México denuncia ante la ONU abusos del ICE, exige frenarlos

La administración de Claudia Sheinbaum lleva el caso ante el Departamento de Justicia. Crece la indignación internacional por las condiciones en los centros de detención ante la respuesta con desdén de Washington. El Departamento de Seguridad Nacional, en entredicho

El lado oscuro de las detenciones masivas en EE. UU.

La muerte de 17 mexicanos durante operativos de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) escaló el diferendo migratorio entre México y Estados Unidos a un terreno inédito. Lo que durante meses se había traducido en notas diplomáticas, reclamos consulares y exigencias de información derivó finalmente en una ofensiva jurídica impulsada por el Gobierno mexicano, que decidió presentar denuncias penales en territorio estadounidense contra quienes resulten responsables de los fallecimientos, al considerar que existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades derivadas de los operativos y de las condiciones en que permanecían los connacionales bajo resguardo de las autoridades migratorias.

«La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las Fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE».

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores de México

La decisión representa uno de los movimientos más firmes emprendidos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Además de acudir ante las fiscalías estatales donde ocurrieron los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al tiempo que recurrió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar una revisión de los casos y determinar si las muertes ocurrieron en un contexto de violaciones a los derechos fundamentales.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, explicó que la determinación fue adoptada por instrucción directa de la titular del Ejecutivo y significaba un cambio de estrategia frente a las gestiones diplomáticas realizadas hasta ese momento. «La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las Fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE».

Velasco subrayó que el objetivo era abandonar la ruta exclusivamente diplomática para buscar responsabilidades en el ámbito penal. «Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las Fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal».

Las acciones legales abarcan dos frentes. Por un lado, las denuncias penales relacionadas con las muertes de los connacionales; por otro, procedimientos civiles dirigidos contra las empresas privadas que administran diversos centros de detención migratoria, a las que el Gobierno mexicano acusa de mantener condiciones que favorecieron el fallecimiento de personas bajo su custodia.

Como parte de esa estrategia, la Cancillería remitió escritos de cese y desistimiento a los centros donde ocurrieron los decesos, con el propósito de obligar a modificar prácticas que, según las autoridades mexicanas, derivaron en omisiones graves, entre ellas la demora en la atención médica y el incumplimiento de protocolos básicos para la protección de las personas detenidas. «Formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas», sostuvo Velasco al explicar el alcance de las medidas.

Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó el caso ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando que su oficina recabara información directamente de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la dependencia, la petición busca que Naciones Unidas analice «la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos».

El endurecimiento de la postura mexicana ocurre en un contexto particularmente delicado. Según la propia Cancillería, 11 mexicanos murieron en centros de detención y tres durante operativos del ICE, cifras que posteriormente aumentaron hasta 17 connacionales fallecidos entre operativos de captura y periodos de custodia migratoria. Asimismo, el Gobierno mexicano informó que 58 personas de distintas nacionalidades perdieron la vida en centros de detención entre 2025 y 2026, mientras que la diplomacia mexicana había enviado 11 notas de protesta formal a Washington exigiendo el esclarecimiento de los hechos y garantías para la protección de sus ciudadanos.

La respuesta estadounidense, sin embargo, dejó claro que Washington no estaba dispuesto a aceptar cuestionamientos sobre la actuación de sus agencias migratorias. En un hecho inusual dentro de la relación bilateral, el Departamento de Estado devolvió las cartas enviadas por la Cancillería mexicana en las que se solicitaba revisar los protocolos de actuación del ICE.

La Cancillería mexicana respondió que tomaba nota de la devolución de los documentos, pero sostuvo que las preocupaciones expresadas por México habían quedado formalmente planteadas durante las reuniones sostenidas con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio ICE.

Muertes bajo la lupa

Los cuestionamientos contra el ICE no se limitan a las cifras de detenciones o deportaciones. En julio, dos operativos en distintos puntos de Estados Unidos terminaron con migrantes muertos a manos de agentes federales, casos que abrieron un nuevo debate sobre el uso de la fuerza, la transparencia de las investigaciones y la necesidad de establecer mayores controles sobre la actuación de los funcionarios migratorios.

