Megadeudas, violencia y corrupción, legado de alternancia en los estados

Casi la mitad de las entidades han visto en prisión a quienes las gobernaron durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. La justicia absolvió a la mayoría, no obstante la gravedad de sus faltas; solo cuatro permanecen entre rejas. El moreirazo, uno de los escándalos más sonados, aún permanece impune

Políticos y capos dejan de aparecer entre los más ricos

La lista de Forbes que desató la primera caza de brujas

Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes fueron de oro puro, sino de oropel y hoja de lata.

Miguel de Cervantes

Los gobernadores se liberaron del yugo presidencial con la alternancia en el poder, de la cual se han cumplido 25 años, y transmutaron de virreyes a soberanos. La transición produjo en los estados tres fenómenos, derivados del desafuero de los ejecutivos locales y la manga ancha del Gobierno federal: 1) endeudamiento desmedido; 2) violencia exacerbada; y 3) corrupción desbocada, los cuales hicieron crisis en el Gobierno de Felipe Calderón. Entidades como Coahuila excedieron por mucho su capacidad de pago, generaron prosperidad ficticia y terminaron ahorcadas. La mayoría financió proyectos no productivos con deuda. Sin embargo, ninguna llegó al extremo de adquirir créditos con documentos falsos como ocurrió en el Gobierno de Humberto Moreira.

Todavía hoy se desconoce el destino de, al menos, 18 mil millones de pesos, casi la mitad del llamado moreirazo. La Procuraduría General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción dieron carpetazo a las denuncias de la Auditoría Superior del Estado. Tampoco la Procuraduría General de la República (PGR) movió un dedo para reparar el entuerto. El daño por el saqueo de las finanzas estatales es permanente. Quienes más lo resienten son los grupos vulnerables y los pensionados del SNTE cuyo sistema de salud, antes suficiente, hoy está en ruinas. La megadeuda absorbe casi el 10% del presupuesto del estado, que este año será de 71 mil 687 millones de pesos.

Gobernadores del PRI, PAN y PRD de una docena de estados, incluido el único independiente, han sido encarcelados por enriquecimiento ilícito, desvío y sustracción de recursos públicos, lavado de dinero, abuso de poder y delincuencia organizada. De Morena todavía no, por estar recién llegados. Los únicos que permanecen en prisión son Javier Duarte (Veracruz), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Roberto Sandoval (Nayarit) y Mario Marín (Puebla). La falta de castigo en Coahuila llama la atención por la gravedad de los delitos imputados al tándem Moreira que gobernó el estado entre 2005 y 2017. No solo es la deuda, sino también el desvío de centenares de millones de pesos a empresas fantasma y las denuncias de crímenes de lesa humanidad presentadas ante la Corte Penal Internacional.

La impunidad responde a varios factores, pero principalmente a los pactos políticos. La relación de Humberto Moreira con Enrique Peña Nieto, cuya campaña por la presidencia supuestamente ayudó a financiar con dinero del erario, le permitió enchufarse en la dirigencia del PRI y heredar la gubernatura a su hermano Rubén. La debilidad de las oposiciones, la pasividad de los organismos empresariales y la complacencia de un sector de la prensa, con los cuales se tejieron intereses económicos y políticos, fueron piezas del escudo contra la justicia.

Humberto Moreira, lo mismo que Yarrington, fue detenido al otro lado del Atlántico. El coahuilense, en Madrid, España, y el tamaulipeco, en Florencia, Italia, solicitados por agencias norteamericanas. Moreira regresó al país en febrero de 2016, luego de un internamiento de una semana en el penal de Soto del Real. Yarrington fue expulsado por Estados Unidos el 9 de abril pasado después de pasar siete años y medio en prisión. En México será sentenciado por lavado de dinero, entre otros cargos. La isla El Frontón, en Veracruz, que habría adquirido a través de un prestanombres, fue decomisada por la PGR (Aristegui Noticias, 10.05.25). No era la Skorpios, de Onassis, pero isla al fin. «El poder no corrompe —dice Rubén Blades—; el poder desenmascara».

Los extraditados

En un país con auténtico Estado de derecho y un sistema de justicia independiente, la detención de políticos y delincuentes de cuello blanco no sería la excepción, sino la regla. Tomás Yarrington (Tamaulipas) es el segundo exgobernador extraditado a México por Estados Unidos, el 9 de abril, tras declararse culpable de lavado de dinero y pasar siete años preso. La Fiscalía General de la República lo acusa de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), extraditados por Guatemala y Panamá en 2017 y 2018, permanecen en prisión.

