Desde 2018, la reducción de privilegios en la élite política ha sido utilizada como mecanismo para financiar programas sociales. El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca profundizar la estrategia con ajustes a pensiones, financiamiento selectivo y costos electorales
Pensiones heredadas atentan contra principios de sobriedad
Reducir el tamaño del gasto burocrático para financiar políticas sociales se convirtió en una de las apuestas más visibles de la Cuarta Transformación (4T) desde su llegada al poder en 2018. La llamada austeridad republicana impulsó recortes a privilegios dentro del Gobierno, desde seguros médicos hasta salarios de altos funcionarios. Con el cambio de administración, la estrategia no se detuvo. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido mantenerla como uno de los pilares del modelo económico del Estado mexicano.
Durante estos años, la austeridad dejó de ser un concepto abstracto para traducirse en decisiones concretas dentro del aparato público con la cancelación de seguros médicos privados, eliminación de bonos y compensaciones, reajuste de salarios de altos funcionarios, reducción de viáticos y revisión de contratos administrativos. El argumento de la 4T ha sido constante: cada peso ahorrado en la burocracia puede destinarse a programas sociales, infraestructura o políticas públicas dirigidas a sectores históricamente rezagados. También se compactaron estructuras burocráticas y se recortaron plazas dentro de la administración federal, como parte de una reorganización institucional que busca disminuir costos operativos.
«La austeridad republicana no es una moda ni una medida temporal; es una forma distinta de gobernar».
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Este enfoque también buscó responder a una crítica histórica hacia la administración pública mexicana: el crecimiento sostenido del gasto operativo del Estado. Durante años, distintos diagnósticos elaborados por organismos internacionales y centros de investigación señalaron que una parte relevante del presupuesto federal se destinaba a sostener la estructura burocrática. Para la administración de la 4T, la reducción de esos costos no solo representaba una posibilidad de ahorro fiscal, sino también un cambio en la lógica de funcionamiento del Gobierno, en la que la contención del gasto administrativo se presenta como condición para ampliar el alcance de las políticas sociales.
Los ajustes no tardaron en reflejarse en cifras. Informes de evaluación sobre la política de austeridad elaborados por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública —y enviados a la Cámara de Diputados— estimaron que las medidas aplicadas en los primeros dos años del sexenio generaron ahorros por más de 188 mil millones de pesos. El Gobierno argumentó que ese dinero permitió financiar parte de su política social sin recurrir a aumentos de impuestos ni a incrementos significativos en el endeudamiento público.
La iniciativa también implicó un cambio en la filosofía del gasto público. La administración de López Obrador planteó que el Estado debía abandonar prácticas que durante años fueron habituales dentro de la burocracia federal: uso de vehículos oficiales, viajes internacionales frecuentes o gastos de representación. En su lugar, el Gobierno impulsó una lógica de contención presupuestal que buscaba reducir lo que consideraba gastos superfluos dentro del aparato estatal.
Uno de los cambios más visibles fue la reducción del salario presidencial, que pasó a convertirse en el techo salarial de toda la administración pública. La Constitución se reformó para establecer que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo federal. Este ajuste salarial tuvo un efecto en cascada dentro del Gobierno, pues obligó a revisar las remuneraciones de altos cargos en dependencias federales, organismos autónomos y entes públicos.
Otra de las decisiones relevantes fue la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para altos funcionarios, un beneficio que durante años formó parte del paquete de prestaciones de la burocracia federal. También desapareció el llamado seguro de separación individualizada, un mecanismo de ahorro complementario que generaba compensaciones económicas al final del servicio público.
La austeridad también alcanzó áreas menos visibles, pero igualmente relevantes dentro del gasto público. Dependencias federales recibieron instrucciones para reducir viajes internacionales, limitar gastos de representación y revisar contratos de arrendamiento de oficinas. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsó compras consolidadas de medicamentos, insumos y servicios con el objetivo de reducir costos mediante procesos centralizados de adquisición. El resultado fue un rediseño progresivo del funcionamiento administrativo del Estado.
En algunos casos, estas medidas implicaron modificaciones profundas en la forma en que operaban las dependencias federales. Diversas oficinas del Gobierno redujeron estructuras administrativas, fusionaron áreas o trasladaron funciones hacia unidades centrales para disminuir gastos de operación. La estrategia también incluyó revisiones periódicas de contratos de servicios externos, arrendamientos y adquisiciones, con el propósito de detectar posibles sobrecostos. Para la administración federal, estos ajustes forman parte de un proceso gradual de reorganización institucional que busca mantener la disciplina en el gasto sin afectar la ejecución de las políticas públicas prioritarias.
