Masacre de Allende: 14 años en el olvido; Teuchitlán palidece frente a esa atrocidad

Los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Jalisco, debe servir para que el Gobierno de la presidenta Sheinbaum investigue a las autoridades cuya omisión o complicidad derivó en una de las peores matanzas. El caso se denunció ante la CPI bajo el título «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila constituyen crímenes de lesa humanidad»

Narcotráfico, la guerra que se perdió antes del primer disparo

Trump sube la apuesta: no solo quiere capos, también políticos

Los gobiernos supeditan las prioridades sociales a las agendas políticas de sus líderes y al interés de las élites. El bien común pasa a un segundo o tercer término. La verdad tampoco les importa. Para evadirla, la ocultan y maquillan… hasta que las víctimas supervivientes y sus familias rompen el cerco de miedo, se organizan y actúan. Entonces surge una luz de esperanza y lo que parecía olvidado se convierte en causa cuyo clamor las autoridades ya no pueden ignorar. Empero, existen casos que, no obstante su gravedad y exposición en medios e instituciones extranjeros, siguen enterrados por complicidad y falta de voluntad política. Uno de ellos es el de Allende, Coahuila, donde hace 14 años, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, centenares de personas (niños, mujeres, jóvenes y ancianos) fueron masacradas o desaparecidas por Los Zetas.

«Arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina: demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a decenas, posiblemente cientos, de hombres, mujeres y niños».

Ginger Thompson

El Gobierno estatal, responsable de la seguridad, se cruzó de brazos; y el federal, ni se inmutó. BBC News Mundo recordó la matanza cinco años después de ocurrida y la calificó de «una de las más sangrientas de Los Zetas». Los líderes del cartel, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ya habían sido entonces detenidos. «La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas». La versión «muy extendida» es que «en Allende desaparecieron 300 personas —“y es posible que así sea”—, pero el expediente de la fiscalía solo tiene información sobre 42 desaparecidos entre enero de 2012 y agosto de 2012», dice la nota de Juan Paullier (BBC, Ciudad de México, 10.19.16), apoyada en la investigación «En el desamparo», coordinada por Sergio Aguayo.

«La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas. La versión “muy extendida” es que “en Allende desaparecieron 300 personas —y es posible que así sea—, pero el expediente de la fiscalía solo tiene información sobre 42 desaparecidos entre enero de 2012 y agosto de 2012».

 Juan Paullier (BBC, Ciudad de México, 10.19.16)

El portal de noticias en español de la BBC retomó el caso al cumplirse 10 años de «la brutal y olvidada masacre de Allende» con motivo de la serie Somos, estrenada por Netflix el 30 de junio de 2021. La venganza del cartel, dirigida a tres miembros de la organización por colaborar con la DEA, se extendió a toda la comunidad. Las fotografías de casas destruidas e incendiadas, de tambos donde se disolvían cadáveres y de ropa de las víctimas, dan cuenta del horror que las autoridades fingieron no ver.

Coahuila fue uno de los estados más castigados por la violencia. «Piedras Negras, en la frontera con Texas, se había convertido en un enclave esencial para el narcotráfico y desde allí Los Zetas controlaban lo que ocurría en Allende. Después se deshicieron de los cadáveres con métodos diferentes. En el rancho Los Garza echaron gasolina en la vivienda y en la bodega donde amontonaron los cuerpos y “luego prendieron fuego que se prolongó toda la noche ‘hasta que se cocinaron’ los cuerpos”. En el rancho Los Tres Hermanos rociaron los cuerpos con gasolina y los metieron de a uno en toneles de metal para prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (…) quedaba pura mantequilla. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada», dice el estudio citado por Paullier.

«Después se deshicieron de los cadáveres con métodos diferentes. En el rancho Los Garza echaron gasolina en la vivienda y en la bodega donde amontonaron los cuerpos y “luego prendieron fuego que se prolongó toda la noche ‘hasta que se cocinaron’ los cuerpos”».

