Masacre de Allende destapó los nexos entre narco y autoridades

La presencia y auge sostenido de los Zetas en Coahuila durante las administraciones de los hermanos Moreira y Jorge Torres solo fue posible con la anuencia del poder político. La matanza del 2011 y el control de la delincuencia sobre el penal de Piedras Negras así lo confirman

A Netflix, serie de la tragedia

Ha pasado poco más de una década desde que los Zetas irrumpieron en Ciudad Allende y perpetraron uno de los episodios más cruentos de la historia moderna de México, amparados por la complicidad de los cuerpos policíacos, sin descartar a funcionarios de los gobiernos municipal y estatal.

Durante tres días, los criminales secuestraron y asesinaron, con total impunidad, a quienes consideraban allegados a un delator del cártel. Luego incineraron sus cadáveres y destruyeron sus propiedades con maquinaria pesada. Las cifras oficiales recogen 28 víctimas, pero datos recopilados por organizaciones civiles aseguran que fueron más de 300.

A pesar del tiempo transcurrido, el capítulo sigue sin cerrarse. La justicia ha quedado a deber. Mientras se ponen tras las rejas a delincuentes de poca monta, los cabecillas de cuello blanco siguen libres, gozando de la fortuna que les dejó su trato con el narco.

Coahuila tomado

Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006, tras vencer a Andrés Manuel López Obrador en uno de los sufragios más reñidos de México, con apenas 0.58% de ventaja. Para sacudirse la sombra del fraude electoral decidió implementar un ambicioso proyecto presidencial que incluía el desmantelamiento de las células criminales más importantes del país.

La llamada «guerra contra el narcotráfico» resultó frontal y sangrienta. Desde el inicio se notó que no había una estrategia bien definida. La designación de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), constituyó la primera señal de alarma. Activistas y legisladores rechazaron su nombramiento por presunta negligencia en las investigaciones de más de 400 asesinatos ocurridos en la frontera de México, cuando era procurador de Chihuahua. El gobierno de Estados Unidos calificó la designación como «totalmente inesperada e inexplicable políticamente».

Más grave resultó el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, actualmente bajo custodia en una prisión de Estados Unidos, acusado de asociación ilícita para el tráfico de cocaína, falso testimonio y participación en una organización criminal.

Al final, declararle la guerra al narcotráfico a partir de causas políticas, de mano con un equipo de trabajo mal conformado, la ausencia de políticas públicas para prevenir adicciones, concentrarse en la captura de capos —que rápidamente eran sustituidos— sin dinamitar sus fuentes de ingreso y, lo más importante, no hacer una purga en las filas de funcionarios públicos y elementos de seguridad para evitar que colaboraran con el crimen organizado, terminó por costarle al país 121 mil 683 muertes violentas al final del sexenio, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Coahuila no escapó de esta espiral. El arribo de los Zetas a la región provocó un alza en el índice delictivo del estado, según precisa la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 10VG-2018. Mientras en 2004 la tasa de homicidios era de 9.36 por cada 100 mil habitantes, para 2012 se alcanzó un máximo histórico de 25.4. El contubernio de autoridades de los tres órdenes de gobierno con el cártel de los Zetas desencadenó una serie de desapariciones forzadas en la región norte de Coahuila desde 2004 hasta 2014, periodo compartido fundamentalmente por los gobernadores priistas Humberto Moreira (2005-2011), Jorge Torres López (2011) y Rubén Moreira (2011-2017).

Otro estudio: «En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)», publicado en 2016 por el académico Sergio Aguayo, señala que «los Zetas llegaron al norte de Coahuila entre 2004 y 2005. Iban a reforzar al Cártel del Golfo. A medida que crecía la importancia de Piedras Negras en el tráfico de narcóticos, los Zetas incrementaron su autonomía. Armando Luna, secretario de gobierno de Coahuila, dio una buena explicación sobre la forma cómo consolidaron su poder en esa región: “primero eliminaron la competencia y monopolizaron las actividades ilegales; para ello iban sometiendo a las policías municipales y a las autoridades locales. El caso de Allende concuerda con esta secuencia y, para 2009, los Zetas tenían a la policía municipal a su servicio”».

Por ejemplo, Roberto Guadalupe Treviño, director de la policía de Allende, y el comandante Juan Ariel Hernández, recibían 20 mil y 10 mil pesos mensuales respectivamente. En total, el cártel invertía alrededor de 61 mil 500 pesos mensuales para controlar la seguridad de la ciudad. Una nómina muy barata si se compara con los millones de dólares que obtenían con sus ilícitos en la frontera.

Bajo la aquiescencia de las autoridades, el crimen organizado utilizó incluso el penal de Piedras Negras, de 2010 a 2012, como campo de exterminio subsidiado por el Estado. En este enclave, los Zetas torturaban y ejecutaban a los detenidos fuera de prisión y luego «cocinaban» sus cadáveres. También lo emplearon para esconder a los secuestrados mientras esperaban por el pago de su rescate. Allí se refugiaron jefes del cartel cuando eran perseguidos por las autoridades federales o la Marina mexicana y servía como base social para encontrar a nuevos reclutas.

