Luces
El Gobierno federal presentó una iniciativa para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, sin que la víctima tenga que presentar denuncia formal. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el objetivo es proteger a las personas extorsionadas, quienes muchas veces evitan denunciar por temor a represalias. La propuesta incluye reformas a las Leyes Generales y una eventual Ley General contra la Extorsión. El cambio legal permitirá que, ante reportes como llamadas sospechosas, el Estado pueda actuar de inmediato. Instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad tendrán facultades para intervenir, incluso solicitando el bloqueo de números telefónicos. Aunque la penalidad no se modifica y el delito seguirá siendo del fuero local, todos los estados estarán obligados a investigarlo sin necesidad de denuncia previa. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados y contempla fortalecer la coordinación institucional. «La víctima somos todas y todos», dijo Sheinbaum. También aseguró que, si se requiere, habrá más recursos para combatir este delito que continúa en constante aumento.
Con paso firme hacia la protección de la infancia, el Congreso de Querétaro aprobó la llamada «Ley Kuri», una reforma que busca blindar a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales. La normativa prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años y exige autorización parental para usuarios entre 14 y 17. Además, obliga a las plataformas a implementar filtros, mecanismos de verificación y protocolos de denuncia para evitar el ingreso de menores sin supervisión ni respaldo legal. La ley también endurece las penas contra quienes utilicen internet con fines de abuso sexual infantil: de tres a seis años de prisión, con agravantes si se incurre en engaño, coacción o intimidación. Por primera vez, las empresas tecnológicas serán legalmente responsables si no cumplen con estas disposiciones y si de su omisión derivan daños a menores de edad. La iniciativa fue respaldada por todas las fuerzas políticas y se complementa con la reciente prohibición del uso de celulares en aulas. Aunque su aplicación dependerá de vigilancia efectiva y voluntad institucional, la reforma marca un precedente nacional. En tiempos donde la niñez navega sin salvavidas, Querétaro propone, al menos, levantar un dique.
Mientras gran parte del planeta enfrenta el colapso de sus recursos marinos, en México hay zonas donde la esperanza se cultiva bajo el agua. Se trata de los refugios pesqueros, áreas decretadas como libres de captura en las cuales especies clave como el mero, la langosta o el pulpo pueden reproducirse y recuperar sus poblaciones. Uno de los ejemplos más exitosos se encuentra en Celestún, Yucatán, donde pescadores, científicos y autoridades han logrado, en una década, revivir ecosistemas dañados y mejorar la calidad de vida local. Actualmente existen más de dos millones de hectáreas protegidas bajo esta figura legal en el país. La biodiversidad se ha incrementado, los periodos de veda se respetan más y las comunidades, lejos de perder ingresos, han visto mayores capturas sostenibles fuera de las zonas de reserva. El modelo —reconocido por organismos internacionales— combina conocimiento tradicional, ciencia y participación comunitaria, y está sirviendo de ejemplo para otros países del continente. México demuestra que la conservación y el desarrollo no son opuestos, sino aliados posibles si se gobierna con visión de largo plazo.
Sombras
El reciente fallo del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, que exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, responsable de la tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005, representa un alarmante retroceso en la lucha por la justicia y la reparación integral del daño. Esta decisión no solo desampara a la periodista, sino que envía un mensaje claro de impunidad a quienes atentan contra la libertad de expresión. Este caso, vinculado a la publicación de Los demonios del Edén, que destapó redes de explotación sexual infantil con conexiones a empresarios y funcionarios públicos, evidencia un patrón sistemático de corrupción en las instituciones. La decisión del tribunal refuerza la percepción de un sistema judicial permeado por influencias externas, prácticas corruptas y una falta grave de voluntad política para proteger a quienes defienden derechos humanos. Organizaciones como Artículo 19 y la propia Lydia Cacho han exigido una investigación exhaustiva sobre las decisiones del tribunal y el avance de los procesos penales contra otros responsables intelectuales Mario Marín y Hugo Adolfo Karam Beltrán.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el 14 de julio una ola de persecución transnacional liderada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El organismo internacional señaló que exiliados y opositores radicados en países vecinos —así como periodistas, abogados, estudiantes y activistas— enfrentan amenazas, vigilancia diplomática y asesinatos vinculados directamente a órdenes emitidas desde Managua. La CIDH recabó evidencia de espionaje realizado desde embajadas, campañas de difamación coordinadas y violencia directa, incluyendo el asesinato del exmilitar Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica. Estos hechos han sido calificados como «crímenes sin fronteras» por la política e investigadora Dora María Téllez. Ante la gravedad, la comisión exigió al Gobierno nicaragüense permitir el acceso pleno de organismos regionales para inspeccionar víctimas y testigos. La CIDH advirtió que «esta represión internacional refleja un patrón de autoritarismo extremo, donde el cerco sobre la disidencia se extiende más allá de las fronteras, silenciando incluso desde el exilio y erosionando los derechos más básicos».
El mortal accidente ocurrido en Southend, Reino Unido, ha reavivado el debate sobre los controles de seguridad en vuelos médicos y charter. La tarde del domingo 13 de julio, un avión Beechcraft B200 de la firma neerlandesa Zeusch Aviation se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Southend, al este de Londres. La aeronave, utilizada para evacuaciones médicas, transportaba a cuatro personas —una enfermera chilena, un médico europeo, el piloto y el copiloto—. Todos fallecieron en el impacto. Testigos presenciales relataron cómo el avión giró bruscamente tras el despegue, perdió altitud y cayó en picada, generando una explosión seguida de una densa columna de humo negro. Las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas y se evacuaron zonas cercanas como un club de golf y un campo de rugby. Equipos del AAIB, la policía de Essex y personal de la RAF trabajan en conjunto para determinar si el siniestro fue causado por una falla mecánica o humana. Restos de la aeronave ya fueron trasladados a laboratorios forenses especializados como parte de la investigación. El Reino Unido enfrenta nuevamente preguntas incómodas sobre la supervisión de vuelos no comerciales.