La mención de las 300 víctimas se desprende de «una declaración hecha por Héctor Moreno Villanueva, el Negro, en un juzgado de Estados Unidos», pero como es testigo protegido de la DEA, se desconoce más del tema, señalan Delia Sánchez, Manuel Pérez y Jacobo Dayán en la investigación del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. El dato conduce a los autores a un camino poco explorado: «La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad. Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México». Pero ya con los principales líderes de Los Zetas en poder de la justicia estadounidense, es posible que el caso de Allende alcance también a los políticos cuya pasividad los convierte en cómplices.

«Tres años después (…), el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. (…) un “megaoperativo” para recabar evidencias y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas (…) indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos».

Anatomía de una masacre

La crónica de Thompson

«Los indicios de que algo innombrable pasó en Allende son contundentes. Cuadras enteras, en algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. Mansiones que fueron ostentosas hoy son cascarones desmoronados, con enormes agujeros en las paredes, techos carbonizados, mostradores de mármol agrietados y columnas colapsadas. Esparcidos entre los escombros quedan los vestigios raídos y enlodados de vidas destrozadas: zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, televisores, juguetes». Así empieza la crónica de Ginger Thompson en ProPublica (agencia de noticias independiente con sede en Nueva York) copublicado con National Geographic en 12 de junio de 2017.

Anatomía de una masacre es el trabajo más completo y detallado de un suceso que apunta en múltiples direcciones, pero tiene una en común: el desprecio de las autoridades de México Estados y Unidos por la verdad y por las víctimas de una de las mayores atrocidades cometidas en nuestro país. Sin embargo, la atención que los Gobiernos sucesivos le han brindado no corresponde ni de lejos a la dimensión de la tragedia. Sicarios de Los Zetas «arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina: demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a decenas, posiblemente cientos, de hombres, mujeres y niños».

Ganadora del Premio Pulitzer en 2000, Ginger hace una observación pertinente: «(…) a diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) logró un triunfo inesperado. Un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar».

El error consistió en compartir la información con la policía mexicana. «Casi de inmediato, los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos. La atrocidad en Allende fue particularmente sorprendente, porque los Treviño no solo habían basado algunas de sus operaciones en las cercanías —con movimientos de decenas de millones de dólares en drogas y armas por la zona cada mes— sino que también habían hecho de su pueblo su casa», escribe Thompson. (La periodista dio a conocer las detenciones de los exsecretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en EE. UU., antes que el Gobierno de México).

El siguiente testimonio es de Claudia Sánchez, madre de una de las víctimas:

«Cuando ellos (las autoridades del estado de Coahuila) me dieron la noticia, mi cuerpo quedó sin fuerzas. Me dijeron que Gerardo había sido llevado a un rancho y asesinado. Algo dentro de mí me dijo que era verdad. Aun así, pregunté: “¿Están seguros de que era él?” Me dijeron que un testigo les había dicho que entre las víctimas había una familia con tres niños, y uno de los niños era mi hijo. Me dijeron que había empezado a llorar. Llore y llore. Esto los estaba estresando, así que lo mataron. (…) Ahí sí perdí los estribos. ¿Cómo podía haber alguien que mata a un niño de 15 años, que está asustado y llorando?

»Los oficiales me preguntaron qué quería. Respondí que quería sus restos. Me dijeron que sería difícil, porque mi hijo fue incinerado junto a mucha otra gente. En su lugar, me trajeron cenizas y tierra del lugar donde murió. Les pregunté si podía ir allí. (…) Entonces nos llevaron con unas escoltas. Me llamó la atención lo cerca que estaba el lugar. Pensé: “Gerardo era tan fuerte que, si solo hubiera escapado y llegado hasta la carretera, podría fácilmente haber llegado a casa”».

Tiempo de canallas

Mientras Allende era tomado a sangre y fuego y en el penal de Piedras Negras se cometían lo peores actos de sevicia, ¿las autoridades del Estado dónde estaban, qué hacían, a quién servían? Era tiempo de canallas. Mientras el terror se enseñoreaba de pueblos y ciudades, Humberto Moreira (HM), como líder PRI, se ocupaba de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto; Jorge Torres López, de quien HM renegaría después, cuidaba las espaldas del clan desde el Palacio de Gobierno; y Rubén Moreira se lavaba las manos.

«Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron un “megaoperativo” para recabar evidencias y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos», escribe Ginger Thompson en Anatomía de una masacre.

