Luces
Blanca Isabel Martínez Bustos entregó su vida a la justicia, la memoria y el acompañamiento de comunidades vulneradas. Su partida, anunciada la madrugada del 10 de noviembre, genera un profundo vacío en el activismo mexicano, pero también un legado luminoso que seguirá guiando a quienes luchan por los derechos humanos. Como directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo, se convirtió en uno de los pilares más firmes y coherentes del movimiento por las personas desaparecidas. Su labor no era solo institucional, Blanca caminaba junto a las familias que buscaban a sus seres queridos, escuchaba su dolor, acompañaba sus denuncias y les daba voz en espacios donde muchas veces solo existía el silencio.
Desde sus inicios en el activismo social, fue una mujer de convicción y ternura. Su trayectoria arrancó en los movimientos obreros y campesinos y alcanzó ecos nacionales desde su etapa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas. Luego, invitada por el obispo Raúl Vera, regresó a Coahuila para fundar y dirigir el Fray Juan de Larios, que con su liderazgo se convirtió en un referente de la búsqueda de verdad y justicia. Bajo su dirección, el centro impulsó la creación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y su vínculo con FUNDEM, contribuyendo a visibilizar la tragedia de la desaparición forzada en México. Su compromiso superó lo profesional. «Fue una incansable luchadora por la vida, por la memoria y la esperanza», señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas al despedirla.
A juicio de muchos, Blanca representaba una ética radical pues construía justicia desde el dolor y la fraternidad, y con firmeza transformaba la indignación en acción. En palabras de Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, tras su muerte «deja un vacío que nadie va a llenar» porque «Coahuila se convirtió en referente nacional, y no fue por el Gobierno, fue por el impulso que dio Blanca». Su legado se materializa en redes de acompañamiento, litigio, presión institucional y consuelo comunitario. Todo ello parte de un modelo humano y solidario para enfrentar la crisis de la desaparición. La presencia de Blanca Martínez también era símbolo de una ternura política que pocos activistas dominan. Sabía que la denuncia tenía que acompañarse con cuidado por el otro. Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI México), en su comunicado de pésame, destacó su «liderazgo y su humanidad», reconociendo que acompañó con esperanza «a las familias de personas desaparecidas» incluso en los momentos más difíciles.
Para quienes la conocieron, era más que una activista, personificaba una compañera, una guía, una amiga con la determinación de quien no abandona a quienes sufren. Uno de los mayores méritos de su obra fue institucionalizar la dignidad. Bajo su dirección, el Centro Fray Juan de Larios consolidó su papel en la denuncia, la búsqueda y la reivindicación de víctimas, pero también en la generación de propuestas estructurales, como mecanismos de identificación y acompañamiento. En documentos institucionales, su centro planteaba la misión no solo de acompañar a quienes sufren, sino de empoderarlos, «luchar por la construcción de espacios de esperanza y empoderamiento de mujeres y hombres… para una sociedad más justa y fraterna», según el Diagnóstico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas publicado por su organización. Esa mirada humanista transformó su centro en punto de encuentro y de acción concreta, no solo para las familias, sino para la sociedad.
Sombras
La jornada de protestas encabezada por sectores de la Generación Z el 15 de noviembre dejó al descubierto un clima de tensión que rebasó por completo la convocatoria inicial. Lo que comenzó como una marcha para exigir mayor atención gubernamental a temas de justicia social, bienestar económico y seguridad digital terminó derivando en una espiral de violencia donde distintos actores —manifestantes radicalizados, cuerpos policiales y oportunistas ajenos al movimiento— contribuyeron a desvirtuar el sentido original de la movilización. La irrupción del llamado bloque negro, que derribó vallas de Palacio Nacional con martillos y piedras, marcó un punto de quiebre que aceleró los enfrentamientos. La respuesta policial tampoco fue proporcional. Cargas con escudos, uso extendido de gas y detenciones confusas, algunas documentadas por observadores civiles, tensaron aún más el ambiente. A ello se sumaron grupos que aprovecharon el caos para saquear comercios y provocar incendios menores, acciones que no respondían a la agenda de la protesta. El saldo final, con más de un centenar de lesionados, incluidos policías y jóvenes, exhibe una falla colectiva evidente.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) vuelve a encender las alarmas sobre la persistencia de las desapariciones en México y Centroamérica, un problema que evidencia no solo la magnitud de la violencia, sino la incapacidad estructural de los Estados para proteger a sus ciudadanos. Cada año, miles de personas desaparecen debido a la persecución política, las rutas migratorias peligrosas, la trata de personas y el crimen organizado. Sin embargo, lo más grave no son solo las cifras, sino la forma en que el fenómeno sigue dejando a las familias en total vulnerabilidad. El CICR denuncia que el miedo a represalias o la revictimización impide a los familiares acudir a las autoridades, mientras las instituciones no generan mecanismos confiables de búsqueda y prevención. La ausencia de datos oficiales refuerza la opacidad y la desprotección, dejando a las víctimas y sus seres queridos en un limbo jurídico y social que perpetúa la impunidad. Testimonios como el de Emma Mora, cuya esperanza de volver a ver a su hijo desaparecido sigue viva desde 2011, muestran que las soluciones siguen siendo insuficientes. La realidad es que, sin políticas efectivas, México no escapará de este flagelo.
El cese al fuego entre Israel y Hamás, acordado con mediación internacional el 9 de octubre, ha mostrado ser más frágil de lo prometido. Según el Gobierno de Gaza, Israel habría violado el alto el fuego al menos 47 veces desde su entrada en vigor, incluidas «acciones directas de fuego, bombardeos deliberados y arrestos de civiles». La gravedad de estas acusaciones se incrementa cuando se considera que algunas de estas violaciones se han saldado con decenas de muertos y heridos palestinos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido que el alto al fuego es «temporal» y ha condicionado su continuidad a la entrega completa de los cadáveres de rehenes por parte de Hamás. Además, se reporta que Israel está restringiendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, permitiendo solo 300 camiones cuando el acuerdo estipulaba el acceso de hasta 600, según fuentes de la ONU. En suma, la tregua no ha detenido la espiral de desconfianza. A cada acusación de violación por parte de una de las partes, le sigue un acto que debilita aún más la legitimidad del acuerdo. Por si no bastara, el uso instrumental de rehenes, cortes de ayuda y fuego activo contradice el espíritu del pacto.