Sin embargo, la política de austeridad no estuvo exenta de debate. Algunos especialistas señalaron que los recortes podían afectar la capacidad operativa de ciertas instituciones, especialmente en áreas técnicas o científicas. Otros advirtieron que la reducción de plazas y presupuestos podría debilitar la estructura institucional en sectores clave.
El Gobierno respondió que la reorganización administrativa buscaba precisamente eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia del aparato público. En paralelo, la estrategia permitió liberar recursos que fueron destinados a programas sociales. Durante el sexenio de López Obrador, el presupuesto orientado a transferencias directas a la población registró un crecimiento significativo.
Programas como las pensiones para adultos mayores, las becas educativas o los apoyos a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral se convirtieron en piezas centrales de la política social. El argumento oficial fue que el dinero ahorrado en gasto burocrático debía destinarse a atender necesidades históricamente desatendidas.
Continuidad con Sheinbaum
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la austeridad continuó siendo uno de los pilares del proyecto político de la 4T. La presidenta ha reiterado en distintas ocasiones que su Gobierno mantendrá el principio de disciplina en el gasto público y que los recursos del Estado deben orientarse prioritariamente al bienestar social.
En ese sentido, algunas iniciativas recientes buscan profundizar la lógica de austeridad aplicada desde 2018. Entre ellas destaca una propuesta para limitar las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios públicos. El planteamiento contempla establecer un tope equivalente a una parte del salario presidencial, con el objetivo de reducir los recursos destinados a este tipo de beneficios.
La medida, según estimaciones preliminares, podría generar ahorros adicionales para el erario público en los próximos años. El Gobierno también ha planteado revisar otros esquemas de compensación dentro de la administración pública, incluidos bonos, prestaciones adicionales y gastos administrativos considerados excesivos.
Esta lógica de reducción del gasto también ha alcanzado al sistema político mexicano. El Gobierno federal ha impulsado propuestas orientadas a disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y reducir el presupuesto de las autoridades electorales. La discusión forma parte de un debate más amplio sobre el costo del sistema electoral en México, considerado como uno de los más altos del mundo.
Entre las ideas planteadas se encuentran ajustes al financiamiento público de los partidos, así como la reducción de gastos operativos del Instituto Nacional Electoral. Las propuestas han generado controversia en el Congreso y entre actores políticos, pero reflejan la intención del Gobierno de extender la lógica de austeridad más allá del aparato administrativo del Estado.
Estilo de Gobierno
La política de austeridad no surgió únicamente como una estrategia para reducir el gasto público. Para el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la llamada austeridad republicana se convirtió en un principio político que buscaba redefinir la relación entre el poder público y los recursos del Estado.
Desde el inicio de su mandato, el entonces presidente resumió esa visión en una frase que se volvió emblema de su administración: «No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre». Con esa idea como punto de partida, la política quedó formalizada en 2019 con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuyo objetivo fue establecer reglas para el uso responsable de los recursos públicos. En distintos momentos de su sexenio, López Obrador defendió la medida como una forma de terminar con lo que calificó de excesos de administraciones anteriores. «La austeridad no es un asunto administrativo, es una cuestión de principios», afirmó.
Con el cambio de administración en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la disciplina en el gasto público seguiría siendo una característica de su administración. «La austeridad republicana no es una moda ni una medida temporal; es una forma distinta de gobernar», sostuvo la mandataria al presentar las líneas generales de su política económica.
Para la 4T, el objetivo no es únicamente mantener los controles establecidos en años anteriores, sino también consolidar una cultura institucional orientada al uso eficiente de los recursos públicos. En ese contexto, distintas dependencias federales han continuado con la revisión de contratos, gastos operativos y estructuras administrativas para evitar duplicidades o erogaciones innecesarias.
Especialistas en finanzas públicas señalan que la austeridad ha permitido reducir ciertos rubros del gasto gubernamental, especialmente en áreas administrativas, aunque advierten que su impacto en el presupuesto total del Estado es más complejo de lo que se expone, en buena parte debido a compromisos estructurales como pensiones, deuda pública y programas sociales.