Tres días de terror

En ese contexto, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, logró que un integrante de los Zetas, revelara datos sensibles sobre el cártel, incluido los pines de los celulares que usaban su líder, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y su hermano Omar, el Z-42, mediante los cuales podrían localizarlos. Sin embargo, cuando compartieron esta información con México, la misma se filtró hasta oídos de los hermanos Treviño que prepararon una operación de escarmiento.

Grupos armados a bordo de, al menos, 40 camionetas tomaron ciudad Allende bajo la anuencia de las autoridades, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, y levantaron a las personas vinculadas, así fuera remotamente, con la familia Garza —de la cual los hermanos Miguel Ángel y Omar sospechaban que había salido el delator—. A la mayoría los trasladaron a un rancho, donde los mataron y calcinaron sus cuerpos. Finalmente, los criminales utilizaron maquinaria pesada para destruir las propiedades de los secuestrados: casas, ranchos y negocios.

Los registros del gobierno indican que las autoridades estatales, encargadas de responder ante emergencias, recibieron más de 250 llamadas reportando disturbios, incendios, riñas e invasiones a hogares. Nadie acudió a ayudar.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila registra solamente 28 víctimas. Sin embargo, asociaciones civiles y colectivos de búsqueda de desaparecidos señalan que fueron más de 300 y que la masacre no se limitó a esos tres días de violencia, sino que fueron meses de plagios y asesinatos en el estado. Si alguien visita la ciudad todavía puede atestiguar los restos abandonados de las construcciones. Hoy son espacios vacíos que nadie se atreve a ocupar por miedo a represalias.

Justicia chueca

A pesar de la gravedad del incidente, apenas recibió cobertura por parte de los medios de comunicación locales y nacionales. Tampoco fue atendido de inmediato por las autoridades federales. En su estudio, Aguayo advierte que ni la PGR —bajo el mando de Arturo Chávez Chávez hasta el 31 de marzo de 2011 y, posteriormente, de Marisela Morales Ibáñez— ni la CNDH, a cargo de Raúl Plascencia Villanueva, atrajeron el caso.

En cuanto al manejo que hicieron los gobernadores de Coahuila, Jorge Torres minimizó el asunto y dio trámite a una visita a Allende por parte de agentes de investigación para interrogar a los pobladores e inspeccionar los domicilios destruidos. Su sucesor, Rubén Moreira, se apresuró a maquillar una respuesta y acordó reunirse regularmente con organismos civiles que representan a familiares de desaparecidos. Al tiempo, los propios convocados declararon el gesto falto de soluciones concretas. No fue hasta 2014 que el gobierno del Estado envió a un grupo de peritos a los ranchos atacados, donde se localizaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales, pero el alto grado de calcinación de las piezas imposibilitó completar el proceso de identificación.

El caso de Allende cobró verdadera importancia y ganó los reflectores de medios de comunicación nacionales e internacionales, luego que la periodista estadounidense Ginger Thompson publicara, el 12 de junio de 2017, «Anatomía de una masacre» en la agencia de noticias independiente ProPublica y la revista National Geographic. En su texto, Thompson, a partir de una recopilación de testimonios de las familias afectadas y datos proporcionados por distintas dependencias, describe lo sucedido, expone sus causas y analiza las secuelas.

A la fecha, acorde a los datos de la Fiscalía para Desaparecidos, se han extendido 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se derivaron 21 detenciones y cinco sentencias condenatorias, con 75 a 80 años de privación de libertad para los culpables. La mayoría de ellos expolicías locales y peones del narco que seguían órdenes.

Ninguno de quienes se encuentran hoy tras las rejas representa a una autoridad política que haya estado en contubernio con el crimen organizado. Lo más cercano a ello fue la detención de Sergio Alonso Lozano Rodríguez, exalcalde de Allende, pero no duró ni tres meses en la cárcel. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) enfatizó que «según las constancias de la indagatoria, Lozano Rodríguez se reunió previamente a los hechos, con miembros de la delincuencia organizada y acordaron que este y sus subordinados no intervendrían» (Milenio, 11.02.17).

El exmandatario fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras, el 17 de noviembre de 2016, por elementos de la PGJE. Para el 10 de febrero de 2017 ya se encontraba en libertad tras dictaminarse que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de secuestro agravado.

Tampoco fueron procesados por la justicia ni el exsecretario de Gobierno, Armando Luna; ni el exfiscal del Estado, Jesús Torres Charles. Aunque este último renunció a su cargo el 18 de diciembre de 2011. Durante su gestión, Coahuila vio ascender la tasa de homicidios dolosos hasta 676 en noviembre de 2011, 66% más que en 2010 (407) y 181% por encima de los registrados en 2009 (240), acorde a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). A su salida, sin embargo, el entonces recién estrenado gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, lo invitó a hacerse cargo de la Consejería Jurídica del ejecutivo.

El exgobernador Jorge Torres fue detenido en 2019, en Puerto Vallarta y extraditado a Estados Unidos, donde actualmente espera sentencia en una corte de Texas, aunque para responder por otros cargos: lavado de dinero y fraude.

