Luces
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en la lista Time 100 de las personas más influyentes de 2025. Este reconocimiento internacional la posiciona como una figura clave en el escenario global, destacando su liderazgo firme, su enfoque ambiental y su alta aprobación ciudadana. El perfil publicado en Time resalta la transición que representa su mandato, al ser la primera mujer en encabezar el Ejecutivo mexicano, así como su capacidad para mantener una base popular sólida tras la salida de Andrés Manuel López Obrador. El reconocimiento también subraya su compromiso con una agenda verde: desde su gestión en la Ciudad de México impulsó proyectos de transporte sustentable, reforestación urbana y control de emisiones. En el plano internacional, su inclusión en la lista abre posibilidades de mayor protagonismo para México en foros globales. Aunque sus retos son enormes, el reconocimiento de Time representa un respaldo simbólico que puede fortalecer su legitimidad en el inicio de su sexenio. Sheinbaum se une así a un grupo selecto que define la agenda pública global desde distintas trincheras.
México ha anunciado una inversión multimillonaria para acelerar su transición hacia fuentes de energía limpias. El nuevo paquete incluye el desarrollo de parques solares en estados del norte, ampliación de plantas eólicas en el Istmo de Tehuantepec y programas de incentivo fiscal para empresas que adopten tecnologías sustentables. Este esfuerzo responde tanto a compromisos internacionales como al deterioro ambiental que ha afectado varias regiones del país. La iniciativa fue bien recibida por organismos internacionales, que ven en México un posible motor para el cambio energético regional. En particular, la colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas para el desarrollo de energías renovables marca un giro estratégico con respecto al enfoque extractivista del sexenio anterior. Aunque aún falta consolidar marcos regulatorios e infraestructura de almacenamiento energético, el anuncio representa un cambio de timón que podría colocar a México en la vanguardia de la transición ecológica en América Latina. El reto será sostener el impulso político y técnico frente a intereses económicos aún arraigados en el petróleo y el gas natural.
Un grupo de investigadores y desarrolladores mexicanos lanzó una aplicación móvil para atender la salud mental de jóvenes en comunidades vulnerables. La plataforma, diseñada con base en estudios clínicos y pruebas piloto, permite detectar síntomas de ansiedad y depresión a través de cuestionarios interactivos, seguimiento emocional diario y asesoría psicológica remota. Este proyecto, apoyado por la UNAM y financiado en parte por fondos públicos, ya ha mostrado resultados alentadores: en las escuelas donde se implementó como programa piloto, el ausentismo escolar disminuyó y los reportes de crisis emocionales bajaron significativamente. Además, permite canalizar a los usuarios hacia profesionales de la salud cuando se detectan señales de alerta. El acceso gratuito a esta herramienta, sumado a su interfaz sencilla, la hace ideal para contextos de bajos recursos. Con una salud mental juvenil cada vez más amenazada por la violencia, la pobreza y el aislamiento digital, esta aplicación representa una respuesta concreta e innovadora. Podría incluso replicarse en otros países con retos similares de atención psicológica pública.
Sombras
El 26 de abril, un hombre identificado como Kai-Ji Adam Lo condujo su SUV contra una multitud durante un festival filipino en Vancouver, dejando un saldo de 11 personas muertas y más de 30 heridas. Aunque aún se investiga si se trató de un acto premeditado, el incidente ha generado preguntas inquietantes sobre la vigilancia, el control vehicular y el manejo de salud mental en Canadá. Lo que comenzó como una celebración cultural terminó en tragedia. Varios testigos afirmaron que el conductor parecía «desorientado», pero no frenó en ningún momento. Las autoridades han ordenado una evaluación psiquiátrica del atacante y revisan posibles antecedentes de violencia o enfermedad mental. El caso ha reavivado el debate sobre los protocolos de seguridad en eventos públicos, particularmente en ciudades donde la multiculturalidad y la apertura social conviven con un sistema de salud mental que muchos consideran insuficiente. La masacre no solo sacudió a la comunidad filipina, sino que encendió las alertas sobre posibles vacíos institucionales en la prevención de este tipo de ataques. Canadá enfrenta ahora la presión de revisar sus políticas públicas al respecto.
La crisis hídrica que azota al norte de México se ha intensificado durante los últimos meses, con estados como Coahuila, Nuevo León y Sonora registrando niveles críticos en sus principales presas. En Monterrey, más de un millón de personas sufren cortes prolongados, mientras que sectores agrícolas reportan pérdidas millonarias. A pesar de las advertencias científicas, los Gobiernos estatales y federal no han implementado una estrategia coordinada. Las medidas adoptadas son, en muchos casos, reactivas y mal comunicadas. El reparto desigual del agua también ha encendido tensiones entre comunidades urbanas e industriales frente a zonas rurales y campesinas. Activistas ambientales y expertos denuncian que la explotación excesiva de acuíferos, sumada al cambio climático, han convertido esta crisis en una emergencia estructural. Las protestas aumentan en varias ciudades del norte, mientras la confianza en las instituciones se erosiona. La pregunta es si los Gobiernos actuarán con la urgencia y el enfoque técnico que la situación requiere o si se limitarán, una vez más, a parches temporales. El tiempo se agota para muchas comunidades sedientas.
En estados del norte como Zacatecas, Durango y Chihuahua, las comunidades rurales enfrentan una creciente ola de violencia ligada al crimen organizado. La disputa entre cárteles por territorios de siembra, rutas y control social ha transformado pueblos enteros en zonas de riesgo. Tan solo en abril, más de 40 homicidios fueron registrados en municipios agrícolas clave. Productores han denunciado extorsiones, desplazamientos forzados y robo sistemático de cosechas. Organizaciones civiles advierten que se trata de una nueva forma de dominio criminal: el control de los ciclos económicos locales. Mientras tanto, la respuesta del Estado ha sido fragmentaria y, en muchos casos, tardía o ineficaz. La violencia rural ha provocado un éxodo silencioso: campesinos abandonan sus tierras ante la falta de garantías mínimas de seguridad. Esto afecta directamente la producción de alimentos y acelera la desertificación social en regiones ya de por sí vulnerables. El discurso oficial insiste en avances, pero los datos y testimonios narran otra historia: el campo se desangra, y los Gobiernos parecen no estar a la altura del desafío. Se impone una respuesta más coordinada y estructural para contener el deterioro.