El concepto ha terminado por convertirse en una de las marcas más visibles del proyecto político iniciado en 2018 y que el actual Gobierno busca consolidar en los próximos años. E4
Estimación de ahorros derivados de la estrategia financiera de la 4T (mdp)
| Medida | Ahorro estimado |
|---|---|
| Reducción de estructuras administrativas | 15,532 mdp |
| Cancelación de seguros y prestaciones | 13,986 mdp |
| Reducción de compras y contratos | 124,799 mdp |
| Reducción de viáticos y comisiones | 1,104 mdp |
| Ahorro total estimado | 188,122 mdp |
Fuente: Evaluaciones de austeridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública
Pensiones heredadas atentan contra principios de sobriedad
Jubilaciones que superan el millón de pesos contrastan con pagos mínimos en empresas públicas y revelan el costo de antiguos contratos laborales
La política de austeridad ha buscado reducir privilegios dentro del aparato público y reorientar recursos hacia programas sociales. Sin embargo, algunos de los costos más altos para las finanzas del Estado no se encuentran en los salarios actuales de funcionarios o en el gasto administrativo cotidiano, sino en compromisos laborales heredados de décadas anteriores. Entre ellos destacan los sistemas de jubilación de empresas públicas, especialmente en el sector energético, donde algunos extrabajadores reciben pensiones mensuales que superan incluso el salario de la Presidencia de la República.
Un listado difundido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que existen jubilados de empresas estatales que perciben más de un millón de pesos al mes. Los datos forman parte de un ejercicio de transparencia que busca dar a conocer el uso de recursos públicos destinados al pago de pensiones en organismos federales.
La dependencia revisó registros de pensionados de instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro, así como de entidades de la banca de desarrollo como Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Banco Nacional de Comercio Exterior. El resultado dejó al descubierto lo que la propia dependencia calificó como pensiones «exorbitantes», derivadas de antiguos contratos laborales que aún generan costos para el erario.
El caso más alto identificado corresponde a Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex, quien percibe una jubilación superior a un millón 107 mil pesos mensuales. En la lista también aparece Jorge Evodio Chapa de la Torre, extrabajador de Luz y Fuerza del Centro, con una pensión de más de un millón 77 mil pesos al mes, pese a que la empresa fue extinguida en 2009.
La publicación de estos datos responde a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las instituciones a difundir información sobre el pago de jubilaciones con recursos públicos. Para el Gobierno federal, el objetivo es doble. Primero, transparentar el gasto; segundo, evidenciar los costos que aún generan los esquemas de pensiones heredados de modelos laborales anteriores.
La revelación llega además en un momento en que el Congreso aprobó reformas orientadas a limitar las llamadas «pensiones doradas». En términos políticos, la discusión se conecta con uno de los ejes centrales del proyecto de la Cuarta Transformación: reducir privilegios dentro del aparato estatal.
Sin embargo, la revisión de estos sistemas de jubilación también pone en evidencia un problema estructural que no puede resolverse de forma inmediata. Muchos de estos esquemas fueron pactados hace décadas mediante contratos colectivos de trabajo que establecieron condiciones de retiro generosas para los trabajadores. Modificar esos acuerdos implica enfrentar complejas implicaciones legales y laborales. Por ello, aunque la austeridad ha permitido reducir gastos administrativos actuales, los compromisos pensionarios heredados siguen representando una carga significativa para las finanzas públicas.
Exhiben desigualdad
El mismo listado que reveló pensiones millonarias también dejó ver el otro extremo del sistema. Entre los registros difundidos por la Secretaría Anticorrupción aparecen jubilados que reciben ingresos muy por debajo de los montos que dominaron los titulares. De hecho, algunos pagos apenas superan los mil pesos mensuales.
El análisis de las bases de datos publicadas muestra que el extinto Banco Nacional de Crédito Rural concentra el mayor número de beneficiarios en este rango de bajos ingresos, con casi 500 pensionados que perciben montos desde 775 pesos al mes. En la Comisión Federal de Electricidad también se detectaron más de 260 casos de jubilados con ingresos inferiores a los 10 mil pesos mensuales, mientras que en Nacional Financiera se identificaron pagos que incluso bajan a poco más de 100 pesos.
La publicación de estos datos generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para difundir la información, pues en el mismo ejercicio de transparencia se incluyeron tanto pensiones millonarias como pagos mínimos. La Secretaría Anticorrupción no detalló si los registros con montos extremadamente bajos responden a inconsistencias administrativas, actualizaciones en los sistemas de pago o a esquemas pensionarios incompletos. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.