Lo ocurrido en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, donde el cartel Jalisco Nueva Generación adiestraba, torturaba y asesinaba a personas reclutadas por la fuerza, según testimonios, palidece frente a barbarie de los Zetas en Allende, Piedras Negras y otras regiones del estado como La Laguna. La opinión pública no se escandalizó ni reaccionó de igual manera. Allende no recibió atención del Gobierno federal —ni que decir tiene del estatal— ni la cobertura mediática de un suceso de su trascendencia. Sacado a la luz por la prensa internacional, el caso y provocó estupor y oleadas de condena en Estados Unidos y Europa… menos en México.

En Teuchitlán falta aún mucho por dilucidar para armar el rompecabezas. ¿Cuántos muertos hubo y dónde están sus restos? Por ahora el inventario consta de huesos y objetos: 154 pares de zapatos, 305 pantalones, 170 mochilas… al lado de fosas y hornos crematorios. En Allende y Piedras, la mayoría de las piezas está en su lugar. La cifra de 300 muertos o más adquirió carta de naturalidad. Exmiembros de Los Zetas atestiguaron en Cortes de Texas que altos funcionarios de la época colaboraron con el cartel a cambio de dinero. En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia cuyo título equivale por sí mismo una condena: «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila
constituyen crímenes de lesa humanidad».

El cerco para mantener a Allende y otros casos relevantes fuera de los reflectores puede atribuirse en gran parte a los acuerdos políticos y a las complicidades en las altas esferas. El PRI y el PAN tejieron una alianza para alternarse el poder y proteger sus intereses a través del Congreso y de sus Gobiernos. Frente a la debilidad de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los gobernadores impusieron condiciones. No es casual que el moreirato extendiera sus tentáculos y que Rubén Moreira, en las horas más aciagas de Coahuila, en términos de terror y violencia, controlara la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El pacto entre las principales fuerzas políticas y económicas se rompió por el colapso de un sistema caduco, basado en las complicidades. El enfado social y la indignación de las víctimas y sus familias actuaron como detonador. El fin del Gobierno de Peña Nieto lo marcó el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Teuchitlán ofrece a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de mirar también a Coahuila, donde las heridas por las masacres siguen abiertas. El clamor de justicia no ha dejado de escucharse. Ya es hora de castigar a los canallas. E4

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Narcotráfico, la guerra que se perdió antes del primer disparo

El relevo en la DEA intensificará la persecución contra las organizaciones criminales, sus líderes y sus padrinos. García Luna, sentenciado a 38 años, abre la pasarela

La guerra del presidente Felipe Calderón contra las drogas empezó perdida desde el momento en que puso al frente de ella a un policía, Genaro García Luna, coptado por la organización criminal más poderosa del país. Joaquín «el Chapo» Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, se fugó por primera vez en enero de 2001, recién iniciada la administración de Vicente Fox, cuando García Luna fungía como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI). La Marina recapturó al Chapo en febrero de 2014 en un operativo donde participó la DEA. Guzmán actuó a sus anchas entre los Gobiernos de Fox, Calderón y los dos primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto.

Luego de evadirse de nuevo, en octubre de 2015, y de ser reaprehendido tres meses después, México extraditó a Guzmán a Estados Unidos, en enero de 2017, por presiones del Departamento de Justicia. En julio de 2019, un tribunal de Nueva York le dictó cadena perpetua por narcotráfico y por conspirar para cometer asesinato. García Luna fue detenido cinco meses después, en Dallas, Texas, acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. El mismo juez (Brian Cogan) y tribunal (de Brooklyn) que sentenciaron al Chapo, le dieron al ex súper policía a 38 años de prisión, en octubre de 2024.

«Genaro García Luna (…) ha sido condenado hoy (…) a 460 meses de prisión y una multa de dos millones de dólares por su ayuda durante una década al cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos», informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). El jurado halló culpable al exfuncionario por participar en una organización criminal, conspirar para distribuir cocaína a escala internacional y falsear declaraciones. «La sentencia (…) es un paso fundamental en la defensa de la justicia y el Estado de derecho. Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales a nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí y en México», dice el comunicado.