Uno de los episodios ocurrió en Houston, Texas, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de arresto. De acuerdo con la versión difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el migrante ignoró las órdenes de detenerse e intentó presuntamente embestir con su vehículo al oficial, quien respondió con disparos bajo el argumento de actuar en defensa propia.

Salgado Araujo fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente. El caso quedó bajo investigación del FBI en Houston, mientras organizaciones civiles y representantes políticos solicitaron una revisión independiente de los hechos.

La congresista demócrata Sylvia García pidió preservar todas las evidencias disponibles, incluidas grabaciones y comunicaciones relacionadas con el operativo, para garantizar una investigación completa e imparcial. En el mismo sentido, Juan Proaño, director general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), cuestionó la versión inicial proporcionada por las autoridades federales y exigió la publicación de todos los videos existentes. «No le creemos al DHS en absoluto», declaró Proaño a The Associated Press. «Debería haber una investigación independiente y deberían publicar todos los videos».

Un segundo caso ocurrió en Maine, donde un agente del ICE disparó contra un hombre identificado por organizaciones de derechos humanos como un ciudadano colombiano de 26 años. Según la versión oficial, los agentes intentaban detener un vehículo relacionado con una persona con orden definitiva de expulsión cuando el conductor intentó escapar y el funcionario disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, testigos cuestionaron esa explicación. Daniel Boucher relató haber escuchado disparos y posteriormente observó cómo agentes del ICE retiraban del automóvil a una persona herida. Según su testimonio, la víctima habría dicho: «Intenté detenerme», una versión que contradice la narrativa inicial de las autoridades.

Ambos casos impulsaron nuevas exigencias dentro del Congreso estadounidense para aumentar la supervisión del ICE. Senadores demócratas y el senador independiente de Maine Angus King solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional mayor información sobre las tácticas utilizadas por la agencia y reclamaron que todos los agentes cuenten con cámaras corporales durante sus operativos.

La apuesta electoral

El endurecimiento de los operativos migratorios también ha colocado la inmigración en el centro de la disputa política estadounidense rumbo a las elecciones legislativas de noviembre. Lo que para la Casa Blanca representa el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña, para sus detractores simboliza el avance de una estrategia que privilegia la mano dura aun frente a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

La polarización también se refleja en las encuestas. Al cumplirse los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump, un sondeo de Fox News le otorgó 44 % de aprobación general, mientras que la seguridad fronteriza fue el único rubro con saldo positivo, al registrar 55 % de respaldo. En contraste, las deportaciones obtuvieron 45 % de aprobación y comenzaron a mostrar un desgaste conforme aumentaron las redadas en el interior del país.

Otros estudios muestran un escenario dividido. Encuestas realizadas al inicio de la administración encontraron que entre 54 y 58 % de los estadounidenses apoyaban las deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, mediciones posteriores detectaron un cambio de tendencia: para mediados de 2025, 54 % de los consultados consideraba que las deportaciones «habían ido demasiado lejos», mientras el respaldo a una vía de regularización para ciertos migrantes aumentó de manera significativa, incluso entre votantes republicanos.

La política del miedo

El escritor y periodista Jorge Volpi, en su artículo «Gestapo 2.0», (Reforma, 01.07.26) cuestiona la expansión de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la forma en que, desde su perspectiva, se ha construido una política basada en la persecución y el temor.

El autor sostiene que los agentes migratorios han ampliado sus acciones mediante herramientas tecnológicas y operativos de inteligencia que permiten localizar a personas consideradas objetivos de deportación. «No tienen compasión alguna: sus jefes, y los jefes de sus jefes —en una línea que llega a Stephen Miller y el propio Donald Trump— les han exigido aumentar sus cifras, subir sus porcentajes, mostrar la mayor eficiencia posible», señala Volpi, al referirse a la presión política para incrementar los arrestos y deportaciones.

El escritor también cuestiona los métodos empleados durante los operativos y denuncia una falta de control sobre la actuación de los agentes migratorios. A su juicio, la ausencia de criterios claros y la amplitud de las facultades otorgadas al ICE han abierto la puerta a posibles abusos. «Sin parámetros de acción claros y con inauditos márgenes de discrecionalidad, actúan sin órdenes judiciales, movidos solo por la vaga idea de proteger a sus conciudadanos de un peligro que no existe», afirma.