Estados Unidos entregó en 2022 a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, artífice de la Operación Safiro junto con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones (actual senador). La trama, urdida en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, permitió desviar 650 millones de pesos del erario a las campañas políticas del PRI. Coahuila reprodujo el modelo en la administración de Rubén Moreira. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) siguió el caso Safiro con puntualidad.

Duarte era protegido de la cúpula del PRI, pero con Javier Corral (PAN) en la gubernatura de Chihuahua se volvieron las tornas. De acuerdo con MMCI Duarte «(…) fue acusado de malversación de recursos públicos y desvío de fondos públicos, lo que resultó en el endeudamiento del estado (…) por más de 48 mil millones de pesos. A la acusación inicial se agregaron el desvío de 120 millones de pesos a la Unión Regional Ganadera (…) y Financiera de la División del Norte, de la cual era accionista y socio, y el desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI. (…) El exgobernador cuenta con 11 órdenes de aprehensión en su contra».

MMCI describe la Operación Safiro como «uno los casos más emblemáticos de desvío de recursos coordinados entre siete estados de la república donde se desviaron alrededor de 650 millones de pesos (…). En este caso, una de las fiscalías involucradas, la de Chihuahua, tomó seriamente su tarea y comenzó procesos penales contra más de diez personas. Además, logró obtener ocho sentencias condenatorias en contra de personas involucradas en los actos de corrupción. (…) Si bien la Fiscalía de Chihuahua realizó bien su trabajo durante los primeros años, es necesario que no abandone este caso para sancionar a las personas presuntamente involucradas».

Sin embargo, el optimismo duró poco. Acción Nacional conservó el estado, pero la gobernadora María Eugenia Campos cambió los papeles: liberó a Duarte y persiguió a su predecesor. Corral acusó a Campos en 2020 de cobrar en la nómina secreta de Duarte. Ella lo negó. Sin embargo, el juez Samuel Mendoza la vinculó a proceso cuando era candidata, sobre la base de 34 recibos con su firma, certificados tres años después de darse a conocer (Infobae, 05.04.21).

Chihuahua irá a las urnas el año próximo. Si la senadora Andrea Chávez (Morena) gana la gubernatura, como anticipan las encuestas, pondrá a Campos contra la pared y Duarte podría volver a prisión. Chávez ha denunciado «ataques sistemáticos» del Gobierno de Chihuahua, comunicadores y figuras públicas del PAN por la campaña de salud gratuita que realiza en el estado. «Es curioso porque, viendo a estos personajes, uno descubre que son los mismos que hacían negocios con Genaro García Luna, hoy preso (en Estados Unidos) por narcotráfico» (Infobae, 26.03.25).

El brazo de la DEA

Tomás Yarrington pudo ser candidato presidencial en 2006. Verlo descender 19 años después de un helicóptero, para ser internado en el penal del Altiplano, de donde el Chapo Guzmán se fugó hace una década, muestra el rostro fútil y sombrío del poder. Tamaulipas, donde hace casi un siglo se fundó el primer cartel de la droga en México, el del Golfo, también ostenta el poco honroso lugar de ser el estado con mayor número de exgobernadores procesados por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada. En medio de las disputas territoriales y políticas, Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, fue abatido por un comando el 28 de junio de 2010, en vísperas de las elecciones. Le sustituyó su hermano Egidio.

Yarrington fue vinculado al asesinato de Torre por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), según un reportaje de la revista Eme Equis publicado en junio de 2012. Dos meses después, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) informó que en 1998 Yarrington recibió 8.5 millones de dólares de los carteles del Golfo y de Ciudad Juárez para su campaña por la gubernatura. El priista derrotó sin dificultad al candidato del PAN, Gustavo Cárdenas.

Yarrington ya había sido alcalde de Matamoros y secretario de Hacienda en el Gobierno de Manuel Cavazos (también señalado por presuntos nexos con el narcotráfico), a quien sustituyó en el cargo. El responsable de reunir fondos para la campaña de Yarrington fue Eugenio Hernández, quien se convertiría en gobernador en 2005. Años después, su nombre fue citado en una corte federal de Corpus Christi, Texas, por el empresario lagunero Guillermo Flores Cordero, quien se declaró culpable de lavado de dinero. Estados Unidos acusó al exgobernador del mismo delito y solicitó su extradición.

«Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cartel de las drogas los Zetas (…) para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador», dijo la fiscal asistente Julia Hampton (El Norte de Monterrey, 03.07.14). Hernández fue capturado en octubre de 2017 acusado de peculado y lavado de dinero. Cinco años después, un juez de control ordenó su liberación y desde el año pasado es senador del Partido Verde Ecologista, aliado de Morena. Egidio Torre Cantú, sucesor de Hernández, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de «encubrimiento, delincuencia organizada, asociación delictuosa y peculado» (La Jornada, 26.04.17). Torre impuso durante su Gobierno a una calle el nombre de Juan N. Guerra, fundador del cartel del Golfo.

Tamaulipas estrenó la alternancia política en 2016 con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ocho años antes había sido detenido en Texas por el supuesto robo de armas. García fue uno de los senadores que apoyó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, a cambio de contratos, según Froylán García, colaborador del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. En 2021, el entonces gobernador afrontó un proceso de desafuero por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En 2023, el líder del PRI, Alejandro Moreno, presentó a García Cabeza de Vaca como coordinador de la mesa de seguridad del Frente Amplio por México para apoyar la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Pero como la panista no deseaba tener «impresentables» en su equipo, García fue reemplazado por Rubén Moreira. El exgobernador aparece en el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y del Río (2017)», elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. E4

Los extraditados

2017	Javier Duarte	Veracruz
2018	Roberto Borge	Quintana Roo
2022	César Duarte	Chihuahua
2025	Tomás Yarrington	Tamaulipas

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Políticos y capos dejan de aparecer entre los más ricos

Veintidós mexicanos, con Carlos Slim a la cabeza, juntan más de 167 mil millones de dólares. Hank González y el Chapo Guzmán llegaron a formar parte de ese club

«La revista Forbes que año con año nos muestra a los hombres más adinerados del mundo, en esta edición nos presentó a los mexicanos incorregibles y que hasta la fecha han dado a México el vergonzoso título del país más corrupto de 2013 en Latinoamérica, luchando hombro a hombro con nuestros hermanos argentinos». Así empieza la nota de Los Angeles Times sobre «Los 10 mexicanos más corruptos», a juicio del influyente medio neoyorquino especializado en negocios y finanzas. El artículo de Dolia Estévez, publicado en vísperas de la Navidad de 2013, cimbró a la clase política y fue la comidilla en América y Europa, donde circuló profusamente.

El pasado 1 de abril, Forbes presentó la clasificación de las personas más ricas del mundo de 2025. La fortuna de los 22 mexicanos alistados alcanza los 167,100 mil millones de dólares (mdd). Carlos Slim (América Móvil y Grupo Carso) posee casi la mitad de esos caudales. Germán Larrea (Grupo México), María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo) y Alejandro Baillères (Grupo Bal) le siguen de lejos. Forbes incluyó al primer político en su lista en 1999: Carlos Hank González. El exgobernador del Estado de México y exregente capitalino poseía entonces 1,300 millones de dólares, de acuerdo con Julia Reynolds, reportera del Centro de Periodismo de Investigación.

Diez años más tarde, en 2009, el narcotraficante Joaquín «el Chapo» Guzmán ingresó al club de los más ricos del mundo (y de México). Forbes calculó su patrimonio en 1,000 millones de dólares. El líder del Cartel de Sinaloa salió de la lista en 2012, cuando aún se hallaba en el penal de Almoloya de Juárez. Tres años después volvió a fugarse. Luego de su recaptura y extradición a Estados Unidos, el juez federal de distrito Brian M. Cogan lo condenó en 2019 a cadena perpetua.

En octubre de 2024, el mismo juez del Distrito Este de Nueva York sentenció al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a 38 años y 8 meses de prisión. «El exfuncionario de mayor rango de las fuerzas de seguridad en México recibió millones de dólares en sobornos por parte del cartel de Sinaloa y permitió el transporte de más de un millón de kilogramos de cocaína a Estados Unidos», dice un comunicado de la oficina del procurador. García Luna era el cuarto en la lista de Forbes. «(…) la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal (…) fue una de las dependencias con el mayor presupuesto del sexenio. El exfuncionario (…) fue blanco de críticas por el uso de recursos públicos para la autopromoción y el abuso de poder expuestos por la prensa mexicana», dice bisemanario.

Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE, fue prendida antes de que Forbes la pusiera a la cabeza del ranking, «acusada de malversar 200 millones de dólares (mdd)». Un juez la absolvió en 2015 de los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos y delincuencia organizada. Raúl Salinas de Gortari (lugar 3) «pasó 10 años en la cárcel por una acusación de homicidio de alto perfil, pero fue absuelto en 2005. Y en julio (…) un juez mexicano lo exoneró de los cargos de enriquecimiento ilícito y ordenó que le fueran devueltos 19 millones de dólares depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades. Actualmente se encuentra libre», escribe Estevez. El líder petrolero Carlos Romero Deschamps (2) afrontó cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento. Renunció a la jefatura sindical en 2019, en medio de acusaciones de corrupción. Falleció cuatro años después sin haber sido procesado. La justicia, en México, ha estado siempre al servicio de los poderosos. E4

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La lista de Forbes que desató la primera caza de brujas

Líderes sindicales, un hermano incómodo, media decena de exgobernadores y el encargado de combatir el crimen, entre «los mexicanos incorregibles»

La corrupción en los estados es otro de los efectos perniciosos de la alternancia. Durante la presidencia imperial, los gobernadores salvaban las apariencias para conservar el cargo. En casos extremos, el castigo era la destitución, nunca la cárcel. Los caciques locales hicieron lo que les vino en gana con presidentes blandengues como Fox, Calderón y Peña Nieto. El respeto y el miedo a la investidura se perdió en ese periodo. No es casual, entonces, que la mitad de «Los 10 mexicanos más corruptos» de 2013, según Forbes, fueran gobernadores: Andrés Granier (Tabasco), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Humberto Moreira (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Arturo Montiel (Estado de México), citados en ese orden.

Montiel fue candidato presidencial del grupo Todos Unidos Contra Madrazo (Tucom) en 2006, pero abandonó la carrera al ventilarse una parte de su inmensa fortuna. Dolia Estévez lo describe en su nota de los 10: «Miembro del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra acusado por su esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos. Asimismo, fue blanco de acusaciones por la posesión de mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia». Montiel no obtuvo la presidencia, pero sí su sobrino, Enrique Peña Nieto, seis años después. Previamente le había heredado la gubernatura para no ser investigado.

Granier se jactaba de haber adquirido 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1,000 camisas en tiendas exclusivas de Nueva York y Los Ángeles. La policía lo detuvo a mediados de 2013 bajo cargos de corrupción, peculado, evasión de impuestos y lavado de dinero. Dos años después, un juez lo envió de vuelta a casa. Tomás Yarrington no tuvo la misa suerte. Purgó siete años en prisiones de Estados Unidos por haber recibido sobornos de carteles de la droga, y ahora espera sentencia en México por delitos contra la salud.

Fidel Herrera no solo no fue procesado por sus supuestos vínculos con los carteles del Golfo y Los Zetas. El presidente Peña le otorgó el consulado de México en Barcelona, en 2015, como premio por sus servicios. Sin embargo, el escándalo por haber administrado en su Gobierno agua destilada a niños con cáncer, en vez de quimioterapias, cruzó el Atlántico. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de la capital catalana, envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para impugnar el nombramiento. «(…) las relaciones internacionales de todas las administraciones, desde el ayuntamiento hasta el Estado español, deben obedecer a unos principios éticos y de respeto a los derechos humanos» (Proceso, 05.02.17). Herrera renunció. El 2 de mayo pasado falleció, a los 76 años. No consiguió ni una cosa ni otra.

Humberto Moreira (lugar 7) entró a la nómina de Forbes por la deuda. «(La aumentó) en más de un centenar de veces, pasando de 200 a 35 mil millones de pesos, la peor crisis en la historia de aquel estado». El exgobernador pidió a la revista retirar su nombre y ofrecerle una disculpa. «Lo publicado es falso, difamatorio y malicioso en cuanto a mi cliente, por lo que tenemos la intención de hacer responsables a su revista y a la señora Estévez de los daños compensatorios y punibles», escribieron sus abogados (Sin embargo, 21.12.13).

Steve Zansberg, defensor de la periodista, replicó, también en una carta, que la «amplia reputación» del exgobernador y la inserción de su nombre en el listado no puede servir de base para una demanda de difamación bajo las leyes sólidamente establecidas en Estados Unidos» (Aristegui Noticias, 05.01.14). Dos años después, Moreira fue detenido en el aeropuerto de Madrid, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, como parte de una «operación contra el blanqueo de capitales y lavado de dinero» (BBC News Mundo, 15.01.16). Quince días después regresó a México como si tal cosa. E4

Andrés Garnier	(Zapatos)
Fidel herrera	(Agua destilada)
Humberto Moreira	(Megadeuda)
Arturo Montiel	(Enriquecimiento)