Su antecesor, Humberto Moreira, también pasó un susto en España cuando la Fiscalía Anticorrupción del país ibérico lo detuvo, en enero de 2016, por delitos de blanqueo, malversación cohecho y organización criminal, cometidos durante su etapa como gobernador. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, además, le tenía localizados cientos de miles de dólares en cuentas en España. El gobierno de Enrique Peña Nieto se apresuró en mover sus influencias diplomáticas y logró que lo devolvieran a México. No obstante, al año siguiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos halló cuentas bancarias con fondos millonarios en Mónaco y las Islas Caimán a nombre de sus familiares. Para más inri, su exsecretario de finanzas, Javier Villareal Hernández —quien también responde por el delito de lavado de dinero en esa nación—, lo acusó de apropiarse de 600 millones de pesos del erario público mediante licitaciones públicas en las que participaron sus empresas, así como de «inflar» facturas a conveniencia. Ya antes, en 2013, la revista Forbes lo había colocado entre los 10 personajes más corruptos de México.

En cuanto a los hermanos Treviño, autores intelectuales de la masacre de Allende, ambos fueron apresados. A Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, lo detuvieron cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del 15 de julio de 2013. Su hermano Omar, el Z-42, sufrió la misma suerte el 4 de marzo de 2015, en Nuevo León, durante un operativo federal conjunto por parte de elementos del Ejército y de la Policía Federal.

Narcopolítica a flote

Para Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, «quien actuó en el 2011 [en la masacre de Allende] fue la narcopolítica y es evidente un hecho de esa naturaleza y aquí lo que se tiene que hacer es erradicar estas prácticas para que la autoridad realmente represente a los ciudadanos y no sea su principal adversario» (El Siglo de Torreón, 27.06.19).

Solo con la complicidad de altos funcionarios de gobierno puede justificarse la permanencia de la violencia en las entidades de la república. Es innegable la organización de los cárteles, pero esta por sí sola no resulta suficiente para ejecutar de manera tan bien coordinada un atentado como el que sufrió Allende. Pretender deslindar responsabilidades entre peones de un cártel y policías corruptos que cumplen órdenes de sus superiores es como querer tapar el sol con un dedo. En un escenario así la impartición de justicia queda rebasada por la necesidad de lograr un efecto mediático para sofocar las demandas de los familiares de las víctimas y presumir una respuesta política.

«Es absurdo que, al durar tres días un nivel de violencia, de enfrentamientos, esta matanza que se dio, no haya sido del conocimiento de autoridades y mucho menos que no hayan intervenido».

Alejandro Encinas, subsecretario de DH

«[En Allende] fueron tres días de ausencia de autoridad que nadie puede alegar que no tenía conocimiento de los hechos. Es absurdo que, al durar tres días un nivel de violencia, de enfrentamientos, esta matanza que se dio, no haya sido del conocimiento de autoridades y mucho menos que no hayan intervenido», afirma Encinas.

Los vínculos entre los cárteles de la droga y el gobierno no son nada nuevo. En 1982, el colombiano Pablo Escobar logró ocupar brevemente un escaño en la Cámara de Representantes, a sabiendas de los beneficios que le reportaría contar con poder político. Sin embargo, su investidura terminó por convertirlo en objeto de escrutinio público y se vio obligado a renunciar. En México, los nuevos capos han perfeccionado el método. Con dinero o violencia mueven los hilos desde la distancia.

Prueba de este estrecho vínculo entre política y delincuencia queda reflejado en el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, elaborado por Etellekt Consultores, donde, a 32 días de la jornada electoral, se consignaban 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales. La doctrina «plata o plomo» impuesta hace años por Escobar, en México sigue más vigente que nunca. E4


A Netflix, serie de la tragedia

«Somos» es el nombre de la producción que la empresa de entretenimiento online estrenará el 30 de junio, basada en los sucesos de Allende

No se trata de una historia más sobre el narcotráfico. La serie «Somos» —compuesta por seis capítulos— que Netflix estrenará el próximo 30 de junio, propone un argumento ficticio, pero tendrá como escenario la masacre perpetrada por los Zetas, del 18 al 20 de marzo, en el municipio de Allende.

A diferencia de otras series sobre el mundo del narcotráfico, «Somos» asume la perspectiva de las víctimas, en lugar de ensalzar la figura de los capos de la droga. Su proyección servirá como memorándum, no solo de los nefastos hechos, sino también de que la herida aún no cicatriza porque la justicia sigue sin alcanzar a las autoridades de alto rango que mantenían nexos con el crimen organizado y permitieron la masacre.

«Para muchos mexicanos, y más para nosotros que somos originarios del norte del país y hemos vivido más de una década de violencia provocada por el crimen organizado, hemos buscado ver para otro lado como mecanismo de defensa», advierte Everardo Arzate, uno de los actores (El País, 25.05.21).

Es posible que sea ahí donde radique la mayor aportación de esta obra. Que una vez estrenada a través de una de las principales empresas de entretenimiento de distribución de contenido en línea, el mundo conocerá este desgarrador episodio de México y será mucho más difícil voltear la cabeza hacia otro lado e ignorar la violencia que todavía lacera al país. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.