Uno de los puntos centrales de su crítica es el lenguaje utilizado por la administración Trump para referirse a los migrantes sin documentos, así como la construcción política de la inmigración irregular como una amenaza. Volpi considera que esa narrativa ha contribuido a deshumanizar a quienes son objeto de los operativos. «El lenguaje del poder, el newspeak trumpeano, los cataloga y describe como meros sujetos de “traslado administrativo”», escribe.

El artículo también aborda las condiciones de los centros de detención migratoria y las denuncias relacionadas con la falta de atención médica, la participación de empresas privadas y las muertes ocurridas bajo custodia. Para Volpi, la disputa no se reduce únicamente a la aplicación de leyes migratorias, sino al modelo de Estado que se construye alrededor de ellas. E4

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El lado oscuro de las detenciones masivas en EE. UU.

The Washington Post revela que funcionarios del propio ICE alertaron sobre hacinamiento, falta de atención médica y condiciones inadecuadas. El aviso fue ignorado

Las críticas al sistema de detención migratoria de Estados Unidos no solo provienen de organizaciones defensoras de derechos humanos o grupos opositores a la política migratoria de Donald Trump. En algunos casos, las propias comunicaciones internas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestran que funcionarios de la agencia advirtieron sobre las condiciones en que permanecían las personas detenidas y sobre los riesgos derivados de un sistema sometido a una presión creciente.

La investigación de The Washington Post, titulada «Funcionarios del ICE advirtieron sobre un hacinamiento peligroso. Vea cómo siguieron amontonando personas», reveló que durante el año pasado decenas de personas permanecieron retenidas durante días en espacios reducidos que no estaban diseñados para alojamientos prolongados y que carecían de elementos básicos como camas, duchas y atención médica permanente.

El reportaje, elaborado a partir de registros internos, documentos judiciales y testimonios de personas detenidas, expuso que funcionarios de ICE habían advertido sobre el aumento de la saturación en algunas instalaciones, pero que, pese a esas alertas, las autoridades continuaron trasladando y concentrando personas en esos espacios.

De acuerdo con la investigación del diario estadounidense, algunas áreas utilizadas para retenciones temporales terminaron funcionando como lugares de estancia prolongada ante el incremento de arrestos migratorios. Personas que originalmente debían permanecer ahí durante periodos breves terminaron pasando días en habitaciones pequeñas, con poco espacio disponible y sin condiciones adecuadas para una permanencia extendida.

En una de las comunicaciones citadas por el medio, un funcionario escribió: «Esto es una locura», mientras otro expresó su preocupación acerca de que las autoridades esperaran por el desarrollo de un incidente grave para entonces actuar: «Ojalá no esperemos hasta que algo negativo suceda».

La investigación también puso el foco en las condiciones materiales de la detención. Los registros revisados por The Washington Post muestran que algunos migrantes fueron mantenidos en habitaciones donde no había suficientes espacios para dormir, por lo que varias personas tuvieron que permanecer sentadas durante largos periodos o descansar en condiciones improvisadas.

El problema no se limitó al espacio físico. El reportaje señaló que la saturación también complicó la atención médica. Personas con enfermedades o necesidades específicas de salud enfrentaron dificultades para recibir atención adecuada debido a la falta de personal médico disponible de manera constante en algunas instalaciones.

La investigación también documentó que muchas instalaciones son operadas o administradas con participación de compañías privadas, un modelo que durante años ha generado cuestionamientos por la supervisión de las condiciones de alojamiento, la atención médica y los mecanismos de rendición de cuentas.

Las revelaciones llevaron a nuevas exigencias de supervisión y a cuestionamientos sobre la capacidad del Gobierno estadounidense para garantizar estándares básicos mientras amplía sus políticas de control migratorio. En algunos casos, jueces federales han intervenido para revisar las condiciones de determinadas instalaciones y establecer límites cuando consideran que existe riesgo para las personas detenidas. E4