionamientos sobre las corporaciones policiales no han dejado de hacerse.

Mejía retomó el asunto, ahora como diputado del PT. En la sesión del 10 de diciembre pasado, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Manolo Jiménez «a implementar políticas públicas integrales para la prevención y tratamiento de adicciones, con especial enfoque en el consumo de cristal». La adicción entre los jóvenes de las comunidades rurales del estado aumentó 10% en 2024; y los reportes de fentanilo, antes localizados en la frontera norte, se extendieron a otras regiones, dice Mejía en sus consideraciones. Una de las fuentes que citada es «100 pasos para la transformación. Claudia Sheinbaum Pardo».

La presidenta Sheinbaum acordó el 3 de febrero con su homólogo estadounidense Donald Trump reforzar la seguridad en la frontera para detener el tráfico de drogas como el fentanilo y el paso de migrantes; a cambio, logró que la aplicación de aranceles se pospusiera por un mes. El gobernador Manolo Jiménez instaló el día siguiente el Consejo de Seguridad y Desarrollo Económico de la Región Carbonífera, donde hay quejas de abusos policiacos. Jiménez anunció el emplazamiento de 300 elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General y agentes municipales. La Guardia Nacional y el Ejército desplegarán 30 mil.

La presión del Gobierno de Estados Unidos y los compromisos de la presidenta Sheinbaum obliga a los gobernadores a apretar las clavijas a las instituciones de seguridad y de justicia y, en su caso, depurarlas. Las acusaciones de la Casa Blanca en el sentido de que «las organizaciones mexicanas de narcotraficante mantienen una alianza intolerable con el Gobierno de México», amerita no solo desmentidos retóricos, sino acciones concretas para demostrar lo contrario. Si se descubren relaciones entre políticos y capos y no hay avances tangibles contra el tráfico de drogas, Trump aplicará los aranceles y adoptará nuevas medidas. El comunicado advierte que el Gobierno mexicano «ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses». E4