El hallazgo de un rancho en Jalisco donde colectivos civiles de buscadores de personas desaparecidas denunciaron la presencia de ropa y pertenencias que hacían suponer que en el sitio la delincuencia organizada desapareció a muchos seres humanos, ya se convirtió en un hecho que proyecta graves problemas de seguridad y en el futuro problemas de gobernabilidad.
La Fiscalía General de la República tomó el caso en tiempo récord, descalificó también en poco tiempo a su similar estatal y de una forma casi instantánea confirmó el hallazgo de restos humanos enterrados, además de ropa y calzado que evidenciaba en ese sitio la presencia de más de cien personas, entre hombres y mujeres.
Los muertos, hasta el momento, no sólo estarían bajo la tierra o en cenizas en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, también podrían surgir defunciones (figuradas) entre servidores públicos de los tres niveles de Gobierno, algunos coludidos y otros condenados por la opinión pública.
Las propias autoridades federales de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad federal, confirmaron la detención del presunto responsable de reclutar a personas que buscaban un empleo y en realidad los llevaban a este centro de «reclutamiento» donde los mataban si no accedían al violento adiestramiento.
Además, ya se confirmó la detención de dos presuntos policías o expolicías municipales que estarían coludidos con la delincuencia organizada y que fortalecerían los dichos presidenciales del Gobierno norteamericano, solo por mencionar este caso.
En el entorno del hallazgo, que hay que tener presente, fue realizado por ciudadanos y no por autoridades; una vez que lo notificaron a las autoridades y a los medios de comunicación, las reacciones de descalificación y/o minimización alcanzaron, desde la figura presidencial, un polémico senador y hasta funcionarios de tercer o cuarto nivel, esto para evitar un impacto negativo en la opinión pública en los sectores gubernamentales.
Llama la atención para el humilde escribiente, que el costo político solo se ha concentrado en el Gobierno federal y no en el Gobierno estatal, el actual y el anterior, pues en todo caso, el rancho operaba ahora y desde antes.
Aunque se invitó a no politizar el caso, la delgada línea fue rebasada por la tentación de gobernantes y opositores por lo que el caso en el futuro seguramente será usado como bandera de lucha.
En el resumen ante la opinión pública, hay muertos, medios muertos, ganadores y perdedores, pero sin duda los colectivos de buscadores de personas desaparecidas fueron visibilizados nuevamente y el fenómeno de desaparición es un grave problema para los gobernantes actuales, los del pasado y los del futuro.
