La muerte violenta del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, será sin duda una de las manchas más grandes del actual sexenio federal, más allá de las explicaciones o justificaciones, porque al margen de los resultados obtenidos hasta el momento para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado, subsistirá en su historia de gobierno el asesinato de un alcalde que pidió ayuda y que acusó a su gobernador de ser parte de la delincuencia organizada.
Carlos Manzo no era cualquier alcalde, era un presidente municipal de uno de los municipios más importantes de Michoacán y que pasará a la historia no solo porque lo mataron, si no porque era uno de los alcaldes más mediáticos del país.
Además, ganó la alcaldía sin ser respaldado por algún partido político y se enfrentó a la delincuencia organizada que operaba en su municipio y los alrededores, acción que fue parte de su promesa de campaña y por lo que fue votado por 95 mil ciudadanos que ya no confiaron en los candidatos de los partidos, incluido Morena.
El alcalde de Uruapan tenía 40 años y dejó una viuda y un niño en la orfandad; fue integrante de Morena, pero decidió buscar en forma independiente la alcaldía, pues en apariencia podría ser uno de los primeros políticos comarcanos que agotaron el modelo político que por lo menos en Michoacán será altamente cuestionado por la ciudadanía.
El edil uruapuense difundió diversos videos que cuestionaron ampliamente la estrategia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y afirmó que a la delincuencia organizada hay que combatirla con «chingazos» y no abrazos.
En septiembre de este año, solicitó a la titular del poder Ejecutivo federal apoyo en elementos, armamento y seguridad, pues las amenazas de muerte eran cada vez más constantes y serias.
La solicitud se realizó porque el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla ignoró las exigencias de Manzo Rodríguez que incluso lo acusó de ser parte de la delincuencia organizada y lo retó a enfrentarse incluso a golpes.
Justamente será el gobernador de Michoacán quien podría ser el primer sacrificado político para pagar por la omisión del Gobierno federal y el llamado de auxilio urgente del alcalde asesinado.
Hoy Carlos Manzo ya no tiene forma de probar si el gobernador de su estado está o no ligado a la delincuencia organizada o al menos es culpable, por omisión, para enfrentar al crimen organizado.
La reacción de los uruapenses durante la visita de Ramírez Bedolla al velorio del alcalde asesinado, es una de las muestras palpables de que será el político sacrificado, pues lo mandaron a eso, para al menos en el juicio sumario de los ciudadanos, exonerar por unos momentos al Gobierno federal.
Para la titular del poder Ejecutivo federal, la afectación será temporal y recurrente, pero ya no hay peor daño que una disminución de su popularidad y obviamente el nuevo pretexto de presión del Gobierno norteamericano para enfrentar a la delincuencia organizada.
Otro de los damnificados, por omisión, inocencia o porque tiene que seguir órdenes, es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, pues su explicación casi estéril de que el alcalde Carlos Manzo si tenía escolta federal, demuestra entonces, que ni de esa forma se puede garantizar la seguridad de gobernantes y políticos en estados que están tomados por el crimen organizado y por consecuencia hay un estado fallido.
La muerte de Carlos Manzo sin duda será utilizada como bandera política y no es malo sobre todo cuando se vive un entorno en el que una vez más, en una entidad de este país, quien gobierna a plomo y plata es la delincuencia y no el Estado de derecho de los tres ámbitos de Gobierno.