Anne Milgram, a la sazón directora de la DEA, declaró que el veredicto es «un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los carteles: ningún poder les protegerá de la justicia. (…) En lugar de proteger a los ciudadanos de México, García Luna protegía a los carteles de la droga». La agencia antinarcóticos, advirtió, no solo continuará la persecución implacable de las organizaciones criminales, sino también de quienes les brindan protección. Para entonces, Ismael «el Mayo» Zambada, sucesor del Chapo en la jefatura del cartel de Sinaloa, ya estaba en poder del Gobierno de Estados Unidos.

Milgram compareció el 7 de mayo pasado ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Entonces reprochó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador retrasar la entrega de visas de trabajo para 13 de sus agentes. Reconoció que la demora afectaba las operaciones de la DEA en México, pero que las investigaciones (más de dos mil) relacionadas con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y lavado de dinero, seguían su curso. Terry Cole, nuevo administrador de la DEA y uno de los halcones del presidente Donald Trump, intensificará la lucha contra las organizaciones criminales y sus padrinos políticos. Terry tiene 22 años de experiencia en la agencia y ha encabezado misiones en México, Colombia, Afganistán y Oriente Medio. E4

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Trump sube la apuesta: no solo quiere capos, también políticos

Enrique Camarena fue el primer agente de la DEA asesinado, el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara. El caso provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Estados Unidos y México, entonces bajo las presidencias de Ronald Reagan y Miguel de la Madrid. Asimismo marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narco y en la relación de la agencia con nuestro país. Rafael Caro Quintero, acusado de ordenar la tortura y ejecución, fue detenido apenas dos meses después en Costa Rica. Sin embargo, la hidra multiplicó sus cabezas y la impunidad cubrió con su manto a las autoridades civiles y militares de la época que brindaban protección a los carteles.

Cuarenta años después de haber solicitado su extradición, el Gobierno de Estados Unidos tiene por fin a Caro en sus manos. La entrega del capo y de 28 criminales más le llega al presidente Donald Trump como anillo al dedo, pues le permite reforzar las acciones contra los traficantes de drogas, en especial de fentanilo. En una de sus primeras órdenes ejecutivas, Trump señaló a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Nueva Familia Michoacana, del Noreste (escisión de los Zetas) y Carteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. El argumento es que representan «una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de Estados Unidos».

La designación ya se había planteado varias veces, sobre todo tras el asesinato de ciudadanos estadounidenses o de doble nacionalidad, como los miembros de la familia LeBaron masacrados en noviembre de 2009. El empujón para hacer realidad la iniciativa lo dio Trump. Sin embargo, los capos y las organizaciones que «inundan» de drogas su país y trafican con migrantes no son los únicos objetivos del presidente. También va contra los políticos y autoridades que facilitan sus operaciones y les brindan protección.

Trump subió la apuesta después de la entrega de 29 capos a su país. «Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes (…), principales traficantes de fentanilo del mundo, operan sin trabas debido a una relación intolerable con el Gobierno de México. (…) Esta alianza (…) pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos». Así lo señala el documento «Hoja de hechos: el presidente Donald Trump con aranceles a importaciones desde Canadá y México», publicado por la Casa Blanca el 3 de marzo. Las tarifas se pospusieron para el 2 de abril, pero podrían aplazarse de manera indefinida por el rechazo que han generado alrededor del mundo.

Los aranceles presionan a la presidenta Claudia Sheinbaum y ponen a prueba la voluntad de su Gobierno para limpiar el sistema. El combate al narco, en efecto, será insuficiente mientras no se rompan las amarras con el poder político. La situación obliga a Sheinbaum a ser estricta con sus colaboradores, pero también con su partido. Morena gobierna 24 estados, entre ellos Sinaloa y Tamaulipas, donde hace un siglo empezaron a operar los que, a la postre, devendrían en los carteles más poderosos. También es preciso estrechar la vigilancia federal sobre Jalisco (Movimiento Ciudadano), donde las raíces de las organizaciones criminales son demasiado profundas; y Guanajuato (PAN), el estado más violento del país. Y por supuesto, observar a los partidos por donde las mafias se cuelan para infiltrar a los poderes públicos. Los Gobiernos locales son los más expuestos. E4